29 noviembre 2005

Infraestructuras

El ‘Gordo’ entre rejas

Municipios como Yecla y Villanueva del Segura ya han mostrado su interés por beneficiarse del impacto económico que acarreará el segundo centro penitenciario murciano

Gema Escobar

Sobre el papel, una cárcel como la que se acaba de aprobar para la Región es una empresa perfecta. Crea empleo y riqueza, es respetuosa con el medio ambiente, no genera incertidumbre sobre su posible deslocalización y cumple una función social básica. Para un municipio “es lo más parecido a la construcción de un gran hospital”, añaden en el Ministerio del Interior.

El director general de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Juan José Azcona, va más lejos y amplia su repercusión a lo ancho de toda la provincia en la que se instala, desde el mismo momento en el que se aprueba su construcción.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias va a construir en toda España 46 nuevas infraestructuras de este tipo hasta el año 2012. Entre ellas, un segundo penal para Murcia y un Centro de Inserción Social, con 150 plazas para internos en régimen de semilibertad.

La cárcel, la instalación que acarreará un mayor impacto económico, requerirá una inversión de 90 millones de euros para la compra de terrenos, el levantamieto de los edificios y sus equipamientos. La cifra supera a la que inicialmente publicó la Delegación del Gobierno en Murcia.

CAPACIDAD PARA 1.008 CELDAS

El complejo tendrá una capacidad de 1.008 celdas. Será un centro penitenciario estándar, como el de Castellón de la Plana, y de mayores dimensiones que otros más cercanos, como el alicantino de Villena o el propio centro de Sangonera La Verde. Su plazo de ejecución se aproxima a los dos años.

Desde la fase inicial de su construcción, apunta el director general de la SIEP, habrá repercusiones derivadas de los impuestos que se generen. La más significativa es el dinero que el ayuntamiento elegido percibirá en concepto de licencia de obras, dos millones de euros que irán directos a la hacienda local y a los que se suman otros 100.000 euros, aproximadamente, por el movimiento de tierras.

Durante la ejecución, además, se generarán 853 empleos. De ellos, 480 serán directos, 250 indirectos y 123 inducidos, según desglosa el máximo responsable de la sociedad estatal.

A todo lo anterior se suman los ingresos inducidos durante la construcción. Juan José Azcona garantiza que ascenderán a 21 millones de euros, según se desprende del estudio que han realizado sobre seis penales españoles de similares características. En esta cantidad se incluyen 14 millones por el nuevo consumo asociado a esta infraestructura, y en el que se engloban partidas como el gasto en hostelería o el alquiler de viviendas por parte del personal y las empresas contratadas y subcontratadas para la puesta en marcha del penal.

Cuando la obra esté concluída y el centro entre en funcionamiento lo largo del año 2008, si se cumple el calendario previsto por el Ministerio del Interior- las cifras anuales de su impacto económico serán todavía más relevantes, habida cuenta de que se mantendrán a lo largo de toda la vida útil del penal.

Se crearán 520 puestos directos, a los que se unen 125 indirectos y 88 inducidos. De ellos, Azcona estima que entre el 70 y el 75% corresponderán a efectivos de seguridad y, el resto, a profesionales de enfermería, administración o cocina, entre otros.

ETIQUETA DE CALIDAD

Tanto Azcona como el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Murcia, Diego Peñarrubia, hacen hincapié en que cerca de un centenar de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente guardias civiles, se ubicarán en el entorno de la cárcel. Peñarrubia explica que alrededor del centro penitenciario se creará “una burbuja de seguridad que otorga una etiqueta de calidad a la zona y que se traducirá, también, en efectos económicos positivos”. Normalmente, la ubicación elegida por la SIEP para los centros penitenciarios se sitúa a varios kilómetros de los cascos urbanos, en áreas a las que atraen a polígonos industriales. “Es un activo más para las empresas asentadas en naves, porque saben que va a haber máxima seguridad en el entorno de sus instalaciones”.

Más cuantificables son los ingresos que anualmente genera una cárcel, gran parte de los cuales repercuten en el dinamismo económico de las empresas del municipio en el que se enclava el complejo penitenciario. El estudio realizado por la SIEP estima que el impacto anual de cada centro de 1.008 celdas asciende a 33,8 millones de euros.

La cifra incluye el suministro de alimentación para los internos y el personal de prisiones, así como los gastos de mantenimiento de las instalaciones: fontanería o carpintería, entre otros. En esta cifra destacan los más de 21 millones que Azcona define como derivados de la compra y alquiler de viviendas por parte de los trabajadores del penal y de la dotación de Guardia Civil asociada, ademas de sus gastos en hostelería y el de los familiares de los internos.

PREVISIONES ECONÓMICAS

Sin embargo, las previsiones económicas de Interior, avaladas por la experiencia observada en otras ciudades del país, no parecen suficientes para calmar los recelos de muchos municipios de la Región que se barajan como posibles ubicaciones. Entre ellos se encuentra Fuente Álamo. Aunque otros, como Yecla o Villanueva del Segura, según explican desde la Delegación del Gobierno, han mostrado tanto interés como otros suspicacia.

La historia reciente indica que la primera reacción de autoridades locales y movimientos vecinales en las zonas donde se proyecta la construcción de una cárcel suele ser de rechazo. Es lo que ocurrió hace poco más de cuatro años con el penal de Villena, el centro penitenciario denominado Alicante II. Así lo relata el concejal de Desarrollo Económico de la localidad alicantina, Jesús Santamaría, que recuerda la alarma social que se creó en torno a su puesta en marcha. En aquel momento, recuerda, se creía, a pie de calle y entre algunos sectores municipales, que la cárcel llevaría a la zona más inseguridad ciudadana. “No ha pasado así, y si ahora tenemos que poner en una balanza los beneficios y los perjuicios que ha tenido la cárcel en el municipio, se inclinaría del lado de las ventajas”, asegura el edil.

TIRÓN AL SECTOR INMOBILIARIO

Para empezar, “los 330 millones de pesetas del año 2001 por la licencia de obras de la cárcel sirvieron para realizar mejoras en el casco urbano, sobre todo de abastecimiento, alumbrado y parques”. También recuerda el tirón inicial que vivió el sector inmobiliario por la demanda de compra y alquiler de viviendas, aunque por la propia ubicación del centro de Villena -entre Alicante, Albacete y Valencia-, “sólo un centenar de los más de cuatrocientos trabajadores, entre personal de la cárcel y guardia civiles, se ha instalado en nuestra ciudad”.

En cuanto a la repercusión positiva que el penal deja de manera estable sobre las empresas villeneras, Santamaría indica, de un lado, que los propios internos realizan parte del proceso productivo de algunas industrias locales de calzado y, de otro, que empresas agrícolas de la localidad y del resto de la comarca se han visto beneficiadas por la subcontrata de suministro alimentario por parte de la central de compras de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En cualquier caso, Jesús Santamaría asegura que lo más significativo dentro del impacto económico del penal es el tirón que ha tenido para el consumo en la zona, sobre todo por parte de los efectivos de la Guardia Civil que realiza las labores de vigilancia y transporte de internos. “El resto de repercusiones positivas se han difuminado mucho por toda la comarca y la cárcel no ha beneficiado tanto al municipio como se llegó a pensar”, añade.

En el caso de Murcia, sean o no optimistas las previsiones de Interior, lo que es seguro es que la Región tendrá, en dos años, un nuevo motor económico que añadir a las estadísticas y un elemento más de bienestar para miles de familias murcianas.

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LA ECONOMÍA (Región de Murcia)

28 noviembre 2005

Cárceles vascas ocupadas 146 por cien, por encima media española


La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, informó hoy de que las cárceles vascas están ocupadas al 146,17 por ciento, una saturación por encima de la media española y especialmente grave en el centro de Basauri, donde hay celdas con más de dos internos.

Gallizo ofreció estos datos durante una comparecencia en el Senado solicitada por el PNV, cuya representante, Elena Etxegoyen, consideró insuficientes las medidas proyectadas por el Gobierno para aliviar la situación en las prisiones de Euskadi.

La cárcel de Bilbao-Basauri tiene una tasa de ocupación del 239,65 por ciento (se está ultimando un plan para reasignar internos a otras prisiones), mientras la de Martutene en San Sebastián alcanza el 176 y la de Nanclares de Oca en Alava el 117,95 por ciento, informó la directora, que constató que la media española es del 136,36 por ciento.

Gallizo expuso las medidas previstas para paliar la situación, que incluyen la construcción entre 2006 y 2012 de un centro tipo (mil plazas) cuya localización está por determinar, así como la renovación del de Martutene, y la construcción de tres Centros de Inserción Social (CIS) de cien plazas cada uno.

Además, explicó las inversiones aprobadas para obras de acondicionamiento de las tres prisiones: 1,12 millones de euros en 2005 y 150.948 en 2006 para Martutene, 197.058 euros en 2005 y 1,12 millones en 2006 para Nanclares, y 1,83 millones de euros para Basauri en el periodo 2005-2007.

La senadora Etxegoyen dio la bienvenida a cualquier medida que se adopte tras años de 'total abandono', pero añadió que no las consideraba 'suficientes para atajar tamaña realidad negativa'.

'En Euskadi hemos sido meros observadores en los últimos años de esta situación de deterioro', lamentó, para reclamar nuevamente la transferencia de las competencias de prisiones y exigir que, entretanto, en las decisiones adoptadas en materia penitenciaria se busque el 'consenso' con las autoridades vascas.

Etxegoyen dijo tener dudas de 'si va a haber algún centro nuevo' en Euskadi y pidió a Gallizo que concretara plazos de construcción de infraestructuras y recursos humanos previstos para ellas.

En una anterior comparecencia, el pasado día 8 en el Congreso, la directora de Prisiones no descartó que el centro de Nanclares sea reconstruido en una nueva ubicación, como sucederá con el de Martutene.

El senador popular Antonio Serrano pidió a Gallizo que deje de escudarse en la mala herencia recibida del PP, recordando todos los centros construidos durante su etapa de Gobierno, al tiempo que pidió más medidas al actual.

La directora le replicó que no desea 'polemizar' más sobre la herencia recibida, pero reiteró que el anterior Gobierno pecó de 'imprevisión', teniendo en cuenta que las reformas legales aprobadas iban a producir un incremento de la población reclusa.



