16 diciembre 2005

Gallizo cree "aventurado" el programa dispensador de heroína en Nanclares


Instituciones penitenciarias entiende que el proyecto tiene algunas lagunas


La directora general considera "chocante" que la iniciativa no contemple la continuación del tratamiento fuera del centro

san sebastián. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, evaluó ayer como "aventurado" el proyecto para impulsar un programa de dispensación de heroína en la prisión alavesa de Nanclares de la Oca. Mercedes Gallizo justificó esta consideración al señalar que la iniciativa aprobada por el Parlamento Vasco, que podría aplicarse también en Martutene, "no contempla" la continuidad del tratamiento por parte del recluso tras la obtención de la libertad. A su entender, sería "chocante" proporcionar esta sustancia a algunos internos sin pensar en la continuación fuera del centro, ya que "el toxicómano seguirá buscando la heroína en el exterior".

Gallizo recordó, en una mesa redonda celebrada en San Sebastián con motivo del vigésimo aniversario sobre el Plan Nacional sobre Drogas, que "los programas de tratamiento por consumo de droga los tiene que aprobar el Ministerio de Sanidad". Subrayó, además, que es "lógico" que haya que analizar primero los objetivos y las posibilidades de éxito del proyecto. En su opinión, debe realizarse "un planteamiento riguroso" desde los ámbitos científico, médico y social, para ver los beneficios y perjuicios.

"Ojalá fuese tan fácil como decir sí o no al programa, pero no es así. Esa decisión requiere de una fase experimental. En España sólo se está desarrollando una experiencia similar en Andalucía, y ni siquiera se ha acabado de evaluar. Parece razonable esperar a ver cuál es el resultado", prosiguió, para resaltar que "aunque sabemos que el proyecto iría a un número determinado de presos", existen "muchas connotaciones que afectan a diversas áreas".

aspectos legislativos Gallizo realizó estas declaraciones en el marco de una ponencia sobre los aspectos legislativos relativos a la figura del toxicómano. Entre otras consideraciones, abogó por la prevención del inicio del consumo, los esfuerzos en el tratamiento de deshabituación (con programas abiertos al tratamiento en centros extrapenitenciarios) y la coordinación entre las instituciones.

Aseguró, por otro lado, que las cárceles "no son vertederos" de personas, y que las instituciones deben intervenir para que el recluso se reincorpore a la sociedad "en las mejores condiciones". Matizó, por último, que "el sistema penitenciario no puede afrontar ni resolver los fracasos de la sociedad". En la mesa redonda también tomó parte el fiscal del Tribunal Supremo.

Relación droga-delincuencia. Esta asociación es, según palabras de la propia Mercedes Gallizo, "evidente". A falta de que se concluya el estudio que se está elaborando en la actualidad, los datos de 2000 reflejan que más de un 46% de los reclusos del Estado consumía cocaína o heroína antes del ingreso en prisión. Además, casi el 22% se administraba la sustancia por vía intravenosa.
Objetivos. Cuatro son los objetivos básicos en materia de atención penitenciaria a estas personas: prevenir el inicio del consumo; reducir los riesgos físicos, psicológicos y sociales; lograr periodos de abstinencia; y conseguir una incorporación eficaz a la sociedad, con una continuación del tratamiento desarrollado en el interior.
Tratamientos. Existen programas en función de cada objetivo, con una participación ascendente. Entre los datos facilitados por la dirección de Instituciones Penitenciarias destacan, por ejemplo, las 22.000 jeringuillas que se intercambiaron el pasado año en una de las iniciativas, y las 21.000 asistencias a programas de metadona. Además, cinco comunidades terapéuticas trabajan, con 50 internos de media cada una, para superar la adicción.
Unidades extrapenitenciarias. En dos años se han incrementado un 45% los tratamientos en unidades extrapenitenciarias. De las 346 de 2003 a las 509 de lo que va de este ejercicio.

LA FRASE
"La prisión debe hacer que la estancia de un preso en ella sirva para resolver problemas" mercedes gallizo . Directora de Instituciones Penitenciarias.
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NOTICIAS DE ALAVA.COM

09 diciembre 2005

Hartos del incumplimiento de las leyes


ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA CALLE ALTA, DUQUE DE AHUMADA, ISAAC PERAL Y PEÑA DEPORTIVA Y CULTURAL LACHICORIA


«¿Tendremos que recordar una vez más el acuerdo del Consejo de Ministros que contemplaba el traslado de la Prisión Provincial a El Dueso?» Es doloroso tener que reconocer que estamos viviendo en una nación donde los políticos que nos gobiernan mantienen una actuación dentro del oportunismo, el chantaje o del amiguismo. Lo dicho anteriormente viene por lo que los medios de comunicación nos vienen informando diariamente.

