31 octubre 2005

PNV pide la comparecencia de Gallizo y Alonso ante la 'proliferación de muertes' en las cárceles


El diputado del PNV en el Congreso de los Diputados, Emilio Olabarria, anunció hoy que su grupo va a solicitar la comparecencia urgente en la Comisión de Interior de la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y estudia solicitar la comparecencia del ministro de Interior, José Antonio Alonso, ante 'la proliferación de muertes' en las prisiones del Estado. Según denunció, éstas presentan un índice de suicidios que supera a 'todos los países de nuestro contexto, lo que es verdaderamente grave'.

Olabarria realizó estas declaraciones a Europa Press, tras conocerse esta mañana la localización de los cuerpos sin vida de dos reclusos de la cárcel de Soria, uno de ellos condenado por colaboración con ETA y el otro por lesiones y agresión a menores.

El diputado nacionalista recordó que, en comparecencias anteriores, la Administración se ha comprometido a acometer 'lo que podría atenuar esta lacra', como son obras de infraestructuras en cárceles que son 'absolutamente obsoletas -algunas que tienen su origen en el siglo XVII-', así como la creación de nuevos centros penitenciarios que impida el 'hacinamiento' de los reclusos.

Asimismo, destacó 'el componente de alejamiento de determinados presos, con problemas psicológicos que se añaden a una situación que en determinadas cárceles es de verdadera insalubridad, de falta de medidas de higiene, falta de suficiente atención médica', y que es 'una concausa que contribuye a un deterioro psicológico muchas veces que está en la base de la proliferación de muertes'.

INVERSIONES

El diputado nacionalista afirmó, además, que le 'inquieta particularmente' que en las consignaciones presupuestarias del proyecto de Cuentas generales del Estado para 2006 'no se aprecian grandes incrementos' para mejorar las infraestructuras penitenciarias. En este sentido, el PNV ha presentado una enmienda a los Presupuestos en la que reclama que se dupliquen las inversiones en las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca.

A su entender, en caso de que no se produzca un incremento de las inversiones para la mejora de las prisiones, 'vamos a seguir conviviendo con esta situación', en la que 'ya empieza a haber problemas colaterales como desmotivación de funcionarios o falta de eficiencia por parte de las direcciones'.

'Esto empieza a ser un problema serio, que está adquiriendo caracteres casi dramáticos, por lo que vamos a ser especialmente beligerantes en la exigencia de responsabilidades y de explicaciones', aseguró.

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Terra Actualidad

Aparecen dos ahorcados en cárcel de Soria, uno colaborador de ETA


José Angel Alzuguren Perurena, alias 'Kotto', que cumplía una condena por colaboración con ETA, apareció esta mañana ahorcado en su celda de la cárcel de Soria, informaron a Efe fuentes penitenciarias, que añadieron que otro interno del mismo centro, un preso común, también fue hallado ahorcado en su propia celda.

Alzuguren Perurena, de 39 años de edad, fue condenado a cinco años y dieciocho meses por participar en el 'aparato de mugas' -paso de fronteras- de ETA, y había ingresado en la prisión de Soria el pasado viernes procedente del centro penitenciario de Pamplona.

Las fuentes explicaron que el hallazgo se produjo durante el recuento de las ocho de la mañana, cuando el personal de la prisión encontró al interno, que estaba solo en su celda, colgado con unas sábanas de los tubos de la calefacción.

Paralelamente, se encontró a otro preso, C.E.T.G. de 71 años y condenado a dos años y seis meses por maltrato a menores, ahorcado también en su propia celda, en este caso con el alambre de la espiral de un cuaderno, dijeron las fuentes.

Un inspector de prisiones se ha trasladado ya al centro penitenciario soriano para esclarecer las circunstancias de estas muertes.

José Angel Alzuguren Perurena, natural de Vera de Bidasoa (Navarra), fue detenido en el pasado 21 de octubre en esa localidad junto a otros dos miembros del 'aparato de mugas' de ETA, todos ellos condenados en enero por la Audiencia Nacional a penas de entre 5 y 7 años de cárcel, por haber facilitado el paso clandestino de miembros de la banda terrorista y material por la frontera hispano-francesa.

Aunque la petición del fiscal era de ocho años de cárcel por pertenencia a banda armada, la Audiencia Nacional consideró que el delito cometido era de colaboración con ETA.

La sentencia decía que los acusados 'realizaron labores en favor de la banda terrorista en un número de ocasiones entre tres y seis, sin que se haya articulado prueba que permita a la Sala afirmar que existía una dependencia orgánica de la banda, sino una disponibilidad más o menos plena que se dilata en el tiempo (seis veces en cinco años en el supuesto más desfavorable)'.

Al día siguiente de su arresto ingresó en la cárcel de Pamplona y el pasado viernes, día 28, fue trasladado a Soria, donde el sábado recibió la visita de su hermana.

Previamente había sido detenido en marzo de 2001 y estuvo en prisión preventiva desde entonces hasta enero de este año.

Es una noticia de:
Terra Actualidad - EFE

29 octubre 2005

Albacete


Los condenados de la provincia podrán realizar penas a beneficio de la comunidad en diez municipios


La Dirección General de Instituciones Penitenciarias firmó ayer un convenio para el desarrollo de este programa en la provincia


ELÍAS JIMÉNEZ


EL ACUERDO. Imagen de la firma del convenio de colaboración, en la mañana de ayer. / MANUEL PODIO


Mejoras para la prisión de 'La Torrecica'


La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmó ayer un convenio de colaboración con diez municipios de la provincia (Albacete, Almansa, Hellín, Villarrobledo, La Roda, Casas Ibáñez, Alcaraz, Yeste, Tobarra y Caudete) y con la Diputación Provincial para ofertar a los condenados que residan en la provincia trabajos a beneficio de la comunidad como sustitutivo al ingreso en prisión.


El objetivo de este programa, pionero en España porque se firmó a la vez con varios municipios con la Diputación como encargada de coordinarlos, es evitar el ingreso en prisión para aquellos condenados por delitos menores que no supongan más de dos años de cárcel, como delitos de malos tratos, de amenazas, gamberrismo o vandalismo «para los que el ingreso en prisión sería peor porque los podría inducirle a una espiral de delito».


Los condenados podrán decidir si quieren sustituir su pena de privación de libertad por una de trabajos en beneficio de la comunidad realizando tareas como el cuidado de parques y jardines, pequeñas obras de mantenimiento y otros aspectos de carácter social.


La directora general de Instituciones Penitenciarias explicó mediante este programa se ofrece la posibilidad de reinsertarse en la sociedad «a aquellos que han cometido un error, reparando el daño que han ejercido mediante su delito con efectos educativos y humanizadores», sentenció. Gallizo admitió que las penas privativas de libertad no siempre son las adecuadas para aquellas personas no reincidentes y que han cometido pequeños delitos, «utilizando una justicia reparadora en lugar de una justicia vengadora».


El programa está abierto a otros municipios de la provincia que quieran adherirse, tal y como explicó el presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos, aunque antes se constituirá una comisión de seguimiento que será la encargada de elaborar un catálogo de trabajos a realizar. Al condenado no se le pagará un salario, pero sí tendrá prestaciones sociales.


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LAVERDAD.ES

EL POLVORIN PENITENCIARIO


Fallece otro preso en la cárcel de Zuera


La muerte pudo ser ocasionada por una sobredosis de droga
J. M. P. B.


Un recluso de la prisión de Zuera fue hallado muerto ayer en su celda al hacer el recuento de la mañana. A falta del informe de la autopsia, la muerte pudo ser provocada por una sobredosis de droga.


El fallecido, un joven de 21 años natural de Alicante, cumplía una condena de un año y diez meses de prisión por malos tratos físicos a su madre, delito en el que era reincidente al haber sido condenado anteriormente por motivos similares.


Según informaron fuentes penitenciarias, el cuerpo del preso se encontraba en posición de cúbito supino y con un brazo debajo de la nuca. El cadáver no presentaba ningún signo externo de violencia y, según el rigor mortis que se apreciaba, el fallecimiento pudo producirse entre la una y las dos de la madrugada de ayer.


La sospecha de una posible sobredosis surge por los antecedentes del joven, quien en 1998 y 1899 siguió en Elche un tratamiento de deshabituación con metadona. Al parecer, también se habrían encontrado algunas papelinas con sustancias estupefacientes entre sus ropas.


El joven estaba internado en el módulo 4 de la cárcel y su compañero de celda, que se había reincorporado el día anterior a la prisión tras disfrutar de un permiso, no advirtió lo ocurrido hasta que el funcionario de recuento comprobó el fallecimiento.


Las fuentes consultadas señalaron que el preso no era conflictivo ni se le conocía ninguna patología. La única vez que fue asistido por los servicios sanitarios de la prisión de Zuera fue el pasado mes de mayo, por un proceso alérgico. El joven ya llevaba cumplida gran parte de la pena y hubiera obtenido la libertad el próximo mes de marzo.


Con ésta son 27 las muertes que se han registrado en la prisión de Zuera desde que empezaron a funcionar sus instalaciones en el verano del 2002 y la séptima que se produce este año.


La prisión aragonesa registró el pasado año 11 fallecimientos, la cifra más elevada de todos los centros penitenciarios de España. En el actual ejercio ya había fallecido por sobredosis de droga, pero la mayor parte de los fallecimientos, tres, fue por suicidio por ahorcamiento. En el ámbito estatal, y según cifras facilitadas el pasado dia 21, las muertes de presos ascienden a 162.