Terra Actualidad - EFE

Las pulseras «antifuga» han controlado este año los permisos de 1.275 presos

D. Valdecantos


Madrid- A lo largo del año, 1.275 presos han disfrutado de permisos penitenciarios con sistemas de localización permanente, es decir, con pulseras o tobilleras que avisan cuando el recluso se encuentra en su domicilio durante sus salidas de prisión. Esta cifra supone un incremento del 43,4 por ciento con respecto al número de personas acogidas en este régimen especial de tercer grado del año pasado. La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, confirmó esta cifra durante la comisión de Interior que se celebró ayer en el Senado, donde defendió el desarrollo de penas alternativas a la cárcel, en régimen cerrado.
Gallizo, además, adelantó que el uso de estas tecnologías se ampliará con un sistema de reconocimiento de voz para quienes deben estar localizados de forma permanente en lugares donde los funcionarios de prisiones puedan conocer y el seguimiento constante por GPS, como sistema cautelar complementario a las medidas ordinarias de control.
La responsable de prisiones explicó que ya se han llevado a cabo pruebas en este sentido durante los permisos de condenados por agresiones sexuales cuyos buenos resultados abren buenas perspectivas para su implantación en el futuro.
Aumentan los terceros grados. Asimismo, Gallizo avanzó que en 2004 se incrementaron en 1.800 las resoluciones de tercer grado respecto a 2003, y aseguró que durante este año la proyección en estos momentos apunta a un aumento de 2.500 decisiones de este tipo de régimen extraordinario.
Con respecto a los quebrantamientos de los permisos concedidos, la directora de prisiones dijo que se mantienen desde hace dos años alrededor de un 0,6 por ciento. En concreto, en 2004, fueron vulnerados 438 de los 76.974 permisos concedidos.
La directora de prisiones defendió todas estas tesis en la Cámara Alta adonde acudió para dar cuenta al Partido Popular de unas declaraciones donde defendió que la cárcel no sea el único recurso para cumplir condenas privativas de libertad, más aún, puntualizó, con la «sobreocupación» que padece el sistema penitenciario en España. «Nuestra sociedad no es más o menos segura porque tenga más o menos personas privadas de libertad», manifestó Gallizo.

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LA RAZON

26 noviembre 2005

La directora de Tahiche dejó ayer su cargo tras un año en la prisión


Un equipo de inspectores se hará cargo, a partir de la próxima semana, de la dirección del centro penitenciario de Lanzarote, hasta que se cubra la plaza que dejó vacante ayer Gloria Llorente, ya ex directora de Tahiche, tras un año al frente de la prisión.

Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no se informó de si Llorente presentó su dimisión o si, por el contrario, fue cesada. Aunque fuentes sindicales señalaron, en declaraciones a este periódico, que la 'inexperiencia' de Llorente, 'su nulo diálogo con los trabajadores', y 'la incorrecta política que seguía en el control de los internos' podrían haber sido las causas de su sustitución.

Aunque tampoco descartaron que otros motivos, personales, hayan tenido también relación con este hecho. Las mismas fuentes señalaron que para dirigir las prisiones en las Islas, con una elevada tasa de hacinamiento y una plantilla reducida, 'es esencial cierta veteranía'. Como en el caso del nuevo director de Salto de Negro, 'que trabaja como médico desde hace doce años en la cárcel grancanaria, y ya fue subdirector de este área'.

Además de constatar su 'falta de experiencia', 'con menos de cinco años en contacto con centros penitenciarios', resaltaron 'su escasa disposición para tener en cuenta a los trabajadores, ignorando las contribuciones de los funcionarios de Interior, que son los que conocen cómo manejarse con los internos'.

'Pedimos su cese'

De hecho, continuaron, Acaip había trasladado a Instituciones Penitenciarias diversas denuncias al respecto, y el siguiente paso era 'pedir su cese', para evitar sucesos como el de hace unas semanas, cuando un funcionario sufrió un esguince de mano al separar en una pelea a dos presos, 'que sólo fueron aislados durante dos días', a pesar de que 'se habían cruzado incluso amenazas de muerte'.

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TERRA.ES

23 noviembre 2005

Un preso cordobés quiere correr 100 kilómetros dentro de la cárcel

El interno de la prisión de Córdoba Rafael Granados tratará de ser el primer atleta en correr los 100 kilómetros dentro de unas instalaciones penitenciarias.


Tendrá que dar 400 vueltas al campo de fútbol de la Prisión Provincial de Córdoba, de 250 metros de perímetro, se celebrará el próximo 4 de diciembre. Nunca se ha llevado a cabo una carrera así en un recinto penitenciario, y ya ha realizado varias pruebas de 50 kilómetros. El pasado domingo invirtió en esta distancia tres horas y 43 minutos. Una plataforma exige su indulto porque al ingresar en prisión por disparar a un amigo llevaba 3 años trabajando.

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22 noviembre 2005

Interior busca 430.000 metros cuadrados en la Comunidad para construir la nueva macrocárcel

La prisión se edificará en la provincia de Valencia o la de Alicante


Valencia

El Gobierno debe encontrar en la Comunidad un terreno de unos 430.000 metros cuadrados para la construcción de la nueva macrocárcel. Instituciones Penitenciarias descarta de entrada que la prisión se levante en la provincia de Castellón y asegura que tanto Alicante como Valencia tienen las mismas posibilidades.


Encontrar la ubicación ideal para la nueva penitenciaría que el Ministerio de Interior anunció el pasado viernes no será tarea fácil. El Gobierno necesita aproximadamente 430.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de la nueva macrocárcel.


Esta es la superficie que ocupa la última cárcel que se ha construido en España, concretamente en Zaragoza, y cuyas características son similares a la proyectada para la Comunidad Valenciana: más de 1.000 celdas funcionales y otras 206 complementarias. Evidentemente, la superficie edificada será mucho más reducida, ya que todos los centros de estas características requieren de un amplio perímetro de seguridad.


Inversión de 3.000 millones


El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado una inversión de 1.647 millones de euros, cantidad que se añade a una asignación anterior de otros 1.504 millones para el proyecto de prisiones. Además, el plan del Gobierno para paliar el hacinamiento en los centros penitenciarios también prevé la construcción de un centro de inserción social (para presos que cumplen el tercer grado) y una unidad especial para que las mujeres con hijos menores de edad cumplan sus penas.


Fuentes de la citada institución, que dirige Mercedes Gallizo, descartan de entrada que la nueva macrocárcel se levante en Castellón –actualmente la de Albocàsser está en obras– y aseguran que tanto Alicante como Valencia tienen las mismas posibilidades de albergar la futura penitenciaría. Fuentes de la Conselleria de Justicia señalaron ayer que de momento ningún responsable del Gobierno se ha puesto en contacto para informarles del proyecto de la nueva infraestructura ni de su posible ubicación.


Sexta cárcel de la Comunidad


La Comunidad cuenta actualmente con cuatro prisiones: Villena, Fontcalent, Castellón y Picassent. A estos se unirá el centro de Albocàsser, que será similar al que construirá el Gobierno en la Comunidad. En total, seis cárceles. Las que actualmente se encuentran en funcionamiento están masificadas.


Esta situación resulta especialmente grave en el centro penitenciario de Picassent, una de las prisiones más saturadas de España.

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Arcadio Díaz pide al Cabildo que oferte suelo para la nueva cárcel


El PP dice que «el PSOE ha perdido la batalla en La Isleta»

El portavoz del grupo municipal socialista, Arcadio Díaz Tejera, reclamó ayer al Cabildo de Gran Canaria que oferte suelos donde ubicar los centros penitenciarios contemplados para Gran Canaria por el Gobierno central. «Un gobernante no sólo va de una a cuatro de la tarde al Spa del hotel Santa Catalina sino que tiene que resolver estos asuntos», aseguró ayer el edil.


Díaz Tejera viajará hoy a Madrid a reunirse con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para presentarle la negativa unánime del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a instalar una cárcel en la zona protegida de La Isleta.


«Quienes gobiernan en la capital y en la Isla tienen que decir el lugar en que debe estar la cárcel definitiva, la provisional, el centro de inserción social y el módulo para madres», prosiguió.


Sin embargo, estas afirmaciones fueron respondidas por el concejal de Gestión Urbanística del Consistorio capitalino, Felipe Afonso El Jaber, quien aseguró que «el marco competencial en España atribuye al Estado la responsabilidad de ubicar los centros penitenciarios».


En su opinión, la cita de Arcadio Díaz Tejera hoy en Madrid es «la reunión de los defensores del sí a la cárcel en La Isleta para certificar que han perdido la batalla».


«Es absurdo intentar imponer la cárcel porque va a generar resistencia», indicó en relación a la decisión del pasado viernes del Consejo de Ministros del Gobierno de España, «instalar una cárcel en el barrio de La Isleta es ilegal porque va contra la Ley de Espacios Naturales de Canarias»

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Proponen debatir una nueva política penitenciaria frente al “fracaso” del actual sistema de macrocárceles, por motivos sociales y económicos

La aprobación del Plan de Centros Penitenciarios del Consejo de Ministros del pasado viernes “lejos de solucionar el actual hacinamiento, es una apuesta por políticas manifiestamente contrarias a la reinserción del penado”, asegura la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). A los 14 Centros Penitenciarios ya existentes en Andalucía, y a los 2 nuevos en construcción –otro más en El Puerto- se sumarán otros 9 que se edificarán antes del 2012. Precisamente la andaluza es la Comunidad Autonómica con más personas presas, albergando al día de hoy a 13.000 presos. Esta ONG considera que ante una población penitenciaria mayoritariamente enferma, que comete delitos de leve peligrosidad y que no logra su reinserción en el actual modelo, “no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria”, más social y con menos costes económicos.

La aprobación del Plan de Centros Penitenciarios del Consejo de Ministros del pasado viernes 18 de noviembre, “lejos de solucionar el actual hacinamiento, es una apuesta por políticas manifiestamente contrarias a la reinserción del penado”, asegura la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. A los 14 Centros Penitenciarios ya existentes en Andalucía, y a los 2 nuevos en construcción –otro más en El Puerto- se sumarán otros 9 que se edificarán antes del 2012. Precisamente la andaluza es la Comunidad Autonómica con más personas presas, según datos oficiales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, albergando al día de hoy a 13.000 presos. En toda España se contabilizan más de 52.000 internos.

