31 octubre 2007

"Hieren con un pincho a un funcionario en un motín en la prisión de Córdoba"


Eran las 9.00 cuando la tensa traquilidad que se respira en la prisión de Córdoba saltó por los aires con varios presos reventando el mobiliario y agrediendo con palos, barras y pinchos a los funcionarios. Ocurría en los módulos 12 y 14, aunque fue en este último donde estalló el motín y en el que resultó apuñalado en el hombro un funcionario, que fue atendido en la enfermería del centro penitenciario.
Se da la casualidad de que en este mismo módulo, en apenas un año, se han registrado ya tres motines, según denuncian los sindicatos Acaip y CSI-CSIF. La directora de la prisión, Ana Martín, ha ordenado el traslado a otras prisiones de siete de los internos que han participado en el incidente. Indica que el motín se originó cuando los funcionarios reprendieron a un recluso que intentó salir al jardín sin permiso aprovechando que estaba la puerta abierta.
Martín califica el incidente de «muy grave». Señala que, aparte del apuñalado, que se ha dado de baja, han resultado heridos con contusiones otros dos funcionarios. La directora del centro afirma que el motín no fue a más «por la rápida intervención y profesionalidad de los funcionarios». En cuanto a la masificación y la falta de personal que denuncian los sindicatos, señala que con la apertura de nuevas cárceles «se irá reduciendo la población reclusa de Córdoba».
Más deficiencias
Los sindicatos denuncian «la escasez y lo inapropiado de los medios existentes» en la cárcel cordobesa para abortar este tipo de incidentes. Además, añaden que el material de protección (porras y escudos) suele estar en dependencias distintas a los edificios donde se trabaja directamente con los presos y no se puede utilizar sin la debida autorización.
Aparte de la masificación de la cárcel cordobesa, el sindicato Acaip añade otro problema más: el incremento de los presos de origen extranjero «con usos y costumbres distintos a los que venían manteniendo los reclusos de origen español». El choque cultural crea contínuas tensiones entre los internos. También señalan como foco de incidencias el alto número de presos con brotes sicóticos, incapaces de convivir con el resto de reclusos.
Noticia de 20minutos.es

30 octubre 2007

"LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS ALBERGAN A 139 PRESOS POR DELITOS DE TERRORISMO ISLÁMICO"

Las cárceles españolas albergan a día de hoy a 139 presos preventivos o penados en relación con delitos de terrorismo islamista, informaron fuentes penitenciarias. Esta cifra puede aumentar tras la sentencia de los atentados del 11-M, que se comunicará el miércoles, y el paso a disposición juficial, el lunes, de los seis detenidos en Burgos por integrar un grupo de proselitismo "yihadista".
Con todo, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, declaró que su reparto por distintas cárceles y su ingreso en módulos de aislamiento, como recoge la legislación para los condenados por terrorismo, "no representará ninguna dificultad" para el sistema penitenciario.
"La sobreocupación de los centros no es un elemento que les vaya a influir porque estarán ubicados, dentro de las prisiones, en módulos determinados que tienen un sistema de control más estricto, de régimen cerrado, sin contacto con el resto de los internos y siempre sometidos a vigilancia", resume Gallizo.
La directora de Prisiones reconoce que el incidente con Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido como "Abu Dahdah", en la cárcel de Castellón, hizo a su departamento "replantearse" ubicar a presos de la proyección mediática del citado "en centros que tengan módulos de aislamiento determinados". "Abu Dahdah" recibió una paliza de presos comunes al día siguiente de ingresar en la cárcel de Castellón, mientras esperaba que se dictase sentencia contra él como líder de la primera célula de Al Qaeda en España y después de que su imagen se hubiese repetido en televisión constantemente en los días anteriores.
"Nosotros tenemos un trabajo suplementario a todos los que tenemos, que son muchos, y es el de proteger a las personas cuya actividad delictiva ha tenido una repercusión pública y, por tanto, pueden estar sometidos a agresiones y otros tipos de incidencias. También ahí tenemos establecidos protocolos de actuación para que eso no se produzca", afirmó la directora de Prisiones.
Traslados
Los procesados en el juicio por los atentados del 11-M que no se encuentran en situación de libertad condicional comenzaron a mediados de esta semana a ser trasladados en las últimas horas a cárceles de la Comunidad de Madrid para facilitar su conducción hasta la Casa de Campo el próximo miércoles, día en que se les comunicará la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, informaron fuentes penitenciarias.
De los 28 acusados, hay 17 que permanecen encarcelados en España y ya están siendo repartidos por cuatro de las cinco prisiones madrileñas para hombres estando previsto que los traslados finalicen el próximo lunes. El preso restante, Rabei Osman Sayed, alias "Mohamed El Egipcio", cumple una condena de diez años de prisión en Italia y, a falta de cambios de última hora, seguirá la lectura de la sentencia por video-conferencia, solicitada por los tres magistrados que componen la Sala de lo Penal a través de una comisión rogatoria.
A 25 cárceles
Una vez notificada la sentencia, los condenados serán repartidos por 25 de los 66 centros dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, donde continuarán con el régimen de aislamiento que siguen los penados por delitos de terrorismo.
El traslado progresivo a cárceles madrileñas que se está realizando se debe a las estrictas medidas de seguridad que protagonizan estos traslados, con un gran despliegue de la Guardia Civil que, en ocasiones, incluye apoyo aéreo. Incluso antes y durante la celebración del juicio por los atentados terroristas de Madrid, los presos se veían sometidos a traslados de una prisión a otra por motivos de seguridad y para garantizar el régimen de aislamiento.
La sentencia contendrá las condenas de los 28 acusados que aún continúan imputados y que se enfrentan a penas de entre cuatro y 38.952 años de prisión. Las acusaciones populares y particulares retiraron durante la vista oral los delitos imputados a Brahim Moussaten y el asturiano Javier González Díaz, alias "El Dinamita", que quedaron en libertad. Además, otro de los imputados, Mamhoud Slimane Aoun, quedó en libertad condicional hace más de un mes a la espera de la sentencia.
Noticia publicada en ya.com

26 octubre 2007

"Llegado el momento, éstos me alimentarán a la fuerza"

El sanguinario etarra, que ahora cumple condena en el penal de Aranjuez y que podría pisar la calle en un año, confesaba, en una carta la verdadera estrategia de una medida de protesta que, en la última de sus versiones, se prolongó durante 114 días para, ya en su tramo final, terminar en una sucesión diaria de paseos por las inmediaciones del hospital de San Sebastián en el que estaba siendo tratado.
La misiva que redactó De Juana hace nueve años para describir la huelga de hambre que mantenía entonces se enmarca en una especie de guerra personal con los funcionarios de prisiones: “En el talego hay que pelear porque si no cada vez te van puteando (sic) más”, afirma el terrorista, para añadir que “esto es una cuerda en que cada cual tira para un lado".
"Llegado el momento, éstos me alimentarán a la fuerza, que es lo que pretendo”. Con ese desparpajo describía el terrorista Ignacio de Juana Chaos el verdadero objetivo de una huelga de hambre indefinida que inició en febrero de 1998, cuando estaba recluido en el centro penitenciario de Melilla.
De Juana, que en la carta a la que ha tenido acceso ÉPOCA deja muy claro el verdadero objetivo de sus huelgas de hambre, muy alejado del falso victimismo que proclamaba el curso pasado, volverá a su casa en un año sin haber mostrado el mínimo arrepentimiento por el asesinato de 25 personas. Como decía en su misiva de 1998, “es lo que pretendo”.

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periodistadigital.com

La nueva cárcel de Maó también acogerá presos con largas condenas
El alcalde de Maó anuncia que únicamente ingresarán reclusos de la isla cuya conducta no revista riesgo o peligrosidad
El centro polivalente para reclusos de Menorca acogerá reclusos de larga duración. Lo reconoció el alcalde de Maó, Arturo Bagur, durante la exposición de los resultados de la entrevista que mantuvo a principios de semana con Instituciones Penitenciarias en Madrid. El edil matizó que se tratará de «presos no peligrosos» y siempre serán menorquines o residentes que tengan aquí su familia. Añadió que antes de trasladarlos se realizará un estudio detallado de cada caso para decidir si traerlos a Menorca supone una mejora o no para su reinserción social.
Bagur dejó claro que el nuevo centro no admitirá gente de otras procedencias por lo que no se puede hablar de cárcel sino de «centro polivalente dimensionado a una pequeña zona». Según el edil será el primero de este tipo que se construya en España. El alcalde explicó que dispondrá de un máximo de 100 plazas.
Este centro ya contaba con alojar a presos de fin de semana y reclusos de segundo y tercer grado que sólo deban pernoctar en el recinto y que realicen paralelamente trabajos de reinserción social.También está previsto que se utilice para albergar a los presos que se trasladen a la isla para ser juzgados o como calabozos municipales dejando un mayor margen de maniobra a las policías locales que ya no deberán reservar efectivos para vigilar a estos cautivos.
Arturo Bagur y la teniente de alcalde Gari etrus se mostraron muy satisfechos de que Instituciones Penitenciarias y el Ajuntament de Maó tuvieran los mismos criterios a la hora de definir los usos que debía tener el centro polivalente. Pero a pesar del avance en este sentido, Bagur reconoció que aún quedan temas por cerrar. Entre ellos destaca el de la ubicación definitiva. Aunque existe una cesión de suelo junto al cuartel de la Guardia Civil aún hay que formalizar todo el proceso.
La inclusión de presos de larga duración es una vieja aspiración de la Pastoral Penitenciaria de Menorca que siempre defendió que encarcelar a menorquines fuera de la isla suponía una pena añadida de destierro que sufrían tanto ellos como los familiares que querían visitarles.
PastoralHay que recordar que desde el obispado de Menorca ya se anunció en agosto de 2006 que la diócesis realizaría un seguimiento a los presos de tercer grado en el centro polivalente dentro de las tareas de reinserción social. Precisamente su labor en el campo de las personas presas motivó que el obispo de Menorca, Joan Piris, recibiera la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario en septiembre de 2006. Aunque desde el equipo de gobierno se señaló que los presos de larga duración ya estaban previstos desde hacía algún tiempo, fuentes de la Administración General del Estado rechazaron este extremo. El portavoz del PP, Juan Manuel Lafuente, se manifestó en términos parecidos. El popular añadió que «aún no tenemos una opinión formada sobre si el hecho de acoger presos de larga duración iba a ser bueno o no para la isla».
Se calcula que en la actualidad hay algo más de medio centenar de reclusos menorquines en cárceles fuera de la isla. La gran mayoría se encuentran recluidos en Palma.