El martes, día 6 de diciembre del 2005, se recogían en la prensa local unas declaraciones de la directora general de Instituciones Penitenciarias en las que afirmaba que en los planes de su departamento no figuraba el cierre de la Prisión Provincial de de la calle Alta. Poco antes había mantenido una entrevista con el delegado del Gobierno en Cantabria, santoñés de nacimiento y con la alcaldesa de Santoña. Que la alcaldesa salga satisfecha hasta cierto punto es defendible, ya su antecesor en el cargo manifestó, en un coloquio en una cadena de televisión, que envidiaba la gran expansión de Laredo, donde las construcciones de pisos habían hecho de esa población un lugar de riqueza y que El Dueso evitaba la expansión de Santoña. Pero lo que no es de recibo es que el delegado del Gobierno en Cantabria no diga nada al respecto y se calle, cuando creemos que es el delegado de todos los cántabros y mas cuando hace unas fechas, creímos entender en la prensa local que coincidía con el traslado de los preventivos.

¿Que nos dejan a los vecinos de la zona callealtera?: la calle o el chantaje, que al parecer es lo único que atiende este Gobierno que preside Zapatero. Que los pescadores protestan por la subida de los carburantes y no les hacen caso, cierran varios puertos españoles y todo arreglado. Que los transportistas y los agricultores cortan las carreteras, se les da lo que piden y aquí no pasa nada. Pero ¿qué sucede con los ciudadanos de a pie que no salimos a cortar las carreteras, representantes, médicos, carteros rurales, periodistas y demás trabajadores en general? Pagamos la gasolina o el gasoil a precio que nos marcan o tragamos sus decisiones y a callar.

Y lo mismo ocurre en otras muchas de las virtudes de este Gobierno o desgobierno que estamos soportando. Que el partido tal o cual amenaza con no aprobar los presupuestos o cualquier otra votación, inmediatamente le apoyan su estatuto o le dan lo que exige. Ha llegado el colmo de este chantaje y la "tragadera" del Gobierno de la Nación, que hasta un ministro se ha atrevido a decir y publicado en casi todos los medios de comunicación de España, que o subían el sueldo a los militares o dimitía. Se subió el sueldo. Sin comentarios.

Y volvemos a la Prisión Provincial de Santander. ¿Qué tienen que decir los tres cargos públicos que se han reunido en Madrid, la directora de Instituciones Penitenciarias, el santoñés Delegado del Gobierno en Cantabria y la alcaldesa de Santoña? Suponemos que prometieron o juraron acatar la Constitución y las leyes y acuerdos que emanen del Gobierno, aunque no estén de acuerdo con ellos. ¿O tendremos que recordarles una vez más el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros de España, presidido por Felipe González, publicado en el Boletín Oficial del Estado y refrendado con la firma del Rey de España, en el que se recogía el traslado de la prisión Provincial al Penal de El Dueso? Parece que creen que no hay que cumplirlo, ya que al parecer estas tres personas desconocen esta Orden Ministerial. ¿Habrá que disculparles por su desconocimiento, o bien con su postura están diciendo que no cumplamos las leyes o acuerdos emanados del Gobierno de España?.

Con la llegada al poder del PP, el Consejo de Ministros, presidido por Aznar, coherentes con los acuerdos del anterior Gobierno, no como ahora, con fecha del 13 de julio del 2001 aprobó «que se financien con cargo del Plan de Amortización General y Creación de Centros Penitenciarios las obras de rehabilitación, ampliación y construcción, a ejecutar en el Centro Penitenciario de El Dueso, necesarias como consecuencia de la clausura y amortización del Centro Penitenciario de Santander».

Este Gobierno de Zapatero, menosprecia los acuerdos tomados por los dos anteriores Gobiernos. Priman mas los intereses del hormigón, o lo que es lo mismo, la construcción de cientos de viviendas, aunque estén en un ecosistema que todos debemos conservar.

Una vez mas está comprobado que el amiguismo partidista, está muy por encima de los derechos de unos detenidos, que según algunos señores no tienen otro que el de estar en la cárcel, ni los derechos de unos funcionarios que realizan su trabajo dentro de unas condiciones llenas de incomodidades e inseguridad, según han denunciado los sindicatos en varias ocasiones, ni los derechos de los vecinos a vivir en un entorno fuera de sobresaltos y peligros.

Las razones de los vecinos de la ladera sur de la calle Alta son tan poderosas o mayores que las de los santoñeses, pero todas respetadas y lo que debe primar es el bienestar de la mayoría y los derechos de los niños, que son el futuro de una nación y está por encima de todo. Muchos de ellos no pueden ni asomarse a sus ventanas y balcones por las escenas que desde ciertas ventanas de la prisión se ven, pasan por delante de la prisión para in al colegio, hay cuatro en la zona y tres a menos de doscientos metros, y se han acostumbrado a ver dos guardias civiles con sus metralletas en las manos. El día que se escape una bala o se caiga uno de los muros y cause una desgracia, ¿quién será el responsable, la directora, el delegado o la alcaldesa, ya que por el traslado de 80 presos preventivos al Dueso no se va a hundir Santoña?. Por tanto, los varios miles de vecinos que viven en los alrededores de la cárcel de la calle Alta y el alcalde de Santander, algo tenemos que decir.

