21 agosto 2007

CASTRACIÓN. EL PSOE DICE QUE LA CASTRACIÓN QUÍMICA SERÍA INCONSTITUCIONAL EN ESPAÑA


SERVIMEDIA

Aunque se podría aplicar si lo pide el agresor y en casos excepcionales


MADRID, 21-AGO-2007

La secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, aseguró hoy que la castración química para los pedófilos condenados que mantengan su peligrosidad al salir de prisión, como propone el presidente francés, Nicolás Sarkozy, sería inconstitucional en España.

Montaño declaró a Servimedia que "la Constitución Española ampara el valor de la política penitenciaria es la de la reinserción del preso".

"Evidentemente", añadió, "ir a un cumplimiento íntegro de las penas, que eso lo tenemos previsto en nuestro país en el caso del terrorismo, o ir a una castración química de manera generalizada, evidentemente es una sobrepena que entendemos que va en contra de la Constitución".

No obstante, Montaño no descartó la posibilidad de aplicar la castración química "con informes médicos correspondientes y a propia petición del agresor. En esos casos exepcionalmente la admitiríamos".

Finalmente, la dirigente socialista destacó que "no creemos que en España vaya a haber una dirección de trabajo en relación con castrar químicamente a todos los condenados por pederastia".

Interior incrementará la seguridad para frenar el islamismo en las cárceles

ALGECIRAS. El diario El Mundo publicó ayer en su edición andaluza que el Ministerio del Interior ha ordenado medidas contundentes para frenar el islamismo radical en las prisiones. Según el periódico, este movimiento está amenazando con incendiar las cárceles.

De ahí que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias haya tomado la decisión de incrementar, a partir de septiembre, las medidas de control sobre los presos islamistas.

La prisión algecireña de Botafuegos será una de las cárceles afectadas pues en su interior alberga a reclusos acusados de terrorismo y de estar relacionados con el grupo Al Qaeda.

Según pudo leerse ayer en El Mundo la directora general de prisiones, Mercedes Gallizo, ha ordenado que se analice, por comunidades autónomas, la situación de los reclusos de religión islámica; y que se tomen medidas para estrechar la vigilancia en torno a ellos y seguir, con lupa, cada uno de sus movimientos y comunicaciones, tanto con el interior como con el exterior de las prisiones.

Un grupo especial antiterrorista en el que están representados la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, el Centro Nacional de Inteligencia y Prisiones será el encargado de coordinar y abordar de forma más decidida el islamismo radical en las cárceles. Esto se concretará, según el diario, en un seguimiento muy específico por parte de funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado.

El Mundo recuerda que la situación es particularmente preocupante en las cárceles andaluzas, sobre todo después del hallazgo, el pasado julio, de grabaciones en árabe atribuidas a la red Al Qaeda con soflamas incitando a la guerra santa (yihad) y en contra de la civilización occidental.

Las cintas fueron encontradas por funcionarios del centro penitenciario de Huelva entre las pertenencias de un preso común musulmán, condenado por delitos menores, pero al que se suponen vínculos con grupos radicales de corte islamista.

La prisión de Botafuegos también alberga presos acusados por estar relacionados con este tipo de terrorismo internacional, por lo que todo indica que las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior tendrán eco en el centro penitenciario algecireño.

Hasta la fecha se desconoce, al menos de forma oficial, la existencia de ningún altercado en el interior de la prisión motivado por este tipo de presos. Fuentes sindicales señalan que en Botafuegos conviven unos 300 internos musulmanes, aunque la mayoría no está en la cárcel por delitos de terrorismo sino por otras causas.

20 agosto 2007

Sarkozy luchará contra los pederastas con hospitales especiales y castración química

La medida sigue a un proyecto de ley del pasado julio para endurecer las penas contra los delincuentes reincidentes

Nicolás Sarkozy comparece en rueda de prensa junto a la Ministra de Justicia, Rachida Dati, para anunciar las medidas contra los pederastas / Ap Photo / Francois Mori

París. (EFE).- El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció hoy medidas más duras contra los pederastas, como la creación de un hospital especial para ellos al que deberán ir obligatoriamente y aseguró que ninguno lo abandonará hasta que un comité de médicos dictamine que han sido curados.

Sarkozy también se mostró favorable a la castración química de los pederastas en una comparecencia ante la prensa tras una reunión con varios miembros del Gobierno destinada a estudiar medidas contra ese tipo de delincuentes.

El Gobierno se ha visto obligado a reaccionar después de que la semana pasada un hombre condenado en tres ocasiones por abusos sexuales a menores reincidiera con un niño de cinco años al que mantuvo secuestrado varias horas en Roubaix (noreste), hasta que la Policía lo localizó y detuvo.

El jefe del Estado analizó la situación con las ministras de Interior, Justicia y Sanidad y Juventud y luego, ante la prensa, desgranó algunas iniciativas que serán objeto de modificaciones legislativas. En concreto, afirmó que los delincuentes sexuales sólo saldrán de prisión cuando hayan cumplido su pena, sin posibilidad de reducción, y tras un examen de su peligrosidad por un comité médico.

En el caso de que los facultativos consideren que es todavía peligroso, el individuo tendrá que ser internado en un hospital especial, cuya primera unidad será abierta en 2009 en Lyon. Los que no acepten ser curados de sus impulsos sexuales durante su etapa en la prisión irán a ese centro hospitalario mientras se considere que son peligrosos. Quienes sí admitan el tratamiento destinado a su curación podrán tener permisos para salir del hospital, pero siempre con un "brazalete electrónico" que haga posible su control por las autoridades. El tratamiento será de tipo hormonal o "castración química", dijo Sarkozy, quien agregó que ese tipo de expresiones "no me dan miedo".

Consciente de la alarma social que generan ese tipo de agresiones y de que basó su campaña electoral en un discurso de tolerancia cero contra la delincuencia Sarkozy empleó un lenguaje firme. "No se puede dejar en libertad a depredadores, a gentes que pueden matar y destrozar la vida de niños", dijo el presidente francés, quien anunció que el proyecto de ley con esas reformas será presentado en noviembre por la titular de Justicia, Rachida Dati.

Las nuevas medidas anunciadas hoy tienen lugar después de que a finales de julio pasado el Parlamento francés aprobara definitivamente un proyecto de ley para endurecer las penas contra los delincuentes reincidentes, incluidos los menores de dieciséis años. El proyecto establece también cuidados médicos obligatorios para delincuentes sexuales.

El hombre detenido en Roubaix por la agresión al menor, Francis Evrard, había sido condenado en 1975, 1985 y 1989 y en esta última ocasión lo fue a veintisiete años, pero cumplió dieciocho. Había salido de la cárcel a primeros de julio y cuando fue detenido en su poder tenía una caja de Viagra, contra la impotencia sexual, recetada por un médico de la prisión de Caen que ha asegurado que ignoraba el historial penal del hombre.

El Colegio de Médicos francés ha subrayado que la ley establece que los facultativos de prisiones no tienen acceso al historial delictivo de los detenidos y que, también por privacidad, las instituciones penitenciarias no pueden conocer los informes médicos.

La ministra de Justicia, Rachida Dati, ha declarado que es "inaceptable" que alguien "se pueda esconder" con ese tipo de argumentos y ha declarado ahora que se cambiará la legislación en ese sentido, después de que en la ley aprobada en julio no fuera modificado.