El consumo de drogas en el interior de las cárceles es la segunda causa de muertes de presos, tras las que se producen de forma natural. Los estupefacientes entran en las prisiones por diversos conductos, como los vis a vis , los permisos carcelarios y otras vías.


Habitualmente se consume droga muy adulterada, circunstancia que contribuye a incrementar los índices de sobredosis, pero las medidas de seguridad que se toman contra este narcotráfico penitenciario no ha conseguido erradicarla.

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Reacción ante los peligros en las cárceles españolas

Reacción ante los peligros en las cárceles españolas
José Carlos García Fajardo

Hace veinte años que trabajo como voluntario social en Centros penitenciarios españoles. También conozco la situación en más de dos docenas de cárceles en países de América Latina y de África. Pero hoy quiero referirme al incremento de los suicidios y de las muertes por sobredosis de droga en las prisiones españolas.


Los datos son alarmantes: 30 presos se han quitado la vida en las cárceles este año; en 2004 hubo 40 suicidios, 12 más que en 2003. El año pasado murieron 180 reclusos, 40 de ellos se quitaron la vida, 33 murieron por sobredosis, dentro de la cárcel, sí, y 31 que ya entraron enfermos del sida, lo que fuerza a preguntarnos si la prisión era el local idóneo para estos enfermos.


Las cárceles españolas tienen hoy día casi el doble de presos que en 1990: más de 61.000 repartidos en 77 prisiones. El aumento sostenido de la delincuencia, el endurecimiento de las penas, el castigo de nuevos delitos y la demora en la edificación de nuevas cárceles están sobrecargando el sistema penitenciario. Pero aún no hay una buena explicación sobre por qué España tiene la tercera tasa más alta de presos por habitante de la UE.


En un interesante reportaje de Pablo Ordaz se ofrece el testimonio de un recluso español que habla en un lenguaje claro y directo: ''La gente viene muy rallada de fuera, se meten de todo, viven la aventura, son unos héroes en su barrio y luego llegan aquí y se les cae el mundo encima. Sobre todo cuando se dan cuenta de que la aventura les va a costar siete años de una condena que tendrán que comerse entera. La juventud de hoy no está preparada para el fracaso. Se derrumban. Y además, los psiquiátricos se cerraron y todos los que están mal vienen a parar aquí". También todos los años, hay muertes violentas.


Las cárceles no tienen reservado el derecho de admisión. Todo cliente enviado por los jueces halla acomodo, por el tiempo que sea. El ritmo de aumento de la población penitenciaria (un 3,2% en lo que va de año), sin cárceles nuevas aún, ha llevado a la directora de Instituciones Penitenciarias, a plantear una reflexión: "Ha llegado el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que llegan a vulnerar las normas penales". ¿Cómo es posible que España tenga la tercera mayor tasa de población reclusa, 144 presos por 100.000 habitantes, muchos más que Francia o Italia? El Reino Unido, donde el total de presos crece en 250 personas por semana, se pregunta lo mismo. Ambos países construyeron 13 cárceles cada uno entre 1996 y 2003, con 18.500 nuevas plazas en el caso británico y 10.027, en el español. Y ya están llenas.


Muchos expertos coinciden en que la causa fundamental del imparable aumento de reclusos está en el endurecimiento de las penas del Código Penal de 1995, reforzado aún más en 2003; las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; la introducción de nuevos delitos de peligro abstracto; un cierto abuso de la prisión preventiva y la mayor presencia de delincuentes llegados de otros países.


Incide el cambio que se ha operado en España de una sociedad pre industrial a una tecnológica, algo que no se sabe aún bien cómo se ha encajado. Asimismo, el crecimiento de la población y de la delincuencia foránea ("no de la inmigración, que es gente que viene a trabajar, no a delinquir") ha contribuido a la situación actual. Con las normas más duras se crea un ambiente de inseguridad, y para los jueces es más fácil justificar una prisión preventiva que la libertad.


En la UE hay un debate sobre la flexibilización del sistema que aún no ha llegado a España, en el que se tiende a una apuesta fuerte por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad. Todo ello combinado con medidas sociales que atajen las causas del delito".


Recordemos que el 70% de los presos está en la cárcel por delitos de narcotráfico y contra el patrimonio, muchas veces asociados. Si un delincuente drogadicto se deshabitúa, posiblemente no volverá a delinquir, porque la causa del delito desaparece.


Los expertos coinciden en que para los delitos graves, para las condenas de larga duración, no hay alternativa. Habría que reservar la cárcel para los delitos más graves. Sólo con cumplir la ley, para que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se liberarían miles de celdas, tomando las medidas necesarias para prevenir la reincidencia.

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27 octubre 2005

La población reclusa creció un 6% en 2005


El número de presos que cumple condena o espera juicio en Madrid es de 8.020 personas, pero lo grave es el ritmo de incremento de esta cifra. Desde marzo a hoy, la cifra se ha incrementado en 457 personas, un 6% en lo que va de año. Los sindicatos denuncian la situación de desbordamiento de las cárceles madrileñas, todas ellas desde hace años por encima de la capacidad para la que fueron construidas. Algunos centros penitenciarios están ya muy cerca de que su po blación reclusa duplique el número de plazas teórico de las instalaciones.


En Soto del Real hay 1.839 presos y en Aranjuez, 1.752, cuando ambas fueron concebidas para albergar a 1.008 internos. Además, la ratio de crecimiento del número de extranjeros detenidos, la mayoría inmigrantes ilegales, ha subido hasta un 50%, muy por encima de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas.

Lo que se mantiene estable es el peso relativo de la población femenina, que continúa en poco más de un 10%. De los 8.020 presos, únicamente 815 son mujeres.


El número de presos ha crecido sin tregua en Madrid desde comienzos de año. En tan sólo ocho meses ha aumentado un 6%. A día de hoy, 8.020 presos cumplen condena o están a la espera de juicio en alguna de las seis cárceles de la Comunidad, 457 más que en el mes de marzo.


Según un informe de Instituciones Penitenciarias, al que ha tenido acceso Metro Directo, las prisiones que mayor número de reclusos han recibido en el último medio año son: Madrid V-Soto del Real (72 nuevos internos) y Madrid VI-Aranjuez (109 internos más). Ambas llevan largo tiempo saturadas. No en vano, en Soto hay 1.839 presos y en Aranjuez otros 1.752. Sin embargo, las dos cárceles están diseñadas para acoger a tan sólo 1.008 internos.


En cualquier caso, todas las cárceles de la Comunidad superan el límite establecido: Madrid I-mujeres, en Alcalá de Henares, acoge a 445 presas; Madrid II- hombres, también en Alcalá, a 979; Madrid III-Valdemoro, a 1.262 (está pensada para 780); y Madrid IV-Navalcarnero tiene entre sus muros a 1.149 presos, cuando en realidad se diseñó para acoger a sólo 740 internos.


Madrid es, junto a Andalucía -con 12.929 presos-, la región donde más ha crecido la cifra de internos en lo que llevamos de 2005. José Ramón García , presidente de CSIF Prisiones, asegura que, a día de hoy, ni un solo preso tiene celda propia en Madrid, a pesar de que así lo contempla la legislación. “La situación ya era mala a principios de año, pero ahora mismo hay varias prisiones desbordadas, sobre todo a causa de delitos cometidos contra la salud pública”.


El ‘top’ del delito


El ranking de delitos cometidos por los presos internos en Madrid lo encabeza el referido al tráfico de drogas, seguido por los cometidos contra el patrimonio. “Por tráfico de estupefacientes caen, como mínimo, tres años, y eso es lo que tiene las prisiones a reventar”.


Además, en los últimos dos años el número de personas extranjeras detenidas ha crecido un 50%, una cifra muy superior a lo que viene sucediendo en otras comunidades autónomas. La superpoblación de las prisiones, que no corre paralela a un aumento del número de func ionarios, está acarreando serias deficiencias, según el presidente de CSIF Prisiones. “Los anunciados programas de rehabilitación para violadores y presos condenados por violencia doméstica no se están llevando a cabo, tan sólo alguno de manera residual”. Según los datos estadísticos, la cifra de población reclusa casi se ha duplicado en los últimos 10 años, pero, eso sí, el número de mujeres presas supone sólo el 10% del total.


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METROMadrid

Interior pondrá en la calle a 1.100 presos que controlará con pulseras telemáticas


Invertirá seis millones en 2006 para duplicar el número de reclusos que actualmente cumplen sus condenas fuera de las cárceles.

Óscar López-Fonseca


Las cárceles españolas están a rebosar. Cerca de 61.000 personas permanecen recluidas en la actualidad en las 72 prisiones españolas. Una cifra que, además, sigue aumentando a un ritmo de 100 internos más a la semana. Ante la magnitud de las cifras y la evidencia de que las ocho nuevas cárceles proyectadas por el Gobierno socialista no estarán finalizadas antes de 2012, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha decidido potenciar un sistema muy utilizado en Estados Unidos y Gran Bretaña: la puesta en la calle de reclusos condenados por delitos leves a los que se les somete a control telemático gracias a unas pulseras que permiten su localización permanente.


El sistema no es nuevo -desde que se empezó a implantar en España en 2001, ya se han beneficiado de él unos 2.000 reclusos, entre ellos Manuel Prado y Colón de Carvajal y Manuel de la Concha-, pero sí lo es el impulso que se le pretende dar en los próximos meses. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 contemplan una partida de 5.922.170 euros para adquisición y mantenimiento de estos dispositivos. Una inversión con la que Instituciones Penitenciarias pretende doblar el número de reclusos controlados telemáticamente: de los 550 que existen en la actualidad se pretende pasar a los 1.100 a finales del próximo año.