Nosotros, como representantes de las Asociaciones vecinales de calle Alta, Duque de Ahumada, Isaac Peral y la Peña Cultural Lachicoria, mucho hemos dicho y pedido, pero sin amenazas, con la ley en la mano y mirando también por los derechos de la mayoría, que en definitiva, en una democracia lo que vale.

Respetemos las leyes todos y busquemos una solución que no perjudique a nadie, tema muy difícil. Lo que se tenga que hacer creemos que tiene que decidirse ya. Los vecinos de la ladera sur de Santander estamos cansados de promesas que los que han cogido el sillón en estos momentos no quieren cumplir.

La directora general de Instituciones Penitenciarias nos deja otra vía abierta: realizar unos estudios para ver donde se puede ubicar el nuevo Centro Penitenciario de Santander, lo cual sugiere que se construirá en nuestra ciudad.

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EL DIARIO MONTAÑES

07 diciembre 2005

GALLIZO, LA "ROJA DE SALÓN" SEGÚN EL SUP

Para el SUP, el modo de reducir la ocupación de las cárceles es la redacción de una legislación "punitiva" que sea disuasoria para los delincuentes..


Duras críticas de los sindicatos policiales a la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. La política “progresista” durante su discurso oficial, con motivo de la festividad de La Merced, patrona de la Policía, afirmó, entre otras cosas, que ha llegado el momento de que la sociedad moderna "supere" la idea de que todos los que infringen las normas penales deben ir a la cárcel.

Sánchez Fornet, el secretario del SUP, considera que esa afirmación es irresponsable: "La cárcel debe ser el destino inevitable de los delincuentes porque además de en la reinserción hay que pensar en la reparación del daño causado y si no van a la cárcel, habrá más delincuentes, porque se sentirán impunes". Roja de salón", "yuppie progresista"... han sido los calificativos que ha provocado la directora entre los representantes policiales, que a la hora de valorar su capacidad para el puesto no han ahorrado expresiones negativas: "no se entera", "no vale para el sitio donde está".

El SUP propone que al juzgar determinados delitos se establezca "un vínculo" entre la reinserción y la reparación del daño causado y que, en caso de que el Estado considere que el delincuente se puede reinsertar pero no puede hacer frente a la reparación del daño, que asuma el coste del mismo como responsable civil subsidiario.

El Sindicato se queja de que, por ejemplo, en un delito de violación, el agresor puede ser condenado a siete u ocho años de prisión, durante los cuales puede estudiar y reinsertarse y que las autoridades no se preocupan si la víctima se recupera en varios años o nunca.

Para el SUP, el modo de reducir la ocupación de las cárceles es la redacción de una legislación "punitiva" que sea disuasoria para los delincuentes. En este sentido, Sánchez Fornet recurrió al ejemplo reciente de una llamada interceptada por la Policía en la que un ciudadano de un país de la Europa del Este relataba a un compatriota cómo había robado un coche sin permiso de conducir, había intentado huir de la Policía y, tras ser detenido, en 24 horas estaba en libertad.

"Sus interlocutores no lo creían. El delincuente les animaba a venir a España a 'trabajar'. No es un ejemplo sino un hecho real", afirmó.

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MUNDO DIGITAL

Alemania-prisiones


Ministro duerme en cárcel para comprobar calidad instalaciones


El ministro de Justicia del land de Hesse, Jürgen Banzer, durmió anoche en una celda de la primera cárcel semi privada de Alemania para probar la calidad de las instalaciones, inauguradas esta mañana.

Según Banzer la celda es 'decente', aunque dijo que había encontrado la cama 'un poco dura', pero añadió que 'no es lo mismo cuando uno sabe que puede volver a salir fuera'.

La prisión se encuentra en la localidad de Hünfeld y fue inaugurada hoy por el primer ministro del Estado federado de Hesse, Roland Koch.

En esta cárcel semi-privada, con capacidad para 502 prisioneros, trabajarán 115 funcionarios de prisiones junto a 95 empleados de la empresa Serco.

Esta empresa de Bonn se encarga del 45 por ciento de los gastos, básicamente en el área de limpieza, de apoyo psicológico, tareas administrativas e instalaciones técnicas.

Sin embargo, la seguridad de la cárcel y de sus presos seguirán están en mano de los funcionarios de prisiones públicos.

Los primeros 50 presos 'estrenarán' la cárcel, cuya construcción ha costado unos 66 millones de euros, en enero y seis semanas después ingresarán en esta prisión el resto de prisioneros.

Los presos que ingresarán en esta cárcel han cometido delitos penados con menos de 36 meses de cárcel. En la prisión, sin embargo, no habrá asesinos ni convictos de delitos sexuales.

