Gallizo aboga por ampliar plazas para trabajos en beneficio de la comunidad

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha abogado hoy por ampliar la plazas en las prisiones andaluzas para que determinados infractores, como los de tráfico, realicen trabajos en beneficio de la comunidad y para que cumplan las penas de manera "inmediata".

Gallizo hizo estas declaraciones a los periodistas durante su participación en el VI Encuentro de Directores y Directoras de Centros Penitenciarios andaluces con el Defensor del Pueblo Andaluz, donde insistió en la "importancia" de la creación de plazas.

Tras destacar la utilidad de estos encuentros para Instituciones Penitenciarias y para los ciudadanos, la secretaria general se ha mostrado partidaria de insistir en la labor de reeducación de los infractores.

Instituciones Penitencias prestará también especial atención a la asistencia sanitaria, un asunto que se comprometió a extender a todas las prisiones andaluzas con la idea de garantizar la atención de los presos enfermos en las prisiones, lo que evitaría su desplazamiento a centros de salud y hospitales.

"Este modelo garantiza una mejor asistencia a los enfermos y evita que las fuerzas de seguridad tengan que estar constantemente ocupadas en traer y llevar internos a los centros de salud, así como se evitan los riesgos que pueda conllevar la presencia de una persona con determinado índice de peligrosidad en instalaciones sanitarias", ha explicado Gallizo.

En su opinión, es "prioritaria" la formación de los internos dentro de las cárceles para completar o empezar, según los casos, su educación.

Con esta idea, ha solicitado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía un "esfuerzo" en la dotación de personal que responda a "todas las demandas que existen de formación".

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, destacó que la institución trabaja especialmente en procurar una adecuada asistencia sanitaria, educativa y social de los internos de la prisiones andaluzas.

Para Chamizo, la Junta de Andalucía "tiene que implicarse más", en el aspecto educativo de los presos, ya que la población penitenciaria "no sólo precisa de educación primaria o elemental, sino que también necesita formarse en otros niveles, algo básico para su posterior reinserción social".

Sobre la asistencia sanitaria, se mostró partidario de la fórmula señalada por la directora general de Instituciones Penitenciarias, al estimar que "no hay fuerzas de seguridad conductoras suficientes" para que los internos puedan acudir a los centros de salud.

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adn.es

Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no se agiliza la obra de la prisión

La alcaldesa prometió ayer «total apoyo» al nuevo centro y les sugirió que busquen también respaldo de la oposición .

ZAMORA

La alcaldesa de Zamora prometió ayer a los sindicatos de prisiones colaborar para la construcción de un nuevo centro penitenciario en Zamora y su apoyo a todas las iniciativas para que el proyecto salga adelante, según manifestó Teo Movilla, de Acaip, tras la reunión de los representantes sindicales con Rosa Valdeón.
El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones emprendida por representantes de Acaip, CC. OO., CSI-CSIF, UGT y FSP con responsables de instituciones y entidades en una iniciativa conjunta para impulsar la obra.
Los sindicatos propusieron a la alcaldesa que solicitara una entrevista con el ministro para exponerle la necesidad del nuevo centro, ante lo cual la alcaldesa les sugirió que se reúnan la oposición para llevar la propuesta al pleno y contar también con el apoyo del resto de los grupos políticos; un encuentro que las centrales sindicales ya tenían en su «hoja de ruta» para impulsar la iniciativa de la cárcel.
Los sindicatos empiezan a desconfiar de la voluntad del Gobierno de construir la nueva prisión, puesto que han transcurrido ya más de dos meses desde que el delegado del Gobierno en Castilla y León les comunicara que iba a pedir al Ejecutivo que el proyecto de la cárcel se incluya en el plan de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.
Miguel Alejo puntualizó entonces que hay oportunidad de incluir este centro puesto que el plan se va a renovar este mismo año.
El siguiente paso será la aprobación del plan y del proyecto en consejo de ministros.
Sin embargo, tal como subrayan los sindicatos, ni se sabe que se hay incluido el proyecto ni se ha aprobado en consejo de ministros.
De ahí que estén decididos a emprender movilizaciones en cuanto terminen su ronda de reuniones si no se ha avanzado en este objetivo.
En cuanto a los terrenos en los que se construirá, la alcaldesa explicó ayer a los sindicatos que desde su cargo puede dar facilidades si se edifica en los de la carretera de Alcañices, que es de propiedad municipal.
La otra opción son los terrenos de Las Chanas, que son propiedad de Defensa.