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ultima hora menorca

24 octubre 2007

Un juez condena por primera vez por «atentado» a un preso que agredió a 5 funcionarios

El recluso, que lanzó un cubo de lejía a la cara de un trabajador, verá incrementada su condena con dos años más de prisión
El Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia ha condenado a un recluso de la cárcel de Picassent a dos años de prisión por agredir a cinco funcionarios. Por primera vez, un incidente de estas características ha sido valorada como delito de « atentado ».
El altercado tuvo lugar el 18 de febrero de 2005. En esa fecha un interno que ya cumplía una pena por delito de atentado y que estaba siendo objeto de un cacheo rutinario lanzó sobre un funcionario un cubo de lejía y le propinó numerosas patadas y puñetazos, suerte que corrieron también otros compañeros que acudieron a socorrerle. En total, cinco profesionales de la prisión resultaron heridos y dos de ellos precisaron de 15 días de baja para recuperarse. Hasta ahora, este tipo de agresiones, muy comunes en Valencia al ser la prisión más grande de España, se saldaban con una sanción por una falta de daños o de resistencia. No obstante,se ha pedido en numerosas ocasiones que se consideraran un delito de « atentado », una posibilidad que está recogida en el artículo 550 del Código penal pero que la doctrina del Tribunal Supremo ha restringido enormemente.
Se llegó, incluso, a dirigir un escrito al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien remitió una orden a todos los fiscales para que procedieran en este sentido. Y este es el resultado. «La sentencia declara probados los hechos y condena al interno J. A. C. N., como autor responsable de un delito de atentado a los agentes de la autoridad, a una pena de prisión de dos años y, como autor de 5 faltas de lesiones y una falta de daños» .
Para llegar a esta condena, la primera de estas características al menos en Valencia, ha sido fundamental la calificación del fiscal .

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levante-emv.com

Prisiones admite el colapso de Alhaurín y edificará otra cárcel

La cárcel de Alhaurín de la Torre está masificada y no funciona de forma adecuada. Esta denuncia, formulada por sindicatos, ONG y funcionarios, fue asumida ayer por la propia directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que en una visita al centro admitió que Málaga es el lugar más adecuado para acoger la próxima cárcel que se construirá en Andalucía. "Es la provincia que más lo necesita y espero tener un terreno cuanto antes para descongestionar Alhaurín de la Torre", dijo. "En la población reclusa que hay en España tenemos un importante porcentaje de malagueños que no pueden cumplir su condena aquí por falta de plazas (...) desde luego el centro tiene una ocupación muy por encima de lo que sería más adecuado para que tuviese un buen funcionamiento", dijo.
De hecho, el pasado mes de agosto, los sindicatos denunciaron que todos los meses se producían, al menos, dos ataques a funcionarios. A este respecto, la directora de Instituciones Penitenciarias sostuvo que "los niveles de conflictividad están dentro de los parámetros de la normalidad".
Gallizo dijo que actualmente la cárcel cuenta con 1.500 internos y 827 celdas, aunque los datos manejados por ONG, sindicatos y funcionarios hablan de hasta 1.900 internos. En cualquier caso, la directora de Instituciones Penitenciarias se comprometió a anunciar el municipio que acogerá el nuevo centro penitenciario antes de que concluya la legislatura, es decir en un plazo de cuatro meses, aunque ya confirmó que dispondrá de 1.000 celdas residenciales y unas 300 complementarias. "Las cosas hay que hacerlas allí donde se necesitan y no a 500 kilómetros", insistió.
Por otro lado, el Centro de Inserción Social (CIS) de Málaga entrará en funcionamiento dentro de un año, una vez que concluyan las obras iniciadas hace tres meses, confirmó el director de la cárcel de Alhaurín de la Torre, Antonio Guerrero. Este centro, que absorberá la sección abierta que se mantiene en la antigua prisión de Cruz de Humilladero, se construye en el Polígono Guadalhorce. Gallizo lamentó la situación en la que se encuentra actualmente la sección abierta. "No reúne ninguna condición de habitabilidad ni de ningún otro tipo para que puedan estar ahí las personas que están en régimen abierto".
Además, Alhaurín de la Torre cuenta desde ayer con una nueva sala de convivencia familiar destinada a los encuentros de los internos con sus hijos menores de diez años durante los fines de semana y un nuevo espacio de comunicación entre internos y abogados.

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malagahoy.es

23 octubre 2007

Gallizo: La reforma del Código Penal no provocará el colapso de las cárceles

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha asegurado hoy que la reforma del Código Penal que endurece las condenas para los delitos de tráfico no conllevará el colapso del sistema, ya que la mayoría de las penas se cumplirán con servicios comunitarios.
Gallizo, que ha participado hoy en Sevilla en las jornadas estatales sobre atención a personas con discapacidad en centros penitenciarios, ha asegurado que la reforma -aprobada por el Congreso el 4 de octubre y pendiente de ser ratificada por el Senado- apuesta por el cumplimiento de las sanciones en régimen abierto.La directora de prisiones ha dicho que no está de acuerdo con que se consideren los trabajos en beneficio de la comunidad como 'algo menos intenso' que el ingreso en la cárcel, ya que ha estimado que 'en ocasiones es más educativo y más transformador de la conducta de alguien el tener que realizar un trabajo activo en beneficio de la comunidad que el tener que pasar un tiempo pasivo en un centro penitenciario'.
Asimismo ha considerado que la condena en régimen abierto es 'una manera inteligente' de abordar la necesidad de que se sancionen conductas delictivas sin que el cumplimiento de la sanción no lleve aparejado un colapso del sistema penitenciario, que según ha admitido ya funciona por encima de su capacidad.

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terra

Alerta por los discapacitados intelectuales. Un delincuente en busca y captura fallece tras tirarse por una ventana al huir de la Policía

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, indicó ayer en Sevilla, durante las primeras jornadas estatales sobre atención a personas con discapacidad en centros penitenciarios, que habría que plantearse si las prisiones son el mejor lugar para la reinserción de los discapacitados intelectuales que han cometido delitos, ya que a veces están "desprotegidos".
Gallizo dijo que es "una reflexión que tiene que hacerse el conjunto de la sociedad, de las administraciones públicas y del sistema judicial". "Hay que ver si lo más oportuno es hacerlo en el marco de un centro de cumplimiento cerrado, en el que tienen que convivir con otras personas con problemas muy diferentes y ante las cuales a veces se sienten muy desprotegidos, o si tenemos que tener recursos especializados que ayuden a abordar este problema", declaró.
Unos 3.000 de los 57.000 presos internos en las cárceles sufren algún tipo de discapacidad mental, y para ellos se han creado programas con la participación de profesionales sanitarios y también una especial atención por parte de los funcionarios de prisiones.
En Andalucía, donde se ha desarrollado un acuerdo sectorial entre la Junta y el Gobierno, el porcentaje de personas con discapacidad intelectual se sitúa en el 1 por ciento de la población reclusa, y la mayoría son hombres. En total hay 224 personas que se benefician de la atención ofrecida por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a través de la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) en 68 plazas en centros ocupacionales y nueve en residencias de adultos.
Ayer, en Roquetas de Mar (Almería), falleció un hombre de 66 años que estaba en busca y captura tras fugarse de una prisión de Madrid al saltar desde la ventana de su vivienda cuando creía que la Policía Local le había descubierto.
La muerte de este ciudadano colombiano se produjo después de que su pareja alertara de que estaba siendo víctima de maltrato. Tras presentar la denuncia, la mujer solicitó regresar a su domicilio para suministrarse insulina, por lo que los agentes la trasladaron en un coche patrulla. En el momento en el que la Policía llegó al lugar, el hombre, al escuchar las sirenas, creyó que había sido descubierto, y decidió huir por la ventana.