Las celdas son 'muy espartanas', según precisa la televisión HR.Miden seis metros de largo y dos metros de ancho y están iluminadas por luces de neón. Tienen una cama, una mesa, una estantería y un pequeño armario.



Terra Actualidad - EFE

06 diciembre 2005

PELIGRO EN LAS CARCELES ESPAÑOLAS


"Aún no hay una buena explicación sobre por qué España tiene la tercera tasa más alta de presos por habitante de la UE"

La situación en las cárceles españolas se hace insostenible. Ante la inexistencia de soluciones alternativas, la población reclusa no ha dejado de aumentar en los últimos años, sin que la Administración tome medidas. La masificación pasa factura: se disparan los suicidios y las muertes por sobredosis. El profesor José Carlos García Fajardo conoce a fondo la situación que atraviesa el sistema penitenciario español gracias a veinte años de trabajo como voluntario social en varios Centros. Además, conoce la situación en más de dos docenas de cárceles en países de América Latina y de Africa.

-Uno de los síntomas de que nuestro sistema penitenciario no va por buen camino es el aumento disparado de suicidios y muertes por sobredosis. ¿Cuál es la situación en las cárceles españolas?
-He de decir que los datos son alarmantes: 30 presos se han quitado la vida en las cárceles este año; en 2004 hubo 40 suicidios, 12 más que en 2003. El año pasado murieron 180 reclusos, 40 de ellos se quitaron la vida, 33 murieron por sobredosis, dentro de la cárcel, sí, y 31 que ya entraron enfermos del sida, lo que fuerza a preguntarnos si la prisión era el lugar idóneo para estos enfermos.

-¿Cómo evoluciona el problema de la masificación?
-Las cárceles españolas tienen hoy día casi el doble de presos que en 1990: más de 61.000 repartidos en 77 prisiones. El aumento sostenido de la delincuencia, el endurecimiento de las penas, el castigo de nuevos delitos y la demora en la edificación de nuevas cárceles están sobrecargando el sistema penitenciario. Pero aún no hay una buena explicación sobre por qué España tiene la tercera tasa más alta de presos por habitante de la UE.
En un interesante reportaje de Pablo Ordaz se ofrece el testimonio de un recluso español que habla en un lenguaje claro y directo: "La gente viene muy rallada de fuera, se meten de todo, viven la aventura, son unos héroes en su barrio y luego llegan aquí y se les cae el mundo encima. Sobre todo cuando se dan cuenta de que la aventura les va a costar siete años de una condena que tendrán que comerse entera. La juventud de hoy no está preparada para el fracaso. Se derrumban. Y además, los psiquiátricos se cerraron y todos los que están mal vienen a parar aquí". Las cárceles no tienen reservado el derecho de admisión. Todo cliente enviado por los jueces halla acomodo, por el tiempo que sea.

-Pese a que el ingreso en prisión no es evidentemente la mejor solución, ante la inexistencia de alternativas la población reclusa no hace más que aumentar. ¿Por qué?
-Sí, el ritmo de aumento de la población penitenciaria (un 3,2% en lo que va de año), sin cárceles nuevas aún, ha llevado a la directora de Instituciones Penitenciarias, a plantear una reflexión: "Ha llegado el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que llegan a vulnerar las normas penales". ¿Cómo es posible que España tenga la tercera mayor tasa de población reclusa, 144 presos por 100.000 habitantes, muchos más que Francia o Italia? El Reino Unido, donde el total de presos crece en 250 personas por semana, se pregunta lo mismo. Ambos países construyeron 13 cárceles cada uno entre 1996 y 2003, con 18.500 nuevas plazas en el caso británico y 10.027, en el español. Y ya están llenas.

-¿Hasta qué punto ha influido el endurecimiento de las penas?
-Esa es una de las causas fundamentales que muchos expertos coinciden en señalar para explicar el imparable aumento de reclusos: el endurecimiento de las penas del Código Penal de 1995, reforzado aún más en 2003; las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; la introducción de nuevos delitos de peligro abstracto; un cierto abuso de la prisión preventiva y la mayor presencia de delincuentes llegados de otros países.

-¿Qué alternativas podrían existir, que ayuden a paliar el problema?
-En la UE hay un debate sobre la flexibilización del sistema que aún no ha llegado a España, en el que se tiende a una apuesta fuerte por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad.

-Y además poniendo en marcha medidas sociales que actúen en las causas que provocan los actos delictivos.
-Recordemos que el 70% de los presos está en la cárcel por delitos de narcotráfico y contra el patrimonio, muchas veces asociados. Si un delincuente drogadicto se deshabitúa, posiblemente no volverá a delinquir, porque la causa del delito desaparece.

-¿La cárcel sería entonces el recurso último?
-Los expertos coinciden en que para los delitos graves, para las condenas de larga duración, no hay alternativa. Habría que reservar la cárcel para los delitos más graves. Sólo con cumplir la ley, para que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se liberarían miles de celdas, tomando las medidas necesarias para prevenir la reincidencia.

