GALLIZO DEBERÁ EXPLICARLO EN EL CONGRESO

El sindicato de prisiones CSI-CSIF culpa de la situación a la «ceguera» de la Administración de Prisiones.

Partidos políticos como el PP y el PNV ya han anunciado que piensan solicitar la comparecencia en el Congreso de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que explique los hechos ocurridos en la cárcel de Madrid I, cuya dirección acaba de ser destituida y donde se ha abierto una investigando para comprobar si algunas de las reclusas mantuvieron relaciones sexuales con funcionarios a cambio de favores.

Según ha adelantado la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, está previsto que a lo largo del día de hoy el Grupo Popular formalice esta solicitud en el Registro del Congreso, ya que considera muy graves los hechos que se están investigando.

Críticas a la «ceguera administrativa»

El sindicato de prisiones CSI-CSIF responsabilizó hoy a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de los hechos ocurridos en la cárcel de Alcalá Meco donde han sido suspendidos de empleo y sueldo al menos dos funcionarios en el marco de una investigación sobre la posibilidad de que algunas reclusas mantuvieran relaciones sexuales a cambio de favores.

La responsabilidad de lo ocurrido recae directamente sobre la Dirección del Centro Penitenciario y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (Mercedes Gallizo), que, pudiendo ser conscientes de estas circunstancias, inexplicablemente no han tomado las medidas necesarias para el buen funcionamiento del Centro Penitenciario, propiciando, con su inacción que el problema aumento hasta hacerse incontrolable", dice el sindicato a través de un comunicado.

A su juicio, "lo acaecido es consecuencia inequívoca de la desastrosa política penitenciaria, cuyo culmen es la unificación de escalas en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, medida a todas luces contraproducentes e innecesaria y que tantos problemas está originando ante la ceguera de la administración".

Según informaron fuentes del Departamento que dirige Mercedes Gallizo, se ha destituido a la dirección de la cárcel Madrid I, en Alcalá Meco, y suspendido de empleo y sueldo a los dos funcionarios por "comportamientos inaceptables". Además, no hay ningún indicio de que estos favores sexuales se produjeran a cambio de drogas, en cuyo caso Prisiones hubiera puesto el caso en conocimiento del juez.

Prisiones ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y ver hasta dónde llegan estos comportamientos inaceptables, que han sido "cortados de raíz". Asimismo, señalaron que son "individuales y no afectan a la generalidad" de los funcionarios que atienden a las más de 600 presas del centro.

Tras destituir al director, subdirector de seguridad y administrador de cárcel, se ha puesto al frente del centro a un inspector.

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CONCENTRACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO


Los funcionarios de prisiones protestan por la falta de seguridad y hacinamiento en las cárceles gallegas

Dicen que las agresiones a funcionarios han aumentado un 200% respecto al año pasado, y que las prisiones están al doble de su capacidad
José Antonio Prieto, delegado de CSI-CSIF en la cárcel de Teixeiro

Unos 300 funcionarios de prisiones de toda Galicia se han concentrado esta mañana frente a la delegación del Gobierno, para denunciar el hacinamiento que se vive en las cárceles de la comunidad y la falta de seguridad de los trabajadores.
En la protesta, que ha durado de once a una, han llegado a cortar el tráfico en el entorno de la plaza de Ourense, en ambos sentidos. Llevaban camisetas pidiendo la dimisión de la responsable de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Señalan que la situación es "crítica e insostenible". Dicen que las agresiones a trabajadores han aumentado un 200% respecto al año pasado, y que las prisiones están al doble de su capacidad.
Denuncian la existencia en Teixeiro de módulos "cloaca" que se intentan ocultar a la ciudadanía. José Antonio Prieto, delegado de CSI-CSIF en la cárcel coruñesa asegura que a las visitas se les lleva para que "vean lo bonito".

Señalan que la apertura del centro de inserción de la Torre apenas ha aliviado el nivel de ocupación de la prisión coruñesa. Además, el 50% de los trabajadores del nuevo centro son funcionarios de la prisión, lo que agrava el déficit de plantilla.

