Trasladados dos presos etarras que agredieron a funcionario cárcel Valdemoro

Dos presos etarras que cumplían condena en el centro penitenciario Madrid III (Valdemoro) han sido trasladados a otras prisiones después de que amenazaran y agredieran a un funcionario de la cárcel el pasado viernes, según han informado a EFE fuentes penitenciarias.

El autor material de la agresión es el etarra Javier Abaunza 'Xavi', integrante del 'comando Madrid' de ETA, e implicado en el asesinato a tiros del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador perpetrado el 10 de febrero de 1997.

Abaunza se encuentra preso en España desde septiembre del año pasado cuando fue extraditado temporalmente por la Justicia francesa para hacer frente a varias delitos de terrorismo, colaboración y pertenencia a banda armada.

La agresión se produjo al mediodía del pasado 25 de abril cuando el funcionario acompañaba a ambos internos a su celda una vez que habían recogido su bandeja de comida.

Los dos etarras comenzaron a insultar y a amenazar al trabajador y, en un momento dado, Javier Abaunza arrojó la bandeja contra la cara del trabajador, quien sufrió lesiones en el rostro y la rotura de las gafas.

Tras la agresión acudieron otros funcionarios de la prisión que redujeron a los dos internos.

Como medida preventiva, los responsables de instituciones penitenciarias han ordenado separar a los dos presos de ETA y trasladarlos a otras prisiones.

El sindicato CSI-CSIF han informado de que el funcionario agredido permanece de baja médica y ha denunciado la situación de inseguridad que se vive en las cárceles españolas.

El incidente coincide en el tiempo con otra agresión sufrida en la misma prisión de Valdemoro el lunes pasado, cuando un preso común propinó una paliza a otro funcionario que acudió a mediar en una pelea entre reclusos.

Según el sindicato, el recluso, que cuenta con numerosos partes disciplinarios anteriores, tiró al suelo al funcionario y después le dio patadas, puñetazos y cabezazos, de los que todavía se está recuperando.

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Terra Actualidad - EFE

El Gobierno regional reconoce irregularidades en la construcción de la prisión del Castillo

LAS PALMAS.
Unos por la presunta irregularidad de las obras y su impacto turístico, y otros por sus «perversos» efectos en el medio ambiente, el Gobierno de Canarias y el partido de Los Verdes levantaron ayer su voz en contra de la construcción por parte del Estado de una macrocárcel en la localidad de Castillo del Romeral, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur grancanario. Se unen así a las protestas protagonizadas por los vecinos desde hace ya meses.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Canarias, Domingo Berriel, criticaba en sede parlamentaria que en ningún momento se ha cedido la parcela, ni hay estudio de la Comisión para la Ordenación del Territorio y del Medio de Canarias, por lo que se mandaron paralizar las obras.
De no alcanzar un consenso en esta materia, Berriel anunció que la Comunidad abrirá los expedientes que correspondan.
La «irregularidad» de las obras se puso en conocimiento del Juzgado de San Bartolomé de Tirajana a finales del pasado mes de marzo mediante una denuncia de los vecinos. Constituidos en el Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral, explicaban entonces a este periódico que las obras que se ejecutan en la zona rural de Llanos de Juan Grande, «son manifiestamente ilegales».
Según apuntaban, los terrenos «tienen la calificación de rústicos y son propiedad del Gobierno de Canarias». La finca «fue adquirida en 1988 para convertirla, con fondos de la Comunidad Económica Europea, en una explotación agraria» para el cultivo del tomate y además de ser propiedad del Ejecutivo regional, lo es de «de los adjudicatarios a los que se hizo la concesión por un plazo de ocho años».
Obra «prioritaria»
Sin embargo, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha insistido en diversas ocasiones en que la puesta en marcha de la nueva cárcel en Gran Canaria es prioritaria para el Gobierno, que «no va a consentir que el problema del suelo en las Islas siga haciendo imposible que se desarrolle un gran centro penitenciario en la Comunidad autónoma». A este respecto, Berriel reconocía ayer que el Ejecutivo central puede exigir la cesión del suelo.
Por su parte, Los Verdes, a través de su eurodiputado David Hammerstein, han llevado a Bruselas la macrocárcel, «al carecer de estudios de impacto medioambiental» y por considerar que «no se han tenido en cuenta otros emplazamientos más adecuados para la construcción del nuevo centro penitenciario grancanario».
Los Verdes valoraron además que, impactos medioambientales aparte, en Gran Canaria no cabe una macrocárcel, y que una instalación de estas características no es la mejor solución para subsanar el hacinamiento de Salto del Negro.