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El Norte de Castilla

El Gobierno busca terrenos en Valencia para la cárcel de madres y un centro de inserción social

Instituciones Penitenciarias se centra en el casco urbano de la ciudad para facilitar la salida de los presos con trabajo

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) está buscando un solar en el casco urbano de Valencia o polígonos limítrofes para construir la futura prisión de madres y un segundo Centro de Inserción Social (CIS) para terceros grados.
Así lo aseguraron ayer fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de que su titular, Mercedes Gallizo, presentara un plan de acciones para la igualdad en el ámbito carcelario.
Tal como ha informado Levante-EMV, el Plan de Infraestructuras Penitenciarias, cuyo plazo de ejecución finaliza en el año 2012, prevé la construcción de cinco unidades de madres en España, concretamente en Palma de Mallorca, que ya está funcionando; Sevilla y Madrid, cuyas obras están casi terminadas; y Valencia y Tenerife, que se han quedado para el final, pero que "están dentro de los plazos establecidos".
Según las fuentes consultadas, el de Valencia está todavía en la fase de localización de un terreno para construirlo, quizá el trabajo más complicado por la necesidad de conciliar intereses vecinales y de otras administraciones.
El primer requisito es que sea un solar amplio, ya que tiene que albergar la prisión de madres, que tendrá un máximo de 60 plazas, y el CIS, que servirá de alojamiento parcial a varios cientos de presos en tercer grado.
Aunque no ha trascendido el número de plazas exactas, en el CIS que existe actualmente en la prisión de Picassent hay siempre entre 500 y 600 internos.También es fundamental que esté bien comunicado, pues los presos en tercer grado salen cada día a trabajar y necesitan tener a mano los centros de trabajo.
Y finalmente se intenta que esté cerca de centros sanitarios y judiciales, problema que al estar en el casco urbano es de fácil resolución, dijeron las fuentes.
Instituciones Penitenciarias tiene contabilizados en la actualidad más de doscientos niños que viven con sus madres en las cárceles españolas.
La prisión de Valencia, con una veintena de menores de tres años -límite establecido por la ley- es una de las más concurridas, de ahí el interés por crear el nuevo módulo de mujeres, que es una aspiración casi personal de la actual secretaria de Instituciones Penitenciarias.

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levante-emv.com

Prisiones

Hasta tres presos comparten celda en la saturada prisión de Herrera de La Mancha

La población reclusa de esta prisión ha pasado de una media anual de 577 presos en 2007 a más de 670 el año pasado, siendo extranjeros la cuarta parte de los condenados

La población reclusa española sigue disparada y la prisión de Herrera de La Mancha es un ejemplo de ello. En un año se ha pasado de una media de 577 presos a 674 en 2008, prácticamente cien más.
Una saturación que ha llevado hasta tres presos a compartir una celda en algunos de los cuatro módulos. «La cárcel está al máximo de su capacidad», reconoce a este diario el juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-La Mancha, Antonio Moreno de la Santa, quien matiza que no sólo ocurre en este penal, también en el resto de las cárceles de su jurisdicción (Alcázar y Albacete) y del estado español porque la población reclusa sigue creciendo.
En la cárcel de Alcázar, que es pequeña, la cifra también es significativa, ya que de 99 que había en 2007 se pasó a una media 152 el año pasado, según los datos recogidos en la memoria del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-La Mancha, que evidencian igualmente el incremento producido en la prisión de Albacete, que ha pasado de 164 presos a 203 en 2008.