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REVISTA FUSION

05 diciembre 2005

Ibáñez y Gallego acuden hoy a Madrid para analizar las obras aprobadas por el Gobierno para El Dueso

El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, y la alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, mantendrán hoy lunes, día 5 de noviembre, una reunión con la directora general de Instituciones Penitenciaras, Mercedes Gallizo, para abordar las obras de remodelación de una parte del Centro Penitenciario El Dueso, aprobadas por el Consejo de Ministros recientemente.

La reunión tendrá lugar en la sede de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en Madrid, a partir de las diez de la mañana.

Es una noticia de:
CANTABRIA CONFIDENCIAL.COM

04 diciembre 2005

La prisión de Alhaurín de la Torre está al 160 por ciento de su capacidad

El director dice que se puede hablar de masificación, pero no de hacinamiento

Málaga, El director de la prisión de Málaga, Ángel Herbella, cifra en torno a un 160 por ciento la ocupación actual de la cárcel, un porcentaje que, según asegura es "similar a la media nacional". Así, son unos 1.630 presos los que hay actualmente, lo que supone que, mientras la tendencia en España es de aumento del número de internos, en el recinto tienen "100 menos que hace cinco o seis meses".

Herbella, que asegura que hay que hablar de "masificación" o de "sobreocupación", pero en ningún caso de "hacinamiento", afirmó: "No estoy de acuerdo con el número de internos que tengo, sino que me gustaría tener muchos menos".

En este sentido, señaló que los internos "como mucho, están dos en cada celda", algo que, según afirmó el director de la cárcel, ubicada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, "ellos demandan en muchos casos porque la prisión se hace mucho más dura en soledad que en compañía". Por tanto, insistió en que "esa demanda de compartir celda existe".

300 internos de golpe

Según los datos facilitados, en un año se realizaron unas 7.000 salidas a reclamación judicial y hospitales y la media de ingresos al día puede ser 15 ó 20, "aunque hay días en los que no ingresa nadie y otros en los que entran 300, como en la "operación Nilo"", recordó el director de la prisión malagueña.

Sobre este operativo desarrollado por la Policía Nacional y que supuso la entrada en prisión de cerca de 300 nigerianos, acusados de un delito de estafa, Herbella precisó que se trató de "una circunstancia excepcional" y no presentó un problema de capacidad "sino de ubicación, porque el módulo de ingreso tiene una capacidad de 100 internos, por lo que hubo que repartirlos por los diferentes módulos".

En su opinión, esta operación "lo que puso de manifiesto fue una capacidad de trabajo de los funcionarios de prisiones, que tuvieron un reconocimiento público en La Merced".

El responsable del centro penitenciario de Málaga estimó que un tercio del total de la población reclusa de Málaga es extranjera, perteneciente a 45 nacionalidades diferentes, aunque fundamentalmente destacan los países de Marruecos y de Colombia.

En cuanto a las religiones, explicó que "cualquier confesión religiosa, reconocida e inscrita tiene cabida sin ningún problema en la prisión", por lo que, según dijo, "se garantiza el derecho a la libertad ideológica y de culto".

Respecto a los problemas surgidos el pasado año en época de Ramadán con la población musulmana de la cárcel, indicó que "era también una época de negociación sindical con la Dirección General", y precisó: "Este año hemos tenido el Ramadán y ni he escuchado nada, ni ha pasado nada".

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OZÚ.ES

Una cárcel de quita y pon

J.Darriba
Las Palmas de Gran Canaria

La cárcel de La Isleta ha vuelto a desenterrar la vieja polémica en Gran Canaria sobre la ubicación del centro penitenciario. Desde 1991, los dos partidos mayoritarios -PSOE y PP- la han utilizado a su antojo, en función de sus intereses locales en cada momento sin que haya visos de solución.

El hacinamiento de Salto del Negro es una situación que por grave no deja de ser conocida. La cárcel de la capital se abrió en 1982 y seis años después ya hubo que duplicar la capacidad de sus celdas. La situación nunca fue la idónea y ningún partido ha sabido solucionar esta situación. La última propuesta, la de usar el penal de La Isleta, tampoco parece que vaya a representar la solución a tenor de la férrea oposición de todos los grupos municipales y de los colectivos vecinales y ecologistas de Gran Canaria.

Lo cierto es que la urgencia es antigua. En 1991 se produjo la primera conducción masiva de internos a la Península. La situación era ya insufrible. El gobierno del PSOE decidió en aquella época crear una segunda cárcel en Gran Canaria pero los años pasaron y nada se logró.