Antes de la reunión con las ministras Sarkozy había recibido en el Palacio del Elíseo al padre y al abuelo del pequeño agredido, que está en tratamiento psicológico y que, según su progenitor, "está bien", aunque cargó contra el médico que prescribió viagra al detenido.


Es una noticia de:
LA VANGUARDIA.ES

Gallizo afirma que algunas operaciones contra el terrorismo islamista surgen del trabajo que se hace en las cárceles

La directora de Instituciones Penitenciarias afirma que “no representará ninguna dificultad” repartir a los procesados del 11M en distintos centros


Estrella Digital/Ep

Madrid

Mercedes Gallizo La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, afirma que algunas operaciones policiales contra el terrorismo islamista han tenido que ver con el trabajo que se hace dentro de las cárceles. En cuanto al proceso a los islamistas que resulten condenados por los atentados del 11M aseguró que "no representará ninguna dificultad" para el sistema penitenciario repartirlos en distintos centros y mantenerlos en módulos de aislamiento.

Gallizo ha expresado en repetidas ocasiones que el control del islamismo radical dentro de las cárceles ha sido una de sus grandes preocupaciones desde que llegó al cargo.

En declaraciones a Europa Press, la directora de Prisiones revela que "algunas de las operaciones policiales que se han realizado han tenido que ver con el trabajo que se hace dentro de la institución", de modo que la información obtenida dentro de las cárceles se puso en manos de las Fuerzas de Seguridad y éstas avanzaron en esa dirección hasta culminar en diferentes operativos.

El principal golpe al terrorismo islamista vivido en el interior de las cárceles se produjo durante las dos fases de la "Operación Nova", que sumaron trece arrestos en el interior de las cárceles. Sin embargo, desde el 11M la suma total de detenidos en el interior de las cárceles asciende ya a 32.

"Fue una enseñanza de las consecuencias de no tener una política de control sobre aquello que representa un riesgo. De la "Operación Nova" aprendimos mucho todos. Yo me encontré con los efectos de esta situación, que se había producido y detectado antes incluso del 11M", afirma Gallizo.

Crítica al PP

En su crítica a la actuación del Gobierno del PP en esta materia, Gallizo asegura que descubrió "con cierto asombro" que no había "elementos de control suficiente para evitar que estos hechos se produjesen", en referencia, por ejemplo, a la inexistencia de traductores de árabe.

En este sentido, Gallizo rememora cómo al llegar a la Dirección General quiso recabar información de las grabaciones a los internos islamistas, pero encontró que sólo se conservaban unas pocas. "Se grababan las conversaciones de los internos que estaban condenados por terrorismo radical con una base yihadista, pero nadie escuchaba las cintas, ni las traducía, porque no había traductores de árabe. Las cintas se conservaban un tiempo y luego se grababa encima porque, si no las traducía nadie, para qué se querían conservar", detalla.

Además de los traductores, Gallizo ordenó que el control sobre los islamistas radicales se extendiese "más allá de las personas" condenadas por terrorismo yihadista, ya que, como puso de manifiesto la "Operación Nova", éstos realizaban labores proselitistas con otros internos de confesión musulmana condenados por delitos comunes. Por la adaptación a esta nueva forma de trabajar y el esfuerzo suplementario que supone, Gallizo traslada su agradecimiento y felicitación a los funcionarios de Prisiones.

Ubicación de los procesados por el 11M

Por otro lado, Mercedes Gallizo explicó que repartir por distintos centros a los procesados por el 11M que finalmente resulten condenados el próximo otoño y mantenerlos en módulos de aislamiento "no representará ninguna dificultad" para el sistema penitenciario. "La sobreocupación de los centros no es un elemento que les vaya a influir porque estarán ubicados, dentro de las prisiones, en módulos determinados que tienen un sistema de control más estricto, de régimen cerrado, sin contacto con el resto de los internos y siempre sometidos a vigilancia", resume Gallizo.

Está previsto que el próximo mes de septiembre, o nunca más tarde de octubre, se conozca la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los 29 procesados por los atentados de Madrid. Durante el desarrollo del juicio, los procesados han estado repartidos por los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, como ocurre habitualmente con las personas que están siendo juzgadas en la Audiencia Nacional, y se han visto sometidos a constantes traslados de uno a otro centro por motivos de seguridad mientras se ha celebrado el juicio.

Paliza a "Abu Dahdah"

La directora de Prisiones reconoce que el incidente con Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido como "Abu Dahdah", en la cárcel de Castellón, hizo a su departamento "replantearse" ubicar a presos de la proyección mediática del citado "en centros que tengan módulos de aislamiento determinados".

Abu Dahdah recibió una paliza de presos comunes al día siguiente de ingresar en la cárcel de Castellón, mientras esperaba que se dictase sentencia contra él como líder de la primera célula de Al Qaeda en España y después de que su imagen se hubiese repetido en televisión constantemente en los días anteriores.

"Nosotros tenemos un trabajo suplementario a todos los que tenemos, que son muchos, y es el de proteger a las personas cuya actividad delictiva ha tenido una repercusión pública y, por tanto, pueden estar sometidos a agresiones y otros tipos de incidencias. También ahí tenemos establecidos protocolos de actuación para que eso no se produzca", afirma la directora de Prisiones.

19 agosto 2007

VIOLACIÓN / REINCIDENTE 17 AÑOS DESPUÉS
Andrés no tiene cura
«EL VIOLADOR del chándal» fue un preso modelo: redujo pena por buena conducta, salió y formó una familia. Estaba rehabilitado... Hasta que reapareció
ANIBAL MALVAR
«SOY INOCENTE». El «violador del chándal» jura que es inocente: «Por mi familia». / EFE
«SOY INOCENTE». El «violador del chándal» jura que es inocente: «Por mi familia». / EFE

Andrés Mayo es un enfermo muy inteligente. Tanto que, según fuentes de la investigación, sabe que es un enfermo: él era consciente de que iba a reincidir. Y organizó su vida de forma que su pasado se diluyera en el olvido. Nueva ciudad, nuevo trabajo, una decente familia tapadera... y un conocimiento exhaustivo del modus operandi de la policía para no pasar nunca más por el talego.

Los agentes del Servicio de Atención a la Familia (grupo que organizó su seguimiento y practicó su detención) no pudieron sospechar que en A Coruña vivía un violador en serie hasta la cuarta agresión de este año. Tampoco tenían noticia de que el violador del chándal -que sembró el terror hace más de tres lustros en León y Oviedo- viviera en A Coruña. España, dicen los agentes, es uno de los pocos países del primer mundo que no cuenta con un fichero de agresores sexuales. «A pesar de que todos, y digo todos, reinciden».

La policía no sabe dónde está Alejandro Rodríguez Sangul, el violador del Ensanche (40 años, 16 de ellos en prisión cumplidos por otras tantas violaciones). Ni sabrá dónde se encuentra, cuando salga, José Rodríguez Salvador, el violador del Valle de Hebrón, que saldrá el 22 de septiembre tras cumplir 17 años de prisión por la violación de 14 mujeres. Espera en tres semanas su libertad en la cárcel barcelonesa de Quatre Camins.

-...Y digo todos, reinciden.