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COPE.es A CORUÑA

Funcionarios de prisiones exigen más plantilla por el incremento de reclusos



La cárcel de A Lama, en Pontevedra; y la de Teixeiro, en La Coruña, son las que tienen más problemas. Ó. C.A. M / E. P. LA CORUÑA Miércoles , 21-04-10

Trescientos trabajadores de Instituciones Penitenciarias de toda Galicia se concentraron en La Coruña, ante la Delegación del Gobierno, convocados por Acaip  y CSIF. «Más medios. Más seguridad» rezaba el lema de esta reivindicación que procura que se cumplan los acuerdos rubricados en 2005 para la mejora de las condiciones laborales en las penitenciarías. Las demandas principales son dos, un aumento de la plantilla, y que se actúe contra la masificación actual. En la protesta de ayer, exigieron la dimisión de la secretaria general, Mercedes Gallizo, tanto de viva voz, como en las camisetas con la foto y eslogan.

«Se busca por engañar a sus trabajadores», reproducían en este atuendo. En la manifestación, cortaron la circulación en algunos momentos muy cerca de esta institución. La movilización es la primera de un calendario conjunto elaborado por estas plataformas, de alcance nacional, y la siguiente será en Zaragoza. José Ramón García, presidente nacional del CSIF, tildó de «caótica» la situación de las cárceles. «Las tasas de hacinamiento rondan en algunos casos casi el doscientos por ciento», informó a Ep. «El sistema penitenciario español está haciendo aguas», aclaró este dirigente, que calificó de «insostenible» este panorama. De hecho, denunció que se han disparado las agresiones por este motivo. Sostuvo que los últimos cambios han provocado un aluvión de «nuevos reclusos», en alusión a la posibilidad de que ingresen en prisión personas con delitos contra la seguridad vial o el incremento de las penas por violencia de género, y añadió que el sistema «no sea capaz de absorber la subida».

Por último, comentó que en estos momentos hay entre dos y tres funcionarios para 150 internos, «cuando lo normal sería este número para 75 internos». Calificó de «alarmante» la situación en que se hallan las prisiones de Teixeiro, en La Coruña, y de A Lama, en Pontevedra.
 
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Alertan del aumento de reclusos

Funcionarios de prisiones se concentran en A Coruña para exigir el incremento de plantilla

Denuncian "hacinamiento" en las cárceles españolas y advierten de que provoca un aumento de las agresiones en los últimos años

   A CORUÑA, 20 Abr. (EUROPA PRESS)
   Unos 300 funcionarios de Instituciones Penitenciarias de toda Galicia se concentraron hoy en A Coruña, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, convocados por los sindicatos ACAIP y CSIF, para exigir al Ejecutivo central que se cumplan los acuerdos suscritos en 2005 sobre las condiciones de trabajo en los centros penitenciarios.
   Entre otras medidas, piden que se incremente la plantilla y denuncian el "hacinamiento" en las prisiones. La concentración se celebró entre las 11.00 y las 13.00 horas encabezada por una pancarta con el lema "Más Medios. Más seguridad" y en la que se pedía también la "dimisión" de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.
   Algunos de los participantes llevaban también unas camisetas con la foto de Gallizo y el slogan "Se busca por engañar a sus trabajadores". Además, durante la protesta, cortaron también la circulación en algunos momentos a la altura de la Delegación del Gobierno en Galicia.
   La movilización se enmarca dentro de un calendario conjunto elaborado por los sindicatos ACAIP y CSIF a nivel nacional y tendrá su continuidad con otra concentración este mismo mes en Zaragoza.