El Gobierno central la intentó ubicar en varios municipios: Telde, Agüimes, Santa Lucía o San Bartolomé de Tirajana pero en ninguno se alcanzó el consenso necesario. Por aquella época, el Ejecutivo no tenía la firmeza que ahora parece querer demostrar el ministro José Antonio Alonso, quien insiste en la utilización de la prisión militar de La Isleta a pesar del rechazo de toda la ciudad.

Llegan las elecciones del 96 y se produce el cambio: el PP sustituye al PSOE pero nada pasa con la segunda y necesaria cárcel grancanaria. El plan de centros penitenciarios de 1991 se queda durmiendo el sueño de los justos...

Los sucesivos intentos de ubicar la cárcel fracasan: el alcalde de Santa Lucía, Camilo Sánchez, dice no 1997; el de Telde, Francisco Santiago, no en 1999; el de San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana, no en 2000; y el de Gáldar, Demetrio Suárez, no en 2001.

Mientras la situación de Salto del Negro se deteriora hasta el punto de que en 2002, se produce el primer envío forzoso de un preso canario a la Península.

la isleta. Los ojos se vuelven entonces por vez primera a La Isleta. La Autoridad Portuaria lanza un globo sonda que se desinfla rápidamente: el alcalde José Manuel Soria y los portavoces de la oposición Carlos Suárez (PSC), Marino Alduán (CC) y Rosario Chesa (PGC) se unen para decir no. Los argumentos que emplean son los mismos que se usan hoy para defender la misma posición: la saturación del barrio y su importancia como espacio natural.

El asunto vuelve a empantanarse hasta que en mayo de 2002, el ministro del Interior Mariano Rajoy da por hecha la construcción de la prisión. El lugar elegido era Guía y por vez primera un alcalde -Fernando Bañolas- decía sí.

Pero de nuevo, los partidos políticos hacen acto de aparición. El alcalde socialista de Gáldar, Demetrio Suárez, pone el grito en el cielo. El grupo socialista de Guía también la rechaza. Y lo que resultó más curioso, el grupo municipal del PP se postuló en contra de la iniciativa de su partido a nivel nacional, algo similar a lo que se está produciendo estos días con el papel que el edil socialista Arcadio Díaz Tejera está jugando contra el ministro del Interior, José Antonio Alonso.

Una manifestación de 2.500 personas fue suficiente para congelar el proyecto. De nuevo se volvía al punto de partida. Faltaban dos años para las elecciones y los partidos decidieron no volver a tocar el tema. Los sindicatos de prisiones se quedaron solos y la asociación de madres de los presos, hartas de deambular de partido en partido sin conseguir más que apoyos y palmadas en la espalda, se diluyó en el tiempo.

En 2003, Interior da orden de construcción de cuatro nuevas prisiones -Cádiz, Sevilla, Castellón y Madrid- pero la de Gran Canaria vuelve a quedar olvidada. Seguía siendo urgente, como ahora, su construcción pero nadie alzaba la voz.

En 2004 el PSOE vuelve al poder y durante un año se retoman las negociaciones para la prisión. El Gobierno decide que como no hay acuerdo para la cárcel, hay que construir un centro en La Isleta, aprovechando la prisión militar. La noticia sienta como una bomba en el barrio: se le vuelve a exigir la solidaridad que el resto de Gran Canaria no ha tenido y se le obliga a renunciar a su zona de expansión, ocupada por los militares. Los vecinos entonces se movilizan y arrastran tras de sí a todos lo partidos. Madrid se queda otra vez sola y la cárcel vuelve a ser una incógnita.

El último capítulo es la acusación del PSOE al PP de negociar con Madrid el uso de la cárcel a cambio de financiación para el teatro Pérez Galdós.

Las frases de la polémica

n Félix Santiago Melián: «No compensa ni remotamente», dijo el empresario cuando se opuso a la construcción de una cárcel en Guía sobre un terreno de su propiedad en que se había proyectado una urbanización.

n Mariano Rajoy (PP): «La nueva prisión ya está aprobada». La frase fue dicha el 6 de julio de 2002 pero nunca se materializó.

n Demetrio Suárez (PSC): «Rajoy quiere hacer una cárcel a toda costa y sin lograr consenso». Lo dijo el 18 de junio de 2002. Hoy su partido tampoco busca ese consenso que exigían hace tres años.

n Mercedes Gallizo (PSC): «El Gobierno anuncia cárceles que nunca se hacen». Fue pronunciada en noviembre de 2003. Entonces era diputada socialista y ahora es directora general de Instituciones Penitenciarias.

n Javier Sánchez-Simón (PP): «Nos gustaría que se utilizasen fórmulas eficaces para resolver el problema que acucia a los internos». Dicho el 30 de noviembre de 2005 a pesar de que su partido estuvo ocho años en el Gobierno y no dio soluciones.

n José Antonio Alonso (PSOE): «Voy a tener un diálogo máximo con todas las instituciones canarias». El ministro del Interior pronunció esta frase el 30 de noviembre pese a lo que ha hecho oídos sordos respecto a la negativa del Ayuntamiento a aceptar la cárcel en La Isleta.

n Arcadio Díaz Tejera (PSC): «La Isleta no tendrá prisión civil porque nos encargaremos los socialistas canarios de que no sea así». Lo dijo el viernes a sabiendas de la postura de Madrid.

n Felipe Afonso (PP): «Se está perdiendo el tiempo para encontrar una solución para las familias canarias», dijo el edil de Urbanismo el viernes. Su partido no solucionó el tema en 8 años.