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granadahoy.com

19 octubre 2007

Lorenzo dice que habrá pocos traslados de Albocàsser a la capital

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, aseguró que habrá pocos traslados de presos de la nueva de prisión de Albocàsser a Castellón "porque todos los internos tendrán condena firme y no habrá preventivos".
Lorenzo, lamentó así la "demagogia constante e intoxicación a la opinión pública" que, en su opinión, "están poniendo en práctica el conseller de Justicia, Fernando de Rosa, y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, cada vez que se refieren a los traslados de presos que generará el Centro Penitenciario Castellón II".
Lorenzo pidió al conseller y al alcalde de Castellón que "se informen, o que dejen de mentir", porque, dijo, en Albocàsser habrá 1.500 presos, todos ellos penados. Según explicó, "este dato es importante, porque los internos que normalmente tienen que salir a los juzgados son aquellos que no tienen condena en firme y se encuentran en situación de prisión preventiva". Asimismo, añadió que, extrapolando los datos que se registran en otras prisiones españolas de similares características, "de Castellón II se producirán entre cinco y siete salidas judiciales diarias, que no necesariamente tendrán como destino los juzgados de Castellón, ya que la diligencias las abre un juzgado del lugar en el que se haya cometido el delito".
El subdelegado agregó que en una cárcel con internos penados, "la mayoría de las diligencias que se realizan son notificaciones, ratificaciones de abogado u otras diligencias que no precisan de la presencia del recluso, y que se podrían resolver mediante videoconferencia - Castellón II cuenta con esta tecnología - o asignando un agente judicial al juez de paz de Albocàsser para que efectúe todas esas notificaciones, tal como ocurre por ejemplo en el municipio zaragozano de Zuera, donde existe una prisión con capacidad para 2.000 presos".
Lorenzo lamentó que la Generalitat valenciana "se dedique a polemizar con asuntos en los que no tiene competencia, mientras muestra una incapacidad supina para solucionar aquellos problemas que sí le competen". En este sentido, reprochó la "falta de medios humanos y materiales" que tienen la mayoría de los juzgados de la provincia, o que "hoy nos hayamos desayunado con la noticia de que los consellers de Infraestructuras y Justicia no sacarán a licitación el proyecto de construcción del nuevo palacio de Justicia de Vila-real hasta el verano de 2008, en vez de en 2007, como anteriormente había prometido la propia Generalitat".
Por otra parte, el subdelegado señaló que "la mayor parte de los traslados que se van a realizar desde Albocàsser estarán relacionados con las salidas de presos para pasar consulta de especialidades". En este sentido, Lorenzo aseguró que la solución "pasa por la firma de un convenio entre la Conselleria de Sanidad y el Ministerio del Interior, similar al que se firmó entre ambos hace año y medio para la cárcel valenciana de Picassent". En virtud del mismo, dijo, "las consultas de especialidades se realizan en la propia cárcel, a la que asiste periódicamente un grupo de médicos para pasar consulta". Lorenzo confió en que "pronto" se pueda rubricar el convenio para Castellón II.

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panoramaactual.es

«Condenados» a coser togas

Una treintena de reclusos de la cárcel de Alcalá confeccionará las túnicas de los letrados en virtud de un acuerdo entre Prisiones y la Abogacía
Abogados ataviados con sus togas a las puertas de la Audiencia Nacional
R. L. Vargas Madrid- Andaban Mercedes Gallizo y Carlos Carnicer, responsables a la sazón de las prisiones españolas y del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), respectivamente, de visita por los talleres ocupacionales que hay en la cárcel de Soto del Real (Madrid) cuando a Carnicer le entró cierta desazón al contemplar tan inmensa factoría y tan limitado aprovechamiento de la misma, empeñada como está ahora el taller en la fabricación de banderas. «¿Qué podemos hacer para sacarle más partido a estos centros?», le preguntó el presidente del CGAE a Gallizo. «Tal vez podríamos fabricar togas para los abogados», le respondió su paisana aragonesa.
Taller .
Y de aquel «cañonazo», como lo calificó Carnicer, surgió la idea plasmada ayer en un convenio suscrito por ambas entidades para que treinta reclusos de la cárcel de Madrid I (Alcalá-Meco), confeccionen togas para abogados en un nuevo taller cuya ampliación finalizará a finales del presente mes. En la actualidad, en esta fábrica trabajan quince presos, que se dedican a la fabricación de productos como sacos, sábanas o mantas. Sin embargo, y de ahí la necesidad de ampliar su superficie hasta los 800 metros cuadrados, la idea es que en el mismo trabajen el doble de internos, hombres y mujeres, que emplearán una media de catorce horas en la confección de cada una de las levitas. Tarea nada sencilla y para la que recibirán una formación específica de 200 horas que sumarán a las 800 que ya han recibido antes en otro curso más general de confección. También en esto de las togas, como en casi todo en la vida, hay clases. En este caso, tres, según sus calidades. La más modesta, y barata, costará 112 euros y la más cara, 181. A medio camino, la de 165.
Los responsables del proyecto creen que las primeras togas estarán disponibles en un par de meses y el taller ajustará su producción al número de pedidos. El Consejo de la Abogacía hará de intermediario de los colegios de abogados y transmitirá a Prisiones el número de togas demandadas y su modelo para que sean confeccionadas. Si la iniciativa tiene una buena aceptación, el organismo que dirige Mercedes Gallizo se planteará ampliar la producción abriendo otro taller en otra cárcel y podría mandar a los reclusos a hacer puñetas, en el sentido más literal de la palabra: las de los jueces y fiscales que, a diferencia de los abogados, sí llevan en la bocamanga de sus togas estas puntillas.

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larazon.es

18 octubre 2007

TS estudia mañana recurso Parot contra condena 11 años por pertenecer a ETA

El Tribunal Supremo (TS) estudiará mañana el recurso del etarra Henri Parot contra la sentencia que le condenó a 11 años de prisión por pertenencia en organización terrorista con la agravante de reincidencia por una carta que escribió en 2001 a la dirección de ETA cuando estaba en la cárcel.Según fuentes del Alto Tribunal, la Sala de lo Penal del Supremo deliberará en vista pública sobre los argumentos del recurso presentado por Parot contra la sentencia dictada el pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional, que le absolvió del delito de conspiración para cometer atentados.
La Audiencia Nacional consideró probado que Parot consiguió 'reanudar sus contactos' con la cúpula de la organización, lo que le permitió 'restablecer sus vínculos' con la banda terrorista.Estos contactos, según la sentencia, los mantenía a través de una correspondencia 'dirigida a influir en las acciones de la organización, proponiéndoles un determinado modo de desarrollar su actividad, buscando objetivos más vitales contra el Estado, como forma de lograr sus objetivos', entre los que proponía a Audiencia Nacional, el Ministerio del Interior o el Banco de España.La carta referida es una que Parot escribió el 1 de junio de 2001 en la cárcel de Córdoba, cuando ya cumplía condena, y que fue intervenida a los dirigentes etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Mugica Goñi-, el 16 de septiembre de 2002 en Francia.
La sentencia subraya que, a pesar de que el delito de pertenencia a banda armada es permanente, no significa que el detenido, juzgado y condenado por este tipo penal, no pueda reanudar de forma activa y eficaz su integración, y señala que en el caso de Parot su trayectoria delictiva se interrumpe con la desarticulación del comando del que formaba parte y con su detención en 1990.Para la sala, Parot reanudó su actividad en 2001 con la correspondencia que éste mantiene con los dirigentes de ETA desde la cárcel y por ello debe estimarse la existencia de un nuevo delito de pertenencia a banda armada.
La sala destacó que estos hechos 'no tienen relación' con los que dieron lugar a la absolución de un delito de pertenencia del preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, quien fue condenado a 12 años y siete meses de cárcel por amenazas terroristas dirigidas a cinco responsables de prisiones y al presidente de la sala de lo penal de ese tribunal, Javier Gómez Bermúdez, en dos artículos publicados en Gara en 2004.
Por otra parte, el TS también estudiará mañana el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a treinta años de prisión al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', como autor del asesinato el 19 de noviembre de 1991 en Galdácano (Vizcaya) del sargento de la Guardia Civil Pedro Carbonero.

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terra

17 octubre 2007

Mesquida asegura que ETA mantiene su capacidad operativa

El director general de la Policía y la Guardia Civil analiza el estado actual de la lucha contra el terrorismo con su homólogo francés
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha destacado que las operaciones antiterroristas practicadas por Francia y España "no nos tiene que llevar a engaño", pues ETA "dispone de efectivos, armas y material para cometer actuaciones".
Mesquida ha realizado estas declaraciones en rueda conjunta con el director de la Policía Nacional francesa, Frédéric Pechenard, tras la cumbre bilateral celebrada en el madrileño Palacio de la Quinta de El Pardo para abordar el estado actual de la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y el crimen organizado.
A la cumbre han asistido los máximos responsables en estas materias de las fuerzas de seguridad españolas y de la Policía francesa, con los que Mesquida ha querido compartir la condecoración que recibió en la embajada francesa en Madrid por su trabajo en la colaboración policial. Asímismo, Mesquida ha querido brindar un homenaje a las fuerzas de seguridad que han perdido la vida en atentados y en la investigación de la banda.
Optimistas con los resultados
El director de la Policía y la Guardia Civil ha calificado la colaboración con Francia en la lucha contra ETA de "excelente" y ha asegurado que está "siendo seguida como ejemplo por otras policías de otros países". "Están analizando cómo trabajamos codo con codo e intercambiamos información y hacemos análisis de inteligencia conjuntamente", ha añadido.
Como resultado de esa colaboración "ejemplar", Mesquida ha explicado que en esta legislatura se han puesto a disposición judicial 354 miembros o colaboradores de ETA, de los que 138, casi el 40%, han sido detenidos en Francia, siendo algunos de ellos destacados miembros del aparato logístico y del militar de la banda terrorista. Sin embargo, Mesquida ha considerado que "estas detenciones no nos tienen que llevar a engaño" porque, según ha sostenido, ETA "mantiene capacidad operativa".
El director de la Policía Nacional francesa se ha referido también a los dos vehículos robados por ETA recientemente y al robo de 2.000 litros de nitrometano de una fábrica, un investigación que, según ha señalado, acaba de empezar y que por tanto continúa abierta.
Investigación conjunta en terrorismo internacional
Mesquida y Pechenard han conversado también sobre el terrorismo internacional, en cuya lucha pretenden avanzar con la creación de equipos conjuntos de investigación que aborden su financiación y con el análisis de la información que procede de internet.
Otro asunto tratado en la cumbre ha sido el narcotráfico y los resultados de los equipos conjuntos de investigación, que han desarticulado recientemente tres importantes organizaciones que operaban entre España y Francia, con la detención de 39 de sus miembros y la incautación de más de 6.000 kilos de cocaína.
La persecución de fugitivos ha sido otra de las materias que se ha puesto sobre la mesa. Desde 2004, la Policía española dispone de una unidad y 80 criminales han sido entregados a Francia, entre ellos Pascal Payet, experto en atracos y fugas de cárceles y que estaba considerado por las autoridades francesas como el "enemigo público número uno".