Andrés Mayo tardó en reincidir. Su primer desliz de esta nueva etapa lo tuvo en enero. Cuando su mujer, Sara, estaba en el tercer mes de gestación de su segundo hijo. «Juro por Dios y por mi familia que no hice nada», gritó el violador del chándal a los periodistas cuando salió el pasado martes de la rueda de reconocimiento en la que siete coruñesas lo intentaron identificar.

El violador del chándal fue condenado en 1991 a 106 años de cárcel por agresiones (sólo cuatro consumadas sexualmente) a 11 mujeres en León y Oviedo. El viejo Código Penal le permitió cumplir tan sólo 12 años y salir en 2002. Tenía 22 años cuando lo encerraron. Herminia Suárez, abogada que actuó como acusación particular entonces, rememora su interpretación ante el juez: «Recuerdo su aspecto en el juicio. Era el de una buena persona». Hoy tiene 39, y mantiene su aspecto de grandón agraciado y buen chico.

Así se le consideraba en la comunidad de vecinos donde vivía, el número 41 de la urbanización Novo Mesoiro, un barrio recién erigido, ciudad dormitorio, poblado afuerino coruñés habitado de parejas jóvenes que se asombrillan en la protección de la Xunta para adquirir una vivienda digna por 120.000 euros. Requisitos para recibir la subvención: tener menos de 35 años y un trabajo estable.

Andrés Mayo lo tiene. En la empresa Pedralar: balaustradas, cornisas, chimeneas, arte funerario, encimeras, escaleras, lareiras. Durante la docena de años que pasó en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) frecuentó el taller de metalurgia y así consiguió capacitación para integrarse en la firma. Su comportamiento en la cárcel fue magnífico: ni una sola nota informativa. Se sometió a un curso pionero de rehabilitación de agresores sexuales. Un buen chico. De los 106 años de la sentencia, tendría que haber cumplido 20, que se quedaron reducidos a 12 en virtud de sus muchas virtudes demostradas en prisión.

También era un buen chico ante Sara, su actual mujer. La conoció en 2000. Desde 1997, la dirección de la prisión de Mansilla permitía al buen chico salir de permiso. Tuvo 10 entre ese año y el de su excarcelación en 2002. Andrés no le ocultó nunca su condición de presidiario a Sara. Ni el porqué de su encarcelamiento. Ella tenía 18 años. Una chica atractiva. De buena familia. Tradicional. Tanto que, cuando acepta casarse con Andrés en 2001, lo quiere hacer con la bendición eclesiástica.

Pero la Iglesia, a los presos, les demanda una serie de requisitos para contraer matrimonio. Se exige un expediente de libertad y otro de soltería. La familia de Sara presionó a la curia para evitar el enlace. El Obispado de León apoyó a la familia y no hubo boda. Hasta que, en 2003, Andrés ya en libertad, ella se quedó embarazada de una niña.

Andrés Mayo buscó trabajo. Fácil. Da igual que la condena sea por pintar una portada de El jueves o por violar a 11 mujeres. Los empresarios se benefician de una exención de la cuota patronal, de entre el 90 y el 99%, de la contribución a la Seguridad Social cuando contratan a ex presidiarios.

-En ese caso, es falso que la policía desconociera el paradero del violador del chándal.

-No necesariamente -responde un funcionario de prisiones.

-Tendrá que constar su dirección en la solicitud de empleo.

-Todos dan domicilio. Pero casi siempre falso. Nadie controla esto.

Nadie lo controla. No existe base de datos de agresores sexuales en España. Por eso a la Policía coruñesa le costó tanto pensar en un violador en serie. Pero alguien recordó que, a finales de los 80, las víctimas leonesas y asturianas del violador del chándal hablaban de manos grandes. Las cuatro primeras víctimas coruñesas también hablaron de manos grandes...

SIN CHANDAL

Al agente se le ocurrió pensar en aquel Andrés Mayo. Y encontró una dirección. Novo Mesoiro 41, A Coruña. Blanco y en botella. A mediados de julio se estableció un seguimiento del sospechoso durante las 24 horas. Aburrió a los agentes moviéndose de su empresa a casa y de casa a la empresa. Pero llegó el fin de semana. Y la rutina cambió. Ya no vestía chándal. Ropa informal y cómoda. Lo intentó con una chica hace dos semanas. Y eso precipitó su detención. Pero la víctima que lo llevó a la cárcel no lo ha denunciado. Y en la rueda de reconocimiento del martes, de las siete mujeres citadas sólo cuatro lo identificaron de forma inequívoca.

Andrés Mayo, chico listo, fue excarcelado en 2002 con la opinión en contra del director de la prisión y del director médico. Pero el psicólogo, el educador y el subdirector -resto de componentes de la comisión penitenciaria- dijeron que estaba preparado para ser libre.

Y lo fue. Se casó con Sara. Tuvo una hija en 2004 y encontró trabajo. Compró piso hace año y medio y ganaba suficiente para ofrecer tratamiento a su hija aquejada de una dolencia visual. Un hombre normal. «Venía a las reuniones de vecinos y era un tío simpático», dice uno de los inquilinos de Mesoiro 41.

El chico listo nunca actuaba en su barrio. Como era listo, tampoco usaba el mismo modus operandi por si acaso. Nada de chándal y nada de meter a las chicas en garajes o portales, como en los viejos tiempos. Andrés Mayo seguía la prensa. Sabía lo que se había escrito de él y, cuando los periódicos empezaron a informar sobre la sucesión de agresiones, cambió de zona y espació los intentos. Durante un mes, más de una docena de agentes se desesperaron esperando nada delante de su puerta. Hasta que agredió a Ana. Pero Ana -nombre supuesto- no ha querido denunciar. Como tantas mujeres objeto de violación. Ahora el chico bueno está en la enfermería de Teixeiro porque Instituciones Penitenciarias tiene miedo a que se suicide. Amenazó con lo mismo cuando ingresó en 1990 en Mansilla. Andrés Mayo, chico listo, ya sabe lo que les ocurre a los violadores en prisión...

MANUEL VEGA ALOCÉN - Director del Centro Penitenciario de Eivissa y Formentera
«La solución de la criminalidad está en la prevención primaria»

«La rotación de nuestro personal alcanza el 80% cada año. Es una salvajada» «Los funcionarios de prisiones somos los grandes desconocidos de la sociedad española. La gente, además, tiene la imagen de las películas americanas de trabajadores represores y torturadores y nada más alejado de la realidad.


ELENA SÁNCHEZ

EIVISSA.- Con una formación académica de infarto, Manuel Vega Alocén (Madrid, 1963), es el nuevo director del centro penitenciario de Eivissa y Formentera desde el pasado 20 de junio. El centro le es «familiar» y dice que lo conoce «perfectamente» porque ya lleva tres años trabajando en él. Confiesa que el objetivo principal desde su cargo en una cárcel que califica de «nada conflictiva» es mejorarla en todos los aspectos con el fin de que los internos puedan reinsertarse una vez fuera. En julio, agosto y septiembre, el centro que ahora dirige el madrileño Vega Alocén, sufre, como muchos otros servicios en la isla, overbooking.

PREGUNTA.- ¿Cómo se ha encontrado la prisión desde la toma de cargo de director a nivel general?

RESPUESTA.- Pues la he encontrado bien. Llevo trabajando en ella tres años y la conozco perfectamente. Mi objetivo es continuar con la política del anterior director, haciendo lo posible por mejorar el centro e incrementando la actividad del tratamiento para la rehabilitación social del preso que es, una de las prioridades de los funcionarios de prisiones.