Pero, el penal que congrega mayor número de presos sigue siendo Herrera, que en la actualidad tiene unos 600, una cuarta parte de ellos extranjeros.
Concebida en su origen como prisión de máxima seguridad, cuenta con cuatro módulos con sesenta celdas, siendo la capacidad real de ocupación de 260, ya que a éstas hay que añadir veinte más de los departamentos de destino, enfermería, ingresos y aislamiento. 260 plazas para una media que en el último año ha sido de unos 600 reclusos, o lo que es lo mismo, más del doble de su capacidad, rozando el hacinamiento.
Algo que rechaza el juez Moreno de la Santa, ya que asegura que el hecho de que esté al máximo no quiere decir que los presos estén hacinados.Reconoce, no obstante, que se han adoptado medidas y que «ahora hay dos presos por celda, incluso tres en algunos de los módulos».
Insiste en que el número de presos sigue aumentando y «prácticamente no hay plazas» en casi todas las cárceles españolas, incluso en las de nueva planta como la de Estremera, en Madrid.
Se construyó para aliviar la masificación que sufren las prisiones de la zona «y ya hay más de mil presos», siendo su capacidad real para unos 1.500.
«Está previsto para que haya un interno por celda, pero tiene camas para dos», en previsión del crecimiento de la población reclusa, indica el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a modo de ejemplo sobre cómo se ha disparado la población reclusa en los últimos años, siendo significativo el aumento de presos extranjeros, que en las cárceles de Castilla-La Mancha son aproximadamente un 25%. En Herrera, donde uno de cada cuatro presos es extranjero, hay 23 nacionalidades distintas, siendo las más numerosas Colombia con 57 presos, seguida de Rumania con 35 y Marruecos con 31. .
La mayoría de los reclusos son de segundo grado, 500 en la actualidad. En primer grado hay 32, de ellos 21 son terroristas de ETA, uno del Grapo y otro islamista del 11-M. De tercer grado hay 67, de los cuales 52 están en régimen de semilibertad en el Centro de Inserción Social de la capital, dependiente de Herrera, y 15 disponen de control telemático.
Estos llevan una pulsera que les permite gozar de libertad, trabajar y cumplir lo que les queda de condena en su casa merced a un dispositivo que posibilita tener un control de sus movimientos.
Un avance tecnológico que sirve también para paliar la saturación de las cárceles españolas.Por edades, la mayoría de los presos (261) tienen entre 31 y 40 años. De 41 a 60 hay 155; 114 reclusos están entre 26 y 30; 81 de 21 a 25 años, once están en la franja de 18 a 20 años y cuatro son mayores de 60, según los datos facilitados por el penal manchego.
En cuanto a los delitos, el director de la cárcel, Enrique Valdivielso, indicó a este periódico que la tipología delictiva es muy amplia.
Hay desde condenados por delitos contra la propiedad, hasta por terrorismo, pasando por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), la libertad sexual (violadores y pederastas), la seguridad vial, violencia doméstica y estafas.
Los que más han aumentando en el último año y primeros meses de 2009 siguen siendo los delitos por malos tratos en el ámbito familiar y contra la seguridad del tráfico. «Hay muchos presos por maltrato familiar y condenados por conducir sin carne o bajos los efectos del alcohol o circular a gran velocidad que no se tienen por delincuentes», señala el juez Moreno de La Santa.

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La Tribuna de Ciudad Real

Funcionarios de élite para prisiones

Instituciones Penitenciarias creará un grupo especial para motines, secuestros o agresiones

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias creará en la prisión de Valencia un grupo de expertos en resolución de conflictos, algo así como un grupo de funcionarios de élite cuyo cometido será intervenir en secuestros, motines, agresiones, cacheos de celdas, tratamiento de primeros grados etc. Precisamente ayer, la sección sindical del CSIF en la prisión de Picassent pidió cursos de defensa personal para todos los funcionarios, ya que habitualmente se enfrentan a situaciones peligrosas sin dominio de las escasas armas de las que disponen ni la formación adecuada en el tratamiento de estas situaciones.
Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, los funcionarios de todas las cárceles de España llevaban tiempo quejándose de los problemas que tienen para afrontar situaciones conflictivas, lo que llevó a la actual secretaria, Mercedes Gallizo, a proponer la creación de este grupo especial en todos los centros, empezando por los más problemáticos, como el de Valencia, que además de ser el más grande de España, con 2.500 internos, ha demostrado una alta conflictividad en los últimos tiempos.
En estos momentos, explicaron las fuentes, la idea está en estudio y será consensuada con los sindicatos y los propios trabajadores, que ya están al corriente de la misma.
En un principio, el grupo estará compuesto por funcionarios especializados en asalto y también por especialistas en la mediación y la negociación.
Entre sus trabajos se incluirán tanto servicios rutinarios como el cacheo de celdas y tratamiento de presos clasificados en primer grado, como situaciones imprevistas que superen el trabajo normal del resto de compañeros, como agresiones, motines o secuestros.
Formación generalizada
El sindicato CSIF reclamó ayer a Instituciones Penitenciarias cursos de formación para el conjunto de los funcionarios, incluidas "defensa personal, técnicas de reducción y cualquier otra cuestión específica que pueda resultarles de utilidad en el caso de alteración del orden".
Según el sindicato, en la actualidad los funcionarios sólo pueden hacer uso de defensas de goma (porras), aerosoles, esposas y castigos de aislamiento de hasta 72 horas, medidas que en caso de usarse han de ser comunicadas inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El CSIF exige, así mismo, la creación inmediata de esos grupos especiales y una formación completa para sus integrantes, que deberán ser voluntarios de las propias prisiones.
A su juicio, estos grupos deberían realizar los cacheos de las celdas, las requisas y la reducción de los internos peligrosos o clasificados en primer grado, tal como ha asegurado que harán la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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levante-emv.com