APDH-A considera que basta comprobar el diagnóstico de los habitantes de las citadas instalaciones, para comprobar “que no se necesitan más cárceles, sino más medidas alternativas”. Ello, queda reforzado “con el escaso éxito de las cárceles para frenar la delincuencia y por consiguiente lograr una efectiva reinserción”. El coste económico de las mismas supera el triple que el de un centro alternativo.

Las cárceles están repletas de presos enfermos, el 82% son drogodependientes, 1 de cada 3 sufre Hepatitis C, y el 15% tiene VIH. El número de enfermos mentales en prisión es elevado, y en aumento desde la puesta en marcha de los juicios rápidos que dificultan su detección. Hay más de 700 discapacitados en todas las prisiones españolas.

Esta ONG recuerda que los delitos origen de las condenas “se deben mayoritariamente a pequeños delitos contra la propiedad, a fin de sufragar su drogadicción”. El 70% de los que reinciden -a la que se va convirtiendo en su segunda casa- se debe a delitos contra la propiedad. El 14% se debe a delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La tasa de delincuencia grave es mínima. Los robos con violencia e intimidación y los delitos contra la libertad sexual no suponen ni el 5% del total, y los homicidios no llegan al 2% de los mismos.

Para la APDH-A, los resultados de la actual política penitenciaria “hablan por sí solos”. “El fracaso del actual sistema de macrocárceles es estrepitoso, el 73% de los actuales presos han sido condenados con anterioridad. De los excarcelados el 49% vuelven a prisión en un corto periodo de tiempo, en menos de tres años”.

“Así pues, ante este panorama de una población penitenciaria mayoritariamente enferma, que comete delitos de leve peligrosidad y que no logra su reinserción en el actual modelo, no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria, que se sustente en la prevención, y en atención/subsanación de las causas origen de la delincuencia, que no son sino la exclusión social de que proceden y a donde se reintegran una vez extinguida la condena, así como la creación de centros alternativos de atención al drogodependiente, enfermo mental y discapacitado intelectual, a fin de lograr el fin de la delincuencia y una efectiva reinserción”, según esta ONG, que además piensa que todo ello debe ir acompañado de “una nueva política de drogas que debata su legalización y ponga fin a la criminalización de los drogodependientes. Recordemos que el Tribunal Supremo ya pidió al Gobierno una atenuación de las condenas a los camellos por considerar desproporcionado el actual sistema penal”.

INTERÉS SOCIAL… Y ECONÓMICO

Además, del “evidente” interés social, para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sería interesante una nueva política penitenciaria debido también a una cuestión económica. Según esta ONG, la cantidad destinada a la política penitenciaria para el año 2005, en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 746.916.460 euros. De ellos, el 86,82% va destinado a instalaciones, administración y vigilancia; y el 13,16% a programas de rehabilitación y reinserción.

Asimismo, la cantidad anual que cuesta al Estado la plaza de persona presa en un centro penitenciario es de 12.659 euros, más de 2 millones de las antiguas pesetas. Sin embargo, cada nueva plaza en una macrocárcel, sale por 32.850 euros, es decir, más de 5 millones de pesetas. APDH-A resalta igualmente que el coste por persona y día en una macrocárcel es de 90 euros, frente a los 18 euros en un programa de rehabilitación en una Comunidad Terapéutica.

Así pues, rehabilitar a todos los presos con problemas de drogadicción costaría anualmente en España unos 309.310.879 euros, entre programas de rehabilitación y comunidades terapéuticas. Mientras que el coste anual que representan las personas presas al Estado oscila en torno a los 973.639.609 euros. Por ello, para la APDH-A, “debería destinarse el dinero previsto en centros de esta naturaleza y no en incrementar los Centros Penitenciarios”.

Por otro lado, se piensa que “la extensión de la utilización de medios telemáticos, con las adecuadas garantías para no vulnerar los derechos de los presos, puede ser un medio útil para evitar el actual hacinamiento en las prisiones”.

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20 noviembre 2005

La cárcel de la esperanza

En un pedazo de una prisión española es posible cambiar de vida y dar un primer paso hacia la reinserción. En la Unidad Terapéutica de Villabona (Asturias), 300 presos luchan por salir adelante apoyados por 60 funcionarios voluntarios. Setenta y dos horas en esta cárcel libre de droga y violencia.

JESÚS RODRÍGUEZ


Hace unos meses, un funcionario de prisiones se encontró durante una visita a la penitenciaría de Villabona (Asturias) con un viejo conocido: David Castillo, el preso canario que le agredió en 2002 a punta de cuchillo. David tiene 28 años. Lleva encerrado, con breves periodos de libertad, desde los 18. “Entré en prisión por robar unos tenis”. Ahí empezó su ascensión. La cárcel ha sido su escuela de delincuencia. “Al poco tiempo sabía abrir coches y reventar cajas fuertes”. Comenzó a traficar con heroína. Él no consumía. Sólo apretaba las tuercas. Un tipo duro. Respetado. Inteligente. Un kie (líder carcelario). Inquilino habitual de las celdas de aislamiento.
Un día de 2003, David llegó a Villabona desde la prisión de Cádiz. Era su última oportunidad. En el penal de El Puerto, la muerte le aguardaba en cada esquina. “Pedí el traslado con la idea de fugarme. Cuando llegué al módulo 2, lo primero que vi fue una pecera con peces de colores. Aquello ya me descolocó. Y me vinieron a recibir cinco internos, dos chicos y tres chavalas. Y me cachearon por si llevaba droga. No entendía nada. Sobre todo, los peces. Porque en la cárcel no hay peces. Me dijeron que probara. No tenía nada que perder. Y me quedé”.


David intuyó un leve resquicio en este módulo 2. Comenzó a repasar su vida. A fuego lento. Primero tuvo que romper su armadura de presidiario. Su afianzada imagen de matón patibulario: “Aquí no me valía de nada; nadie me iba a atacar”. Tenía que aprender a confiar en los demás. “Y de pronto despiertas de un sueño muy largo y te das cuenta de lo que ha sido tu vida; te destroza ver en qué te has convertido. Las pasas putas. No es un camino de rosas. Pero también descubres que todavía tienes una posibilidad y que hay gente dispuesta a ayudarte”. David Castillo sabe que tiene un largo camino que recorrer. “Soy un fracasado que debe aprender a vivir de nuevo. Pero estoy más feliz que nunca”.


Por eso, cuando aquella mañana su mirada se cruzó en Villabona con la del funcionario de prisiones que estuvo a punto de apuñalar tres años antes, se acercó y le dijo con su cara de buen chico: “Lo siento”. Y se fundieron en un abrazo.


Carl Bernstein, uno de los reporteros que investigaron el asunto Watergate, suele decir que los periodistas siempre creen que son ellos los que dominan las historias, cuando, en realidad, las historias siempre terminan dominando a los periodistas. Esa tesis podría aplicarse a este reportaje sobre la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona, un micromundo formado por 300 internos, 30 de ellos mujeres, y 60 funcionarios y funcionarias. Según relata un amplio dossier (remitido por los responsables de la cárcel antes de iniciar este viaje a Asturias), la UTE es un proyecto que nació hace más de diez años con el objetivo de crear en el corazón de esta prisión un espacio libre de drogas y de la terrible cultura carcelaria. Un lugar, cogestionado por presos y carceleros, donde un interno, con esfuerzo y disciplina (mucho esfuerzo y mucha disciplina), pudiera abandonar su adicción y encontrar una salida. Un primer paso en el camino de la reinserción.


Eso, sobre el papel. Porque cuando uno por fin atraviesa las sombrías puertas blindadas de esta prisión asturiana, entrega su carné y su móvil, cruza los mugrientos locutorios, asciende por sus interminables y desnudos corredores, y se planta, con cierto desasosiego, ante la puerta enrejada que da acceso al módulo 2, no las tiene todas consigo. “Esto es la cárcel. Los que están aquí, seguramente se lo merecen. ¿A quién le importa lo que pase aquí dentro? Lo más seguro es que esta unidad sea un experimento de salón; apto para unos pocos y teledirigidos presos de confianza. En la cárcel es imposible cambiar. Y Villabona no tiene por qué ser una excepción”. Esas ideas cruzan la mente como relámpagos en el umbral de la UTE. Quizá sea el miedo. Porque la cárcel da mucho miedo.


Pero cuando diez minutos más tarde te dejan solo (completamente solo) con 40 internas e internos… Que no son hermanas de la caridad, sino yonquis, atracadores, narcotraficantes; gente con delitos de sangre; algunos con 20 años de cárcel sobre sus hombros. Gente machacada. Con pasado y sin futuro. Que han visto acuchillar “por una pava de cigarrillo”. Que han contemplado “a los internos a la puerta de los retretes aguardando para chutarse con la misma jeringuilla”. Lázaro, en la cárcel desde 1983; Santi, politoxicómano desde chaval; Carlos, un narco que dio con los huesos en la cárcel junto a su mujer; Pablo, que ya entró en el reformatorio a los 16; Vanessa, prostituta y traficante a la que nunca nadie quiso; Baltasar, que coincidió aquí con sus dos hermanas, también traficantes. Y así una historia tras otra.


Y ninguno oculta nada. Y todos hablan con franqueza, con un discurso bien elaborado. Sin interrumpirse. Asumiendo su pasado, sus errores y adicciones. Y descubren sus inmensas y contagiosas ganas de salir adelante, de comenzar de nuevo. Y repiten las palabras respeto, cariño, amistad, disciplina, educación, civismo. Y se besan y se abrazan, “algo que nos parecía de maricas”. Y también hay críticas a la sociedad: “Cerráis la puerta y os olvidáis de nosotros”. Y al periodista: “¿Le extraña que convivamos con mujeres? ¿Qué se ha creído? Nosotros también tuvimos una pandilla, una novia. No somos monstruos”. Y por fin, después de unas horas de conversación, cuando las lágrimas acuden a sus ojos y a los tuyos, comprendes que la historia ha empezado a dominarte.


Y cuando unas horas más tarde compartes esas mismas viejas sillas de plástico con los otros protagonistas de esta historia, los funcionarios y funcionarias: Roberto, Juan, Esteban, José Luis, Manolo, Juan Luis, Chema, Jazmín; lejos del siniestro tópico del carcelero; que hablan con ilusión de su trabajo; que opinan que es posible reinsertar a esta gente; que si un interno cae, lo sienten como un fracaso propio, y cuando uno de sus presos ha quebrantado la condena, han salido a buscarle a la calle; que afirman que su vida ha cambiado en esta unidad, entonces Villabona te engancha un poco más.