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larioja.com

16 octubre 2007

De los 22.733 extranjeros que hay en las prisiones españolas, cerca de 7.000 son musulmanes

Desde el 11 de marzo de 2004, fecha de los atentados de Atocha, la Policía española ha detenido a 335 personas en operaciones contra el terrorismo islamista (la cifra más elevada de Europa), cifra muy superior a los 225 etarras arrestados en suelo español desde ese día.
Estos datos han provocado que actualmente, por primera vez en España, haya en las cárceles más presos preventivos (a la espera de juicio o sentencia) por terrorismo islamista que por el terrorismo de ETA o de los Grapo. Los primeros suman 116, el 60% del total. Los otros (84) son etarras y algunos miembros del Grapo, un grupo que el Ministerio del Interior considera totalmente desarticulado tras las últimas detenciones de este verano.
Cambio desde el 11-M
“El cambio empezó a producirse a partir de los atentados del 11-M. Desde entonces se abrió con mayor fuerza un nuevo frente. Ha habido tantas detenciones en el ámbito del terrorismo islamista porque se está trabajando bien en acabar con la financiación, el reclutamiento y el proselitismo del yihadismo”, explican a 20 minutos fuentes policiales.
Este “cambio” también se está viviendo en las cárceles. Aunque los presos ya condenados por terrorismo islamista (170) son todavía muy inferiores a los etarras (más de 450, más 43 de los Grapo), los informes que maneja la Policía no son muy halagüeños.
De los 66.313 reclusos que hay en las prisiones españolas, 22.733 (el 34,2%) son extranjeros; de éstos, cerca de 7.000 son musulmanes. Es en este colectivo donde está el peligro, según los expertos policiales, ya que el 50% simpatizan con el yihadismo y son fáciles de ser reclutados por los elementos yihadistas en prisión. “Son estimaciones y estudios a los que hay que estar muy atentos”, señalan las mismas fuentes.
Crecen los reclusos extranjeros
Aunque la población extranjera sólo supone el 9,5% de la población española, en las prisiones los extranjeros son el 34,2%. El incremento de la población reclusa inmigrante ha sido espectacular en los últimos siete años. Se ha pasado de 7.900 en el año 2000 a los 22.700 que había a 1 de septiembre de 2007 (un aumento del 187%). El incremento de la población reclusa española sólo ha sido del 20% en ese mismo periodo.
La biblioteca de Topas, mezquita a la fuerza
Los 400 presos musulmanes no dejan que sea utilizada por otros reclusos. La prisión salmantina de Topas tiene actualmente 1.700 internos, de los que el 80% son extranjeros de más de 100 nacionalidades. Cerca de 400 de estos presos, todos musulmanes, han decidido convertir el aula taller de la prisión, que hace las veces de biblioteca, en su mezquita particular. “Ningún otro preso puede entrar, y los funcionarios tenemos que entrar sin los zapatos para no ofenderles. El aula es suya y para no generar más problemas se deja que así sea”, explica un trabajador del centro. “Mientras en otros centros los musulmanes rezan en el patio, aquí les habilitamos lugares comunes”, señala.

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minutodigital

Un funcionario de la cárcel de Zuera impulsa la ONG "Prisiones sin fronteras" para dignificar su profesión"Prisiones sin fronteras" impartirá charlas en colegios para explicar la labor de reinserción que se realizan en las cárceles.

EUROPA PRESS. Zaragoza El funcionario de la macrocárcel de Zuera, Antonio Núñez, pondrá en marcha, próximamente, la Organización No Gubernamental (ONG) "Prisiones sin fronteras", con la que pretende dignificar esta profesión y trasladar a la sociedad una "visión real" del mundo de las prisiones, según explicó.Se trata de una ONG de marcado carácter apolítico e independiente que comenzará a actuar en Aragón, si bien uno de los objetivos es ampliar su ámbito de actuación a toda España y el exterior. Las actividades de la entidad se dirigirán, fundamentalmente, a los jóvenes de 14 a 18 años y se desarrollarán en centros educativos y otros lugares frecuentados por este sector, indicó Núñez.
Los responsables de "Prisiones sin fronteras" impartirán charlas de 50 minutos de duración para explicar la labor de reinserción, resocialización y reeducación que se realizan en los centros penitenciarios para los presos y se trasladará a los jóvenes el trabajo de los funcionarios de prisiones como "vehículos principales" en las tareas de resocialización. También se pretende transmitir a los jóvenes cómo es el día a día real en las prisiones.

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El PP insta al Gobierno a crear el partido judicial de Albocàsser para atender 6.000 diligencias

El miércoles presentarán una proposición no de ley en Les Corts
Castelló El grupo popular presentará mañana una proposición no de ley en Les Corts para pedir al Gobierno central que apruebe la creación de un partido judicial en Albocàsser, que atendería, entre otros asuntos, las diligencias de la futura prisión Castellón II. Así lo anunció el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, tras reunirse con el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, para acordar la presentación de esta proposición y una moción ante el pleno del Ayuntamiento. Según Fabra, la nueva prisión generará unas 6.000 diligencias anuales que tendrán que ser atendidas en la Ciudad de la Justicia de Castelló en caso de carecer del citado partido judicial, «con sus correspondientes traslados de presos». En su opinión, estas diligencias provocarían una sobrecarga de trabajo en los juzgados de Castelló, mientras que los traslados de presos generarían «un problema muy importante de seguridad ciudadana». En este sentido, el conseller apuntó que el traslado diario de presos de Albocàsser a Castelló requerirá el empleo de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que durante la custodia «no estarán haciendo lo que tienen que hacer». De Rosa señaló que la creación de este partido «supondría un gasto cero para el Ministerio de Justicia», ya que la financiación correría a cargo de la Generalitat, por lo que confió en que el Ejecutivo «reflexione» y evite «este agravio para la provincia de Castelló». Aseguró además que la conselleria ya ha incluido la partida en los presupuestos para la creación de un juzgado de vigilancia penitenciaria y otro de instrucción y primera instancia en Albocàsser. El gobierno pretende que la construcción de la prisión de Albocàsser, cuya finalización de las obras se prevé para finales de este año, sea una obra importante para descongestionar las cárceles de la Comunitat Valenciana, ya que la población reclusa actualmente registrada supera con creces las ratios aceptables. El nuevo centro de la provincia de Castelló permitirá que algunos reclusos de la Comunitat que están cumpliendo condena en cárceles de otras zonas de España puedan continuar haciéndolo cerca de sus familiares. El establecimiento penitenciario reunirá los mejores y más novedosos sistemas de seguridad y equipamiento, incorporando los avances más notables del sistema constructivo. De momento no existen previsiones de lo que sucederá con el antiguo centro penitenciario de Castelló una vez entre en funcionamiento el de Albocàsser, aunque seguirán conviviendo durante un tiempo.

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levante-emv.com

15 octubre 2007

Los islamistas que querían volar la Audiencia, en el banquillo

Los detenidos pretendían destruir archivos y causar una masacre.El grupo planeó lanzar un camión bomba contra el edificio judicial.
El juicio contra los 30 presuntos terroristas islamistas que planearon atacar a la sede de la Audiencia Nacional empieza hoy. Y será precisamente este tribunal el que los juzgue, después de que la mayoría fuese detenido en octubre del 2004, en la operación Nova, y fuesen después procesados por el juez Fernando Grande-Marlaska.
El grupo estaba presuntamente conectado con la red de Al Qaeda de Osama bin Laden y se imputa a sus miembros los delitos de conspiración para cometer atentado y pertenencia a banda armada.
RECLUTAMIENTO EN LAS PRISIONES
La estructura terrorista se fue formando con reclusos de la cárcel de Topas (Salamanca), donde su líder, Abderrahmane Tahiri, estuvo en diferentes ocasiones entre el 2001 y el 2002. Después se fueron creando cuatro células. Las dos primeras nacieron en la cárcel salmantina y en la de A Lama (A Coruña), y las siguientes, en Almería y en Valencia.
El fiscal, Pedro Rubira, pide 46 años de cárcel para el cerebro, Tahiri. Otros 29 años para el jefe de la célula salmantina, Said Afif. 13 años más para Dibali Abdellah, jefe de la célula de A Lama, y para el de la originada en Valencia, Djilali Mazari. Para el resto, las penas que solicita el fiscal oscilan entre los dos y los 37 años de prisión.
El grupo terrorista pretendía estrellar un camión bomba contra la Audiencia Nacional para matar a todas las personas del entorno --unas 980--, y destruir los archivos relativos a las diferentes causas abiertas contra los terroristas islamistas. Para cometer este atentado, los acusados trataron de adquirir 1.000 kilos de goma-2, de los cuales 500 serían utilizados en esta acción y el resto se emplearía para cometer otras acciones terroristas.
Su propósito era cargar la dinamita en un camión y lanzarlo a toda velocidad contra el edificio de la Audiencia Nacional, situado en la calle Génova de Madrid. El grado de preparación del atentado había llegado a tal extremo, según la Fiscalía, que hasta siete de los procesados habían manifestado su voluntad de inmolarse junto a Tahiri en la ejecución de este atentado.
La vista se celebra a pocos días de que se conozca la sentencia del 11-M, el 31 de octubre.