P.- Hábleme de cifras. ¿Cuántos internos acoge el centro penitenciario en la actualidad?

R.- A fecha 15 de agosto tenemos en el centro a 140 internos, de los cuales 86 son penales, lo que representa el 61,4% de la población. Por otra parte, hasta 54 son preventivos, que supone el 38,6%. Dentro de los penales hay que destacar que están clasificados por primer grado segundo grado y tercer grado. En primer grado, que para entendernos son los malos, no hay ninguno. En esta prisión, aunque reúne los requisitos de seguridad, se traslada a los internos cuando llevan más de un año aquí. Generalmente van a Palma. En segundo grado, tenemos a 36 internos, lo que representa el 32% del total. En tercer grado están los internos que hacen vida en libertad, aunque duermen en la prisión y son 25, el 22%. Un porcentaje que hay que destacar porque la media española es del 12% y lo que la Dirección General quiere potenciar a toda costa es el tercer grado como una de sus políticas prioritarias.

P.- El centro dispone de un módulo para mujeres. ¿Cuántas internas hay?

R.- Hay 16. Es un número alto, lo normal es que haya una media de ocho y normalmente no supera la decena.

P.- Imagino que una de las peculiaridades del centro penitenciario de Eivissa es el alto número de internos extranjeros.

R.- Efectivamente. En verano se incrementa el número de extranjeros. Tenemos un número muy alto, hasta 63, que supone un porcentaje del 45% cuando la media española está en el 32%. Pero por las características de Eivissa, es lógico.

P.- Un rotativo británico anunciaba hace unas semanas que Eivissa, junto con una isla griega y otra chipriota tenían el récord de internos británicos en sus cárceles. ¿Qué tiene esto de cierto?

R.- Pues ahora mismo tenemos representados 15 países en nuestra prisión. Hay 19 internos de Marruecos, 15 de Italia, cinco de Colombia, otros cinco de Rumanía, cuatro de Argelia y dos de Reino Unido, pero son cifras que varían mucho. Eso sí, se mantienen los marroquíes, que siempre están a la cabeza.

P.- ¿Y los delitos más frecuentes?

R.- Los más comunes son los delitos contra la salud pública, con 37 casos, lo que representa el 39,8%, seguido por los 36 casos de robo, el 38,7%. Después vienen los delitos de violencia doméstica, que hay 11, un 11,8%; homicidios, ocho y lesiones, siete, por citar los delitos más representativos.

P.- ¿Es un centro conflictivo?

R.- Nada, nada. No es conflictivo, sino más bien tranquilo. Nuestros peores meses son julio, agosto y septiembre. Cuando la isla se vacía, la prisión también lo hace. Hay delitos que son de poca entidad y los internos van superando las condenas. Los que soportan penas largas suelen ser trasladados. Eso sí, el movimiento en esta cárcel es continuo. Por otra parte, normalmente los internos que han cometido delitos contra la salud pública o por hurtos suelen pagar una fianza y si pueden hacerse cargo de la cifra, vuelven a sus países a la espera de la celebración del juicio. Otro aspecto

que tenemos en cuenta antes del traslado es su relación familiar. Si es gente de Eivissa los dejamos aquí porque tenemos muy en cuenta la vinculación familiar.

P.- ¿Cuáles son las características de este centro en comparación con otros españoles?

R.- Es un centro pequeño en el que las medidas de seguridad no son tan grandes como en las prisiones que se denominan tipo. La prisión tipo en España es la de Soto del Real, en Madrid, inaugurada en 1995. Todas las hechas con posterioridad son muy parecidas o prácticamente iguales, lo que ha provocado que no haya habido ninguna fuga. La nuestra es pequeñita, se inauguró en el año 84.

P.- Si el centro fue construido antes de que se pusiera en marcha esta prisión tipo quizá sea más fácil fugarse. ¿Han tenido problemas con esto?

R.- Tuvimos una fuga recientemente, el pasado 29 de junio. Un interno se intento fugar pero no paso del muro del modulo ya que la Guardia Civil lo pilló a tiempo. Aprovecho la ocasión para decir públicamente que hacen una gran labor. Desde que el brigada Juan Manuel Medina se ha hecho cargo del mando ha mejorado notablemente tanto la seguridad como los traslados.

P.- ¿Se ha puesto en marcha en Eivissa el control telemático? ¿Cómo está funcionando?

R.- De los 25 internos en tercer grado, ocho están bajo control telemático, aplicando el artículo 86.4 del reglamento penitenciario. Se trata de lo más audaz que tiene la institución ahora mismo. Ocho personas con pulseras hacen una vida de lo más normal, hasta duermen en su casa. Es un sistema que funciona bastante bien. Ocurre que se está produciendo un fenómeno y la sociedad no le está dando cuenta. Es el concepto de prisión abierta, que está dejando de lado al de prisión cerrada. Por supuesto es un paso paulatino pero ya se nota tanto en la legislación como en la práctica diaria y ayuda al interno a una reinserción más rápida y eficaz.

P.- Ya que me habla de reinserción. ¿Es posible?

R.- Pues es un problema difícil de resolver. Está claro que cuando el Derecho Penal interviene se trata de una intervención tardía porque el delito ya se ha cometido. La realidad es que es complicado retractar a personas mayores, sin embargo, resulta mucho más fácil con los jóvenes. La solución de la criminalidad está en programas de prevención primaria. Hay que fomentar la buena educación en las escuelas, formar a buenos maestros y considerar la importancia de las familias. Es una labor alargo plazo.

P.- Uno de los problemas en la isla es el déficit de profesionales. ¿Ocurre lo mismo en el centro penitenciario?

R.- Al respecto del personal el problema al que nos enfrentamos es la rotación, que alcanza el 80%, lo que es una salvajada. Esto es, que de cada 100 trabajadores, 80 cambian anualmente, lo que dificulta el trabajo. El problema fundamental es que la gente no quiere trabajar en Eivissa porque el plus de insularidad no es el mismo que en Canarias. Si tienen que abandonar la Península prefieren ir a Ceuta, Melilla o Canarias. El último lugar que eligen es Baleares y los que vienen lo hacen pensando de antemano que en breve se van a ir. Esta rotación complica la actividad diaria del centro, sobre todo el trabajo de oficina con programas informáticos definidos, sin desmerecer, eso sí, el de vigilancia, que por supuesto es importantísimo.

P.- ¿Cuánto personal trabaja actualmente en el centro?

R.- Ahora hay 99 funcionarios. Faltan siete interinos que cesaron sus contratos y hasta septiembre no se incorporarán.

P.- Una parte importante dentro de un centro penitenciario son las actividades que se llevan a cabo con los internos. ¿Qué se está llevando a cabo?

R.- Pues tenemos una oferta variada. Tenemos permanentes dos talleres de manualidades y cerámica que llevan a cabo los educadores del centro. Hay un taller de vídeo forum y otro de animación a la lectura. Desde hace meses están redactando la revista 'Paso a Paso' de periodicidad trimestral. Tenemos atención a drogodependientes dos veces por semana; la Asociación de Lucha Contra el Sida, Alas, imparte cursos de educación para la salud; Proyecto Hombre desarrolla programas de deshabituación de drogas y Cruz Roja realiza programas de sobre drogas y talleres de habilidades sociales y teatro. He de agradecer a todas las organizaciones y entidades que colaboran de manera desinteresada, así como al Club Náutico de Sant Antoni que nos deja a los monitores y sus instalaciones gratuitamente cuando hacemos salidas, así como a la empresa de transporte Ibiza Tours que nos ofrece los desplazamientos.