Como enganchó a estos profesionales. Ninguno es vocacional. La cárcel fue una salida laboral. Muchos no creían en la reinserción. Eran tan duros como los internos. Siempre ha sido así. Depresiones, suicidios, 1.000 agredidos por los presos en los últimos años en las cárceles de España. Gente machacada dentro y fuera de estos muros.


“Hemos evolucionado al mismo ritmo que los internos”, dicen. “El primer proceso mental es aprender a confiar en ellos; si no confías, nunca confiarán en ti”. “Aquí te terminas enfrentando a ti mismo, te haces tu propia terapia. No puedes hablarles de respeto, colaboración, diálogo, amor, honestidad…, y no aplicártelo”.


–¿Qué relación se establece? ¿Son guardianes, terapeutas, compañeros?


–Es difícil definirlo. Podemos ser hasta amigos. Aquí nos olvidamos del sitio que tenemos asignado cada uno. Cuando eres tutor de un grupo de 15 personas llegas a tener tanta información de ellos (han salido abusos infantiles que sufrieron de niños y nunca habían compartido con nadie) que ya no sabes lo que eres. Dejas de tener un horario de ocho a tres y te llevas el problema a casa. Y esto te hace ser más positivo. Y más vulnerable.


En mitad de esta conversación, un preso nos urge a salir al patio. “Van a ver algo que no encontrarán en ninguna otra cárcel”. Un interno y un funcionario comparten sol, banco y charla. Son altos, delgados y de la misma generación. Hay una sonrisa cómplice en su rostro.


Entrar a formar parte de la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona supone, para presos y carceleros, renunciar a sus clásicos papeles. Romper. La palabra que aquí más se repite. Cuando un interno cruza el umbral de este módulo se convierte en un indeseable a los ojos del resto de los inquilinos de la cárcel. Aunque antes haya sido un primer grado, ahora es una vulgar perrilla, una chivata. “Un amigo de los guardias”. Pedro el Vaca, un antiguo kie que ya ha cumplido condena, recuerda el día que decomisó un chino de heroína a un recién llegado al módulo. “El muchacho no daba crédito. Pensaba que me había vuelto majara. ‘Vaca, ¿pero qué te han hecho?’, me dijo. ‘Ya no puedes salir a otro módulo. Te matan”.


Los funcionarios no corren mejor suerte entre su colectivo: “Hay muchos compañeros que no entienden nuestro trabajo. Creen que a un preso no le puedes dar la mano. Que sólo sirve para que pierdas autoridad”. “Algunos nos ven como una secta; nos llaman el lado oscuro y el grupo rosa”. “Hay compañeros que llevan nueve años sin hablarme”.


No es el caso del nuevo director de esta prisión, José Carlos Díez de la Varga, un tipo grande y entrañable, en sintonía con el proyecto de la UTE: “En la cárcel, los milagros no están previstos. No entran por una puerta por delinquir y salen por la otra como ciudadanos intachables. Hay que intervenir en su vida y en el espacio en el que viven. La reincidencia tiene mucho que ver con el trabajo que hagamos aquí. Y si no tratas el problema que les ha traído, saldrán resentidos. Y volverán. Yo estoy aquí única y exclusivamente para impulsar esta unidad. Para tirar del carro. Y que no vuelvan”.

Aún hay una última prueba de fuego antes de quedar rendido ante el trabajo de la unidad. Comparar. ¿Cómo es un módulo normal de esta misma cárcel? Mejor dicho, ¿cómo es la cárcel? Porque lo que hemos visto hasta ahora, los tres módulos (1, 2 y 4) que constituyen la Unidad Terapéutica y Educativa, recuerdan a un colegio mayor. Gente joven en continuo movimiento, chicas que vienen de hacer aeróbic, internos que se reparten por los distintos talleres. Que van al huerto, a la escuela, a las reuniones de los grupos. No hay barreras físicas entre los presos y los funcionarios. El cuarto de los vigilantes, en otros módulos atrincherado tras cristales blindados, está abierto. La única separación entre hombres y mujeres es a la hora de dormir.


Las instalaciones son elementales, pero acogedoras. Todo está limpio. No hay una colilla. El que tire algo al suelo se puede llevar un chorreo de sus compañeros. La higiene es norma básica. Por contrato están obligados a ducharse y lavar la ropa interior a diario; si no, se exponen a que les pongan de guarros en una reunión de su grupo. O a que Jazmín, una de las funcionarias más combativas, les lleve de la oreja a la ducha.


Los barrotes, pintados de colores y adornados con macetas; los bancos, barnizados e impecables. Hay muebles y cuadros hechos por los presos. El patio –que Lázaro Blanco, de 43 años, desde los 20 en prisión, define como “la esencia de la cárcel; ahí no entra nadie, no entran ni los funcionarios; ahí gobiernan las mafias”–, aquí está reluciente y con flores. A última hora de la tarde, a la hora del recuento, aquí se canta el Feliz en tu día a los presos que cumplen años y se guarda un minuto de silencio cuando muere un familiar.


Hay tan buen rollo que uno tiene que esforzarse en recordar que esto no es la Ciudad de los Muchachos. Y para eso hay que adentrarse en las celdas. Aseadas, dignas…, pero celdas. Estrechas, oscuras, sofocantes. Que cada noche se cierran con un estruendo metálico. Dejando al interno a solas con su condena. No se equivoquen, esto es la cárcel.


Pero hay una cárcel mucho peor. Y está a unos metros. En el módulo 7, uno se sumerge en la cárcel de verdad. Nada más entrar se tiene la sensación de que aquí, de pronto, se ha puesto el sol. Los funcionarios permanecen aislados en su burbuja blindada. Todo tiene un tono ceniciento. Escoltados por dos fornidos profesionales, que no paran de mirar por el rabillo del ojo mientras repiten: “No os preocupéis, que no pasa nada”, recorremos un espacio gemelo a la UTE, pero denso, descuidado, sucio. La atmósfera es asfixiante por los cigarrillos; el suelo está sembrado de colillas y vasos de plástico; las alambradas, cubiertas de porquería. No hay muebles. Ni talleres. Ni nada susceptible de convertirse en un arma. En todas las esquinas se juega a las cartas. “En el baño, mejor que no entre”.


Lo que más impresiona es la expresión de la gente. Miradas de desconfianza y desprecio. Es su territorio. Aquí no pintamos nada. Miradas empañadas por la droga. Entre los funcionarios, se baraja la cifra de un 80% de internos con toxicomanías en las cárceles españolas. Más del 70% de los delitos contra la propiedad son consecuencia de esas toxicomanías. La cárcel, que empezó siendo el imperio de la heroína, ha mutado hoy al terreno de la coca, las pastillas y la quetamina. Hay una nueva generación de presos. Sea cual sea, aquí la droga es la trampa. La que alimenta a las mafias. La que da poder. Por ella se muere y se mata. Un funcionario hace una seña a un interno: “Oye, chaval, ¿aquí hay droga?”. El preso, amarillento, muy colocado, responde babeante: “Nada de nada, señor”.


Ésta es la cárcel que se propusieron eliminar por su cuenta y riesgo hace 25 años dos funcionarios novatos: Begoña Longoria y Faustino García Zapico. La UTE de Villabona es obra de ellos. Una década de trabajo. Hoy tienen 50 años. Y siguen luchando.


Tino Zapico siempre quiso hacer la revolución. Primero fue la lucha contra el franquismo; más tarde, la militancia en el movimiento obrero. En 1980 ingresó en el Cuerpo de Prisiones. Fue destinado a la cárcel Modelo de Barcelona. En aquella prisión, donde los presos vivían mezclados y hacinados y en la que la democracia nunca traspasó sus muros, conoció a Begoña, asturiana como él. Comenzaron a trabajar con menores. Asistieron al nacimiento de un nuevo perfil de preso: el toxicómano. “A finales de los setenta, la droga se convirtió en la gran dinamizadora de la subcultura carcelaria. Nos hartamos de ver a chicos con menos de 20 años chutándose en el patio; tirados, enfermos, sin salida. Y a las mafias organizando la introducción, la distribución y la extorsión de la droga”. Begoña y Tino se propusieron crear algún día una alternativa a esa cloaca.


“Y pasaba por acabar con la droga. Para eso necesitábamos un espacio aislado del resto. Tú puedes trabajar con un interno, educarle y obtener resultados; pero cuando te vas a casa, si le dejas en un módulo repleto de mafia y heroína, vuelve a caer. Si intervienes en el individuo y no intervienes en el medio, no sirve de nada. Nuestra idea era disponer de un espacio propio y que fueran los internos los que lucharan para que no entrara la droga. Era su espacio. Y si ellos no lo defendían, nuestra apuesta no tendría sentido”.


Tino y Begoña tuvieron su ocasión en 1993, cuando fueron destinados a la recién construida cárcel de Villabona. Allí, en el módulo 2, sin ayuda oficial ni especialistas, fueron creando el modelo de cárcel que habían soñado. En el que podrían ejecutar su tratamiento. Pocos creían en ellos. Ni la dirección, ni sus propios compañeros. “Tocábamos los cojones con nuestros planteamientos, pero nos dejaban hacer”. “El secreto era implicar a los internos. Sabíamos que sólo funcionaría si se responsabilizaban, si denunciaban al que metiera droga. La clave era que cogestionáramos el módulo”. Empezaron con 60 internos. Se les unió Roberto, un funcionario grande en todos los sentidos. Pronto, 18 vigilantes voluntarios más. Y los maestros, con Nacho al frente, dispuesto a construir su “escuela de vida”. Hoy, Faustino Zapico afirma que un 25% de los presos que han pasado por la UTE está reinsertado y un 70% no ha reincidido. “Y gracias a la Fiscalía Antidroga de Asturias hemos logrado que se reduzcan condenas, y hemos excarcelado a más gente en dirección a grupos terapéuticos del exterior de la cárcel que todas las prisiones de Madrid”.


–¿Cómo reclutaron a los primeros internos?


–Tratándoles como personas. Y dándoles algo a cambio. El interno viene por interés. Les ofrecíamos algún vis a vis especial. Y ellos se comprometían a consumir menos.