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ABC.es

Tavío (PP) tilda de "otra chapuza socialista" la unificación de los funcionarios de prisiones

miércoles, 16 de abril de 2008
Canarias/ La presidenta del Partido Popular (PP) de Tenerife, Cristina Tavío, manifestó, en el transcurso de una reunión mantenida ayer martes con representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), que la Ley de Igualdad que suprime y unifica las escalas masculinas y femeninas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias "es otro claro ejemplo de las chapuzas del PSOE".
Tavío dijo que también es una medida "contratria" a la Ley Orgánica General Penitenciaria, que vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores "y pone en riesgo su propia seguridad".
Cristina Tavío afirmó que la división de escalas masculinas y femeninas "no era una distinción discriminatoria, sino que era consecuencia de un criterio de organización del trabajo que realizan por la especial naturaleza de su labor y por el contexto en el que se desarrolla".
En esa línea, declaró no entender cómo la Ley Penitenciaria sí establece la separación por razón de sexo de las personas internas y, en cambio, no mantiene el mismo criterio para los funcionarios.
Los representantes de la CSI-CSIF explicaron a la presidenta insular del PP -según se informa en un comunicado- que "los funcionarios de prisiones se encargan de las labores administrativas de los módulos, y del matenimiento del orden y la seguridad" y eso supone "la observación y vigilancia de los internos e internas para asegurar que no se producen situaciones anómalas como peleas, abusos o actividades ilegales".
"Si algunas de estas situaciones se produjese, los funcionarios tendrían que intervenir, lo que implica que tendrían la obligación de acceder a todos los espacios de las cárceles como patios, duchas o celdas sin tener que pedir permiso y con el riesgo de encontrarse con situaciones violentas o peligrosas para ellos", precisaron.
De hecho, apuntaron que un funcionario de distinto sexo al de las personas custodiadas no puede realizar estas tareas porque vulneraría el derecho de intimidad de los internos y el de los propios funcionarios y funcionarias.La representación del sindicato también trasladó a la presidenta del PP de Tenerife que "la unificación en este trabajo supone en realidad una vulneración del derecho de igualdad", al no tener en cuenta que el género en esta tarea de vigilancia directa, sí es un requisito determinante para su ejercicio "ya que la diferencia de fuerza física entre hombres y mujeres en el ejercicio de nuestras funciones es la única arma con la que contamos".Para Cristina Tavío, este hecho "genera desigualdad" y pone en peligro, generalmente, a las funcionarias que en estos casos no podrían garantizar ni su seguridad ni la del resto de internos.
Además, dijo que no hay que obviar que en las cárceles existen personas con problemas psiquiátricos, condenadas por delitos sexuales y de violencia de género, "que pueden ser un añadido más a la seguridad e integridad física de estas trabajadoras que con la unificación tendrán que convivir en espacios cerrados con las personas a las que custodian".
Asimismo, consideró que no sólo se produce desigualdad con esta unificación sino que ésta ya se origina en las oposiciones "porque al juntar los grupos de aspirantes con dos baremos diferentes se quiebra el principio de igualdad en el mérito para el ingreso en la Administración".
Añade además que utilizar la nota final sin tener en cuenta la forma en la que se obtuvo, "da lugar a una situación de discriminación indirecta, puesto que las mujeres partían de una exigencia de aciertos en las pruebas superior a la de los hombres".
Este caso, a juicio de la presidenta del PP de Tenerife, vuelve a poner de manifiesto que la Ley de Igualdad, promovida por el PSOE, "no ha sido suficientemente reflexionada y se ha empezado a aplicar con bastantes prisas y sin hacer ningún tipo de análisis sociológico y cultural de su impacto".
Por ello, deseó una de las primeras tareas de la nueva ministra de Igualdad, Bibiana Aido, sea estudiar en profundidad estas medidas y hacer una reflexión más profunda porque, "nuevamente, dicha Ley se ha demostrado inútil e ineficaz, basada en la propaganda y en la ausencia de compromisos reales con las mujeres" concluyó Tavío.