También tenemos un convenio con el Consell para actos deportivos y culturales y con la Asociación Pitiusa de Familiares de Enfermos Mentales, Apfem que nos proporcionan su monitor de cerámica.

P.- ¿Cómo están las instalaciones de la prisión de Eivissa?

R.- Están impecables porque hace cuatro años que venimos haciendo obras y reformas. Es una de nuestras prioridades también. Ahora están trabajando en los patios, se va a empezar una reforma de la planta baja de los módulos, éstos se están pintando…

P.- ¿Qué tiene de cierto esa imagen sórdida de los directores de prisiones?

R.- Me gustaría aclarar esa mala fama que tenemos, no sólo por mi figura sino por todos los funcionarios de prisiones. Son los grandes desconocidos de la sociedad española. La gente tiene la imagen de las películas americanas de funcionario represor y torturador y nada más alejado de la realidad. El funcionario de prisiones está muy cualificado, sobre todo el de vigilancia y más de la mitad son titulados que cuentan con una gran preparación.

18 agosto 2007

Interior extrema las medidas de protección de los funcionarios de prisiones

El Ministerio del Interior ha extremado las medidas de protección de los funcionarios de prisiones ante el riesgo de que ETA se haya fijado como objetivo atentar contra este colectivo, golpeado ya en otras ocasiones por los terroristas.

COLPISA, Melchor Sáiz-Pardo

El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, ha remitió un télex a las direcciones adjuntas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el que alertó de la posibilidad de que la banda trate de atacar “durante el itinerario” de algún convoy de los que llevan a los trabajadores penitenciarios a los centros. En ese mismo documento dispuso que se establecieran nuevas medidas de seguridad para proteger estos traslados.

La circular de Camacho fue redactada el 8 de junio, sólo dos días después de que el etarra Ignacio de Juana Chaos volviera a la cárcel de Aranjuez por orden del Ministerio del Interior tras haber estado recuperándose en un hospital de San Sebastián de su huelga hambre. El escrito fue entregado a las fuerzas de seguridad apenas 48 después de que la banda armada diera por terminado su alto el fuego permanente. La alerta antiterrorista sobre los funcionarios de prisiones también coincidió con el décimo aniversario de la liberación de José Antonio Ortega Lara.
Tras las instrucciones de Interior, policías y, sobre todo, Guardia Civil han reforzado las escoltas durante los traslados de funcionarios y se han intensificados los controles e inspecciones en las inmediaciones de las prisiones y en las carreteras de acceso a los centros penitenciarios.

Efectivos de los servicios de Información han establecido por su parte dispositivos de contravigilancia para detectar posibles informadores etarras en los itinerarios de los trabajadores.
Según han informado esta semana responsables penitenciarios, la dirección de prisiones ha renovado también las instrucciones sobre autoprotección para los funcionarios y ha recordado la necesidad de variar rutinas y de estar vigilantes ante personas sospechosas en las cercanías de los domicilios privados y de las cárceles.

Sin traslados

Varios informes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil elaborados en los días previos a la ruptura del alto el fuego y después del anuncio del fin de la tregua han puesto el acento en la posibilidad de que ETA atenten contra este colectivo.

Los analistas de Interior, que reconocen no tener datos concretos sobre la preparación de un atentado concreto, apuntan a que la banda terrorista pueda golpear a los funcionarios de prisiones como forma de mostrar su enfado después de que el Gobierno, durante los catorce meses de alto el fuego, no haya hecho un solo gesto en política penitenciaria, tal y como le reclamaban los terroristas. En ese periodo, Interior se negó a acercar presos etarras a cárceles del País Vasco, un movimiento que, según los servicios de Información, esperaban los terroristas.

No obstante, los responsables de las fuerzas de seguridad insisten en que la alerta está “directamente relacionada” con el ‘caso de De Juana’ y con amenazas del entorno de ETA a funcionarios, vertidas sólo horas después de que el etarra volviera a prisión.
Los avisos sobre la protección de los funcionarios de prisiones no han sido los únicos tras la ruptura del alto el fuego. Las direcciones de Policía y Guardia Civil han remitido diversas circulares. La última nota distribuida data del 29 junio cuando el director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, distribuyó un télex en el que ordenaba también extremar las medidas “de autoprotección de los funcionarios policiales (...) ante la posibilidad de que pueda llevase a cabo alguna acción terrorista”.