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elperiodico de Aragón

11 octubre 2007

Gallizo reconoce que el aumento de la población reclusa dificulta que se pueda cumplir el objetivo de un preso por celda

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizó, reconoció hoy que el aumento de la población reclusa dificulta que se pueda llegar al objetivo del Gobierno de que cada celda la ocupe un sólo preso, aunque insitió en que ésta es una meta "deseada por todos".Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, Gallizo explicó que el número de internos en las prisiones españolas ha seguido creciendo durante los últimos años, "aunque menos que en la anterior legislatura", y señaló que esto ha motivado un "extraordinario esfuerzo" por parte de su Dirección General para mejorar la situación de los reclusos.Sin embargo, reconoció que este constante aumento "dificulta" que se pueda alcanzar el objetivo de que cada interno ocupe una celda, "tal y como dice la Ley". Así, enfatizó en el "gran esfuerzo inversor" en nuevas infraestructuras penitenciarias del Ejecutivo socialista y también en "mejorar las infraestructuras que ya se tienen".
Gallizo recordó que España es el país europeo que, proporcionalmente con el número de habitantes, más personas tiene en prisión y, sin embargo, presenta "una de las tasas más bajas en número de delitos". Para ella, estos datos merecen "una reflexión a nivel nacional".EL PP CREE DEMOSTRADO EL "FRACASO". El diputado del PP Alberto Garre celebró que la directora general haya reconocido en su intervención "el fracaso" de la política penitenciaria del Gobierno. "Ha fracasado en prisiones e inserción social y el presupuesto para el año 2008 nace también fracasado", defendió el diputado 'popular'.Sin embargo, Gallizo subrayó las importancia de las inversiones previstas por el Ejecutivo para el próximo año y explicó que la política desarrollada esta legislatura "está permitiendo crear nuevas plazas y modernizar el sistema penitenciario". Así, indicó que el objetivo es "hacerlo más seguro y eficiente" teniendo como prioridad su "tarea reeducadora".

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hispanidad

10 octubre 2007

La Generalitat da los funcionarios de prisiones una tarjeta provisional que les puede identificar ante los reclusos

La Conselleria de Justicia de la Generalitat ha entregado a los funcionarios de prisiones una tarjeta identificativa provisional en la que consta su nombre y apellidos y su DNI. La tarjeta sirve para que 'fichen' al llegar y salir del trabajo, pero podría llegar a desvelar su identidad ante los reclusos.
Según avanzó hoy 'El Mundo' y confirmó a Europa Press una portavoz de la Conselleria, las tarjetas, vigentes desde el 1 de octubre, serán sustituidas por otras en las que sólo constará el número profesional o el DNI.
Mientras tanto, los sindicatos de prisiones se han quejado de esta medida, que consideran que vulnera su seguridad, aunque en principio no tienen que llevar la tarjeta visible. Según ellos, si un funcionario llegara a perder esta nueva tarjeta, algún preso podría saber su domicilio.
La versión oficial de la Conselleria es que las nuevas tarjetas, y las que las sustituirán en poco tiempo, servirán para reducir el absentismo laboral, más elevado que en otros colectivos de funcionarios.

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europapress

09 octubre 2007

Los presos vuelven a destilar alcohol con la fruta en sus celdas

Utilizan el postre de la comida para fabricar hasta 5 litros de chicha, una bebida con poca graduación.
Les imponen sanciones leves.
Aunque se trata de una bebida rudimentaria y de poca graduación, los presos han vuelto a la moda de fabricar chicha en sus celdas, o lo que es lo mismo, destilan alcohol a partir de la fermentación de las frutas que les dan.
Se trata de un fenómeno antiguo en los centros penitenciarios, que vivió su apogeo en los años 80, que en los 90 cayó prácticamente en desuso, pero que ahora ha vuelto con fuerza.
El 60% los presos que han probado este alcohol penitenciario
Los sindicatos cifran en cerca del 60% los presos que han probado este alcohol penitenciario. Ahora bien, desde la conselleria de Justícia indican que "siempre hay casos" pero que se trata de "un fenómeno residual".
Los presos fabrican la chicha, muy popular en los países latinoamericanos, con tan sólo un puñado de frutas que han conseguido en el comedor de la cárcel. La mayoría de ellos usan botellas de 1,5 litros, pero los funcionarios de las cárceles han encontrado incluso garrafas de lejía de cinco litros.
"Actualmente se llevan a cabo más registros en las celdas", exponía ayer el responsable de prisiones de UGT, Miquel Pueyo. Si en estos controles se detecta cualquier recipiente con chicha, el preso es sancionado levemente, con una privación de paseos y espacios recreativos o bien el aislamiento en celda un día, a modo de ejemplo.
Pueyo destacaba también que actualmente "es más fácil pasar droga que alcohol" en los centros penitenciarios.
65.300 presos censados
Dado que actualmente hay 65.300 presos en todo el Estado, la directora general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Mercedes Gallizo, apostó ayer por potenciar las medidas alternativas a la cárcel. Fue en el marco de un seminario celebrado desde ayer y hasta el miércoles en Barcelona, dónde se debatirá la reforma del Código Penal, entre otros ámbitos.
Cómo hacen la chicha
La definición: Es una bebida alcohólica que resulta de la fermentación de la fruta en agua azucarada.
La receta: Con un puñado de fruta troceada o exprimida, un poco de agua y azúcar colocados en un recipiente cerrado, al cabo de 4 días se obtiene el alcohol.
El último caso: El pasado viernes, un preso borracho agredió a un funcionario de la cárcel de Ponent.

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20minutos.es

INTENTO DE MOTÍN EN ZUERA.

Funcionarios de Zuera piden más protección
Dirigentes de CSIF se reunieron ayer con el fiscal jefe del TSJA.

Responsables del sindicato de Prisiones del CSIF se entrevistaron ayer con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), José María Rivera, para pedir más severidad judicial frente a las agresiones contra funcionarios. El presidente y vicepresidente de esta organización, Eliseo Pérez y Luis Güerri, respectivamente, solicitaron que los fiscales unificaran criterios para castigar estas conductas como delitos de atentado, tal como contempla el artículo 550 del Código Penal.
La petición está relacionada con la agresión sufrida por un funcionario de la cárcel de Zuera el pasado 8 de septiembre. Según explicaron los dirigentes sindicales, "al hilo de este incidente, solicitamos que este artículo no sólo se aplique con agresiones en las prisiones, sino también con las que se producen contra los funcionarios de Sanidad, Educación, o agentes forestales".
Eliseo Pérez explicó tras la reunión que el fiscal jefe se había mostrado "muy receptivo" ante esta problemática, y se comprometió a enviar a las direcciones de los centros penitenciarios un recordatorio sobre la necesidad de que estos hechos, tanto las agresiones graves como las leves, se denuncien ante Fiscalía, "sobre todo estas últimas, que muchas veces se resuelven únicamente con una sanción interna".

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elperiodico de aragon

Los funcionarios de prisiones exigen que las agresiones se consideren atentados

Piden que la medida se aplique también a los empleados públicos de otros sectores.

Los funcionarios de prisiones solicitaron ayer al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera Hernández, que las agresiones a los empleados públicos se consideren como atentados y que se aplique "con rigor" el artículo 550 del Código Penal, donde se recogen estos supuestos.

El representante del sindicato CSI-CSIF, Eliseo Pérez, se mostró satisfecho con el resultado del encuentro que mantuvieron ayer tras el que manifestó que el fiscal jefe se había comprometido a tomar las medidas adecuadas para que cualquier agresión se comunicara a la Fiscalía.Esta reunión fue una más de las acciones que han llevado a cabo en las últimas semanas los funcionarios de prisiones para denunciar o intentar impedir que se repitan agresiones a los trabajadores, como la ocurrida el pasado 8 de septiembre en la cárcel de Zuera. Dos presos tomaron como rehén a un funcionario, al que hirieron de gravedad con un pincho carcelario."El fiscal jefe se ha comprometido a enviar un recordatorio a todas las prisiones para que cualquier mínima agresión se traslade a la Fiscalía", comenta Eliseo Pérez.

Por otro lado, indica que otro de los compromisos adquiridos es que hablará con el resto de los fiscales que ejercen en la Comunidad Autónoma para que se actúe en la misma línea. "Es un intento más de atajar las agresiones en las cárceles, porque la política penitenciaria actual en este sentido es penosa. De todos modos, intentaremos que no se repitan", comenta.Según explica, en estos momentos, acciones como insultos o empujones no trascienden fuera de los centros. "Un empujón se considera como una falta y ahí se queda", asegura.La petición del colectivo es que se aplique "con rigor" el artículo 550 del Código Penal: "Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Protección a todos los sectores
Además de aplicarlo en el caso de los funcionarios de prisiones, el representante sindical de CSI-CSIF, Eliseo Pérez, indica que su voluntad, y así se lo manifestó ayer al fiscal jefe, es que se aplique de la misma forma para los profesionares de la Sanidad, Educación, agentes forestales... De hecho, sus agresiones las comparan con las que sufren otros profesionales como los profesores o los conductores de autobús. Por ello, los trabajadores indican que la sociedad tiene que expresar su rechazo a este tipo de actuaciones."En el caso de la agresión al compañero de Zuera, el caso sí se comunicó a la Fiscalía porque excede lo que es un empujón", comenta Eliseo Pérez. Los agresores fueron trasladados a la prisión del Puerto de Santa María (Cádiz). Por su parte, el funcionario continúa de baja laboral mientras se recupera de las heridas.