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canarias 24horas

Interior refuerza Prisiones frente a la masificación en las cárceles

El Gobierno dará más medios a Instituciones Penitenciarias para afrontar la masificación en las cárceles y potenciar las medias alternativas a la prisión. El Ejecutivo ha elevado de rango de secretaría general a la hasta ahora dirección general, que a partir de ahora contará con dos divisiones: la Económica y la de Medio Abierto.
Desde que en 1996 Instituciones Penitenciarias fuera reducida a una dirección general nunca había tenido tanto peso en Interior. También Mercedes Gallizo, la responsable de prisiones, gana enteros en el equipo del ministerio y será nombrada en breve subsecretaria, el mismo rango que tendrá el futuro mando único de las fuerzas de seguridad.
Sólo el año pasado, Instituciones Penitenciarias tuvo que ocuparse de cerca de 8.000 penados por malos tratos domésticos que, sin llegar a entrar en la cárcel, estaban bajo el control de este departamento.
A este número se sumará en breve otra avalancha de personas condenadas por delitos contra la seguridad vial y que deberán hacer trabajos para la comunidad bajo la supervisión de prisiones.
La Dirección General de Gestión de Recursos recién creada será reforzada en breve para mejorar la gestión.
Algunos de los grandes centros, con casi 2.000 internos, se han convertido en verdaderos núcleos urbanos, mayores que muchos pueblos, con talleres productivos.

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larioja.com

Juzgan hoy a un preso acusado de pegar a tres funcionarios que querían retirarle droga en la cárcel de Sevilla-II

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará hoy a un individuo de 59 años que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Sevilla-II por un delito de robo y resistencia cuando supuestamente propinó 'manotazos y patadas' a tres funcionarios de prisiones que pretendían retirarle la droga que éste tenía. Por tales hechos, la Fiscalía reclama una pena de seis años para el inculpado.

Según el escrito de acusación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, sobre las 9.30 horas del 21 de julio de 2007 el inculpado, J.G.S., se hallaba en la sala de televisión de la citada prisión, donde comenzó a discutir con otro interno.

En ese momento, tres funcionarios de servicio acudieron 'a poner orden' y el procesado, tras lanzar varios golpes, les dijo: 'Hijos de puta, iros a robar a vuestra puta madre, no tenéis huevos de quitármelo uno a uno' --en referencia a la droga--.

De esta manera, los trabajadores le quitaron 106 comprimidos de Alprazolan más cinco papelinas de heroína y cocaína, sustancias 'que el acusado tenía para destinarlas al consumo de terceras personas, llevando consigo un billete de 20 euros, producto del ilícito tráfico'.

A consecuencia de los golpes recibidos por parte del inculpado, los tres funcionarios sufrieron lesiones tales como hematomas, contusiones y diversos dolores.

El Ministerio Público considera que los hechos relatados constituyen un delito contra la salud pública, por el que solicita tres años y seis meses de prisión para el acusado; un delito de atentado, por el que pide dos años y seis meses de cárcel; y tres faltas de lesiones, por las que reclama una multa de 180 euros.