Una medida que, además, traerá consigo un importante ahorro al erario público si se tiene en cuenta que mantener a un preso en régimen cerrado supone cerca de 20.000 euros al año, según estimaciones del departamento que dirige Mercedes Gallizo. De este modo, los seis millones de euros presupuestados serán ampliamente compensados por los 22 millones que dejarán de gastarse con la puesta en la calle de los 1.100 presos. “Aunque el beneficio económico es importante, lo es aún más el impulso que recibe la política de reinserción, ya que estos presos estarán en su casa y podrán encontrar un trabajo que les aleje de la delincuencia”, recalcan en Instituciones Penitenciarias.


Tecnología israelí


La tecnología ha sido contratada a la empresa israelí Electronic Monitoring Technologies (Elmotech), con la que se ha firmado recientemente un contrato para los dos próximos años por un importe de 6.363.112 euros. La compañía facilita los equipos técnicos y cobra por su utilización entre cinco y ocho euros diarios, según el tipo de control telemático que se utilice: la pulsera o un más sofisticado seguimiento mediante GPS. “El sistema permite muchas posibilidades, entre ellas evitar que los que disfrutan del tercer grado -también conocido como régimen abierto- vayan cada noche a la cárcel a dormir, como hasta ahora, algo que no tiene ningún sentido sobre todo cuando las cárceles están llenas”, añaden las fuentes consultadas.


No serán éstos, sin embargo, los únicos beneficiados. Entre los planes de Instituciones Penitenciarias se encuentra aplicar también este control antes de que finalice el presente año a reclusos que disfrutan de permisos, a los que se controlaría en la calle a través de satélite. Los condenados por delitos contra la libertad sexual serán los primeros en probar la eficacia de un sistema que permite conocer su situación exacta en cada momento con un margen de error de metros y que, incluso, puede marcar zonas a las que el preso no deba entrar o enviarle un mensaje electrónico si comete algún tipo de infracción.


Los planes del equipo de Gallizo incluyen hacer extensivo este control más exhaustivo a otros delitos o emplearlo para limitar el número de ingresos en prisión provisional. “Todo acaba en prisión, incluso gente que tal vez no debería estar, y eso, junto con el endurecimiento de las condenas, ha terminado por colapsar la cárcel”, agregan desde Instituciones Penitenciarias.

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26 octubre 2005

MURCIA, NO SABEN DONDE UBICAR LA NUEVA CÁRCEL


Interior baraja doce municipios para ubicar la nueva cárcel de la Región


El delegado del Gobierno, Ángel González, destacó ayer que Instituciones Penitenciarias baraja un total de 24 puntos ?concentrados en 12 municipios? para ubicar el segundo centro penitenciario en la Región, cuyas gestiones ?subrayó? ?van a buen ritmo?.


El delegado del Gobierno en Murcia, Ángel González, desmintió que las gestiones para la construcción de un segundo centro penitenciario en la Región ?estén casi paradas?, tal y como informó el lunes el diario El País.


González destacó que el proyecto ?va a buen ritmo?, aunque no especificó los avances logrados desde que se anunció su construcción, el pasado 22 de septiembre.


González señaló la presencia, ayer mismo, de un técnico de Instituciones Penitenciarias en la Región ?para visitar nuevos terrenos en los que se podría ubicar la cárcel?. En este sentido, el delegado recordó que este organismo maneja en la actualidad un total de 24 puntos ?repartidos en doce municipios?. ?Esta decisión no debe ser fruto de un capricho. Una obra de esta envergadura requiere tiempo?.


Así pues, y transcurrido un mes desde el anuncio del proyecto, el número de candidatos para albergar la prisión parece haberse doblado. El 23 de septiembre, durante la celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias, González destacó que eran seis los municipios ¿que más se ajustan a los requisitos de la Sociedad Estatal de Instituciones Penitenciarias?.


Sobre las negativas de varios ayuntamientos para albergar el nuevo centro penitenciario, el delegado replicó señalando las peticiones de cinco municipios, ?no puedo decir cuáles?, para acoger la cárcel.


Trabajo para la PolicíaPor otra parte, González dijo a los 30 nuevos agentes de policía que se incorporaron ayer a las comisarías de la Región que ?no les va a faltar trabajo?.


De los 30 policías, 20 van destinados a la comisaría de Cartagena y otros 10 a la de Lorca.


En la presentación de los mismos, el jefe superior de Policía de Murcia, Carlos Llorente, les deseó suerte y citó a Napoleón, que ?siempre elegía a generales con suerte?, al tiempo que les agradeció haber escogido la Región para desempeñar su profesión.

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GRAVE INCIDENTE EN LOS JUZGADOS DE ZARAGOZA

Tres reclusos muy peligrosos se ´amotinan´ durante un juicio


Uno de los acusados se abalanzó contra la juez que presidía la vista
Los presos se cortaron las venas en los calabozos tras ser desalojados de la sala


J. M. PEREZ BERNAD


Tres presos muy peligrosos protagonizaron ayer un grave incidente en los juzgados de Zaragoza durante la vista que se les seguía por una agresión a funcionarios de la cárcel de Zuera. Una vez reducidos y trasladados al calabozo del edificio, los presos se cortaron las venas y tuvieron que ser asistidos en el hospital Provincial.


Los reclusos, incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), están acusados por un delito de atentado cometido el 4 de febrero del 2004, cuando se encontraban en celdas de aislamiento colindantes. La peligrosidad de los acusados había provocado que se realizara un amplio despliegue de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en la sala de vistas, con un total de 14 agentes que permanecieron en pie y rodeando a los acusados hasta que se produjo el incidente.


Según explicaron dos de los procesados, Manuel Romero Lara y Agustín López Montserrat, el incidente en la prisión se produjo cuando el segundo insultó y amenazó a la ATS del centro penitenciario porque no le daban más pastillas.


Aunque los acusados no recordaban algunos aspectos de la rebelión, la diligencias instruidas reflejan que Romero intentó clavar un pincho carcelario en el cuello de un funcionario, que se salvó al protegerse con un escudo. El pincho había sido fabricado con un bolígrafo afilado.


Durante la declaración de López, éste denunció malos tratos y desatención de los funcionarios, por lo que la magistrada le ordenó que se callara y le advirtió con la expulsión de la sala. El preso no depuso su actitud y la juez ordenó que se lo llevaran de la sala.


REBELION

En ese momento, el preso intentó arrojar al suelo el sistema de videoconferencia de la sala, al tiempo que rompía la pantalla de una patada. Otro de los reclusos, Manuel Muñoz Aceituno, se abalanzó contra la juez pero fue derribado por los guardias en el estrado antes de que alcanzara su objetivo. El tercer procesado, Romero, no tuvo tiempo de moverse porque un agente le inmovilizó con una llave en el cuello.


La sala fue inmediatamente desalojada mientras los presos eran reducidos, produciéndose gritos e insultos por familiares de uno de ellos. En el forcejeo, los reclusos perdieron algunos clavos que llevaban ocultos entre las ropas y que no habían sido detectados a su llegada al juzgado.


El juicio prosiguió a puerta cerrada, mientras los presos eran conducidos a los calabozos del edificio, donde quedaron encerrados. No obstante, rompieron un cristal y utilizaron el vidrio para hacerse cortes de diversa profundidad en las venas. Finalmente, tuvieron que ser trasladados al hospital Provincial, donde fueron asistidos de sus heridas.


Fuentes policiales explicaron que el amplio dispositivo de seguridad desplegado en la sala se justificaba por los antecedentes de los tres presos. El temor a que provocaran algún incidente, como así ocurrió, les llevó a permanecer a los agentes en pie, pendientes en todo momento de las reacciones de los acusados.


El ministerio fiscal solicitaba para Romero tres años de cárcel por delito de atentado, uno para López y una pena multa de cuatro meses para Muñoz. Las acusaciones particulares, mantenidas por los abogados Cristina Ruiz-Galbe y José Luis Calonge en representación de los funcionarios, se sumaron a las mismas peticiones.


Tras el incidente que protagonizaron en la cárcel de Zuera, Instituciones Penitenciarias les había dispersado en diversos centros. Para asistir al juicio de ayer los tres presos habían sido trasladados a Zaragoza procedentes de las prisiones de Valencia, La Moraleja y Jaén II, respectivamente. Todos ellos cumplían condenas por delitos contra la propiedad, especialmente robos con intimidación, y cuentan con un amplio curriculo de conflictos y agresiones.

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San Sebastián no impedirá un concierto en apoyo a etarras

El equipo de gobierno de San Sebastián (PSE-EB) afirmó hoy que "no tiene medios ni intención de impedir" el recital en apoyo a los presos de ETA que tendrá lugar el próximo viernes en la Casa de Cultura de Lugaritz, ya que el alquiler de la sala lo pidió Etxerat, "una asociación perfectamente legal".

El concejal de Cultura, Ramón Etxezarreta (PSE), se refirió en una rueda de prensa a las declaraciones efectuadas ayer por la presidenta del PP de Guipúzcoa, María José Usandizaga, quien pidió al alcalde, Odón Elorza, que impida la celebración del recital al entender que es "una clara provocación a la democracia y un absoluto desprecio a las víctimas del terrorismo".