Es una noticia de:
DIARIDETARRAGONA.COM

09 agosto 2007

JUAN CARLOS CARRILLO DIRECTOR DE LA PRISIÓN CACEREÑA
«El Centro Penitenciario de Cáceres no es de carácter conflictivo»
La prisión cacereña tiene más de 500 reclusos y próximamente contará con un nuevo Centro de Inserción Social (CIS), cuyas obras se retrasan a la espera del nuevo Plan de Urbanismo
ALGUNAS CIFRAS
Total reclusos: 537.Mujeres: 12.Terroristas: 5 etarras.Extranjeros: un tercio de la población reclusa.Extremeños: Más del 50%.
El Centro Penitenciario de Cáceres funciona desde hace dos meses bajo el mando de un nuevo director, Juan Carlos Carrillo, de 39 años, originario de Villafranca de los Barros. Carrillo, que viene de dirigir la prisión de Ibiza, sucedió a Esteban Suárez. Se licenció en Derecho en Cáceres y realizó sus prácticas en el Centro para jóvenes, Cáceres II, hoy ya reunificado en un sólo penal, en el Departamento de Organización Interna en los años 1994 y 1996. «Estoy muy contento de volver, Cáceres es una ciudad muy bonita y me gusta bastante», afirma Carrillo quien resalta la escasa conflictividad del centro cacereño, la mayoría de la población reclusa responde a a delitos contra la salud pública y ya hay un apreciable aumento de los delitos de malos tratos.
Respecto de la construcción del esperado nuevo Centro de Inserción Social (CIS,) explica que las obras se están retrasando a la espera del nuevo Plan de Urbanismo.El curriculum de Carrillo englosa cárceles cómo la de Lanzarote y Mallorca, en puestos de administrador y coordinador. Fue en su último destino, Ibiza ,donde ocupaba el puesto de coordinador y pasó a ostentar el de director de esa prisión, hasta hace dos meses, cuando tomó posesión de su nuevo cargo en Cáceres. «Me he encontrado una prisión muy cambiada, las infraestructuras han mejorado mucho, en general me he llevado buena impresión».
La situación en el penal cacereño esta marcada, como el resto de las prisiones, por «un problema de sobreocupación pero no de hacinamiento». Existen un total de 537 internos, de los cuáles el 60% son de carácter preventivo y el restante, un 40%, penados, la mayoría de ellos en segundo grado.Tercer gradoEn régimen de tercer grado hay un total de 30 internos que conviven en el Centro de Inserción Social (CIS). «En este penal no existen internos de primer grado, considerados los más conflictivos», afirma el director.Un tercio de la población reclusa en la capital cacereña son extranjeros, y tan sólo 12 mujeres englosan el total de los 537 internos.
Los presos de origen extremeño (son bastante más del 50%) están en su mayoría en las cárceles de la región: «la mayoría son trasladados hasta la región, existen pocos internos fuera de Extremadura, se tiene en cuenta su arraigo familiar». Cinco son los presos pertenecientes a la banda terrorista ETA en estos momentos en el centro.
En el penal cacereño no hay ningún menor. La ley especifica que tienen que existir módulos en condiciones especiales, como el de Aranjuez, donde hay un módulo mixto para parejas con niños menores de tres años. La mayoría de los reclusos son de mediana edad, tan sólo 30 internos en el tramo de edad de 18 a 26 años, y cinco internos mayores de 65 años.
Casi el 90 por ciento de la población reclusa cacereña responde a delitos contra la salud pública y contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Respecto a la actual situación de las obras del nuevo Centro de Inserción Social, ubicadas frente al penal, Carrillo explica: «Están paradas por la revisión del Plan Urbanístico de Cáceres, es un trámite que no nos compete a nosotros, nos gustaría construir el CIS lo antes posible».Carrillo concluye: «Me gustaría recalcar el buen funcionamiento del penal cacereño, existe un bajo índice de conflictividad y todo ello es debido a la profesionalidad del funcionariado que aquí desarrolla su labor.
La cárcel, al igual que otras administraciones públicas, también es un servicio que realizamos para la comunidad».Respecto de la situación nacional cabe señalar que sólo en los dos últimos años la población penal española ha crecido en 4.000 reclusos, poniendo al límite la capacidad de los centros penitenciarios.España ha conseguido ser el país de la Unión Europea con la tasa más alta de encarcelados. «Habría que diferenciar las tasas de encarcelamiento de las de criminalidad, es cierto que España tiene un alto índice de encarcelados pero no es de los primeros en índices de criminalidad», afirma Carrillo, quien añade: «Somos el primer país de Europa con el mayor índice de internos. Por cada 100.000 habitantes hay 146 presos, sin embargo tenemos una tasa baja de criminalidad en la media europea, esto quiere decir que en otros paises de Europa con mayor criminalidad se encarcela menos».Debido a esta situación el Gobierno ha diseñado un Plan con soluciones intermedias, denominado Plan de Infraestructuras Penitenciarias.
El director del penal cacereño hace mención a otro tipo de medidas que se aplican en el centro cacereño, como la libertad vigilada, libertad controlada por medios telemáticos o suspensión de condenas, potenciándose así el régimen de medio abierto. En estas nuevas medidas se incluiría la construcción de éstos módulos prefabricados, denominados Tipo.

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Hoy Digital

08 agosto 2007

Andalucía tiene las cárceles más pobladas

Andalucía tiene el 21% de los presos de España. Con 14.000 presos, tiene el 21 por ciento de los reclusos del país.Le sigue Cataluña, con 9.300, y Madrid con 8.500.
Andalucía aglutina en sus centros penitenciarios más de 14.000 reclusos de los 66.000 totales del cómputo nacional, lo que la convierte en la comunidad con mayor población presa, muy por encima de Cataluña, que contabiliza unos 9.300, o de Madrid, que suma cerca de 8.500.
Así se desprende de los datos que ofrece, a fecha 27 de julio de 2007, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en su página web , en la que precisa que del total de 14.296 reclusos de los centros andaluces, 11.013 eran presos penados y 3.283 preventivos.
Estas cifras ponen de manifiesto un progresivo aumento en la población reclusa andaluza, ya que en enero la comunidad contabilizaba 13.681 internos, 13.829 en febrero, 13.857 en marzo, 14.011 en abril y 14.126 en mayo, lo que refleja que en todos los meses analizados se produjeron incrementos en su número.
Estas cifras ponen de manifiesto un progresivo aumento en la población reclusa andaluzaDurante el primer semestre de 2007, los seis centros andaluces equiparables respecto a tamaño y capacidad, ubicados en Granada, Algeciras (Cádiz), Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, contabilizaron un total de 10.845 internos.
A estas cifras hay que sumar las de otras instalaciones penitenciarias de menor tamaño ubicadas en el Puerto de Santa María (Puerto I y II), en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y las correspondientes al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

De entre los grandes centros penitenciarios andaluces, el Provincial de Granada, ubicado en el municipio de Albolote, con un total de 1.883 internos fue la cárcel con mayor número de presos y la única de la comunidad cuya población reclusa creció mes a mes durante el primer semestre de 2007.
La cárcel granadina, según datos de este centro, contaba a principios de año con 1.705 reclusos y su ocupación creció en los meses sucesivos hasta situarse a finales de julio con 1.883. Esta cifra la situó como el centro andaluz que más presos aglutinaba a finales del primer semestre del año, por encima de las prisiones de Málaga, que en esas fechas contaba con 1.846 internos.
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20minutos.es/SEVILLA

06 agosto 2007

El PP pide en el Congreso que la vigilancia de los presos en las cárceles se encargue a funcionarios del mismo sexo
El PP ha presentado un proposición no de ley en el Congreso en la que solicita al Gobierno que articule planes de trabajo en las cárceles para que en los puestos de trabajo de vigilancia directa de los reclusos siempre haya funcionarios del mismo sexo.
Según argumenta, la "diferenciación" en las escalas masculina y femenina permitirá garantizar la "seguridad" en el trabajo de los funcionarios y también salvaguardar el derecho a la intimidad de los presos.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido de Mariano Rajoy recuerda que la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres incluye una disposición adicional que establece la unificación de la escala masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Esa unificación, explica el PP, está "provocando la protesta de las trabajadoras de prisiones" por dos razones. En primer lugar, porque "atenta contra el derecho a la intimidad de los internos", ya que éstos se encuentran recluidos dentro de los módulos residenciales en las prisiones, siendo la celda su lugar de residencia y en la que se desarrollan sus actividades íntimas, "con lo que la presencia de funcionarios de distinto sexo perturbará el buen funcionamiento de su vida en prisión".EVITAR POSIBLES AGRESIONES SEXUALES DE INTERNOS.En segundo lugar, el Grupo Popular señala que la presencia de trabajadoras de distinto sexo en actividades íntimas de los internos "puede causar problemas graves de seguridad, propiciar denuncias falsas contra el derecho a la intimidad, así como agresiones sexuales y físicas por parte de los internos".
Por todo ello, y tras recordar la denuncia que han realizado los funcionarios afectados, el PP insta al Ejecutivo en esta proposición --que se debatirá en comisión-- a dictar los reglamentos oportunos que recojan la articulación de los planes de trabajo en prisiones, la diferenciación de escala masculina y femenina en los puestos de trabajo de vigilancia directa con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad en el trabajo de los funcionarios".
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ATB. Noticias.es

Sin compensaciones no quieren carceles en la comunidad valenciana

La falta de compensaciones complica la ubicación de otra cárcel en la Comunitat
Los alcaldes de Albocàsser y Picassent aseguran no haber recibido ni un euro de la Administración por albergar un establecimiento penitenciario.

Cientos de vecinos se manifestaron en Albocàsser para protestar por la ubicación en el municipio de una prisión.