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CANARIAS 7

03 diciembre 2005

Mercedes Gallizo culpa a los gobiernos del PP de la situación de masificación del centro penitenciario


La directora general de Instituciones Penitenciarias impuso a Ramón Buxarrais la Medalla al Mérito Social


La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha confirmado en su visita a Melilla ya situación que tanto USO como el diputado nacional del PP, Antonio Gutiérrez Molina venían denunciado en fechas recientes: el hacinamiento de la población reclusa y la falta de recursos humanos del centro penitenciario local, inaugurado en 1993.


Gallizo acusa directamente al anterior Gobierno del Partido Popular de la actual situación de masificación y de la falta de personal de la prisión de Melilla, algo que asegura que ocurre también en otras cárceles de España "por la imprevisión" de los gobiernos del PP.


La responsable de Instituciones Penitenciarias denunció "la situación heredada" de los anteriores ejecutivos de José María Aznar, que "no tuvieron previsión" ante el aumento de reclusos que se produjo en los últimos cinco años, como consecuencia de los cambios legales que se aprobaron en las dos últimas legislaturas.


Después de realizar una visita al Centro Penitenciario de la Ciudad Autónoma, Gallizo dijo que se van a iniciar una serie de mejoras "para solucionar problemas derivadas del mantenimiento de las instalaciones", en especial de las zonas comunes de los internos, sanitarios y mobiliario, y las referidas a la valla, para evitar el lanzamiento de objetos desde el exterior al interior la cárcel.


Sobreocupación


Sobre la "sobreocupación" que sufre el centro, al contar con 328 presos cuando su capacidad óptima es de 250, Gallizo dijo que la "solución más fácil" sería el traslado de reclusos a prisiones de la Península, pero admitió que en este caso valoran también "el factor humano" por el "desarraigo que ello puedo ocasionar a los internos, que quieren cumplir su condena cerca de la familia".


Asimismo, indicó que durante su visita al Centro Penitenciario, "he visto muchas deficiencias de construcción, porque no ha producido las suficientes inversiones para realizar las reparaciones" dijo Mercedes Gallizo.

En cualquier caso, señaló que su organismo no se va a escudar en los fallos de anteriores gobiernos y que ya este mismo año "hemos hechos algunas cosas" para solventar los problemas de la cárcel melillense, aunque anunció que después de las fiestas de Navidades llegarán técnicos de su Dirección General para evaluar las mejores que se deben realizar.

"No tenemos fechas para las mejoras, pero consideramos como asuntos prioritarios la valla de la cárcel, los aseos comunes o la cafetería de funcionarios" indicó Gallizo, quien añadió que sobre la ampliación de la cárcel o la construcción de una nueva, como la que se va a realizar en Ceuta, de momento no hay nada previsto y que estos asuntos se irán estudiando en próximos planes de actuaciones, a pesar de que hace diez días, en Consejo de Ministros, el Gobierno confirmara la nueva cárcel ceutí y un centro de integración social.


Por último, la directora general de Instituciones Penitenciarías entregó al obispo emérito Ramón Buxarrais la Medalla al Mérito Social Penitenciario. Gallizo afirmó que Buxarrais "ha sabido ganarse, en estos catorce años en el centro penitenciario local, el cariño y respeto por igual de internos y personal funcionario".


Es una noticia de:
MELIYA.COM

02 diciembre 2005

ACTOS Y REIVINDICACIONES DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA ENFERMEDAD

La prisión de Córdoba es la que más muertes por sida registra de Andalucía

Convihda inaugura un monolito para sensibilizar sobre esta patología. Salud premia la labor de las asociaciones Hiedra y Resurgir.

M.J. RAYA / REDACCION

La celebración ayer del Día Mundial contra el Sida en Córdoba sirvió para que se organizasen diversos actos reinvindicativos e informativos sobre la gravedad de una epidemia que requiere del trabajo de numerosos profesionales, asociaciones, administraciones e instituciones.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) denunció que la prisión de Córdoba es la que más muertes por sida acumuló entre 2001 y 2004 en Andalucía, 11 de las 44 producidas en toda la región durante ese periodo. La delegada de Derechos Humanos de APDH, Esther Muñoz, apuntó que en la cárcel cordobesa se supera la media nacional de afectados por enfermedades infecciosas, ya que si los niveles generales reflejan que en las prisiones hay un 33% de presos con hepatitis C y un 155 con VIH, en el centro de Córdoba se contabilizan, sobre unos 1.600 presos, un 40% de internos con hepatitis C (638), un 20% con VIH (319), un 5% con sida (80) y un 35% con tuberculosis (559).