CSI·F pide a Instituciones Penitenciarias que los funcionarios de prisiones reciban formación en defensa personal

El sindicato CSI·F reclamó hoy a la dirección general de Instituciones Penitenciarias que los funcionarios de prisiones cuenten con una formación en defensa personal, técnicas de reducción y cualquier otra cuestión específica que pueda resultarles de utilidad en el caso de alteración del orden por parte de los internos de los centros, según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

En concreto, CSI·F demanda que las personas que integren los futuros grupos de intervención, que se crearán para llevar a cabo cacheos, requisas y reducción de internos que alteren el orden o la seguridad en las prisiones, cuenten con la preparación específica. Para ello, dijeron, deben estar formados previamente en estas materias, "para poder realizar su cometido de forma adecuada y que su integración en los mismos sea voluntaria".

La constitución de estos grupos es una antigua reivindicación de los funcionarios de prisiones, ya que hasta el momento los únicos recursos con los que cuentan y les están permitidos a la hora de intervenir para mantener el orden en el interior de las prisiones son defensas de goma, aerosol, esposas, la fuerza física y el aislamiento por no más de 72 horas de los internos en sus celdas, recordaron.

Explicaron que se trata de medios "totalmente restrictivos" a la hora de su aplicación, "y de los que hay que dar cuenta inmediata al juez de vigilancia penitenciaria en el caso de su uso". Así, CSI·F subrayó la "importancia" del conocimiento de estas técnicas de defensa, pues "lo contrario supone poner en peligro las vidas tanto de los funcionarios como de los internos", señalaron.

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europa press

FRANCIA RECURRE A LOS ANTEDISTURBIOS ANTE EL CAOS EN SUS CÁRCELES

El Gobierno francés recurrió ayer a las fuerzas antidisturbios para intentar romper el bloqueo de cerca de un centenar de prisiones, donde vigilantes y personal penitenciario retrasan y perturban el funcionamiento de la Justicia, para denunciar sus condiciones de trabajo en cárceles desbordadas donde se multiplican los suicidios.
Las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) tuvieron ayer que recurrir a los gases lacrimógenos y las porras eléctricas para imponer la «libertad de circulación» en varias prisiones emblemáticas, como la Santé, en París, y Courbas, en Lyon.
Las tensiones se suceden desde hace días, en que los funcionarios de prisiones perturban gravemente el sistema carcelario y judicial con una política de brazos caídos y de resistencia pasiva que genera tensiones con presos y policías y retrasos en numerosos procesos judiciales. La ausencia de la ministra del ramo, Rachida Dati, entregada a la campaña por las europeas que la obligarán a abandonar el ministerio en junio, sería una de las causas de este caos institucional.
A juicio del personal penitenciario, Francia está al borde de la «explosión» de su modelo carcelario, con 63.351 encarcelados en unas prisiones que solo cuentan con 52.000 plazas. Ese exceso de prisioneros atiza tensiones graves. En los últimos doce meses se han sucedido una veintena larga de suicidios.
Más salario y funcionarios
En Francia, unos 32.000 carceleros y funcionarios de prisiones deben ocuparse de 63.351 prisioneros (2008). Los carceleros se consideran víctimas de varios problemas de fondo, con salarios mensuales que oscilan entre los 1.500 y los 2.000 euros mensuales.
Los sindicatos piden aumentos de salarios y contratación de nuevos funcionarios de prisiones. El Gobierno apenas está dispuesto a contratar a un número muy limitado de funcionarios, con aumentos salariales modestos.

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abc.es

¿Y si me violan en la prisión de hombres?

Por los pasillos las llaman «puta» y escupen a su paso. Así trabajan cientos de funcionarias de prisiones obligadas a ejercer en cárceles masculinas por la Ley de Igualdad.