Patronato de cultura

Usandizaga aseguró además hoy en otra rueda de prensa que está "convencida de que el alcalde no permitirá que se desarrolle el acto", en el que una veintena de representantes de la cultura vasca interpretarán poemas y música para reivindicar el acercamiento de los reclusos a cárceles de Euskadi, y agregó que, "en todo caso, lo único que hay que reivindicar es que los presos cumplan sus penas".

Etxezarreta, no obstante, respondió que la celebración de este recital no es competencia de Elorza, sino del patronato municipal de Cultura, que "no tiene medios ni intención de impedir ningún acto cultural, sea con la intencionalidad que sea".

Argumentó que el alquiler de la sala Imanol Larzabal del centro municipal de Lugaritz fue solicitado por la agrupación de familiares de presos de ETA Etxerat, "una asociación perfectamente legal" que pidió el auditorio para organizar "un recital de poesía y música".

Sin identificarse

"Si el PP pretende impedir el desarrollo de un acto cultural y si entiende que lo que va a ocurrir es un delito tiene que recurrir a otras instancias, ya que el patronato no tiene competencia", señaló el edil, quien subrayó que existe una normativa de usos, cesiones y alquileres que el consistorio "debe cumplir independientemente de que comparta o no la ideología" del evento.

Insistió en que el patronato de Cultura, que alquila sus dependencias para actividades culturales y mítines políticos, entre otros eventos, "no tiene por qué identificarse con los espectáculos u ofertas culturales que se desarrollen en sus instalaciones".


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LOCOS Y PSICÓPATAS EN LA PRISIÓN DE CÓRDOBA


La última agresión fue el pasado domingo cuando un agente quedó incosciente tras un puñetazo


CSIF denuncia que los funcionarios de la prisión son "pisoteados" por los internos



El delegado sindical de CSIF en el centro penitenciario de Córdoba, Fernando Rebollo, denunció ayer que el colectivo de funcionarios está siendo "pisoteado" por los internos de la prisión ante las continuas agresiones que vienen sufriendo en las últimas semanas, produciéndose la última de ellas el pasado domingo, cuando un funcionario de la prisión provincial quedó inconsciente como consecuencia del "inesperado puñetazo que le propinó un interno en el patio del recinto".


El individuo se encontraba en un módulo de aislamiento y de pronto empezó a agredir al trabajador, tras pronunciar unas palabras en marroquí.


Fernando Rebollo explicó que los autores de estas acciones "son normalmente internos con un perfil psicológico muy bajo o enfermos mentales, ya que sus acciones no corresponden a comportamientos naturales". Según Rebollo, "éste no es un caso aislado, sino que es la gota que ha colmado el vaso, ya que en lo que va de mes los funcionarios hemos sufrido tres agresiones en las últimas dos semanas, por lo que esta situación es algo que se está convirtiendo en rutinario". Sin embargo, el CSIF apuntó que la dirección del centro no puede hacer nada al respecto "porque está obrando como muy buenamente puede hacerlo porque esto es un tema que trasciende ya a nivel nacional".


Por ello, el sindicato ha solicitado a la dirección del centro una reunión con carácter de urgencia "para tomar las medidas adecuadas para que estos internos si no deben estar en una prisión estén en los centros adecuados para ellos".

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25 octubre 2005

MEJORAS PARA LA POBLACION RECLUSA

Villabona contará con otra unidad terapéutica


El cuarto módulo podrá acoger a cien presos a finales del próximo año.


RAMON MUÑIZ


No es habitual ver al presidente del Principado entre rejas, aunque los responsables de instituciones penitenciarias dicen que sí, que Vicente Areces visita con frecuencia la cárcel de Villabona y se preocupa por la situación de los presos. Ayer dejó constancia de ello, al acudir al centro, en un acto durante el cual los responsables de la cárcel asturiana anunciaron la puesta en marcha de un nuevo módulo terapéutico que funcionará plenamente a finales del próximo año.


Este tipo de recintos logran prestar una atención especializada y constante por parte de psicólogos y trabajadores sociales, cuya labor consigue un alto grado de reinserción. La fórmula es "un modelo de referencia para España y para Europa", enfatizó el presidente del Principado, quien recordó que responsables de otras prisiones han acudido ya a Villabona para estudiar el funcionamiento de las unidades terapéuticas, que actualmente albergan a más de 300 internos en los tres módulos de que dispone.


La habilitación de un cuarto módulo permitirá la adopción de otros cien reclusos en este régimen de atención, pero "hay unos mil internos que no pueden entrar", lamentó el director de Villabona, Carlos Díez de la Varga, quien solicitó para ellos más apoyo por parte de la administración.


"No se trata de mendigar, si no de reclamar una esperanza, porque en la cárcel hay que vivir con esperanza", afirmó Díez de la Varga ante una nutrida presencia de reclusos que acogieron la visita del presidente del Principado, así como de otras autoridades, durante la primera sesión del decimotercer Encuentro con la Sociedad , una semana de conferencias que sirven de encuentro a "profesionales e internos, colectivos antagónicos que aquí han logrado la utopía", afirmó Gerardo Herrero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Es una noticia de:

Presos y cárceles

El Gobierno ha dado luz verde a la construcción de 10 nuevos centros de reclusión en un intento de frenar la imparable saturación de las cárceles, acelerada en el último decenio, que amenaza con poner en entredicho el propio funcionamiento del sistema penitenciario español. Las cárceles acogen hoy en condiciones cada vez más precarias a más de 61.000 reclusos, lo que sitúa a España en los primeros lugares de la Unión Europea con una tasa de 140 presos por cada 100.000 habitantes.


Los nuevos centros servirán para paliar el problema pero no para erradicarlo: las 7.000 plazas previstas quedan lejos de las 20.000 necesarias para cumplir con el principio "un preso, una celda", que sigue orientando la política penitenciaria. El sistema instaurado en los últimos años desde una determinada concepción sobre la seguridad ciudadana conduce a construir más cárceles, disponer de más funcionarios y, en definitiva, a destinar más inversión pública al ámbito carcelario.


La actual situación no puede desligarse del endurecimiento de las leyes penales, de la aplicación generalizada de la prisión preventiva a una franja significativa de la delincuencia menor y de la restricción de no pocos mecanismos de reinserción social y, consecuentemente, de los beneficios penitenciarios. Esta política de rigorismo penal no fue acompañada de un aumento de la infraestructura penitenciaria, que sigue siendo sustancialmente la misma que la puesta en pie por los Gobiernos de la primera etapa socialista. En la actual situación carcelaria han intervenido también otros factores: el aumento de la población, por la llegada de inmigrantes y la parte alícuota de incremento de la delincuencia y de la población reclusa; y la actividad de la delincuencia organizada, una modalidad en aumento, según constata la última memoria de la Fiscalía del Estado.


La construcción de nuevas cárceles no sólo es necesaria sino urgente. Pero no dejará de ser un parche si la prisión se considera la panacea frente a los problemas de seguridad ciudadana. Existen medidas disuasorias o preventivas de tipo policial y otras de carácter sancionador-administrativo que siguen sin ponerse en práctica por desidia política o presupuestaria. Pero la opción carcelaria, como eje exclusivo de las políticas de seguridad, además de que puede resultar aberrante pasado cierto límite, tiene un coste que la sociedad no puede desconocer: más presos significa más cárceles, más funcionarios, más servicios y, en definitiva, más gasto.

24 octubre 2005

«Permisos» para violar y asesinar

Participar en la cárcel en un programa de autocontrol para violadores favorece que a estos delincuentes se les dé permisos de salida. Pedro Jiménez (foto) los aprovechó para seguir violando. En el último permiso, presuntamente mató a las dos víctimas


Los datos oficiales dicen que reincide un 4%


TEXTO: DOLORS MASSOT


BARCELONA. El crimen de dos mujeres policía en Bellvitge el 5 de octubre de 2004 y el hecho de que, al aparecer en televisión, su presunto autor fuera descubierto por otra joven que también habría sido violada por él, ha despertado la preocupación por los métodos que la Justicia emplea en España para con los violadores. De probarse los cargos que se le imputan, Pedro Jiménez (presunto autor de la violación y muerte de las dos agentes) habría cometido dos homicidios y cinco violaciones, todos ellos en días en que se encontraba de permiso penitenciario, además de una primera tentativa de violación.


En febrero de 2003, la Audiencia de Barcelona autorizó la salida del interno Pedro Jiménez. Tenía en cuenta que su condena se extinguía el 12 de diciembre de 2005 y que había sido «incluido en el programa para internos que han cometido este tipo de delitos, siendo la valoración muy favorable».


El informe de la cárcel de Brians, en Barcelona, hablaba de «conducta adecuada al régimen interno», de «buena evolución en el programa de tratamiento específico para delincuentes sexuales». Sin embargo, en una salida gubernativa, el 28 de marzo de 2003, cometió una falta de amenazas.


El día anterior, supuestamente, habría cometido la violación de Marta S., pero todavía nadie tenía conocimiento de ello, por lo cual lo único que se hizo fue privarle de un nuevo permiso de salida hasta el del fatídico octubre de 2004, en que presuntamente acabó con la vida de las dos policías.


En el juicio por la violación a Marta S., que está pendiente de sentencia, el escrito del fiscal fue contundente. Advertía que Pedro Jiménez, que tiene 36 años de edad, «muestra una alta antisocialidad, con psicopatía de grado medio», y «no padece ninguna enfermedad, trastorno o anomalía psicopatológica, ni alteración o disminución de sus capacidades intelectivo-volitivas».