La búsqueda de un municipio donde se ubique la nueva prisión prevista por Instituciones Penitenciarias para la Comunitat se antoja complicada, debido a que la Administración no ofrece ninguna medida compensatoria a las localidades que finalmente acepten albergar este tipo de instalaciones. Así lo confirmaron tanto el alcalde de Albocàsser -donde el centro todavía está en obras y no se espera tenerlo acabado antes de final de año- como la alcaldesa de Picassent, quienes reconocieron que los ayuntamientos no reciben ni un euro del erario público en este concepto.
“La empresa constructora nos ha pagado durante un par de años 3.000 o 4.000 euros, y después también es posible que podamos pedirles algo más”, precisó Antonio Querol (PP), máximo responsable municipal de Albocàsser, quien negó haber recibido ayudas públicas.La alcaldesa de Picassent, Conxa García (PSPV), coincidió con su homólogo castellonense sobre la ausencia de ayudas encaminadas a compensar el riesgo que supone tener un establecimiento penitenciario dentro de su territorio, “ya que es considerada una obra social”. Promesas sin cumplir Fuentes de su gabinete destacaron, además, que sí se han producido intentos a lo largo de estos años para acordar algún tipo de contraprestación, aunque sin éxito.
Desde el momento en que se supo que en Albocàsser se construiría una nueva prisión, un fuerte movimiento vecinal se manifestó en contra de este proyecto. Antonio Querol aseguró entonces estar negociando con las diferentes administraciones posibles compensaciones, entre las se encontraban la construcción de una carretera hacia la costa, la puesta en marcha de un módulo de bachillerato o actuaciones en rehabilitación de patrimonio.
El alcalde, al ser cuestionado sobre las compensaciones recibidas, no hizo referencia a ninguna de estas medidas. En estos momentos, lo único que se está estudiando en este sentido es crear un partido judicial en la localidad, una petición apoyada incluso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Valenciana, Fernando de la Rúa. El que fuera concejal del PSPV en el municipio, Felip Beltrán, afirmó que aquellas promesas “no se han hecho realidad”. “Cuando nos opusimos a la instalación de la prisión en Albocàsser fue precisamente porque se aceptó todo sin negociar”, justificó.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias subrayaron los “múltiples e importantes beneficios” que proporcionan las cárceles a aquellas localidades en las que se establecen, una conclusión “que se ha demostrado” en los lugares que ya acogen un centro de este tipo.
El máximo responsable en el Ayuntamiento de Albocàsser se mostró de acuerdo con esta afirmación: “El pueblo estaba muerto, y sin embargo ahora la gente ve que aquí se está moviendo todo. Si invierten es gracias a la prisión”.Una nueva cárcel Según fuentes municipales, los ingresos en concepto de licencias de obra han aumentado de forma notable y las promociones urbanísticas se han disparado. El alcalde incluso llegó a pronosticar que el pueblo duplicará su población, aunque por ahora el número de habitantes es el mismo que hace cuatro años (unos 1.370, según datos del INE).
La alcaldesa de Picassent, por su parte, dijo desconocer los beneficios que le ha supuesto la instalación penitenciaria al municipio. La búsqueda de una localidad (preferentemente de la provincia de Valencia) dispuesta a acoger una nueva prisión que ayude a aliviar la masificación de las cárceles valencianas continúa todavía. Según el sindicato Acaip, los centros de la Comunitat han pasado de albergar a 4.161 reclusos en el año 2000 a los más de 6.000 de hoy en día, lo que refleja un aumento del 50%.
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, anunció a principios de 2006 su deseo de encontrar ubicación para una nueva cárcel en la provincia de Valencia. Ya en 2007, Gallizo lamentó las reticencias de los municipios a albergar una prisión, e incidió en que su oposición se debía al desconocimiento de los “grandes beneficios” que éstas aportan.Esta dificultad ha sido combatida en Cataluña (la única autonomía con competencia en esta materia) con la aportación de ayudas económicas a los ayuntamientos afectados o con la oferta de trabajo para los vecinos en sus instalaciones. El propio subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, reconoció de forma implícita el riesgo que conlleva un centro penitenciario tras criticar al PP por no mejorar el acceso al centro penitenciario. “Nosotros garantizamos la seguridad de los vecinos de Albocàsser y sus alrededores en el caso de que deban realizarse traslados de presos entre este municipio y la capital de la provincia”, defendió.
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Las provincias.es


Se aplaza la licitación del Centro de Inserción Social para Santander
Las obras, previstas en el proyecto cerca del puerto, habían salido a concurso por 6,7 millones de euros pero se van a retirar para "mejoras arquitectónicas"

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) del Ministerio del Interior ha anulado el concurso público abierto para la construcción del Centro de Inserción Social (CIS) para Santander, que había salido a licitación por un valor de 6,7 millones de euros.Dicho concurso se publicó en el boletín oficial de las Comunidades Europeas el pasado 26 de julio, si bien el SIEP explicó a este periódico que la licitación se ha retirado por «ajustes en las mejoras arquitectónicas». Este departamento no precisó, sin embargo, la fecha en la que volverá a sacarse a concurso público.
De la construcción del CIS depende en buena medida el futuro de la Prisión Provincial de Santander, ya que su destino se abordará cuando esté construido el centro de Inserción, según manifestó en Santander el pasado mes de mayo la directora general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo. Aunque la ubicación de este centro no se ha ratificado aún oficialmente, la información que el propio SIEP facilita en su página web, ubica el CIS al «suroeste de la ciudad, en un área industrial situada junto a la zona portuaria». De hecho, uno de los lugares barajados hasta el momento se sitúa en la zona de Candina.
El proyecto prevé 50 habitaciones dobles organizadas en cuatro edificios independientes en forma de 'H', de usos claramente diferenciados. Los edificios de Servicios Sociales y Comunicaciones se desarrollarán en una planta y el edificio principal y el de alojamiento general en dos.La distribución del centro está diseñada con «las últimas innovaciones tecnológicas para favorecer y potenciar programas de reinserción social y laboral que, basados en la confianza en el interno, le permitan la incorporación normalizada en la sociedad».El edificio contará con una zona de acceso y control desde donde se facilita el paso entre el exterior, el interior y la zona de oficinas.El área de alojamiento general proyecta un mínimo de 50 habitaciones dobles con previsión de alojamiento para personas de movilidad reducida, mientras que la zona de estancia se compondría de comedor y cafetería-economato con su oficio correspondiente a cada uno, una sala de estar que puede ser habilitada como taller.
La información que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios aporta en la web, indica que la zona ocupacional se compone de biblioteca, gimnasio, talleres ocupacionales polivalentes, una sala de trabajo y reuniones.La zona asistencial acogerá un área sanitaria y asistencial con una consulta médica, una enfermería, una farmacia y una celda sanitaria con accesibilidad para personas de movilidad reducida.
Talleres.Junto a ello dispondrá de dos despachos para la atención de internos (tratamiento, jurista, laboral, etc.) y una zona de espera común se ubican también en esta zona.También contará con una zona de servicios generales (oficinas, lavandería, almacén) y con talleres de producción, comunicaciones familiares y servicios sociales. El SIEP destaca en su página web que el mayor desarrollo de las zonas ocupacionales es un reflejo del «carácter de reinserción que caracterizan el tipo de penas que se cumplen en los Centros de Inserción Social».
En este sentido, Gallizo aseguró en su visita a Santander que el CIS dispondrá de una infraestructura «moderna» y adecuada al proyecto de reinserción y de integración en la sociedad que, en su opinión, debe significar ese centro. Gallizo confirmó que la prisión de Santander seguirá funcionando hasta la puesta en marcha del CIS y añadió que se intentará mejorar sus condiciones, aunque descartó la realización de obras costosas porque no tendría sentido «para un plazo de tiempo tan breve».
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El Diario Montañes

03 agosto 2007

España, cada vez mas presos

España supera la media de presos por habitante a nivel europeo

Mercedes Gallizo Llamas, directora general de Instituciones Penitenciarias, impartió ayer la sesión de clausura del curso de la Universidad de Verano de Adeje, en la que destacó que "en España podemos estar orgullosos del sistema penitenciario que tenemos, pero nuestra espina es que hay demasiadas personas en prisión".