Hasta el 1 de abril, Amelia se arrimaba cada mañana al libro de registros con la parsimonia tatuada de quien lleva 10 años mirando la misma hoja. Ese día, el rito despreocupado, el vistazo somnoliento, se convirtieron en un péndulo amenazante. «¿Me tocará hoy?», se repetía Amelia, cada alba, de camino a la prisión andaluza en la que trabaja. Hasta que un día de mal agüero, a las 8:40, el péndulo aterrizó sobre su nombre: Amelia-Panadería. Eso ponía la maldita hoja, por más veces que la mirase: Amelia-Panadería. La cita, dos días después, en la tahona de la prisión. Entremedias, dos noches en vela y mil «yo me voy, yo me largo» para conjurar inútilmente los nervios. A la hora H del día D, un suspiro. En vez de a las 5:00 horas, el turno de panadería comienza a las 6:00. Llegan seis internos. Amelia (nombre figurado) les entrega el simpático ajuar: cuchillos, rodillos y hasta un hacha pequeña. Sabe que la mayoría, si no todos, son delincuentes sexuales. Suelen hacer estos servicios porque son los internos que mejor se portan. «Quizás porque en una prisión no ven mujeres», razona Amelia. Quizás. El caso es que ahora van a empezar a verlas. El Gobierno le ha explicado a Amelia, por prensa interpuesta, que todo es por su bien. Que la igualdad entre hombres y mujeres tiene estas cosas. El único cuerpo de la Administración que seguía teniendo un acceso diferenciado para mujeres y hombres era el de los funcionarios de prisiones. Tenía su lógica: las mujeres encarceladas representan algo más del 8% de los 65.786 reclusos en cárceles españolas. Por tanto, se necesitaban menos mujeres funcionarias que hombres. Una lógica machista, según el Ministerio de Igualdad, que considera una discriminación que las mujeres no puedan trabajar con psicópatas, homicidas y violadores. Por lo que aprobó una disposición en 2008 para que las mujeres funcionarias trabajasen también en módulos de hombres, algo que no ocurre en ningún país europeo, salvo Alemania. Hace 10 años, entraban 100 ó 200 mujeres por cada 4.000 plazas. Desde 2006, cuando se implantó la escala unificada, la relación es del 50%: unos 200 de cada sexo. «¿Y si me violan? Todavía no ha ocurrido algo semejante, pero un día va a pasar, por eso lo denunciamos», se queja Lola Garrido, una de las organizadoras de la protesta. Recientemente, una funcionaria de la cárcel de Murcia tuvo que soportar que un preso le mostrase su sexo, talla XXL, según testigos, de forma ostentosa. «Tenemos muchos problemas con internos musulmanes o gitanos, que no reconocen la autoridad de una mujer. Ahora a nadie se le ocurre ponerse un pantalón ajustado», dice Garrido. «Por los pasillos te llaman «zorra», «puta» o escupen a tu paso», comenta otra funcionaria de la cárcel de Zuera (Zaragoza). «La seguridad en las cárceles no está garantizada. La situación es caótica, porque la propia ley impide de facto esa igualdad. Una funcionaria no puede cachear a un hombre ni entrar en un baño, pero no debería haber espacios vedados a funcionarios. Y si la igualdad debe ser matemática, ¿por qué los presos se separan de las presas?», denuncia Javier Adela, del sindicato CSI-CSIF. Ahora se avisa por megafonía a los internos el sexo del funcionario que subirá a hacer el recuento en las celdas, para que cuiden atuendo y posturas. Por la oposición de las trabajadoras, las prisiones han comenzado a implantar el régimen con el freno de mano puesto. En España, sólo tres penales tienen una plantilla totalmente mixta: Huelva, Puerto III (Cádiz) y Córdoba. Según fuentes penitenciarias, se espera su implantación generalizada en 2010. Y eso son muchas Amelias preguntándose dónde les va a tocar mañana. Todas sacaron una plaza en la que ponía, negro sobre blanco, que trabajarían con presas. Ahora, obligadas, tratan con hombres pero sin formación adicional. En la misma situación hay unas 2.000 funcionarias; más de 700 han firmado una protesta y se constituyeron como plataforma esta semana. Pero Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, se ha negado a recibirlas y les ha recomendado «cambiar de chip», según un encuentro destemplado con una funcionaria en la cárcel de Granada. Su departamento confirmó a este suplemento que sólo cumplen «la ley» y que no recibirá a «grupos de trabajadores, sino a sindicatos». A Amalia le enseñaron en los cursos que su tarea es la vigilancia y la observación. Pero desde su ventanuco en la garita de la panadería no jipia nada de lo que preparan los presos. Tendría que haberse paseado entre los reclusos armados. Pero no se atreve a salir. A las 8.00, cuando acaba el turno, tiene a su cargo a 28 convictos enharinados. «Es la primera vez en 10 años que voy a trabajar con miedo y he decidido pedir el traslado a oficinas. Porque lo peor de todo es volver a casa sabiendo que no has hecho bien tu trabajo. Si hay una pelea, ¿qué tengo que hacer?, ¿intentar reducirles?», pregunta. Amelia mide 1,61. noticia publicada en: el mundo