En el caso del crimen de Bellvitge, de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía en prácticas, morían en su domicilio a manos de un delincuente. Eran Silvia Nogaledo, de 28 años de edad, y Aurora Rodríguez, de 23 años. Aquel día, precisamente Aurora celebraba su cumpleaños.


Incendió el lugar del crimen.


Según la reconstrucción de los hechos, una de las víctimas regresaba a casa de madrugada después de hacer el turno de noche en su trabajo, cuando fue sorprendida por un hombre, que la obligó a punta de navaja a entrar en su piso. Una vez en el interior de la vivienda, tanto ella como su compañera fueron atadas y amordazadas. Fuentes próximas a la investigación (llevada por los Mossos d´Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía) han señalado que las dos fueron agredidas sexualmente.


Tras la escena de violencia, el delincuente habría decidido dar muerte a las dos agentes. Una de las jóvenes habría recibido siete puñaladas y la otra cinco. Para que no quedara rastro de su paso por la escena del crimen, supuestamente el asesino prendió fuego a la casa.


Un cuchillo en La Oca.


No transcurrieron muchas horas hasta que un cliente del famoso restaurante La Oca, situado en la céntrica plaza Francesc Macià junto a la avenida avenida Diagonal, encontrara en los baños del local un cuchillo y unas zapatillas deportivas. Las habría dejado el asesino para deshacerse del arma y de un calzado que le podía delatar.


La Policía Científica actuó con toda celeridad. Obtuvo muestras biológicas (de semen y cabellos del agresor) y encontró pistas relacionadas con el teléfono móvil del asesino. Todo fue muy rápido. A los tres días, la Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra detuvieron en Girona a Pedro Jiménez García, en la barraca de otro delincuente con el que había coincidido en prisión.


El caso sigue bajo secreto de sumario, en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de L´Hospitalet de Llobregat. Fuentes judiciales han explicado a este diario que se trata de una «cuestión compleja». Existen, según estas mismas fuentes, más de cincuenta restos que están siendo sometidos a análisis por parte del Instituto Nacional de Toxicología y que podrían incriminar al acusado. La investigación policial acusa a Pedro Jiménez de dos delitos de homicidio, dos delitos de agresión sexual y un delito de incendio.


Una agresión sexual puede comportar penas de entre uno y doce años de prisión. Pero al hablar de permisos y ante situaciones como el crimen de Bellvitge, los penalistas están divididos entre quienes consideran que la ley es justa y los que apoyan medidas más duras contra los delitos sexuales.


Otros juristas son partidarios de mejorar la práctica del actual marco legal, que creen defectuoso en su aplicación. La penalista Lara Padilla es presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente. Según ella, las víctimas «son las que se llevan la peor parte. La ley dice que cuando un violador sale de la cárcel con permiso, hay que avisar a su víctima, y esto no se hace nunca».


Buenos en la prisión.


Padilla cree que «hay que tener mucho más cuidado con los permisos. Ocurre que a los violadores se les otorgan porque tienen buena conducta en la cárcel. No son presos que causen problemas en el ámbito penitenciario, pero hacen daño fuera, y al permitirles las salidas, se les está dando facilidades para que reincidan».


Padilla considera que, en el caso de Jiménez, «habría que estudiar si las autoridades penitenciarias tienen responsabilidad ante el juez respecto a su decisión de darle un permiso que le facilitó delinquir de nuevo». «A veces los dan por dar, porque las cárceles están llenas y los informes son favorables», explica. En esta línea actuará la acusación particular ejercida por el letrado José María Fuster-Fabra, que representa a los padres de las agentes. Solicita un millón de euros a la Generalitat como indemnización.


Lara Padilla no está conforme con los tratamientos que se aplican a los reclusos de este tipo. «Los resultados son falsos», dice. «Sólo se tiene en cuenta la cifra de los que se someten a los programas, que es una mínima parte de la población reclusa por esta causa. Los estudios internacionales dicen que la reincidencia en violencia de género está por encima de la media, aunque las autoridades dicen que no porque hacen estadísticas a los seis meses de salir de la cárcel. Un agresor puede tardar, pero suele volver a agredir». Su propuesta es contundente: «Afinar más en los tratamientos, para que no sean cuatro charlas y un ratito con el psicólogo».


Ana Costa, otra penalista, es más dura. «Los violadores deberían estar encerrados hasta que se acabe el tiempo de condena. No deberían disfrutar nunca de permiso». La violación, explica, «es un delito muy grave y la experiencia nos enseña que, superada la barrera inicial, los agresores sexuales siguen delinquiendo. Que no pudieran salir de prisión sería una medida coercitiva de mayor fuerza que la que tenemos en estos momentos».


Hay quien cree en el uso de «pulseras» con un dispositivo GPS que permita saber dónde está el violador en cada momento. Entre los juristas, esto plantea problemas acerca del derecho a la libertad, pero al mismo tiempo «no resuelve la cuestión porque, en caso de agresión, llegaríamos tarde a socorrer a la víctima. Hay que buscar soluciones de prevención», dice Costa.


Otra penalista, Inés Portabella, es contraria a la propuesta de encerrar a los violadores durante todo el tiempo de condena. Ella prefiere pensar que «es correcto el sistema de tratamiento especial mientras están en prisión. Si falla y los violadores vuelven a violar, es que el tratamiento no era el adecuado para aquella persona», dice. Ha llevado varios casos de violación y los tribunales siempre han absuelto a sus clientes, presuntos violadores.


Para que no les reconozcan.


Un cuarto abogado que prefiere quedar en el anonimato, afirma: «Hay violadores que saben lo que se traen entre manos. Te comentan que volverán a violar cuando salgan de la cárcel, pero para que nunca les pueda reconocer la víctima, la próxima vez matarán». ¿Fue el caso de las policías de Bellvitge?


«Deberían estar encerrados hasta que se acabe el tiempo de condena», según la penalista Ana Costa.


Jiménez cometió presuntamente dos homicidios y cinco violaciones, todos en permiso penitenciario.


Es una noticia de:

El Gobierno planea construir otras ocho cárceles hasta 2012


El sistema penitenciario, con más de 61.000 reclusos, necesita con urgencia nuevas plazas para aliviar la actual situación de hacinamiento.


Las cárceles españolas tienen hoy día casi el doble de presos que en 1990: más de 61.000 repartidos en 77 prisiones. El aumento sostenido de la delincuencia, el endurecimiento de las penas, el castigo de nuevos delitos y la demora en la edificación de nuevas cárceles están sobrecargando el sistema penitenciario. El Gobierno ya tiene en marcha la construcción de cuatro prisiones, más otras tres que levanta la Generalitat de Cataluña. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en breve un nuevo plan de prisiones, con el que se edificarán al menos otras ocho y 18 centros de inserción social. Pero aún no hay una buena explicación sobre por qué España tiene la tercera tasa más alta de presos por habitante de la UE.


JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid


Las costuras del sistema penitenciario español están a reventar. Ya hay casi 61.000 personas en las 77 cárceles españolas, el doble que en 1990. La población reclusa crece a un ritmo de 100 personas a la semana. El año pasado entraron y salieron 87.575 ciudadanos. El sistema necesita aumentar de tamaño (o replantearse a sí mismo), pero construir cárceles requiere mucho tiempo y dinero. Las cuatro prisiones cuya edificación ya ha puesto en marcha el Gobierno no podrán estar en funcionamiento antes de 2007 o 2008, al igual que tres que levanta la Generalitat catalana. Sus 6.532 plazas tampoco serán suficientes.


El Ministerio del Interior tiene ultimado un plan para construir nuevos centros penitenciarios, que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas, en el que se prevé edificar al menos otros ocho presidios (y cerrar cuatro que se caen de viejos), así como la construcción de 18 centros de inserción social (CIS), para el cumplimiento de penas en régimen de semilibertad. El plan, cuyas inversiones previstas se prolongan hasta el 2012, proyecta más centros, pero Instituciones Penitenciarias prefiere esperar a que se apruebe para difundir todas las ubicaciones.


Si construir una cárcel viene a costar de media 53 millones de euros, llave en mano, la inversión mínima para darle más talla al sistema se va a disparar por encima de los 742 millones de euros para los centros cuya ubicación ya se conoce. Equipar cada una de ellas sale a otros 10 millones y el coste de mantener en funcionamiento cada una es de 12 millones al año.
La norma de un preso por celda va camino de convertirse en una utopía. El 56% de las celdas ya está ocupada por dos personas. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, prefiere no hablar de hacinamiento, sino más bien de "sobreocupación". "Queremos que las cárceles lleguen a estar ocupadas al 100%, no al 150%", aseguró el ministro del Interior, José Antonio Alonso, durante la última fiesta de la Merced, patrona de las prisiones. El objetivo aún queda lejos.


La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA), la sociedad anónima mercantil de carácter estatal constituida en 1992 para la construcción de cárceles, está ejecutando las obras de cuatro prisiones, cuya edificación fue anunciada el 28 de julio de 2003 por el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes. La inversión inicial prevista era de 252 millones de euros para levantar y abrir estos cuatro centros, de 1.008 plazas cada uno, en El Puerto de Santa María (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla), Albocàsser (Castellón) y Estremera (Madrid). SIEPSA tiene su propio presupuesto y autonomía.