Habían lanzado el anzuelo. Los internos confiesan que llegaron a la UTE con la intención de sacar algo en limpio. No eran presos sumisos. Eran toxicómanos. Incorregibles procedentes del módulo de aislamiento. Buscaban calidad de vida y beneficios penitenciarios. Algunos estaban muy enfermos de sida, como Isaac, que hoy se encarga de la escuela de salud del módulo: “Tengo anticuerpos desde 1989, y hepatitis. Cuando vinieron a buscarme a la enfermería estaba para morirme; había tenido meningitis y tuberculosis. Llevaba desde chaval chutándome. A mí me salvaron de la muerte. Y hoy mi motivación es rescatar a gente que está como estaba yo. Esta enfermedad es muy psicológica: si tú te deprimes, tu sistema inmunológico se deprime. Hay que pensar en positivo, y ayudar a la gente con sida te hace sentir positivo”. Ramón, de 40 años, 23 en la cárcel, trabaja a su lado. “En otros módulos te llaman sidoso, se apartan de ti. Yo he estado tirado en los patios de la mitad de las cárceles de España. Y aquí los compañeros se ocupan de ti. Te recuerdan cuándo tienes que tomar los retrovirales, te buscan la mejor ración si estás mal del estómago. En este módulo todos somos iguales”.


Cada uno llegó por un motivo. David venía con la idea de fugarse; Carlos, la de desengancharse “y seguir traficando, porque si traficas y no te metes, te haces de oro. Lo que pasa es que esto es un proceso. Al principio no te crees nada. Piensas en dejar la droga, pero darte una fiesta de vez en cuando y trapichear un poco; pero luego hay un compromiso con la gente; te sube la autoestima, comienzas a confiar en ti y otros también confían en ti. Y no les quieres defraudar. Hasta que decides romper. Y te cuesta muchas lágrimas. Lo importante es cambiar, no los motivos por los que vienes aquí”.


El módulo 2 proclamaba en 1994 su independencia como espacio libre de drogas. “Yo lo defino como un movimiento de liberación dentro de la cárcel, protagonizado por los presos y los vigilantes”. ¿De dónde sacaron Tino y Begoña este modelo? No hay modelo. No hay un diseño previo. Ni dentro, ni fuera de nuestro país. Y menos aún con presos conflictivos. El procedimiento fue brotando día a día. Luego comenzaron a agotar etapas. En 1998, cuatro internas que ya trabajaban en el módulo 2 fueron invitadas a quedarse. Hoy ya son 30 mujeres. Ese mismo año liberaban el módulo 1. En marzo de este año se hacían con el módulo 4. Ahora ya están trabajando en el módulo 3. Esperan que esté listo a lo largo de 2006. El día que lo consigan, la cuarta parte de la prisión de Villabona estará libre de drogas. Y de la ley del silencio.


La liberación del módulo 4 tiene un enorme valor añadido: en él había internos condenados por delitos sexuales. Los seres más despreciados en una cárcel. En su particular código de honor sólo merecen el desprecio y la muerte. No hay que olvidar las 113 puñaladas que le propinaron a José Antonio Rodríguez Vega, “el asesino de ancianas”, sus propios compañeros en el patio de la cárcel de Topas (Salamanca) en octubre de 2002. Nadie vio nada. “Convivir con violadores no ha sido fácil, al principio nos repugnaba”, recuerda Esteban, uno de los presos que liberaron el módulo 4. “Yo tengo mujer e hijas, y no podía ni verles. Pero luego piensas que detrás del delito hay una persona. Y que también merecen que les ayudemos”.


Dentro del no-diseño de la unidad, la pieza clave es el grupo terapéutico. Compuesto por 15 internos, es el centro de su vida. Su ración diaria de cariño. Algo que muchos nunca han tenido. “A la mayoría sólo les han dado hostias desde que nacieron”, afirma Faustino. En cada grupo, con un vigilante que hace las funciones de tutor y varios internos veteranos que actúan de apoyos, el preso vive, comparte sus problemas y es escuchado. Nada más llegar escribe una carta de presentación al resto narrándoles su vida. En el grupo también es amonestado cuando se pasa de la raya. Sin contemplaciones.


Lo que ocurre a menudo. En la UTE, la vida no es fácil. No es sólo romper con el pasado. “Mirarte al espejo y darte cuenta de que no te gusta lo que ves”. Es comprometerse a cumplir las normas. Las que nunca cumplieron fuera. Es gente acostumbrada a saltarse las leyes. Y aquí no todos aguantan. Un horario estricto en el que todo está medido: el trabajo, el ejercicio, la escuela, el grupo de autoayuda. La limpieza, la educación, la sinceridad. Las comunicaciones. Algunos tienen prohibido hablar con sus familias si suponen un mal ejemplo para su terapia. Ni con su pareja. El dinero les está controlado. Y la medicación. Un conjunto de leyes que los veteranos entregan a los aspirantes en el momento de su ingreso al módulo, y que deben firmar. Si las incumplen pueden ser expulsados. Una decisión que es tomada entre los profesionales y los internos.


¿Tiene puntos débiles el proyecto de la Unidad Terapéutica y Educativa? Los detractores hablan del personalismo de Faustino García Zapico. De su falta de base metodológica, de haber dado alas a vigilantes como si fueran terapeutas saltándose el escalafón. Y la burocracia. También está en la cabeza de todos que las mafias se hagan con el control de la UTE y todo el proyecto se desplome como un castillo de naipes. Faustino no oculta que estuvo a punto de ocurrir a principios de este mismo año: “Un narcotraficante llegó a convertirse en una persona de nuestra total confianza. Nos engañó. Y contaminó y arrastró a gente. Pero al final, el sistema funcionó: sus propios compañeros le denunciaron y expulsaron”.


Hoy, 20 meses después del cambio de Gobierno, el viento parece soplar a favor de la Unidad Terapéutica y Educativa. En los últimos meses, funcionarios de las prisiones de Madrid VI, Alicante II y A Lama (Pontevedra) han visitado Villabona para reproducir su proyecto en sus cárceles. Desde Instituciones Penitencias confirman el apoyo de la directora general, Carmen Gallizo, a la iniciativa de Villabona.


Pero aún queda una pregunta en el aire: ¿qué pasará con Baltasar, Liliana, Fredy, Andrés, Pilar, Nemesio, Julián y los otros cuando abandonen esta burbuja, cuando salgan a la calle? Faustino responde: “A los que valen, a los que se lo han trabajado, nunca les dejaremos solos. Vamos a estar detrás de ellos para que salgan adelante”.


Un ejemplo es Carlos, que cada mañana abandona la cárcel junto a cuatro compañeros para asistir a las clases de la Fundación Laboral de la Construcción, a las afueras de Oviedo, donde aprende un oficio para el día de su excarcelación. Es también una buena ocasión para enfrentarse a la realidad del exterior: “Imagine cómo nos sentimos cuando los compañeros de la fundación, con toda su buena intención, nos ofrecen un porrito, una caña, o se ponen a hacer planes para el fin de semana. Y tú te tienes que volver a la cárcel”.


Carlos tiene 45 años. Lleva 24 en la cárcel. Estuvo nueve años en celdas de aislamiento. Rodeado de etarras, islamistas y asesinos. Secuestró a funcionarios. Se automutiló. Era un líder. Pero en dirección contraria. “He luchado contra el sistema, pero siempre con las armas equivocadas. Llegué a la unidad para pillar. Como el que echa una quiniela. Esto me parecía un circo. ¿De qué van? Desmontarme mi historia me costó más de un año. Tenía una armadura muy gorda de desconfianza. No entraba en crisis. Me callaba lo que debía soltar. No me abría. En una de ésas le pegué un cabezazo a una ventana. Y ahí empecé a mirarme a mí mismo. Vi que mi imagen de duro sólo servía para ocultar la mierda que era. Tuve que empezar de cero. Romper el rechazo que me inspiraban los carceleros. Se te van cayendo barreras y un día decides rehacer tu vida”.


–¿Cómo ve el futuro? ¿Tiene miedo a salir a la calle?


–Ya no. Tengo ganas. Quiero tomar las riendas de mi vida. Enfrentarme a las responsabilidades que nunca he tenido. Yo tenía mentalidad de delincuente, y ahora valoro cosas que antes ni me daba cuenta. Vivir el día a día, disfrutar lo pequeño, no ser esclavo de nada. Me tumbo debajo de un árbol, cierro los ojos, acaricio la hierba, y me emociono. Son 24 años de cárcel.


Reunidos en una parroquia de Oviedo, como los opositores durante el franquismo, una docena de antiguos internos del módulo 2, Carmen, Juan Carlos, Pilar, Jaime, Hidalgo, Alberto…, reinsertados, con trabajo e hijos, constatan que la vida en la calle no ha sido fácil. “Somos toxicómanos y ex presidiarios, y la sociedad para nosotros es como el monte para un pez; tenemos que aprender todo de nuevo”. “Mi vida era la noche, las prostitutas y los traficantes. A la hora que voy a la obra, antes me acostaba después de una juerga”. Pedro era todo un personaje entre el hampa asturiana. Boxeador, proxeneta, narcotraficante. Simpático. Un as con las mujeres. Un tipo respetado en los bajos fondos. “Pero estaba vacío. Intenté suicidarme varias veces. Me ponía hasta arriba. Tenía todas las adicciones. Mi destino era el cementerio”. Acabó en la cárcel. En el módulo 2, Pedro lloró y rabió. Hasta que explotó. “Si no fuera por la caña que me dio Tino, me hubiera acomodado y no hubiera reventado. Me llevó hasta el límite. ‘¡Pégame una hostia si quieres!’, me decía. Y yo quería embestir contra la pared. Hasta que lo conseguí.


–¿Y ahora?


–Soy feliz. Como un niño. Trabajo en la construcción y no tengo ni para comprarme un coche, pero vale la pena. Me he dado cuenta de lo que cuesta ganar el dinero. Y lo cojonudo que es tener 100 euros para gastar. No desperdicio ni un céntimo. Me acuerdo cuando iba de marcha, abría el maletero del BMW y sacaba fajos de dinero, y no sabía ni lo que había. Dinero sucio. Ahora me he comprado una tele y la tengo que pagar en tres plazos. ¡Es mi televisión! Y me siento delante de ella y lloro de felicidad. Por primera vez en mi vida soy feliz”.

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INFRAESTRUCTURAS PENITENCIARIAS

La prisión que se levantará en Zubieta tendrá seiscientas celdas más que la de Martutene

El actual centro penitenciario, que tiene casi 60 años, cuenta con una población reclusa de casi 300 personas repartidas en 163 habitaciones. La nueva cárcel es «una prioridad» para Instituciones Penitenciarias.