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heraldo.es

08 octubre 2007

EN PRISIÓN 17 MIEMBROS DE BATASUNA

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió enviar a 17 miembros de Batasuna a prisión alegando que, desde la ruptura del "alto el fuego", el pasado junio, éstos no tienen la voluntad de "acabar con la violencia terrorista", sino la de "coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines" de ETA "por medio del recurso a la violencia".
La abogada de Batasuna Jone Goirizelaia comparecerá a mediodía en el Hotel Anoeta de San Sebastián para pronunciarse sobre la encarcelación decisión de Garzón.
De los 23 miembros de la ilegalizada Batasuna detenidos el pasado jueves en la localidad guipuzcoana de Segura sólo seis han quedado en libertad. El resto han ingresado esta madrugada en la prisión madrileña de Soto del Real, acusados de un delito de integración en ETA, según informaron fuentes jurídicas.
Destacan los dirigentes de Batasuna Joseba Permach, coordinador y coportavoz de la formación ilegalizada; Rufino Etexebarría, miembro de la Mesa Nacional; Juan José Pretrikorena, encargado de Comunicación; y Juan Cruz Aldasoro, responsable de Navarra. El juez los acusa -a ellos y otros tres- de reiterar en el delito de pertenencia a banda armada por el que ya se encuentran procesados en sumarios en los que se investiga el entorno etarra. A los 10 restantes les imputa por primera vez la comisión de este delito.
En cuanto a los otros seis detenidos, para cuatro -entre ellos Jean Claude Aguerre, Haizpea Abrisketa y Egoitz Apaolaza-, Garzón ordenó prisión eludible bajo fianza. Los otros dos -Iban Berasategui y Xabier Albisu- fueron puestos en libertad nada más comparecer ante el juez.
Garzón adoptó esta decisión después de que los fiscales Carlos Bautista y Juan Moral pidieran prisión para 18 de los 23 detenidos y fianza de 10.000 euros para otros tras interrogarles, aunque, a excepción de los dos que quedaron en libertad, todos ellos se negaron a declarar.
"No tienen voluntad de acabar con la violencia"
Garzón explica su actuación en que "en el momento actual", en el que ya no existe un alto el fuego por parte de ETA, "y puesto" que los miembros de Batasuna, a pesar de tener la "opción de desvincularse de ETA" , "optan por la permanencia en el complejo terrorista, cumpliendo los fines y actuando en su seno" esa actitud debe valorarse "como un ejemplo de aquiescencia y apoyo" a la banda.
El juez justifica también la prisión en "la necesidad de asegurar todo el material probatorio que pueda resultar dañado", ya que desde marzo de 2006 hasta el 4 octubre de 2007, "la búsqueda de datos e indicios con la sobriedad que caracteriza a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ajenos a cualquier instrumentalización oportunista del sesgo que fuera, ha dado sus frutos y por ello, es en este momento cuando se debe actuar".
Hasta ahora no cabía actuar contra la cúpula de Batasuna porque, según Garzón, "cuando las actuaciones individuales" se han producido "aún en nombre o representación de la opción política ilegalizada con el fin de buscar el final de la violencia, aunque haya sido equivocada o interesadamente no puede considerarse ese hecho como un acto delictivo".
La detención de los 23 miembros de Batasuna se produjo al entender el juez que pretendían reactivar el partido y renovar su estrategia de apoyo a la banda terrorista y ordenó los arrestos cuando cometieron "un delito flagrante" como fue la celebración de una asamblea, actividad que tiene prohibida la formación abertzale desde que fuera ilegalizada y tuviera suspendidas sus actividades.
Una vez que ETA declaró la ruptura formal del alto el fuego, el pasado 5 de junio, "escenificada en la ejecución sistemática y reiterada de atentados, secuestros y extorsiones", la "valoración" de la conducta de Batasuna "no puede ser favorable a la falta de intencionalidad delictiva, de las reuniones en las que planifican su actuación, sino a la ejecución de las mismas de acuerdo con la estrategia" de la banda terrorista.
elmundo.es

05 octubre 2007

Los etarras quisieron rendirse

En agosto de 2004, seis veteranos de ETA, ahora en prisión, enviaron una carta a la dirección de la banda terrorista en la que abogan por “la lucha institucional” al constatar que “la lucha armada” que desarrollan “hoy en día no sirve” y que su “estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo”. La carta, reproducida en noviembre por el periódico navarro Diario de Noticias, está firmada por Francisco Múgica Garmendia, Pakito, e Iñaki Arakama Mendia, Makario, Iñaki Bilbao Beaskoetxea, Iñaki de Lemona; Carlos Almorza Arrieta, Pedrito de Andoain; Kepa Solana Arrondo y Koldo Aparicio Benito. La carta cuenta con el apoyo de un centenar de presos etarras encarcelados en distintas prisiones españolas.
El que fuera jefe del aparato militar de ETA, Pakito, y sus compañeros afirman que “esta lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve. Esto es morir a fuego lento. No se puede hacer una lucha armada a base de comunicados y de proferir amenazas que luego no se cumplen. No se puede desarrollar una lucha armada cuando se es tan vulnerable a la represión”. Y reconocen que “nunca en la historia de esta Organización nos hemos encontrado tan mal y en las últimas comunicaciones no se atisba ninguna reflexión sobre ello”. “Nuestra estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo contra nosotros”, reconocen.
Los seis presos constatan que “la incapacidad de potenciar la lucha armada y la imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder central nos obliga a replantear la estrategia vanguardista defendida hasta ahora”. Por eso consideran que, “en adelante, a nuestro entender, debería ser la izquierda ‘abertzale’ en su conjunto, con los instrumentos utilizados en su organización política, quien debiera definir la estrategia y táctica a seguir en el logro de nuestros objetivos como pueblo”.
Por último: “Pensamos que si no se coge el toro por los cuernos de forma decidida y resuelta, vamos a introducirnos en una dinámica degenerativa que va a afectar a nuestro proyecto político como tal”.
Así estaban de desesperados los etarras hasta que Rodríguez les reanimó.

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minutodigital

Moción de Adeiza para agilizar la construcción de la nueva prisión
El diputado provincial de Adeiza-UPZ, Manuel Tejedor, ha presentado una moción de urgencia al pleno de la institución provincial, que se celebra hoy, con el fin de que se inste al Ayuntamiento y a la Administración central «a que hagan realidad, sin más dilaciones, la construcción y puesta en marcha del centro penitenciario en Zamora». La propuesta, según argumenta el diputado, se debe al hecho de que el proyecto está «absolutamente estancado», a pesar de las declaraciones de los representantes de una y otra administración.En la moción, Adeiza-UPZ invita a los municipios de la provincia que estén interesados en ubicar en su término el futuro centro penitenciarios a que hagan público su interés, con el fin de que el proyecto no se retrase más, «si finalmente decayese la opción de la capital».El grupo justifica la urgencia de su moción por el hecho de que las administraciones implicadas solo se acuerdan del proyecto con motivo de la festividad de prisiones y de la invitación a autoridades hecha por la cárcel de Topas, «entonces se hacen declaraciones responsabilizándose mutuamente de la parálisis, hasta la próxima festividad de La Merced».Adeiza considera que ya es hora de dejar de engañar a los zamoranos y de que se aborde de una vez la construcción de este centro, «que comportará la creación de buen número de puestos de trabajo».

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nortedecastilla.es

El fiscal pide al TC que confirme la condena por amenazas a De Juana

Las expresiones que el etarra Ignacio de Juana Chaos utilizó en el artículo publicado en «Gara» el 1 de diciembre de 2004 bajo el título «El escudo» «rebasan ampliamente» los límites del derecho a la libertad de expresión por cuanto suponen graves amenazas dirigidas contra varias personas. Este es el criterio con el que la Fiscalía se ha opuesto al recurso de amparo que el preso etarra ha presentado ante el Tribunal Constitucional, criterio que sirve para avalar la condena a 3 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero.
Dos fueron las estrategias empleadas por el terrorista para eludir la prisión tras serle impuesta esta condena, que quedó reducida a 3 años tras revocar el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que le imponía 12 años y 7 meses de cárcel. De hecho, esta pena es la última que le resta por cumplir a De Juana, quien ya ha obtenido el licenciamiento definitivo de todas las que acumuló por la veintena de asesinatos que se le atribuyen y por los que fue condenado.
Una de las estrategias de De Juana ha sido la de los recursos, con los que ha llegado hasta el Constitucional. La otra, la del chantaje y la presión política mediante la huelga de hambre -en plena negociación Gobierno-ETA- con la que logró salir de la cárcel para ser tratado en un hospital de San Sebastián. Los «privilegios» de De Juana -su polémica excarcelación fue ampliamente discutida desde el punto de vista legal y jurídico- se terminaron con la declaración de ETA de ruptura del «alto el fuego» en un comunicado muy posterior al atentado mortal de la T4, anticipo práctico de las verdaderas intenciones de la banda.
Ahora, cuando el terrorista está de nuevo en la cárcel y le quedan apenas unos meses para ser puesto en libertad, la última palabra la tiene el TC. En el informe elevado al Tribunal, la Fiscalía cree que la condena de De Juana por un delito de amenazas está plenamente justificada pues las advertencias que el etarra hace en su artículo no se refieren a daños que supongan infracciones penales «leves» (simples faltas) sino «gravísimas intimidaciones frente a bienes jurídicos de enorme entidad, como la vida y la integridad física».
Por esta razón, el fiscal ante el TC cree que las expresiones del etarra no pueden entenderse como un inofensivo instrumento para la formación de la opinión pública ni interpretarse, como pretende la defensa en su recurso, como «simples metáforas». En el artículo, advertía a jueces, políticos y funcionarios de prisiones que debían sacar «sus sucias manos de Euskal Herria» si no querían emprender un camino que «sólo implica más sufrimiento.
Etarra detenido
Mientras, la Policía francesa detuvo ayer en Hendaya a Juan Carlos Iriarte Pérez, uno de los presuntos intermediarios del aparato de extorsión de ETA desarticulado en 2006

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abc.es

04 octubre 2007

La mitad de las futuras cárceles ya tienen ubicación mientras Valencia sigue a la espera