Ante este panorama, Esther Muñoz solicitó a Instituciones Penitenciarias que paralice la construcción de las 44 macrocárceles anunciadas para el 2012, "porque estamos convencidos de que la mejor solución para los enfermos de sida es una atención sanitaria y tratamientos contra las drogodependencias en centros extrapenitenciarios". La delegada de Derechos Humanos de APDH en Córdoba reclamó que los infectados por VIH de la cárcel reciban la misma prestación sanitaria que los no presos y criticó las deficiencias sanitarias existentes, a pesar del esfuerzo realizado por los 10 médicos generalistas y 15 enfermeros que trabajan allí. Además, demandó más recursos sociales para los enfermos de sida, pues en Córdoba no hay ninguna vivienda de apoyo.

En el capítulo de actos, la asociación Convihda inauguró ayer en el parque de Miraflores un monumento, realizado en colaboración con el Area municipal de Infraestructuras del Ayuntamiento, que lleva grabado un texto de Pepe Espaliú. Por su parte, Iemakaie abrió la exposición Artistas unidos por una buena causa , abierta hasta mañana en la sala de exposiciones de Cajasur en Reyes Católicos. Se trata de una muestra de pintura de artistas cordobeses, cuya recaudación servirá para sufragar los múltiples gastos por la próxima apertura de la casa de acogida.


MAS PREVENCION Para insistir en la importancia de la prevención del sida, Colega repartió preservativos e información en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el bulevar de Gran Capitán. Insistiendo en la prevención, el presidente del Colegio de Médicos, Jesús Aguirre, recordó la declaración del comité permanente de médicos de Europa, que advierte sobre la "falsa idea, cada vez más extendida, de que los tratamientos antirretrovirales por si mismos impiden el contagio. El tratamiento antirretroviral por si mismo no es suficiente para combatir la infección por VIH como única medida de prevención sin un enfoque terapéutico coherente y no puede controlar la pandemia de VIH en el mundo".

A nivel institucional, la delegada de Salud, María Isabel Baena, entregó los galardones de la séptima edición de los premios Pepe Espaliú, que la Comisión Técnica Interinstitucional frente al Sida organiza para reconocer la labor de las instituciones o personas que trabajan en la concienciación sobre el problema del sida y en la lucha contra la enfermedad. Este año, los galardonados fueron las asociaciones de mujeres Hiedra y Resurgir.

Es una noticia de:
DIARIO CÓRDOBA

Atracador consiguió libertad condicional por enfermedad incurable


Fernando Sánchez Medina, el mayor de los dos atracadores de la joyería Royo de Castelldefels, obtuvo la libertad condicional por sufrir una enfermedad incurable en 1992, cinco años después de haber ingresado en prisión por el homicidio de un comerciante de Barcelona cuya tienda asaltó.

Según han confirmado hoy fuentes penitenciarias, el atracador obtuvo la libertad condicional por enfermedad en 1992 y, dos meses después, volvió a cometer otro robo con violencia, por lo que se le revocó el permiso y, en julio de 1992, regresó a la cárcel para permanecer en ella hasta 1999.

Aunque su condena finalizó en abril del año pasado, cuando obtuvo la libertad definitiva, Fernando S. había abandonado la cárcel cinco años antes, según publica hoy 'El Periódico de Cataluña'.

De esta manera, el atracador, que había sido condenado a dieciséis años de prisión, sólo estuvo encarcelado durante doce años repartidos en dos períodos de seis.

El recluso se benefició de un artículo del reglamento penitenciario que permite que un interno que sufre una enfermedad grave y crónica pueda obtener la libertad para morir en casa, pero para ello es necesario que disponga de un certificado médico inicial, un posterior informe favorable de la junta de tratamiento de la cárcel y la autorización del juez de vigilancia penitenciaria.



Terra Actualidad - EFE

Consejo aprueba plan construcción 46 infraestructuras 2006-2012


El Consejo de Ministros aprobó hoy un plan para la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en los próximos seis años, informó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

El plan, presentado hace dos semanas al Consejo por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, supone una inversión de 1.726 millones de euros entre la construcción de nuevos centros, once de los cuales serán prisiones, y la creación de 18.400 nuevas celdas, dijo De la Vega en rueda de prensa.

La vicepresidenta añadió que el objetivo es 'contar con unas infraestructuras penitenciarias modernas, bien dimensionadas, para poder garantizar la inserción social de los internos y la seguridad de los ciudadanos'.

La construcción de estos centros es, según destaca la referencia del Consejo, una 'necesidad urgente ante el notable aumento de la población penitenciaria', del 33,4 por 100 entre 1996 y 2004, en los 66 centros gestionados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (todos menos los catalanes).



Terra Actualidad - EFE