Un total de 554 presos de Villabona, más de un tercio, recibe tratamiento psiquiátrico

La sentencia por el asesinato del niño Borja Solar, en Gijón, ha reavivado la polémica.
Un total de 554 presos de la cárcel de Villabona recibe tratamiento psiquiátrico, según los datos que maneja la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, lo que supone más de un tercio del total de la población reclusa de la prisión asturiana.
El director del centro, José Carlos Díez de la Varga, muestra su más absoluta preocupación por la situación y afirma con rotundidad que la prisión «no debe ser la respuesta a un problema de salud mental». Además, 240 internos toman metadona a diario.
Un total de 554 presos de Villabona recibe actualmente tratamiento psiquiátrico, según confirmaron fuentes penitenciarias. Esto supone más de un tercio del total de la población reclusa de la cárcel asturiana, que a día de ayer ascendía a 1.447 internos.
La sentencia por el asesinato del niño Borja Solar, en Gijón, degollado en un parque por un demente que esta semana fue condenado a quince años, reavivó la polémica. En el fallo, la magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Alicia Martínez puso en evidencia el «deficiente funcionamiento del sistema de tratamiento de enfermos mentales», muchos de los cuales van a parar a la cárcel, donde no reciben la atención ni el seguimiento adecuados.Villabona, gracias al convenio firmado entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Sanidad, dispone de asistencia psiquiátrica, un día a la semana, prestada por especialistas del Sespa.
Esta ayuda, según el director de la prisión, José Carlos Díez de la Varga, «supone un refuerzo muy importante para el equipo médico del centro, integrado únicamente por médicos generalistas que están trabajando mucho y muy bien y que, a base de experiencia y mucho interés, ya saben hacer hasta milagros».De la Varga es rotundo: «La prisión no es una respuesta adecuada al problema de salud mental de los internos, más bien es una dificultad añadida a su patología.
El problema de los enfermos mentales en prisión es grave y aumenta en número de forma vertiginosa. Es un conflicto social, político y de salud pública, no sólo penitenciario.
El sistema carcelario no puede suplir lo que el sistema sanitario debe proveer».Estos internos con problemas mentales conviven a diario con el resto de reclusos, sin distinciones y, a pesar de que tienen pautada su medicación, la realidad es que nadie los obliga a tomarla ni se cerciora de que lo hayan hecho.
«La prisión no debe ser una respuesta al problema del enfermo mental», insiste el director de Villabona, «y el derecho penal se ha diseñado para personas cuerdas que, con su comportamiento malicioso, causan daño a bienes jurídicos ajenos que deben ser protegidos. Las patologías psiquiátricas son una realidad cuantitativa y cualitativamente muy importante en el sistema penitenciario, y éste no puede, ni debe, en mi modesta opinión, albergar a personas que, en su momento, eran pacientes de centros psiquiátricos y ahora ingresan en las cárceles después de haber producido dolor y daño a otras personas o a sí mismos».
La inclusión de enfermos mentales entre los reclusos convencionales trae consigo, entre otras consecuencias, la masificación de las cárceles, un asunto alarmante, potenciado desde la entrada en vigor en 2003 de la ley de cumplimiento íntegro de las penas.
«Sin entrar a valorar su contenido, que no le corresponde al director de una cárcel», apunta Díez de la Varga, «es necesario constatar que cualquier medida legislativa debe llevar consigo la previsión del correspondiente gasto económico para hacer frente a la misma.
De lo contrario, la solución de un problema generará de inmediato otro diferente. Y lo cierto es que la entrada en vigor de esta ley no se acompañó de la construcción inmediata de nuevos centros penitenciarios ni del correspondiente aumento de plantillas». Y añade: «Si queremos cumplimiento íntegro de las penas, en régimen de privación de libertad, lo coherente es construir cárceles que puedan soportar con dignidad el aumento de la población reclusa. Y esto no se hizo en su momento. Se puso en marcha un mecanismo para aumentar constantemente la población penitenciaria, pero no se hizo el correspondiente gasto en la construcción de cárceles.
La situación actual era previsible para cualquier persona que hiciera una somera reflexión sobre esta cuestión». Según apunta, «el plan más ambicioso de construcción de centros penitenciarios se ha realizado en la presente legislatura, de la mano de la actual directora general, Mercedes Gallizo, con doce prisiones y treinta centros de inserción social.
Pero la construcción de estos centros será, aparte de costosa económicamente, lenta y farragosa por el rechazo social que a veces existe a tener cerca una prisión.
Y cuando entren en funcionamiento, si se mantiene el actual ritmo de ingresos en prisión, estaremos en circunstancias similares a las actuales».A esta circunstancia hay que sumar, además, el problema de las toxicomanías en prisión. De los 1.447 reclusos que alberga Villabona, 240 reciben a diario tratamiento a base de metadona, un sustitutivo utilizado en los procesos de desintoxicación.«La prisión no debe ser la respuesta a un problema mental»