El Gobierno anunció la construcción de 11 prisiones para terminar con la saturación de los centros
La mitad de las futuras cárceles ya tienen ubicación mientras Valencia sigue a la espera
De las once grandes prisiones que anunció el Gobierno en su programa 2006-2011, la mitad ya tienen seleccionada ubicación. En este grupo, sin embargo, no se encuentra el futuro centro de la provincia de Valencia para el que se sigue buscando emplazamiento desde hace meses. Pese a la comparación con el resto de centros, desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario (Siep) aseguran que por el momento no existe retraso en los trámites. Una vez se haya realizado la criba de lugares que reúnen todas las características para la nueva cárcel –bien comunicada, con un hospital cercano, alejado de la costa y en unos 30 kilómetros alrededor de la ciudad de Valencia– Instituciones Penitenciarias se reunirá con la Conselleria de Gobernación para informar del proyecto. El anterior conseller de Justicia e Interior, Miguel Peralta, ya recibió una llamada desde el Ministerio para concretar una cita, pero decidieron aplazarla hasta después de las elecciones autonómicas. Por el momento, no se han producido nuevos contactos con el departamento que ahora encabeza Serafín Castellano.
Los centros de Interior que ya disponen de un lugar en el mapa son los de Mahón, Canarias IV, Levante I (Murcia), Norte I (Iruña) y Norte II (Pamplona). El consenso en una infraestructura de este tipo es básico, ya que cualquier penitenciaría genera un amplio rechazo de los vecinos del municipio porque consideran que aumentará la delincuencia. El futuro centro contará con 1.280 celdas. El presupuesto que maneja el Ministerio del Interior para la construcción de las dependencias ronda los 92 millones de euros. Además, serán necesarios unos 240.000 m2. El Gobierno quiere levantar esta segunda macrocárcel en la provincia para terminar o al menos paliar la saturación de la prisión de Picassent. LAS PROVINCIAS informó el pasado sábado de que 2.000 presos naturales de la Comunitat están presos actualmente en cárceles de otras autonomías por diferentes motivos, entre ellos, la falta de plazas. Con la nuevas penitenciarías, muchos podrán regresar a la región. El mismo objetivo persigue la otra macrocárcel que muy pronto abrirá sus puertas en el municipio de Albocàsser. Pese a que en un principio estaba prevista su apertura para diciembre de este año, las últimas informaciones han retrasado su estreno al primer semestre del próximo año.

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lasprovincias.es

03 octubre 2007

El «cachas» De Juana podrá votar

OCHO MESES después de exhibir sus huesos en la prensa mundial, el etarra De Juana está en forma: 81 kilos, hace pesas y corre. Si todo le sale bien, estará en la calle para votar en el referéndum de Ibarretxe
Iñaki de Juana Chaos está contento. Y se prepara para su salida de la cárcel dentro de menos de 14 meses poniéndose de buen ver. Dependiendo de las cuentas que haga el juez, quizá esté en la calle para votar el 25 de octubre de 2008 en el referéndum sobre «el futuro de Euskadi» que el pasado viernes anunciaba Juan José Ibarretxe. Sí o sí -como si fuera de Bilbao, y eso que nació en Llodio (Alava)-, sea ilegal o inconstitucional, el lehendakari va a llamar a las urnas al pueblo vasco.
De Juana Chaos está contento. Ya no es el cadáver andante que gemía libertad tras 115 días en huelga de hambre. Los funcionarios que lo custodian en la cárcel de Aranjuez están asombrados de su exquisita educación, de su sociabilidad con el resto de reclusos y, sobre todo, de su físico actual.
De Juana ya no es aquel anoréxico que exigía su excarcelación enseñando costillas pugnaces en periódicos británicos. Durante la huelga de hambre que mantuvo durante 115 días, y que abandonó en marzo tras concedérsele la prisión atenuada, llegó a pesar 53,7 kilos. Veinte menos que los ideales para un hombre de 1,73 de estatura. Sufrió hipoglucemia, cardiopatías, fue sometido a una operación gástrica en mayo, perdió vista, se temió un fallo multiorgánico que podría haber terminado con su vida...
Ocho meses después está irreconocible. Pesa 81 kilos, pasa todo el tiempo libre en el patio de la cárcel de Aranjuez haciendo gimnasia: pesas, flexiones, carrera. Tiene el cuerpo de un atleta y un humor excelente, aseguran los funcionarios de Aranjuez. Ya no es aquel De Juana sombrío y malencarado que paseó su misantropía durante 20 años por las cárceles españolas. Hay días que, incluso, se juega la reputación al mus.
De Juana cumple lo que le queda de condena en el módulo tres de la prisión surmadrileña de Aranjuez. Se levanta a las ocho y media y desayuna fuerte. Después, invariable rutina, acude al locutorio y durante un buen rato habla con su novia, Irati Aranzábal. Las conversaciones son grabadas para evitar que los presos de ETA puedan seguir operativos desde el cautiverio, como ocurría antes de la desactivación del denominado frente de makos.
Cada preso, salvo excepciones, tiene derecho a cinco llamadas semanales de una duración de cinco minutos. El habla los siete días y durante más tiempo. No puede comunicarse con cualquiera. La tarjeta telefónica que le conceden a los reclusos es restringida: sólo pueden marcar una serie de números previamente autorizados por el juez.
En cuanto cuelga el teléfono, De Juana se calza las zapatillas y el chándal y se pone a sudar sus esforzados decatlones hasta la una del mediodía. Tres horas de tozuda actividad. Fue pertinaz matando durante su vida laboral activa -lo detuvieron el 16 de enero de 1987 tras cuatro años como gudari, en los que mató a 25 personas-. Se mostró casi irreductible hasta el suicidio en la huelga de hambre que protagonizó. Ahora también está dedicándose a tope a lucir un cuerpo danone impropio de los 52 años que celebró el pasado 21 de septiembre.
Tras hacer gimnasia -nunca deporte en grupo-, come a las 13 horas con el resto de presos. Su alimentación ya es prácticamente normal. Hasta las cinco de la tarde, vuelve a la celda, donde se dedica a leer y escribir. Después regresa al deporte. Se entrena más que un futbolista profesional. Aunque hay días en que hace pellas. Funcionarios que lo trataron en otras cárceles se asombran cuando se les dice que ahora, incluso, se deja caer en alguna partida de cartas por la tarde. Generalmente con los tres reclusos procedentes de la kale borroka que conviven con él en el módulo tres. De Juana siempre había tenido fama de huraño. De rehuir incluso la compañía de otros etarras, sobre todo desde que empezó, desde el interior de la cárcel, a tomar decisiones al margen de la dirección de la banda.
SIN AMIGOS EN ETA
En la cárcel de Algeciras, en la que permaneció hasta ser hospitalizado en el policlínico gaditano de Punta Europa el 29 de septiembre de 2006, ya sólo uno de los ocho etarras que vivían con él en el módulo de aislamiento le dirigía la palabra: Iñaki Etxeberria Martín, alias Mortadelo, quien, además, había roto con la banda en 1998, después de haber sido condenado por dos asesinatos.
Ahora ya no está ni en módulo de aislamiento ni con históricos de la banda. El módulo tres de la cárcel de Aranjuez es el denominado módulo libre de drogas. Allí los delincuentes comunes se someten a un programa especial de desintoxicación. Ese es el entorno en el que se mueve De Juana. Pero no está, en absoluto, aislado de ETA. Ni del entorno político de la banda.
Al contrario que Arnaldo Otegi, la otra gran figura del star-system carcelario de la cartelera penitenciaria española. A pesar de que sus lugartenientes Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena permanecen medio desaparecidos de la vida pública por miedo a ser también encarcelados, Otegi ya ha oído rumores, en varios medios de comunicación, sobre la preparación de su relevo. Quizá por eso, en lugar de a la gimnasia, se dedica al yoga, al estudio del inglés -tal vez para charlar en el retiro poscarcelario con su idolatrado Gerry Adams- y a seguir un régimen de adelgazamiento a base de frutas. Porque, según parece, mientras De Juana gana peso en todos los sentidos, Arnaldo Otegi lo pierde. Además de por la báscula, puede colegirse de la relevancia de los huéspedes a los que acoge cada uno.
A De Juana no sólo le visita en locutorio y vis a vis su joven novia, Irati Aranzábal Zuloaga, miembro del colectivo de asistencia a los presos Etxerat y nacida hace 30 años en Mondragón a la sombra de una genealogía de abertzalismo arraigado. No se encuentran tan a menudo como cuando él estaba hospitalizado. Irati sólo ha acudido a ver a su novio el 19 de julio, el 4, el 11 y el 25 de agosto, y el 8 de septiembre.
Los contactos políticos han sido más interesantes. Teresa Telletxea compartió con él locutorio el primero de septiembre. Un día antes, Juan José Ibarretxe ya había adelantado lo que el viernes cogió cuerpo y fecha: anunció que convocaría un referéndum sin especificar cuándo. Y siete días antes de la visita, ETA había hecho estallar un coche bomba ante el cuartel de la Guardia Civil de Durango, en el primer atentado perpetrado por la banda tras la ruptura explícita, el 5 de junio, del alto el fuego indefinido.
La visita de Teresa Telletxea confirma, según fuentes de la Guardia Civil, que De Juana ha ganado el pulso que le planteó a la banda poniéndose en huelga de hambre sin permiso de la cúpula. Teresa Telletxea es una chica muy bien relacionada. No tiene antecedentes desde que el 15 de septiembre de 2000 fue detenida en la operación policial, en Francia, que acabó con el aparato logístico de ETA.
Telletxea era un soldado raso del equipo que cayó con la detención, en aquellas fechas, de Ignacio Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería, el etarra que ordenó el asesinato del Rey. El era entonces el jefe de la banda. Ella, una gregaria. Su delito, haber alojado en una casa de su propiedad a los etarras Angel Pikabea e Ignacio Santesteban.
Telletxea cumplió condena durante cinco meses y medio en la cárcel francesa de Pau, compartiendo celda con la compañera sentimental de Iñaki de Rentería, la francesa Fabianne Tapia. Ambas fueron excarceladas el 28 de julio de 2005. Desde entonces, Telletxea no ha acumulado más antecedentes. Se ha mantenido limpia hasta ahora.
De Juana también recibió las visitas, los días 14 y el 17 de julio, de Jone Eizmendi, la proetarra que intentó colar en febrero a la habitación del terrorista, en el hospital capitalino Doce de Octubre, un aerosol con gas pimienta.
El contacto más político se produjo el 18 de agosto. Ese día, De Juana fue el anfitrión carcelario de José Luis Cerezo Conde, candidato en las municipales de 1999 por Euskal Herritarrok en la localidad navarra de Lesaka. Fuentes de la lucha antiterrorista consideran a Cerezo un miembro del sector abertzale crítico con la dirección de Arnaldo Otegi. Hasta el punto de no haber querido integrarse con posterioridad en ninguna de las listas presuntamente blancas con las que la izquierda abertzale intentó burlar, y burló, la ilegalización de Batasuna.
La facción de Cerezo critica a Otegi, sobre todo, por dos razones. La primera, que no incluya a Navarra y al País Vasco-Francés en sus reivindicaciones de manera más furibunda. La segunda, que durante el alto el fuego permanente haya aislado, junto al sector de ETA afecto a Josu Ternera, a los presos; e, incluso, haya permitido que la amnistía para éstos no sea una prioridad negociadora en las conversaciones ETA/Gobierno/Batasuna.
Ahora, en la cárcel donostiarra de Martutene, Arnaldo Otegi está sufriendo el mismo ostracismo que aquellos presos a los que él, dicen, dejó de lado. Al contrario que De Juana, Otegi vive su condena en la primera celda de la Galería 1 sin ningún tipo de interlocución política relevante. Apenas le visita su familia. Hace vida normal. Se relaciona con afabilidad con el resto de reclusos. Y, también al contrario que De Juana, está adelgazando en lugar de engordar. Lo único que solicita del exterior es fruta para mantener una dieta que lo vuelva a convertir en el sex-symbol -que lo era- de la feminocracia abertzale.
Otegi sabe que un líder de Batasuna en la cárcel deja de ser líder. Se diluye. Desaparece. El llegó a la dirección cuando su antecesor, Floren Aoiz, entró al trullo el 7 de diciembre de 1997 con la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Cuando regresó a la calle 20 meses después, ya no había nadie capaz de bajar a Otegi del pedestal. Desde entonces, Aoiz se transformó en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
YOGA EN VEZ DE DEPORTE
La rutina de Otegi en Martutene -una cárcel sin módulo especial para etarras- sólo varía con respecto a la de De Juana en tres cosas: tiene menos visitas, hace menos llamadas y, en lugar de pasar la franja horaria entre 10 de la mañana y una del mediodía haciendo gimnasia, va a clases de yoga y de inglés. Su compañero de celda es un atípico hijo de la borroka. Ismael Fakhri Delgado es hijo de marroquí. Lo suyo recuerda a aquella genial ocurrencia de Juanma Bajo Ulloa, que en su película Airbag, en plena efervescencia de la lección magistral de Xabier Arzalluz sobre el rH vasco, escogió a un actor negro para representar al lehendakari. Fakhri, que padece una minusvalía en una pierna, lleva en la cárcel desde el 2 de febrero de 1999. Otegi es comunicativo. Departe constantemente con presos comunes y funcionarios. Quizá porque ya no encuentra otros auditorios que le quieran escuchar.