Pero ninguna de esas cárceles estará acabada antes del último semestre de 2007. Luego se tendrá que abrir el proceso para dotarla de funcionarios de prisiones (500 por centro), educadores, enfermeros, monitores (unos 25 de media) y fuerzas de seguridad para la custodia exterior (100 por cada uno), lo que retrasará más la apertura. Lo mismo ocurre con las tres prisiones que está construyendo la Generalitat catalana (única comunidad con las competencias de prisiones asumidas) en Barcelona (Quatre Camins, Can Brians II y Lledoners).
La población reclusa sigue creciendo. Si las leyes siguen como están (más tipos delictivos, mayores penas, ninguna redención, dificultades para otros beneficios) la alternativa es levantar más cárceles y cruzar los dedos para que las costuras no revienten, o lo que es lo mismo, que no crezca la conflictividad. Los responsables penitenciarios y los sindicatos admiten que, por ahora, sólo hay más tensión e incomodidades. Los planes de construcción son éstos.


Andalucía


Tendrá dos nuevas prisiones, la de Morón y la de El Puerto de Santa María, llamada Puerto III, que se sumarán a las 12 ya existentes en ese territorio, con una gran concentración en Cádiz y Sevilla. La de El Puerto es la más avanzada. El contrato de obra fue firmado el 10 de marzo, con un plazo de ejecución de 24 meses. Los movimientos de tierra ya están en marcha y será, posiblemente, la primera en terminarse. La de Morón comenzará a edificarse en el primer trimestre de 2006 y estará lista, como la anterior, en dos años. El Ministerio del Interior, SIEPSA y el Ayuntamiento de Morón ya han firmado el convenio urbanístico, que ha sido remitido a la Junta de Andalucía. Lo que falta es concluir la expropiación de algunas parcelas, porque el resto del terreno ya ha sido comprado. Cada centro tendrá 1.008 plazas.


Castellón


El convenio urbanístico para la cárcel de Albocàsser fue firmado por el Gobierno anterior, que había adquirido mediante compra el 90% del suelo necesario. La superficie construida será de unos 90.000 metros cuadrados y contará, además de con las clásicas celdas y patios, con equipamientos destinados a la educación, la formación profesional, instalaciones deportivas, culturales y espacios para la atención sanitaria. La actual Administración ha obtenido ya la aprobación definitiva del plan especial de la cárcel por parte de la Generalitat Valenciana. Las obras están a punto de licitarse, pese a que las expropiaciones de urgencia de los terrenos que faltaban por tomar se retrasó hasta el 18 de abril. La Comunidad Valenciana tiene otros seis centros.


Madrid


La Comunidad de Madrid, donde ya se levantan seis cárceles (más la antigua Yeserías, convertida en Centro de Inserción Social), ha dado su visto bueno a la construcción de la cárcel llamada Madrid VII, en el municipio de Estremera. Un problema con unos restos arqueológicos hallados en la zona y la dificultad para ejecutar la permuta de una parcela han supuesto algún retraso. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial dio su visto bueno al proyecto en septiembre. Será construida sobre 21 hectáreas. Constará de un edificio central de cuatro plantas y una altura máxima de 12 metros, más una torre de vigilancia que alcanzará los 50 metros. La obra se adjudicará a finales de este mes o a principios del que viene.


Cataluña


La Generalitat está construyendo dos penales en Barcelona, el de Can Brians II y el centro de jóvenes Quatre Camins, que sustituirá al de Trinitat. Si todo va bien, estos centros y el de Els Lledoners, en Bages, estarán acabados a lo largo de 2007. Entre los tres sumarán otras 2.500 plazas. La Generalitat anunciará en breve la ubicación de seis más. Uno de ellos estará en Figueres (Girona) y sustituirá a dos centros obsoletos. La otra se está negociando que esté en Estaràs (Lleida). Habrá otra en Tarragona, más un centro de inserción. Todo esto, para 2010.


Navarra


La construcción de una nueva prisión en las inmediaciones de Pamplona fue prevista por el Gobierno en 1998, pero no fue posible ni encontrar suelo ni llegar a un acuerdo con el Ejecutivo navarro. Tanto fue así, que el dinero previsto para este presidio (y para dos en Canarias y el País Vasco) fue asignado a la construcción de cuatro centros ya en marcha. Lo más fácil es que, finalmente, la prisión se ubique en unas parcelas del llamado camino de Loza, en el noroeste de Pamplona. El acuerdo de construcción ya está cerrado. Pero no hay fecha de inicio. Cuando esté lista, se cerrará la vieja cárcel provincial.


Canarias


La situación penitenciaria de las islas es apremiante y requiere acciones urgentes, por lo que se han acometido reformas en los cuatro centros ya existentes, como en el de Tahíche (Lanzarote). En la actualidad, 1.000 presos canarios cumplen pena en cárceles de la Península por falta de plazas en las islas. La intención es ubicar el nuevo penal en Las Palmas de Gran Canaria, aunque los responsables de Instituciones Penitenciarias, por ahora, prefieren guardar el secreto ante la inevitable susceptibilidad vecinal. Mientras, se va a rehabilitar la vieja prisión militar de La Isleta para aliviar la presión. También se busca suelo para un centro de tamaño medio en Fuerteventura.


País Vasco


Es la comunidad con las instalaciones penitenciarias más deficientes. Tiene tres cárceles y la que está peor es Martutene, en San Sebastián, vieja y húmeda. En principio, se edificaría un nuevo penal en unos terrenos en Zubieta, también en San Sebastián, una zona destinada a equipamientos. El suelo lo cederá el Ayuntamiento a cambio de los que ocupa Martutene, que se cerraría. No hay fechas.


Baleares


La nueva cárcel se ubicaría en Menorca, ya que los presos de esta isla tienen que cumplir en la de Mallorca. El Consell ha mostrado su interés en este proyecto. Ya se está en la fase de tramitación urbanística "y de definición arquitectónica", ya que una de las condiciones es que no afee el paisaje.


Ceuta


La cárcel es pequeña, antigua, obsoleta y está ubicada en el conflictivo barrio del Príncipe Alfonso. La abrupta orografía de la ciudad autónoma y la escasez de suelo va a requerir que la nueva prisión tenga un diseño arquitectónico "especial". Lo más probable es que Interior firme un acuerdo con la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa para conseguir el suelo preciso. La cárcel vieja será cerrada y demolida.


Murcia


Murcia es, sin duda, la que tiene la población reclusa más apretada. La vetusta cárcel de Sangonera está ocupada al 264%, según fuentes sindicales. La consecución de terrenos, por ahora, ha sido misión imposible. Prisiones quiere levantar allí un centro de 1.008 plazas, pero las gestiones están prácticamente paradas.


Soria


La construcción de una nueva cárcel en Soria está prevista en el plan de actuación específico para la provincia, aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2005. Será una prisión de tamaño medio y conllevará el cierre del actual penal, sito en el casco urbano. Zamora podría tener otro centro.


Es una noticia de:

Penas más duras y pocas alternativas


Cinco expertos analizan el hecho de que España tenga la tercera tasa más alta de presos de la UE


J. A. R. - Madrid


Cárcel de Soto del Real (Madrid). (RICARDO GUTIÉRREZ)


Gallizo: "Las reformas han alargado la estancia en las cárceles, que se sobreocupan"


Lorenzo Morillas: "El efecto de los cambios de 2003 aún no ha llegado a las prisiones"


Las cárceles no tienen reservado el derecho de admisión. Todo cliente enviado por los jueces halla acomodo, por el tiempo que sea. El ritmo de aumento de la población penitenciaria (un 3,2% en lo que va de año), sin cárceles nuevas aún, ha llevado a Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias, a plantear una reflexión: "Ha llegado el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que llegan a vulnerar las normas penales". ¿Cómo es posible que España tenga la tercera mayor tasa de población reclusa, 144 presos por 100.000 habitantes, muchos más que Francia o Italia? El Reino Unido, donde el total de presos crece en 250 personas por semana, se pregunta lo mismo. Ambos países construyeron 13 cárceles cada uno entre 1996 y 2003, con 18.500 nuevas plazas en el caso británico y 10.027, en el español. Y ya están llenas.


Cinco expertos opinan sobre el caso español y sus soluciones: Mercedes Gallizo; la jurista y portavoz del PP en la Comisión de Interior, Alicia Sánchez Camacho; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada Lorenzo Morillas, miembro de una de las comisiones que participó en la reforma del Código Penal de 2003; el magistrado Arturo Beltrán, presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, máxima instancia judicial penitenciaria en la comunidad; e Iñaki Rivera Beiras, director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, de la Universidad de Barcelona.


Todos, salvo Sánchez Camacho, coinciden en que la causa fundamental del imparable aumento de reclusos está en el endurecimiento de las penas del Código Penal de 1995, reforzado aún más en 2003; las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; la introducción de nuevos delitos de peligro abstracto; un cierto abuso de la prisión preventiva y la mayor presencia de delincuentes llegados de otros países. En plata: más presos, por más tiempo y sin poder redimir pena.


"Los neoconservadores de Estados Unidos han exportado a Europa, y por supuesto a España, una política de populismo punitivo, de tolerancia cero, que se traduce en políticas de barrido de los delincuentes de las calles y de endurecimiento de las penas", asegura Rivera. "El panorama es preocupante, y lo único que se les ocurre a los Gobiernos es construir más cárceles. El problema no es sólo que cada vez haya más presos, sino que no tienen posibilidades de redención, y se crea una tensión máxima. Y no es cuestión de PP o PSOE. Ambos votaron las reformas", añade.