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ine.es

Piden seis años para un preso de Sevilla-II acusado de pegar a tres funcionarios que querían retirarle droga

La Fiscalía de Sevilla reclama una pena de seis años de prisión para un individuo de 59 años, que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Sevilla-II por un delito de robo y resistencia, acusado de propinar "manotazos y patadas" a tres funcionarios de prisiones que pretendían retirarle la droga que éste tenía.
Según el escrito de acusación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, sobre las 9.30 horas del 21 de julio de 2007 el inculpado, J.G.S., se hallaba en la sala de televisión de la citada prisión, donde comenzó a discutir con otro interno.En ese momento, tres funcionarios de servicio acudieron "a poner orden" y el procesado, tras lanzar varios golpes, les dijo: "Hijos de puta, iros a robar a vuestra puta madre, no tenéis huevos de quitármelo uno a uno" --en referencia a la droga--.
De esta manera, los trabajadores le quitaron 106 comprimidos de Alprazolan más cinco papelinas de heroína y cocaína, sustancias "que el acusado tenía para destinarlas al consumo de terceras personas, llevando consigo un billete de 20 euros, producto del ilícito tráfico".
A consecuencia de los golpes recibidos por parte del inculpado, los tres funcionarios sufrieron lesiones tales como hematomas, contusiones y diversos dolores.
El Ministerio Público considera que los hechos relatados constituyen un delito contra la salud pública, por el que solicita tres años y seis meses de prisión para el acusado; un delito de atentado, por el que pide dos años y seis meses de cárcel; y tres faltas de lesiones, por las que reclama una multa de 180 euros.

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siglo XXI

Denuncian la agresión de un recluso a cuatro funcionarios de la cárcel de Martutene de San Sebastián

Dos de los trabajadores, de baja laboral, fueron atendidos en un hospital
El sindicato CSI-CSIF critica la masificación del penal donostiarra
El sindicato de funcionarios CSI-CSIF denuncia la agresión sufrida por cuatro funcionarios de la cárcel de Martutene de San Sebastián, a manos de un recluso.
Dos de los trabajadores agredidos tuvieron que ser atendidos de sus heridas en un centro hospitalario.
Según señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en un comunicado, los hechos sucedieron durante la mañana del lunes, cuando desde el centro penitenciario se comunicó al interno A.F.M. el contenido de una sanción disciplinaria.
Tras recibir la noticia, el preso comenzó «a insultar a los funcionarios» de servicio en ese momento «gritando ante el resto de internos», por lo que los funcionarios procedieron a su aislamiento provisional.
Fue entonces cuando el recluso «se negó activamente a entrar en el departamento de aislamiento y agredió a cuatro funcionarios que se encontraban presentes».
Como consecuencia del ataque, dos de estos funcionarios necesitaron asistencia médica en un centro hospitalario, «uno de ellos con un fuerte golpe en la cabeza y el otro con varias contusiones en los brazos».
Ambos fueron dados de alta el mismo lunes por la tarde. No obstante, los dos continúan «de baja laboral convalecientes» a causa de la agresión sufrida.
Según señalaron fuentes del sindicato CSI-CSIF, el interno que tomó parte en los hechos «es protagonista habitual de conflictos» aunque hasta la fecha no había «llegado a los extremos» del lunes.
Francisco Gil-Llera, presidente del Sector Nacional de Prisiones del sindicato, señaló que el «centro penitenciario de Martutene es una prisión pequeña» que «supera el 200% de ocupación, llegando en ocasiones al 300% de masificación».
Desde el sindicato denuncian que «aguantar agresiones no está contemplado en nuestro sueldo, aunque algunos de nuestros dirigentes en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias lo crean así, y hechos como éste están ocurriendo diariamente en todos los centros de España». Sin ir más lejos, a finales del pasado mes de marzo hubo otra agresión a dos funcionarias de la prisión de mujeres de Alcalá, mientras que en la cárcel de Valencia hubo un intento de secuestro de un trabajador del centro.
Gil Llera achaca estas agresiones a «la masificación de las prisiones» que, según el sindicato, tienen una media de ocupación en España del 160%, «sin que se haya previsto solución alguna a corto y medio plazo».
Además, denuncia «la falta endémica de funcionarios y al desánimo generalizado de los trabajadores de prisiones».
Según Gil- Llera, los funcionarios hacen «partes e informes diarios sobre el comportamiento de los internos y avisando de posibles altercados sin que se haga nada por evitarlos ya que la Dirección General alecciona a los directores de los centros en el sentido de no hacer nada».