noticia publicada en:
elmundo.es

02 octubre 2007

España - El futuro carcelario: Respeto y libertad

Cárceles con celdas abiertas, en las que no hay peleas ni drogas sino respeto, los presos participan en la gestión, en la limpieza e incluso dan clases a sus compañeros. No es una utopía sino una forma de organizar la convivencia dentro de las prisiones que favorece la reinserción. Los presos ganan calidad de vida a cambio de cumplir con un plan de trabajo.
El gobierno español quiere implantar en todas las prisiones de su competencia los denominados módulos de respeto. En ellos se propicia un ambiente de coexistencia pacífica entre los reclusos; donde antes flotaba el rencor, la violencia o el tedio ahora se habla de cooperación y solidaridad. La experiencia ya funciona en 10 prisiones españolas, y para 2009 se espera que este modelo, pionero en el contexto internacional, esté implantado en todos los penales españoles. Es el futuro de un sistema carcelario, que responde a su función reeducadora. España es el país del entorno europeo con una mayor tasa de personas encarceladas, 66.000 presos.
El centro penitenciario de Mansilla, en la provincia de León, fue el primero en adoptar el proyecto hace seis años. De sus 14 módulos ocho de ellos son de respeto, y albergan a casi mil presos, el 60% de la población reclusa de ese centro. El ingreso en estos módulos es voluntario, y se consigue tras un informe favorable de los responsables del centro. Los internos firman un compromiso de respetar las reglas del juego. A cambio, logran que el tiempo de condena no se haga tan largo y tedioso.
El compromiso que adquieren es cumplir un programa que incluye trabajo, estudio y ocio. Se respetan los horarios, se cuida la higiene personal, el vestirse adecuadamente para cada actividad, y sólo se puede fumar en las zonas habilitadas. Entre ellos se organizan comisiones de trabajo y celebran asambleas de cultura, de deportes y hasta de medio ambiente. Se aprenden y se practican los valores, es una forma de cambiar la cultura carcelaria entre todos.
"Aquí nos autogobernamos- afirma uno de los internos- nos tratamos con respeto. Vives más tranquilo y resuelves los problemas dialogando".
Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias afirma que "El sistema penitenciario no es el basurero en el que se depositan los desechos de la sociedad. Es un instrumento para ayudarnos a cuidar de los que están fuera, custodiando a quienes están dentro". El universo humano que habita las prisiones no es ajeno al mundo en el que vivimos sino que refleja sus problemas: La agresividad y la violencia en las relaciones entre las personas, el consumo de drogas y la dependencia que generan el machismo, el alcoholismo, la enfermedad mental, el fanatismo, la irracionalidad, la soledad, la crueldad, el desafecto… También la pobreza y la desigualdad en el mundo. "Aprendamos a poner en valor los pequeños cambios, los que producen algunas personas, o algunos grupos de personas en algunos sitios. Las cosas verdaderamente importantes cuestan mucho trabajo y comienzan en pequeños espacios. Ahora sé que los pequeños pasos que se dan son -sin duda- pasos de gigante contra la corriente de un mundo en el que los cambios se perciben como riesgo y en el que casi nadie quiere arriesgar" añade Gallizo.
El recurso a la prisión no es efectivo si no se realizan intervenciones en la persona del agresor a través de programas específicos de cambio de actitudes y de conducta. Actividades, trabajo y seguridad son la fórmula que conjura los incidentes. Hay programas dentro y fuera de la institución penitenciaria que buscan abordar el problema que llevó a la prisión a quienes están en ella, interviniendo en sus raíces más profundas, en la dependencia de las drogas o en la mentalidad de quien cometió algunos delitos.
Facilitar la reintegración social es la única forma de evitar conductas delictivas futuras. Cuando se ofrecen tratamientos en semilibertad y en comunidad a quienes han cometido pequeños delitos, está comprobado que se dan menores riesgos de reincidencia, frente a los clásicos regímenes cerrados. La reinserción de los presos es seguridad para todos. Como decía Victoria Kent, mientras más escuelas y más libros se abren, más cárceles se cierran.

noticia publicada en:
ADITAL

01 octubre 2007

La juez ve delito de torturas en la actuación de 13 funcionarios de prisiones de Barcelona

El director de la cárcel de Quatre Camins en 2004, imputado por palizas a presos tras un motín
Trece funcionarios de prisiones de Quatre Camins, entre ellos el entonces director de la cárcel y el subdirector médico, están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers (Barcelona) considera que podrían haber cometido un delito de torturas y otro de lesiones el 30 de abril de 2004, cuando supuestamente propinaron palizas a un grupo de presos por un motín en el que fue herido el subdirector de régimen interno.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers acusa de los supuestos delitos de torturas, además de a 11 funcionarios, al entonces director de la cárcel, Diego Enríquez Vázquez (relevado a los cuatro meses por la Generalitat), y a Xavier Martínez Redondo, que era subdirector médico de Quatre Camins y que fue despedido al poco tiempo. Éste recurrió por la vía judicial, fue readmitido, y actualmente está en la cárcel de Ponent (Lleida). El ex director ocupa un cargo de responsabilidad en la Comisión Territorial de Asistencia Social Penitenciaria.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de mayo de 2004, horas después de que hubiera un motín en el que participaron 77 presos, y en el que resultó herido muy grave el subdirector Manuel Tallón. Al cabo de unas horas, un grupo numeroso de funcionarios decidió dar un escarmiento a los presos por la agresión a Tallón, según han relatado los reclusos ante el juez. Los presos fueron sacados para ser trasladados a otras prisiones, y en el trayecto supuestamente les propinaron todo tipo de golpes con una gran virulencia.
El Departamento de Justicia expedientó de manera cautelar a un grupo de funcionarios, al considerar que 28 presos podrían haber sufrido malos tratos. Pero luego cerró el asunto, a sabiendas de que había un procedimiento penal en marcha. Tampoco llevó el caso al juez, sino que lo envió a la fiscalía para que decidiera qué hacer.
Más de tres años después, el Juzgado de Granollers ha concluido la investigación iniciada tras las denuncias de un grupo de internos. La juez considera que los hechos pueden ser delictivos y ha dictado un auto para que las acusaciones particulares y el fiscal le soliciten la apertura de juicio oral o que se practiquen nuevas pruebas.

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elpais.com