Morillas analiza la situación en una línea similar. "Se ha producido un expansionismo del Derecho Penal, es decir, que hay más delitos y más penas. Hay un expansionismo racional para una sociedad de riesgo, como es el que afecta, por ejemplo, a los delitos de Internet o del tráfico; y otro irracional, que intenta paliar los fallos de la sociedad. Esto, en épocas de sensación de inseguridad ciudadana, se traslada al Derecho Penal". Uno de los problemas que ve Morillas es que la reforma del Código Penal de 2003 (que consagró el cumplimiento íntegro de las penas y dificultó el tercer grado y la libertad condicional) aún no ha surtido efecto en las cárceles. "La reforma de 1995 tardó dos años en apreciarse, y la de 2003 se empezará a ver ahora, con una mayor presión sobre el sistema".


Beltrán coincide en que la culpa es, fundamentalmente, del endurecimiento de las penas, "y del cambio que se ha operado en España de una sociedad preindustrial a una tecnológica, algo que no se sabe aún bien cómo se ha encajado". Explica que el crecimiento de la población y de la delincuencia foránea ("no de la inmigración, que es gente que viene a trabajar, no a delinquir", matiza) ha contribuido a la situación actual. "Con las normas más duras se crea un ambiente de inseguridad, y para los jueces es más fácil justificar una prisión preventiva que la libertad".


Los análisis son parcialmente coincidentes con el de Gallizo. "Es evidente que las reformas de la legislatura pasada alargan el tiempo de estancia en las prisiones, que se sobreocupan", argumenta. "La reflexión que debemos trasladar es que el abuso de las penas en régimen cerrado desvirtúa el sistema. El plantear medidas para flexibilizar el sistema acarrea riesgos, pero no hacer nada también es un riesgo, porque puede haber más conflictos en las cárceles y menos posibilidad de tratamiento", continúa.


La directora de Prisiones añade que las medidas de endurecimiento de las penas "no vinieron acompañadas por parte del Gobierno del PP de un plan de construcción de centros, porque pensaban que la población reclusa no crecería".


La diputada del PP Sánchez Camacho reniega de este planteamiento. "Si hay más gente en la cárcel es porque se delinque más", sentencia. "El endurecimiento del Código Penal fue debido a una demanda social, pero en los últimos dos años, el actual Ejecutivo no ha hecho nada. Y tampoco se están adoptando medidas sociales para impedir que crezca la delincuencia". A su juicio, el alargamiento de las condenas fue "muy bien recibido por la sociedad y redujo la reincidencia".


Así las cosas, ¿qué se puede hacer? "En la UE hay un debate sobre la flexibilización del sistema que aún no ha llegado a España, en el que se tiende a una apuesta fuerte por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad", asegura Gallizo. "Lo primero que debemos hacer es administrar lo que tenemos y multiplicar las actividades en la cárcel, como el trabajo productivo, porque mucha gente en los patios y sin hacer nada genera problemas. Todo ello combinado con medidas sociales que atajen las causas del delito".


"La reflexión de Gallizo es muy interesante", añade Beltrán. "Pero las medidas no son fáciles y no dan votos". Morillas agrega que lo vital es frenar la entrada en prisión. "El 70% de los presos está en la cárcel por delitos de narcotráfico y contra el patrimonio, muchas veces asociados. Si un delincuente drogadicto se deshabitúa, posiblemente no volverá a delinquir, porque la causa del delito desaparece".


La coincidencia total es que para los delitos graves, para las condenas de larga duración, no hay alternativa. "Quizás habría que reservar la cárcel para los delitos más graves", dicen casi con las mismas palabras Gallizo y Beltrán. "Sólo con cumplir la ley, para que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se liberarían miles de celdas", asegura Rivera. "Claro que hay que tomar medidas para prevenir y evitar el delito", afirma Sánchez Camacho. "A las penas de prisión se pueden buscar alternativas, como el control telemático, pero eso no resuelve el problema porque afecta a poca gente", concluye.


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23 octubre 2005

Peligro de muerte en prisión


30 presos se han quitado la vida en las cárceles este año; en 2004 hubo 40 suicidios, 12 más que en 2003


PABLO ORDAZ - Bilbao


Dos presos juegan al pimpón el jueves pasado en la cárcel de Zuera, Zaragoza. (LUIS CORREAS SUBÍAS)


El año pasado murieron 180 reclusos; de ellos, 40 se quitaron la vida.


El centro penitenciario de Zaragoza alberga a 1.600 presos de 61 nacionalidades.


Manuel era gitano, tenía 27 años y buena mano para el dominó. Había pasado muchas fatigas hasta conseguir desengancharse de la heroína, pero últimamente se le veía muy bien. Echaba un cable en la lavandería y alternaba en el patio con su padre, su hermano, un primo y un tío suyos, todos ellos compañeros de prisión. La semana pasada, Jordi Rosa, un preso de 26 años que ayuda en la enfermería, fue llamado al módulo seis. Durante la noche, Manuel se había ahorcado con una sábana en su celda. De los 1.600 internos de la cárcel de Zaragoza, 70 estaban siendo sometidos a un control estricto de prevención de suicidios, pero Manuel no era uno de ellos. Al salir con la camilla, Jordi Rosa escuchó a los otros presos despedirse de su amigo gritándole "por qué".


Ni el director de la cárcel de Zaragoza ni la directora general de prisiones tienen la respuesta. 30 reclusos se han suicidado en las cárceles españolas desde principios de 2005. El año pasado, la cifra fue de 40, 12 más que en 2003. La muerte en prisión se ha convertido ya en la mayor preocupación de Instituciones Penitenciarias. Además de los que se quitaron la vida, otros 140 murieron durante el año pasado mientras cumplían condena o estaban a la espera de juicio. 33 por sobredosis, 92 por diversas enfermedades (31 de ellos seropositivos), dos de forma accidental, uno por agresión y otros 12 por causas aún pendientes de determinar. Mercedes Gallizo, la directora general de Instituciones Penitenciarias, admite que la muerte en la cárcel -y de forma muy especial el suicidio- se ha convertido para ella en una obsesión. "Es la principal de mis preocupaciones", asegura, "más incluso que la sobreocupación. Sabemos que tenemos 10.000 presos más de lo que sería razonable que tuviésemos, que estamos un 30% por encima de nuestra capacidad, pero no sabemos por qué la gente se quita la vida en prisión. Hemos comprobado que a veces las personas que recurren al suicidio no se ajustan al perfil del suicida. Y ésa es mi obsesión: averiguar cómo les podemos ayudar. Tengo la duda de si estamos haciendo todo lo posible...".


La muerte de Manuel no hace más que agrandar esa incertidumbre. Sobre todo porque es el tercer preso que se quita la vida en la cárcel de Zaragoza en lo que va de año. Antes de él lo hicieron un joven atracador con ideas de ultraderecha y Mustafá Zanibar, un marroquí que cumplía condena por asesinar con fuego a un compatriota en Almería y al que se le acusaba además de pertenecer a la célula islamista que pretendía volar la Audiencia Nacional. La cárcel de Zaragoza, ubicada en Zuera, a 40 kilómetros de la capital en dirección a Huesca, tiene además otro extraño récord: desde que se inauguró, a finales de 2001, 23 presos han encontrado allí la muerte.


El director de la cárcel se llama Andrés Gonzalo. Es un hombre joven, pero con la experiencia suficiente para haber conocido otros tiempos. Épocas no tan lejanas -principios de los 90- en las que los presos para protestar se amputaban un dedo con la cancela del penal y lo tiraban sobre la mesa de un funcionario. Épocas de motines, de celdas ardiendo, de internos en los tejados. "Siempre se ha dicho, "explica Gonzalo, "que la experiencia es la principal herramienta de un funcionario, pero ahora todo ha cambiado". Un buen ejemplo es la prisión que él dirige. Con capacidad para 1.008 internos, nunca baja de 1.600. De éstos, más del 30% son extranjeros. "¿Quiere saber cuántas nacionalidades distintas hay aquí?", se pregunta para responder enseguida: "Sesenta y una. Estoy seguro de que mucha gente no sería capaz de escribir 61 países en un papel". Hay también en Zuera terroristas de ETA o capos del narcotráfico como Laureano Oubiña. "Pero sobre todo", coinciden Andrés Gonzalo y Mercedes Gallizo, "hay gente que nos llega muy deteriorada, psíquica y físicamente. La sociedad nos manda todos los problemas que no puede resolver: de angustia, de drogas, de locura...".


Es el caso de José, un indigente de 40 años que ingresó en prisión la primavera pasada. La policía lo pilló robando en un pueblo y el juez lo condenó a 15 días por hurto. Ingresó en Zuera y fue directo a la enfermería. Tenía antecedentes de meningitis, cirrosis, sida, tuberculosis pulmonar, atrofia cerebral y fuerte dependencia de las drogas. Fue llevado al hospital. Murió el 27 de marzo, un día antes de conseguir su libertad. Dice el director de la cárcel: "Yo no cuestiono la actuación de la policía ni del juez, pero me pregunto, ¿es aquí donde tenía que estar José?".


Fernando cumple condena en Zuera. Tiene 56 años, 30 más que Jordi Rosa, y juntos atienden a los internos con problemas físicos o tendencia al suicidio. A fuerza de asomarse al abismo, son capaces de poner en román paladino lo que Gonzalo o Gallizo explican en lenguaje técnico. "La gente viene muy rallada de fuera", dicen, "se meten de todo, viven la aventura, son unos héroes en su barrio y luego llegan aquí y se les cae el mundo encima. Sobre todo cuando se dan cuenta de que la aventura les va a costar siete años de una condena que tendrán que comerse entera. La juventud de hoy no está preparada para el fracaso. Se derrumba. Y además", añaden, "los psiquiátricos se cerraron y todos los que están mal vienen a parar aquí".