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diariovasco.com

prisiones
El director de Picassent seguirá de momento en el cargo, que ha puesto a disposición de Instituciones Penitenciarias

El director de Cumplimiento de la cárcel de Picassent (Valencia), Jesús Sánchez, seguirá de momento ejerciendo su cargo, que ha puesto a disposición de Instituciones Penitenciarias (IIPP), ya que será la persona que ocupe la dirección del organismo dado que la actual está en funciones, quien tome la decisión sobre él una vez evalúe la situación del centro penitenciario, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.
Según estas fuentes, Sánchez ha comunicado a IIPP, tras la renuncia la pasada semana de José García como director del establecimiento penitenciario, que entiende que su cargo "está a disposición" de la administración aunque desde la cárcel precisaron que el director de Cumplimiento ha presentado su dimisión, igualmente la pasada semana.
Esta situación se produce después de que el pasado día 26 de marzo, el que hasta entonces era director del establecimiento penitenciario, José García, presentase su renuncia a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, al entender que era "lo mejor" tanto para el centro como para los profesionales que trabajan en él.
García adoptó esta decisión, tras 16 años en su cargo, por el "convencimiento" de que su relevo "será lo mejor para la institución y para los profesionales que trabajan en ella", según manifestó en el escrito que entregó a la Dirección, en el que también agradeció el trabajo realizado por el equipo que le había acompañado.
Su dimisión había sido solicitada por la mayoría de los sindicatos de prisiones, después de que en cinco meses, desde el pasado noviembre, se hayan registrado en la prisión hasta tres secuestros a funcionarios, el más notorio cuando cuatro internos retuvieron durante más de 10 horas a tres funcionarios el pasado 12 de ese mes.
El último incidente se produjo hace menos de dos semanas, cuando otros dos internos del centro penitenciario retuvieron durante media hora a un funcionario y le amenazaron con cortarle el cuello con unas cuchillas de afeitar.

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lasprovincias.es

PEDERASTIA.
LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS ACOGEN A 2.690 DELINCUENTES SEXUALES

Las prisiones españolas albergan a un total de 2.690 delincuentes encarcelados por delitos de agresión sexual, sin contar los de Cataluña, comunidad que tiene las competencias penitenciarias transferidas, según datos facilitados a Servimedia por Instituciones Penitenciarias.
Aunque el Código Penal distingue entre agresión, abuso, acoso, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y corrupción de menores, la Administración Penitenciaria agrupa a estos delincuentes bajo el epígrafe genérico de "delitos contra la libertad sexual", en el que se incluye a los pederastas.
Las mismas fuentes explicaron que este tipo de reos pueden someterse voluntariamente a "terapias de modificación de conducta", que buscan evitar la reincidencia a través del autocontrol. "Para este tipo de terapias conductuales es fundamental la voluntad del sujeto", porque "nadie que no tenga conciencia del problema puede intentar cambiar una conducta", señalaron.
El tratamiento, de un año de duración, es "largo y muy intenso", hasta el punto de que más de un reo ha abandonado el programa o ha intentado suicidarse cuando se ha enfrentado a sus actos y se ha dado cuenta de la magnitud del daño causado. "No se perdonan a sí mismos", añadieron las fuentes consultadas.

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disc@pnet