ANE URDANGARIN

SAN SEBASTIÁN. DV. «Tuve ganas de cerrarlo». La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, no pudo ser más contundente a la hora de explicar la impresión que le causó la prisión de Martutene, que visitó en junio del año pasado. Desde entonces, ha asumido como «una prioridad» la construcción de un nuevo centro, que se ubicará en Zubieta y tendrá unas dimensiones mucho mayores. La saturación, que afecta a la inmensa mayoría de las cárceles españolas, pero sobre todo el deterioro de las instalaciones, que recrudece las condiciones de vida de la población reclusa en Gipuzkoa, han motivado esta decisión.


Martutene acoge en estos momentos a 287 presos -267 hombres y 20 mujeres- y cuenta con 163 celdas. El lugar donde se desarrolla la vida de estas personas y la de los trabajadores del centro deja mucho que desear. La gran mayoría de los reclusos ha de compartir celda. Según datos de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio de Interior- hay «bastantes» ocupadas por dos internos y otras por tres, aunque otras fuentes aseguran que hay chabolos con cuatro reclusos «donde apenas tienen sitio para dejar sus cosas». Hay celdas sin ducha. A pesar de que se ha instalado calefacción en ciertas zonas, como en la enfermería, la humedad, el frío y las corrientes obligan a veces al personal a tener que llevar abrigo cuando trabajan.


Las áreas destinadas a talleres son insuficientes, así como los patios, especialmente el de las mujeres. Las condiciones para practicar deporte en el gimnasio o estudiar son más que deficientes. No hay espacios adecuados para llevar a cabo actividades en grupo, ni zonas idóneas para acoger a profesionales del exterior, como los servicios de intervención familiar que acuden a ver a los presos. La consulta médica del departamento de mujeres sirve a veces de despacho de reuniones. Algunos trabajadores, por ejemplo, carecen de correo electrónico y continúan enviando los expedientes por correo ordinario o mensajería, y no son raros los días en los que se saturan sus líneas telefónicas, con la consabida desesperación de las familias que llaman desde el exterior.


El penal, que ocupa dos hectáreas de terreno, fue construido en 1948, y desde entonces ha ido sufriendo constantes obras de mantenimiento. El capellán del centro, Luis Miguel Medina, corrobora que es «una cárcel vieja y destartalada que no puede ni debe continuar», pero también subraya la «preocupación» de los cuatro directores que ha tenido la cárcel en el último lustro «para mejorar, seguramente en la medida de los presupuestos, la calidad de las instalaciones». Así, explica que se han pintado algunas zonas del interior, «tenemos una exposición permanente con obras de Jose María Moraza que da color, en el departamento de menores se ha cambiado el comedor de sitio...».


«Posiblemente será el único edificio público de Gipuzkoa concebido a mediados del siglo pasado y que en la actualidad, a pesar del tiempo transcurrido, se sigue utilizando para lo mismo», denuncia Javier del Moral, responsable sectorial de prisiones de ELA, quien destaca también la escasez de recursos personales y materiales como otro de los problemas más acuciantes del centro. Según fuentes del sindicato, en la actualidad trabajan en la prisión tres médicos, otras tantas enfermeras y una auxiliar. También hay una psicóloga y otra contratada temporalmente para llevar a cabo programas puntuales, tres trabajadores sociales, cuatro educadores, dos juristas y varios maestros.


En 1995, 314 internos


Un personal «muy comprometido», según Del Moral, pero que se antoja «insuficiente» para atender en las mejores condiciones al número de internos, que se ha mantenido más o menos constante en la última década: el 31 de diciembre de 1995 había 314 y en el año 2000, 261.


La semana pasada, en una comparecencia en el Parlamento Vasco el Ararteko, Iñigo Lamarca, se refirió a la situación de las prisiones vascas. «Se habla mucho de las instalaciones, pero se habla menos de los recursos humanos, y éstos son mejorables», indicó. El capellán de Martutene coincide en señalar que «seguramente haría falta más personal» para que se atienda con un buen seguimiento a los internos. «Siempre se puede mejorar», dice.


Los recursos humanos deberán aumentar cuando se construya el nuevo centro, que tendrá una capacidad muy superior a la actual. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el plan de infraestructuras de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que prevé la construcción de 11 cárceles en España hasta 2012. Entre ellas se encuentra la que sustituirá a la de Martutene -se construirá otra más en el País Vasco- y que ocupará una parcela de unas 15 hectáreas en la parte alta de Zubieta.


El pasado mes de julio, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmaron un protocolo mediante el que ambas instituciones se comprometen a gestionar «con la mayor celeridad» la construcción de una nueva prisión «en el menor plazo posible». A finales de octubre, el Gobierno Vasco firmó un preacuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián por el que se compromete a ceder los terrenos que tiene en Zubieta, lo que permitirá el traslado de la cárcel y la construcción de pisos protegidos en el espacio que ahora ocupa la prisión.


El nuevo centro será «mediano» y tendrá unas 800 celdas, según datos de Instituciones Penitenciarias, donde subrayan que se mejorará sustancialmente la calidad de estas plazas enfocadas a la reinserción. El nuevo edificio tendrá espacios «destinados a la educación, a la formación profesional y ocupacional, al desarrollo de actividades culturales, deportivas, terapéuticas y laborales, que contribuyen a facilitar la reinserción de los internos, al tiempo que garantizan las necesidades de seguridad propias de un establecimiento de tales características», según indica el texto del acuerdo firmado con el Consistorio.


Demasiadas plazas


El responsable sectorial de prisiones de ELA confía en que, al final, se levante una prisión mucho más pequeña que la anunciada: «800 plazas son excesivas». También apunta a la necesidad de que se ponga en marcha algún centro de internamiento social (CIS), tal y como está previsto en el plan acordado el viernes. Estas infraestructuras, inexistentes en Euskadi, están destinadas al cumplimiento de penas en régimen de semilibertad. «Es importante que esos presos no tengan que pasar por todas las medidas de seguridad de una cárcel y facilitar gradualmente su salida». Del Moral también confía en que se apueste por una política en la que prime el tratamiento por encima de la seguridad.


Jose Mari Larrañaga, de la asociación Arrats de apoyo a presos y ex presos, augura que el nuevo penal, «una macrocárcel», potenciará el individualismo, el fraccionamiento y será más aséptica e impersonal. «Habrá más medidas de seguridad, los presos estarán mucho más separados de lo que están ahora en Martutene, y tememos que haya trabas para que entremos los colectivos que trabajamos con ellos... Estos macrocentros no favorecen para nada la reinserción».

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19 noviembre 2005

HB quiere unir a los presos de cara a la negociación


Un artefacto explotó ayer en una empresa de Vitoria sin causar daños personales


J. M. Z.


Madrid/Vitoria- Las posiciones enfrentadas que mantienen los presos de ETA y Batasuna sobre la forma de llevar el proceso de negociación con el Gobierno ha obligado a la coalición ilegalizada a solicitar permiso para entrevistarse con los representantes de los reclusos en España y Francia. El brazo político de la organización criminal trata de vencer la resistencia de los internos y convencerles para que acepten posiciones «posibilistas», una negociación «a la baja».

Para Batasuna es primordial que el Gobierno les deje presentarse a las elecciones municipales de 2007, y parece que lo pueden conseguir, y los presos, además de su libertad, quieren que negocien los principios de independencia y socialismo por los que han luchado y por los que están en la cárcel.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, los «batasunos» saben que el proceso de negociación que en la actualidad protagonizan con el Gobierno, a través de representantes el PSOE de Euskadi, no puede avanzar si se mantiene la oposición de los presos, que, tal y como ha venido informando este periódico, han hecho llegar a los cabecillas de la banda su malestar.

Pernando Barrena dijo ayer que es muy importante que los presos estén en «la primera línea» de este debate interno ya que son imprescindibles «para la resolución del conflicto». En una palabra, que Batasuna no puede avanzar como quisiera y trata de convencer a los presos, que están en las cárceles cumpliendo condena para que acepten ser «moneda de cambio» en el momento en el que los políticos los estimen oportuno.

Bombona de cámping-gas.Por otra parte, un artefacto de fabricación casera y escasa potencia hizo explosión a última hora de la tarde de ayer, sin causar daños personales, en la empresa de bicicletas Bialsa de Vitoria, informaron fuentes de la Ertzaintza. Según las primeras investigaciones policiales, la explosión fue causada por un artefacto casero fabricado con una bombona de cámping-gas.

La deflagración, de la que no hubo aviso previo, originó daños materiales de poca importancia en la puerta y en la fachada de la empresa, que fabrica las conocidas bicicletas BH. Dos horas y media después de la detonación, a las once de la noche, la zona de pabellones donde estalló el artefacto permanecía acordonada por agentes de la Policía Autónoma, prosigunedo con sus investigaciones en el lugar de los hechos.

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Los presos imponen sus tesis en ETA y retrasan el anuncio de una tregua

La banda se hace eco, en un comunicado, del malestar de sus reclusos y exige al Gobierno que no sean usados como instrumento de chantaje - Los terroristan hacen un nuevo llamamiento a «la lucha»

El malestar de los presos etarras ante una posible negociación forzóayer a la banda terrorista a irrumpir de nuevo en escena para dar la carapor este colectivo. En un comunicado al diario «Gara», ETA culpa a Moncloa de la situación de los reclusos.