Hay un estudio reciente sobre el suicidio en la institución penitenciaria que es un tratado de la desesperanza. Lo encargó Mercedes Gallizo cuando empezó a percatarse de la magnitud del problema. Después de estudiar cada caso, el informe apenas puede dibujar un perfil del preso que se quita la vida: varón, español, de entre 21 y 40 años, soltero... Todos los demás indicadores son lo bastante ambiguos como para no poder extraer de ellos una conclusión determinante. Un ejemplo de ello es la variante "primeros días de ingreso". Hasta ahora se creía que la llegada del interno a la cárcel era un factor de alto riesgo, pero el estudio demuestra que no es el de mayor peligro. Sencillamente, no se sabe cuál es. También se creía que quien cae preso por cometer un asesinato podría ser víctima de un remordimiento que lo abocara al suicidio. Sin embargo, de los 40 que se quitaron la vida en 2004, 21 tenían condenas por robo.


Dice el director de Zuera que los presos se vuelven miopes con respecto al futuro, que no son capaces de ver más allá de tres o cuatro meses. De ahí que cobre especial importancia una conclusión extraída del nuevo programa de prevención de suicidios que se está poniendo en marcha en las cárceles. Dice que las modificaciones legales puestas en marcha por el anterior Gobierno -el cumplimiento de las penas íntegras y la dificultad de redimir condena- han "disminuido el nivel de esperanza de numerosos reclusos".


Nadie sabe si fue eso lo que le pasó a Manuel.


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21 octubre 2005

Los funcionarios exigen «otra vez» el plus de insularidad


Los trabajadores de la cárcel de Eivissa se concentraron ayer en la puerta del centro penitenciario


Vicent Marí


Los empleados del Estado anuncian movilizaciones semanales


EIVISSA | P. P.


Con gritos de «¡Zapatero, bandido, cumple lo prometido!» unos cuarenta funcionarios del centro penitenciario de Eivissa se concentraron ayer ante la prisión para reclamar la equiparación del plus de insularidad con la que reciben los funcionarios de Canarias, Ceuta y Melilla. «Otra vez» -según manifestó el representante sindical de este colectivo, Jesús Irurrre- «insistimos en que se cumpla lo aprobado en la ley de acompañamiento de los presupuestos de hace dos años». «En Eivissa tenemos dos inconvenientes: la carestía de la vida y los desplazamientos de un territorio insular y el hecho de que se trata de una prisión pequeña y, por lo tanto, los funcionarios cobramos menos que en las cárceles de mayor tamaño», afirmó Irurre.


«Queremos igualdad. Ni más ni menos», recordó el delegado sindical: «Parece que el Gobierno no entiende que los trabajadores debemos estar cómodos en nuestro lugar de trabajo porque si no, en cuanto podemos, todos nos acabamos yendo a la Península».


En el anterior concurso de traslados de funcionarios, abandonaron la prisión de Eivissa el 80 por ciento de los funcionarios, según denunció Irurre.
La concentración de ayer fue la primera de una serie de movilizaciones de los funcionarios del Estado que, semanalmente, reivindicarán el plus de insularidad sucesivamente en otras sedes de la Administración del Estado como los juzgados o la Delegación de Hacienda.

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19 octubre 2005

"Los funcionarios de Prisiones tendrán que saber catalán para acceder a las cárceles de la comunidad"



El PP inicia una campaña contra el estatuto de Cataluña

Los populares informarán sobre "los cambios negativos" que conllevará la aprobaciónde la norma.


EFE

El PP de Córdoba se reunirá con distintas organizaciones de la provincia para informales sobre los "cambios negativos" que, a su juicio, traerá la aprobación del Estatuto de Cataluña, según informó ayer la presidenta de esta formación, María Jesús Botella.


Los empresarios serán unos de los primeros en recibir la visita de los populares, que les explicarán "cómo va a afectar el cambio a las reglas de juego del mercado en España". El PP también se reunirá con los jóvenes, ya que "éstos tienen que saber que deberán empezar a pensar en España de una manera distinta".


Si el Estatuto catalán llegara a aprobarse tal y como figura en el borrador, "los funcionarios de Prisiones tendrán que saber catalán para acceder a las cárceles de la comunidad", destacó Botella, por lo que el PP también informará a este colectivo sobre este asunto. La también diputada en el Parlamento andaluz anunció que su partido pretende llevar a cabo esta campaña, que también contempla la presentación de mociones en los ayuntamientos de la provincia, antes y después del día 2 de noviembre, fecha en la que el texto llegará al Congreso de los Diputados.


Botella acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "permitir y promover" este estatuto.


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17 octubre 2005

La Directora General de Instituciones Penitenciarias visita los cinco centros penitenciarios de Galicia


La Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se desplazará a Galicia mañana, martes 18 de octubre, hasta el viernes 21, para conocer los cinco centros penitenciarios que existen en la comunidad autónoma. La visita, que la Directora realiza por primera vez desde su nombramiento, responde al interés de Gallizo para analizar sobre el terreno la realidad de los centros penitenciarios.

Además, durante su estancia firmará, con la Universidad de Santiago de Compostela, un convenio de colaboración que permitirá a los estudiantes de Psicología realizar prácticas en los centros penitenciarios, otro con el Ayuntamiento de La Coruña relativo al nuevo Centro de Inserción Social y un tercero con la Confederación de Empresarios de Galicia para fomentar el trabajo entre los internos.

El jueves, 20 de octubre, clausurará las XIX Jornadas Penitenciarias Lucenses y, al día siguiente, Mercedes Gallizo participará en la inauguración del III Simposio de Voluntariado Penitenciario Gallego.


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32 presos mueren durante un violento motín en Argentina Muchas de las víctimas fallecieron a causa del incendio intencionado de un pabellón


Familiares de los presos de la cárcel de Magdalena se enfrentan con la policía. (ASSOCIATED PRESS)

JORGE MARIRRODRIGA - Buenos Aires EL PAÍS - Internacional


Al menos 32 personas murieron ayer en la prisión argentina de Magdalena, a 120 kilómetros al sur de Buenos Aires, a causa del incendio provocado en un pabellón durante un motín. Los incidentes comenzaron cuando los presos exigieron que se prorrogara el horario de visita con motivo del Día de la Madre. Ante la negativa de la dirección, un grupo prendió fuego a varios colchones, al tiempo que estallaba una reyerta generalizada entre los reclusos.


El motín, uno de los más sangrientos en la historia penal argentina, se inició a las once y media de la noche del sábado (cuatro y media de la madrugada del domingo en España) en las instalaciones destinadas a los reclusos menos peligrosos. Cientos de familiares se agolparon durante toda la noche en las inmediaciones de la prisión mientras las autoridades negociaban con algunas decenas de prisioneros que se habían encaramado a los tejados.


Ayer se celebraba en Argentina el Día de la Madre y el sábado los presos exigieron que, con este motivo, se extendiera el horario de visitas. Ante la negativa de los responsables del centro, la reclamación adquirió tintes cada vez más violentos hasta que un grupo de unos 200 presos prendió fuego a varios colchones y se originó en paralelo una reyerta generalizada entre ellos. El incendió quedó rápidamente fuera de control, momento que fue aprovechado por otros reclusos para hacerse con el control de algunas zonas del penal.


La situación se prolongó hasta la tarde de ayer. La cárcel de Magdalena, denominada Unidad Penitenciaria número 28, alberga a unos 3.000 presos y la zona donde ayer se produjo el motín está ocupada por 887 reclusos.


Nada más tenerse noticia de los sucesos, cientos de familiares se concentraron en los alrededores de la prisión protagonizando escenas de tensión y angustia. Desde el exterior se escuchaban tiros y se observaba el resplandor de las llamas. Las quejas iban dirigidas sobre todo a la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos. "No saben lo que estamos pasando. Sólo queremos que nos informen", relataba a una emisora de radio la madre de un preso que no tenía noticias sobre la situación de su hijo. Al exterior llegaban noticias de que los cuerpos carbonizados estaban siendo extraídos de entre los restos del edificio incendiado. Algunos familiares señalaron a medios locales haber visto "cuerpos amontonados unos sobre otros". Otros aseguraron que "seguro eran más de treinta".


A pesar de estos hechos, y de las imágenes retransmitidas por televisión de los presos subidos a los tejados y armados con palos y cuchillos, el alcalde de Magdalena negaba ayer por la mañana la existencia de un motín. "No hay ningún motín, hubo un hecho desafortunado y se está tratando de restablecer el orden", aseguraba Fernando Carballo.


Mientras el jefe de visitas del Penal, Sebastián Cornuta, explicaba que todos los fallecidos habían muerto a causa del fuego, bien por asfixia o carbonizados, otras informaciones apuntaban a que, aprovechando la confusión, algunas bandas del penal se habían ajustado las cuentas y que había muertos y heridos por arma blanca.


"Cuando yo llegué a la cárcel en la madrugada me encontré el sector penal totalmente ocupado por los internos", reconoció Fernando Díez, jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, quien explicó que se había incendiado también talleres y otras zonas de la prisión no destinadas a dormitorios.


Sobre las seis de la tarde de ayer, hora española, el motín quedó controlado. Seis equipos de forenses se trasladaron ayer hasta la prisión para comenzar las labores de identificación de los fallecidos.

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