Gallizo comentó que actualmente hay 66.047 presos en España, es decir, que por cada 100.000 habitantes, 146 están en prisión. Esta cifra es significativamente superior a la media europea, que se sitúa en 90 reclusos por cada 100.000 habitantes.

La población reclusa sigue creciendo en 2.000 personas al año y evidencia que "no podemos seguir cerrando los ojos ante esta situación". La respuesta a esta problemática, según la ponente, no pasa por la construcción de más cárceles, pues "esa sería una visión simplista y maniquea".
Así, propone medidas alternativas que vayan a la raíz del problema que origina el delito. "Una de las cosas fundamentales que perseguimos es convencer a la sociedad de que las prisiones no deben ser lugares de exclusión, sino de integración", pues explicó que "las penas acaban terminándose y la persona vuelve a la sociedad".

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EL DIA.es

De Juana.Prision atenuada ?

La Junta de Tratamiento de Aranjuez propone dejar de aplicar al etarra el artículo de prisión atenuada

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Madrid VI-Aranjuez ha acordado proponer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que se le retire la aplicación del artículo 100.2, de prisión atenuada, al preso de ETA Ignacio de Juana Chaos, al tiempo que aboga porque siga clasificado en segundo grado, informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
Con toda seguridad, el departamento que dirige Mercedes Gallizo aprobará la propuesta y se la comunicará al juez de Vigilancia Penitenciaria.Los profesionales de la prisión de Aranjuez han considerado que ya no se dan las circunstancias para la aplicación del 100.2, que permite 'un programa específico de tratamiento', porque el estado de salud de Ignacio de Juana ha mejorado y, aunque persisten algunas secuelas de los dos largos periodos en huelga de hambre, éstas pueden ser tratadas en el centro penitenciario de Madrid en el que ahora cumple condena.El plazo máximo para la revisión de los grados penitenciarios es de seis meses, que en el caso de De Juana Chaos cumplían en este inicio del mes de agosto.
El 1 de marzo pasado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció públicamente con la intención de explicar la clasificación en segundo grado de De Juana, pero con la aplicación del artículo 100.2, lo que permitía su traslado al Hospital Donostia de San Sebastián, pasando a depender el preso de la cárcel de Martutene (Guipúzcoa).El 6 de junio pasado, un día después de que ETA rompiera formalmente su alto el fuego, una ambulancia medicalizada trasladó al etarra desde el hospital donostiarra a la cárcel de Aranjuez. Desde entonces cumple allí la pena de tres años de prisión a la que fue condenado por un delito de amenazas tras la revisión que hizo el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional. Esos tres años se cumplirán en agosto de 2008, pero antes se volverá a revisar su grado, no más allá de principios de febrero.
DOS HUELGAS DE HAMBRE.De Juana Chaos inició la primera huelga de hambre el 7 de agosto de 2006 en protesta por haber sido procesado por dos artículos escritos en 'Gara', lo que evitó que saliera en libertad tras haber cumplido 18 años de los 30 a los que fue condenado por 25 asesinatos. Esa primera huelga de hambre duró hasta el 8 de octubre y provocó su traslado de la cárcel de Algeciras al hospital Puerta de Europa de Cádiz y, desde allí, a la Unidad Nutricional del Doce de Octubre madrileño.Cuando apareció la noticia de que podía ser condenado a más de 12 años por los artículos escritos, el etarra inició otra huelga de hambre hasta momentos después de su llegada al hospital Donostia de San Sebastián el 1 de marzo pasado.

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EUROPA PRESS

02 agosto 2007

reduccion de plantilla en la prision de castellon

ALEGAN QUE EN UN AÑO HAY 11 TRABAJADORES MENOS Y 152 RECLUSOS MÁS.
El PP critica la reducción de la plantilla en la cárcel de Castellón
Miguel Barrachina acusa al Gobierno de ir de "chapuza en chapuza".

El Partido Popular denuncia la sistemática reducción de funcionarios en el centro penitenciario de Castellón. El diputado del PP en el Congreso asegura que este descenso de trabajadores se ha llevado a cabo tanto "en aquellos que atienden a los presos como en los que están realizando tareas administrativas".
Barrachina asegura que "en un año la cárcel de Castellón ha perdido 11 funcionarios y ha aumentado su número de reclusos en 152". El diputado popular lamenta que "el Gobierno de Zapatero vaya de chapuza en chapuza a la hora de garantizar la calidad de los centros penitenciarios de la provincia de Castellón", asegurando que la reducción de los funcionarios junto con la negativa al partido judicial en Albocàsser para abastecer al nuevo centro "demuestra el talante del Gobierno socialista con los problemas de los ciudadanos castellonenses".
"El propio Ministerio del Interior reconoce otras deficiencias en el centro como la ausencia de luz en los tres patios de recreo de los presos, lo cual reduce el tiempo de esparcimiento de los reclusos durante el periodo otoñal e invernal, al menos un tercio de lo convenido", concluye el propio Barrachina.
NOTICIA PUBLICADA EN :
EL PERIODICO MEDITERRANEO

piden siete años de carcel a un funcionario de prisiones

Piden 7 años de cárcel para un funcionario de prisiones por trato vejatorio a un recluso

La acusación particular ha pedido 7 años de cárcel para un funcionario de Sevilla-II, acusado de un delito contra la integridad moral de dos presos, a uno de los cuales aplicó una lavativa y a otro obligó a desnudarse y a sujetarse sus órganos genitales. Fuentes del caso informaron a Efe de que la acusación particular imputa al funcionario dos delitos graves contra la integridad moral, por los que pide 3 años y medio de cárcel por cada uno, con la agravante de abuso de superioridad. En su calificación de los hechos, solicita además para el procesado, J. A. A. C. -ahora destinado en otra prisión andaluza- una inhabilitación para ejercer como funcionario de prisiones durante 3 años y medio.

La acusación le imputa un primer hecho ocurrido presuntamente el 24 de marzo de 2004, cuando el funcionario presionó a un recluso para que accediera voluntariamente a aplicarse una lavativa con el objetivo de que expulsara unos objetos que se había introducido en el recto tras un vis a vis con su novia. Tras conseguir que el interno "accediera viciadamente" a dicha lavativa, "le obligó a que extrajera de entre sus heces, sin guantes ni medida higiénica alguna, los objetos expulsados". El otro delito ocurrió el 2 de mayo, cuando el acusado intervino un objeto punzante a un preso y le ordenó desnudarse, que realizara flexiones y se sujetara sus genitales.
NOTICIA PUBLICADA EN :
EL DIARIO DE SEVILLA.ES