J. M. Zuloaga


Madrid- Los presos han conseguido, una vez más, imponer sus tesis dentro de ETA y, pese a los rumores de las últimas semanas en los que se hablaba de que este fin de semana, coincidiendo con el primer aniversario de la «Propuesta de Anoeta», anunciaría una tregua, la banda hizo público anoche un comunicado en el que exige beneficios para sus reclusos. (No se hace ninguna referencia al proceso de negociación, por lo que no se puede descartar, como ha ocurrido en otras ocasiones, que haya preparada otra comunicación para fijar su posición sobre este asunto).
En concreto, la banda terrorista «insta a agentes, partidos políticos e instituciones a adoptar compromisos y medidas concretas para que los derechos de los presos sean respetados, finalice la dispersión y sea reconocido el estatus político que corresponde a los presos vascos», según la versión difundida por el diario «Gara».
En este sentido, los pistoleros aseguran que «esos objetivos se lograrán por medio de la lucha y la presión popular»; es decir, mediante la acción concertada de sus «frentes» «militar» (atentados) y «de masas» (movilizaciones).
Fuentes antiterroristas consultadas anoche por LA RAZÓN señalaron, en una primera valoración del comunicado, que ETA, tal y como le han reclamado sus reclusos en las últimas semanas, supedita cualquier avance en el proceso de negociaciones a que se concedan beneficios a sus presos.
LA RAZÓN ha publicado en exclusiva varias noticias al respecto, la última el pasado sábado en la que se informaba de un escrito promovido por José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri», en el que criticaba que se daban tregua a «cambio de cualquier cosa» y pedía que se mantuviera la «lucha armada» y no se entregaran las armas. Los cabecillas de la banda han hecho caso a sus reclusos ya que no pueden permitir que se les vaya de las manos el «frente de makos» (cárceles).
En el comunicado, la banda se refiere a la muerte, por suicidio, del preso José Ángel Altzuguren, «Kotto» y afirma que la causa del fallecimiento ha sido la política penitenciaria impulsada por el PSOE. Las «políticas de exterminio que aplican las autoridades de España y Francia contra los ciudadanos vascos secuestrados han provocado una nueva víctima», subraya.
Agrega que quienes utilizan a los presos políticos vascos como instrumento de chantaje son responsables de la muerte de «Kotto». Y, en concreto, quienes diseñan las políticas penitenciarias desde La Moncloa y Matignon (sede del Gobierno francés). También alude al silencio cómplice de quienes miran hacia otro lado en los salones de Ajuria-Enea (sede del Gobierno vasco).
ETA, que con la persistencia de su actividad terrorista es la que genera que haya presos, señala, con su habitual cinismo, que se sigue manteniendo una política de venganza, cuya única efectividad es el sufrimiento que origina. En este sentido, denuncia las palabras de quienes define como «políticos-carceleros» y entre los que cita expresamente a Mercedes Gallizo, responsable de Instituciones Penitenciarias: Utilizando los mismos modos que durante la época de González, repiten que «mantendremos la dispersión, porque es eficaz».

La tregua, en boca de todos.
La posible tregua de ETA estaba ayer en boca de los partidos nacionalistas. Mikel Basabe, vicecoordinador de Aralar -la escisión de Batasuna que condena el terrorismo–, afirmó que «existen datos objetivos» para asegurar que la decisión de que ETA proclame una tregua «ya está tomada». Además, añadió que «más pronto que tarde podemos encontrarnos en una situación diferente».
La previsión de Aralar provocó que Batasuna saliera al quite y aconsejara, a través de su portavoz Pernando Barrena «pasar bastante» de los rumores sobre una posible tregua ya que, según dijo, generan expectativas que, al no cumplirse, «crean nuevas frustraciones», informa Ep. En esa línea, el secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, instó a «tener los pies en el suelo» y «no perder nunca el norte». No obstante, apostó por que los vascos se muestren «positivos» ante la posibilidad de una tregua.
Por último, el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, hizo votos para que en los próximos meses Euskadi pueda vivir un «periodo de distensión».


Es una noticia de:
LA RAZON

18 noviembre 2005

Comienza primera experiencia fomento lectura en las cárceles


La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, asistió hoy a la puesta en marcha de las actividades del equipo de iniciación a la lectura en la cárcel de Soto del Real (Madrid), primera de este tipo que se inicia en desarrollo del convenio suscrito con el Ministerio de Cultura.

Cultura ha incluido por primera vez en los planes de fomento de la lectura a las prisiones, ya que, según destacó Gallizo, la lectura 'ayuda a soportar situaciones difíciles'.

Junto a la directora general de Instituciones Penitenciarias, asistieron al acto, el director general del Libro, Rogelio Blanco, y la autora del libro 'La magia de leer', María de la Válgona, cuya obra han leído los veinte internos que integran este equipo de lectura.

Gallizo resaltó el carácter enriquecedor de la cultura y subrayó que permite la creación de territorios para la 'evasión intelectual, pero sobre todo -subrayó- nos ayuda a conocernos mejor'.

Asimismo, destacó que la biblioteca de los centros cuenta con libros escritos tanto en las diversas lenguas del Estado, como otras lenguas del mundo, puesto que recordó que las cárceles españolas reúnen a presos de muchas nacionalidades.

Por su parte, Rogelio Blanco declaró que la cultura es la 'segunda naturaleza del ser humano' después de la fisiológica, y añadió que ésta es 'el traje que nos arropa frente a la intemperie'.

Para Blanco esta campaña es una apuesta para llegar a los colectivos que por una razón u otra no han tenido acceso a la cultura.

Por su parte, la autora María de la Válgona, quien trabajó seis años como profesora de Derecho Civil en la cárcel de Carabanchel, aseguró que los mejores alumnos que ha encontrado a lo largo de sus treinta años de experiencia docente los tuvo en la cárcel porque éstos manifestaban un interés en conocer el Derecho que no tenían sus alumnos universitarios.

Uno de los internos de este grupo, Hugo Alberto Landa calificó la lectura como una experiencia que aporta información, y señaló que un libro en la cárcel 'es trasladarnos', y resaltó que 'las palabras hacen que uno viaje'.

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Terra Actualidad - EFE

17 noviembre 2005

Experiencia pionera de fomento de la lectura en cárcel Madrid V


Un grupo de 20 presos de diferentes nacionalidades componen el Equipo de Iniciación a la Lectura de la cárcel Madrid V, una experiencia pionera para fomentar la lectura en los centros penitenciarios que inaugurará mañana la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

Gallizo estará acompañada por el director general del Libro, Rogelio Blanco, y los escritores María de la Válgona y Juan Antonio Marina, autores del libro 'La magia de leer', informó hoy Prisiones en un comunicado.

Con este acto, se pone en marcha el convenio suscrito el pasado mes de septiembre entre el ministro de Interior, José Antonio Alonso, y su colega de Cultura, Carmen Calvo, con el que se pretende ampliar el ámbito de lectura a todas las capas de la sociedad.

La creación del Equipo de Iniciación a la Lectura es el primer intento de acercar la literatura a los centros penitenciarios, a los que se les ha dotado de libros y de otros materiales.

El equipo de la prisión Madrid V está compuesto por veinte internos de distintos países, como Argentina, Colombia, Chile, México, Uruguay, Rumanía, Venezuela y España.

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Terra Actualidad - EFE

Las funcionarias temen vigilar a presos varones



Por : Cristina Rovirosa



El Grupo Socialista ha presentado una propuesta en el Congreso que ha puesto los pelos de punta a los representantes de los funcionarios de prisiones: unificar las escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Es decir: 563 mujeres que trabajan en los módulos de mujeres de las cárceles madrileñas tendrían que hacerlo en los módulos de varones, algo que desde el sindicato CSIF consideran un grave error. La crítica es doble: en primer lugar, las medidas de seguridad son insuficientes para evitar agresiones.




Un total de 2.039 funcionarios varones trabajan actualmente en las prisiones madrileñas.

Además, la presencia de mujeres, según CSIF, atenta contra el derecho a la intimidad de los reos, una circunstancia especialmente difícil en Madrid, con mucha población reclusa musulmana.

La inquietud se ha apoderado de un colectivo abocado a realizar sus funciones en cárceles de hombres y no, como hasta ahora, sólo con presas. Según ha sabido Metro Directo, el PSOE ha presentado en el registro del Congreso una proposición no de ley para unificar las escalas masculinas y femeninas del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias.

En la práctica, esto significa que las 563 mujeres que en la actualidad trabajan con presas en las cárceles de Madrid serán destinadas a las prisiones donde cumplen condena 7.200 hombres. Hasta ahora, venían prestando sus servicios sobre todo en Madrid I (la prisión de mujeres de Alcalá) y en Soto del Real, que también tiene un módulo de féminas. La decisión de que se dediquen a la vigilancia de presos va a acarrear problemas, según reconoce José Ramón García, presidente de CSIF Prisiones. Temen desde altercados a agresiones sexuales, ya que se trata de un medio cerrado donde el funcionario está solo.

“Hay temor, porque la unificación de escalas atenta contra el derecho a la intimidad de los internos, ya que se encuentran en celdas donde desarrollan sus actividades íntimas y la presencia de funcionarios de distinto sexo perturbará esta situación”. En las prisiones madrileñas, asegura García, hay además un elevado número de musulmanes, un colectivo especialmente sensible en lo que a intimidad y mujeres se refiere.

Denuncias falsas

Desde CSIF ya alertan de una más que probable cascada de denuncias. “Su presencia no sólo puede causar incidentes graves, sino propiciar denuncias falsas contra el derecho a la intimidad”. La masificación de las cárceles es otro de los factores que consideran peligroso a la hora de que las funcionarias se dediquen a mantener el orden en módulos y celdas.

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15 noviembre 2005

PALENCIA


El Partido Popular denuncia una masificación de reclusos del 160% en la cárcel de Dueñas


El senador popular Ignacio Cosidó muestra su preocupación por el incremento de las agresiones entre presos y a funcionarios


El senador del PP por Palencia Ignacio Cosidó ha denunciado el grave problema de masificación que sufre el centro penitenciario de La Moraleja, en la localidad de Dueñas, avalando su denuncia con los datos facilitados por el Gobierno, que situaban en 1.639 el número de reclusos que cumplían condena en esta cárcel en el pasado mes de agosto, una cifra que supone el 160% de sobreocupación respecto a la capacidad máxima de la prisión -1.000 internos-.

El senador popular, que interpeló por escrito el pasado mes de junio al Gobierno con el objetivo de conocer qué medidas estaba impulsando el Ejecutivo para solucionar el problema de hacinamiento en el centro, asegura en un comunicado que en la respuesta recibida hace días no se detallan medidas concreta ni un calendario de actuaciones.

Cosidó une además a su preocupación por la masificación de La Moraleja el «inquietante» incremento de agresiones entre presos y a funcionarios, así como los casos de suicidios ocurridos en varias instalaciones penitenciarias de España en los últimos años y que, según el senador popular, tiene su origen en parte en la propia masificación de los centros. En este sentido, Cosidó denunció el retraso que se está acumulando en la construcción de nuevas cárceles.

Antes esta situación, el senador del PP tiene previsto solicitar la comparecencia de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en la Comisión de Interior del Senado, para que explique qué medidas se van a adoptar.

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EL NORTE/PALENCIA

10 noviembre 2005

Se suicida preso de Martutene colgándose de cordón de zapatilla


Un preso de 32 años que cumplía condena por robo en la cárcel donostiarra de Martutene se suicidó colgándose del cordón de una zapatilla y fue hallado por los funcionarios en el recuento de esta mañana, informaron a EFE fuentes de la Dirección de Instituciones Penitenciarias.

El interno, José Luis F.G., nacido en San Sebastián y con un historial de condenas anteriores, no recibía tratamiento psiquiátrico ni tenía perfil de riesgo, por lo que no estaba incluido en el programa de prevención de suicidios.

Aunque compartía celda con otro preso, José Luis F.G., logró ahorcarse anoche atándose al cuello un cordón de zapatilla deportiva y éste, a su vez, al soporte de la entrada al cuarto de baño de la celda.

Este suicidio es el primero ocurrido este año en Martutene y eleva a 34 los registrados en las prisiones españolas a excepción de las de Cataluña, que tiene competencias transferidas.

José Luis F.G. ingresó en la prisión donostiarra en febrero de 2003 para cumplir una condena de cuatro años y diez meses por delitos como robo, hurto, amenazas y resistencia a la autoridad, según Instituciones Penitenciarias.

Había tramitado ya algún permiso de salida y estaba a punto de que se lo concedieran, dijeron a EFE fuentes de la penitenciaría vasca.

El caso será investigado por el juzgado número 3 de San Sebastián.

Este es el cuarto suicidio que se registra este año en prisiones de Euskadi. Los otros tres ocurrieron en la alavesa de Nanclares de Oca y llevaron a las autoridades vascas a mostrar su inquietud y a la Dirección General de Prisiones a emprender un plan de choque para mejorar la situación de salubridad y seguridad de este centro.

Existe, además, la previsión de reconstruir la cárcel de Martutene y, posiblemente, también la de Nanclares.

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Terra Actualidad - EFE

02 noviembre 2005

Trasladan a una prisión de Madrid al marroquí que disparó a la Policía en la calle San Antón


El ciudadano marroquí de 27 años abatido a tiros por agentes de la Policía Local en un enfrentamiento en la calle San Antón el pasado 24 de junio, fiesta de San Juan, y que recibió en su cuerpo diez impactos de bala, ha sido dado de alta recientemente después de permanecer hospitalizado bajo vigilancia durante un periodo que ha superado los dos meses.


El herido, que permaneció durante todo el verano custodiado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía en una habitación del Hospital San Millán, ha recibido el alta e ingresado en la prisión logroñesa hasta su traslado a Madrid, donde fue internado en una prisión hospitalizada.

Fue a finales del mes de junio cuando la persona herida abandonó la UVI del Hospital San Millán de Logroño y pasó a ocupar una de las habitaciones que integran el módulo penitenciario del citado hospital, en donde ha estado ingresado hasta su recuperación días atrás.

El juez encargado del caso tomó declaración al individuo, inmigrante, en el centro hospitalario y ordenó su ingreso en prisión. Los hechos acontecidos en la calle San Antón provocaron, además, diversas denuncias de los vecinos de la misma, donde resultaron con daños una docena de vehículos como consecuencia de los impactos de las balas.

Los agentes encargados de la investigación recuperaron las balas que disparó el agresor así como las procedentes de las armas de los miembros de la Policía Local.

La cifra total de casquillos hallados alcanza los veinte, según señalaron algunas fuentes. El marroquí herido presentaba en su cuerpo al menos diez lesiones producidas por arma de fuego, aunque ninguna afectó a órganos vitales.

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Terra Actualidad - Vocento/VMT

El seleccionador español Aragonés visitó a reclusos de una cárcel


MEDIOTIEMPO Agencias


El seleccionador nacional español, Luis Aragonés, visitó hoy la cárcel de Ocaña II, donde se reunió con los reclusos de este centro penitenciario, en respuesta a la invitación cursada por la dirección de esta cárcel, informó la Real Federación Española de este deporte (RFEF).


Luis Aragonés departió con los presos de este penal toledano en una charla coloquio de 2 horas de duración, donde, aparte de responder las preguntas que le formulaban, los reclusos le desearon suerte para el doble partido de repesca que España disputará próximamente frente a la Selección de Eslovaquia.

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Comienzan a salir de la cárcel esta semana los colaboradores del comando Madrid


Europa Press, Madrid

Uno de los colaboradores del comando Madrid que operaba en la capital de España en 2000, Asier Urretavizcaya Merino, saldrá de prisión el próximo sábado tras haber sido juzgado por el nuevo Código Penal y cumplir íntegramente su condena, informaron fuentes penitenciarias. Es el primero de una lista de colaboradores de este comando que abandonarán la cárcel en las próximas semanas, algunos de ellos implicados en la «caravana de la muerte», por la que ETA intentó realizar en Madrid un atentado de grandes dimensiones.

Urretavizcaya, de 30 años, fue localizado en septiembre de 2000 por la Policía en un chalé que su hermano y la compañera sentimental de éste tenían en Azuqueca de Henares (Guadalajara). La Policía lo detuvo el 7 de noviembre, después de los arrestos de Ainara Esteran Cruz y Nerea Garro Pérez a la puerta de la representación diplomática de Cuba. Los objetivos del comando Madrid desarticulado eran seis jueces y tres fiscales de la Audiencia Nacional, según declaró Urretavizcaya Merino, quien no había llegado a realizar seguimientos de estos miembros de la Judicatura limitándose a recabar algunos datos en periódicos y revistas. También como colaborador del «comando Madrid» fue detenido y juzgado por el Código Penal nuevo Víctor Goñi, quien abandonará la prisión 29 de noviembre de 2005.

Después de Urretavizcaya le llegará el turno a Roberto Eciolaza Lomas, que abandonará la cárcel el próximo 20 de noviembre. Fue condenado en marzo de 2003 por la Audiencia Nacional a 5 años de prisión por colaborar con los conductores de la «caravana de la muerte», los tres etarras que transportaron más de 2.000 kilos de explosivos de Francia a Madrid en diciembre de 1999. Desde entonces y hasta finales de 2006 habrán salido a la calle, tras cumplir sus respectivas penas de prisión, una veintena de colaboradores de los comandos Madrid y Vizcaya de ETA. Los primeros fueron condenados por apoyar el transporte de la denominada «caravana de la muerte» en 1999 y acusados de tratar de rehacer después el comando Madrid.

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Francia tiene a 57.163 detenidos en las cárceles


Las 188 instalaciones penitenciarias distribuidas en el territorio francés cuentan con 57.163 internos, según un informe del Ministerio de Justicia difundido hoy, que apunta que la tasa de detenidos es de 93,1 por cada 100.000 habitantes.

El documento asegura que esa tasa es inferior a la de los países del entorno europeo, con porcentajes de 96,4 por cada 100.000 habitantes en Alemania, 135,8 en España y 139,1 en el Reino Unido.

Como otros países, también Francia padece la masificación de sus cárceles, cuya capacidad es de 51.144 plazas, por lo que el nivel de ocupación es del 111,8 por ciento.

La respuesta a la masificación es la construcción de nuevas prisiones, según Justicia, que recuerda que un programa con ese objetivo empezará a ser operativo a partir de 2007, con el resultado de 13.200 plazas adicionales.

La población carcelaria es esencialmente masculina (96 por ciento) y joven, ya que más de la mitad tiene menos de treinta años.

Asimismo, el estudio señala que predomina la carencia de formación académica, puesto que el 64 por ciento de los internos no tienen diploma de estudios alguno y padece una 'psicología frágil'.

Los funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario francés superan ligeramente los 30.000, en diversos cometidos y el año próximo está previsto que la plantilla aumente con otros 2.400 empleados, según el informe del Ministerio.

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CSI-CSIF denuncia que Interior revela en Internet la identidad los nuevos funcionarios de prisiones


El sindicato remitirá hoy un escrito de queja a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para exigir que se protejan los datos de los funcionarios.


CSIF afirma que los datos de los funcionarios deben estar protegidos.

El sindicato CSI-CSIF de Prisiones ha denunciado que el Ministerio de Interior ha hecho público (en Internet) el listado de opositores que se han presentado a la última convocatoria para funcionarios de prisiones.

Según el delegado de esta sección de la organización en Córdoba, Fernando Rebollo, «se trata de una temeridad, ya que se pode a los trabajadores en el punto de mira. Tenemos una directora general que obvia la seguridad de los funcionarios».

Denuncias anteriores

No es la primera vez que este hecho se produce. «Ya lo denunciamos en anteriores ocasiones y otra vez ha vuelto a pasar», señaló Rebollo. Por ello, el sindicato remitirá un escrito de queja a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para instarle a que «tome las medidas oportunas y para que no esto no vuelva a suceder», manifestó el delegado del CSIF, que añadió que «somos funcionarios civiles del Estado y se nos trata como cualquier otro funcionario público, pero no hay que obviar que nuestro cargo acarrea una serie de aspectos que no hay que pasar por alto; y el más importante es el del riesgo que podemos correr si se hacen públicos nuestros datos personales. En mi opinión, deberían estar protegidos».

Muchas han sido las quejas de los opositores que han manifestado su indignación tras ver sus nombres y apellidos en la red, «y no es de extrañar que se sientan desamparados porque se les pone en el ojo del huracán», dijo Rebollo.

Las amenazas contra funcionarios por parte de reclusos o personas cercanas a ellos podrían materializarse porque «no se toman las medidas oportunas para mantener la identidad de los trabajadores en la más absoluta confidencialidad. No entendemos por qué el pasado año sí se cumplió esta medida».

01 noviembre 2005

El director de La Montañeta dimite a los 10 días en el cargo

José María Izquierdo vuelve a su trabajo en prisión

El educador José María Izquierdo dimitió el pasado jueves de su cargo como director del centro semiabierto para menores con medidas juidiciales de La Montañeta, en Tafira, cuando apenas habían pasado 10 días desde su toma de posesión como responsable de la institución, confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

Según la versión oficial, Izquierdo abandonó el puesto por «problemas» con los representantes sindicales que trabajan en el centro. Fuentes extraoficiales apuntaron a que el dimisionario no confió en el proyecto del centro. Este periódico intentó recabar su versión ayer, pero no fue localizado.

José María Izquierdo, vinculado a instituciones penitenciarias, dio el salto al Gobierno autónomo cuando el director general de Protección al Menor, José Luis Arregui, fichó como asesor al hasta hace poco director de Salto del Negro, Ricardo Gutiérrez. La pasada semana, Izquierdo se reincorporó a su puesto de educador en la prisión provincial como educador.

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CANARIAS7.ES