SITUACIÓN "CAÓTICA"

   José Ramón García, presidente nacional de CSIF prisiones, calificó de "caótica" la situación en las cárceles españolas y sostuvo que "las tasas de hacinamiento rondan en algunos casos casi el 200 por ciento". "El sistema penitenciario español está haciendo aguas", advirtió el dirigente sindical, quien calificó de "insostenible" la situación y denunció un aumento de las agresiones en los últimos años.
   Asimismo, sostuvo que los últimos cambios legislativos "han provocado un aluvión de nuevos reclusos", indicó en alusión a la posibilidad de que ingresen en prisión personas con delitos contra la seguridad vial o el incremento de las penas por violencia de género y sostuvo que el sistema penitenciario "no es capaz de absorber este aumento".
   El responsable de CSIF explicó también que en estos momentos "hay entre dos y tres funcionarios para 150 internos, cuando lo normal sería este número para 75 internos". Además, calificó de "alarmante" la situación de prisiones como la de Teixeiro, en A Coruña.
   Al respecto, indicó que el Centro de Internamiento para presos en tercer grado, ubicado en las proximidades de la Torre de Hércules, "ha paliado la situación", pero indicó que el número de presos en esta cárcel no se ha reducido "porque han traído internos del resto de España", añadió.
   Los sindicatos ACAIP y CSIF reclaman al Gobierno que se cumplan los acuerdos firmados en 2005 y que se incrementen en más de un 33 por ciento la plantilla, que ahora integran unos 22.000 funcionarios en toda España.

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Primera condena por atentado por la agresión a un auxiliar de enfermería

Hasta ahora sólo se había aplicado este tipo de pena agravada en los ataques contra los médicos y enfermeros

15.04.10 - 01:07 -

J. P. PARRA | MURCIA. 

Los jueces han dado un paso más en la lucha contra las agresiones al personal sanitario. Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia ha considerado, por primera vez en España, que pegar a un auxiliar de enfermería es un delito de atentado contra funcionario público, lo que conlleva pena de prisión. El año pasado los tribunales ya tipificaron de esta manera las agresiones contra un médico y dos enfermeras en la Región. También en otras comunidades hubo sentencias similares. Pero ésta es la primera vez que la consideración de atentado se amplía a otros profesionales de la sanidad.

En concreto, se condena a un año de prisión y a un mes de multa con cuota diaria de tres meses a una mujer que en el año 2006 pegó a una auxiliar de enfermería en el centro de salud de Cieza. La paciente también deberá indemnizar a la trabajadora con 300 euros por las lesiones que le produjo, con otros 590 euros por las gafas que le rompió y, por último, con 1.000 euros por daños morales. La sentencia aplica el artículo 550 del Código Penal. La Consejería de Sanidad se felicitó ayer por el fallo judicial. El director de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, Pablo Alarcón, destacó que se trata de «un escalón más» en la lucha contra las agresiones.

El año pasado, el juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, el mismo que ha dictado esta sentencia, ya condenó a dos años de prisión (uno por atentado y otro por un delito de sustracción de menores en grado de tentativa) a un padre que en verano irrumpió en el materno infantil de La Arrixaca con la intención de llevarse a su bebé de dos meses de edad, que permanecía en el hospital tras haber nacido con síndrome de abstinencia. El hombre pegó a dos enfermeras que en ese momento cuidaban a su hijo.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia condenó a ocho meses de prisión a un hombre que pegó a su médico en un centro de salud.

Pero la Justicia no sólo está aplicando el artículo 550 del Código Penal en los casos de agresión a trabajadores sanitarios. En marzo de 2009 se condenó a un año de prisión por atentado contra funcionario público a una mujer que se presentó en un colegio de Cieza y sin mediar palabra golpeó con el casco de su moto a la jefa de estudios.

Los sindicatos aplauden el camino emprendido por los tribunales, en el que ha tenido mucho que ver la actitud de los fiscales, tanto en Murcia como en el resto de España. La Fiscalía Superior de la Región firmó el mes pasado un acuerdo con la Consejería de Sanidad para intensificar la lucha contra esta lacra social. Gracias a este convenio, las denuncias de los afectados llegarán directamente a un fiscal que se encargará de este tipo de casos.

Sensibilización social

La sensibilización social con este problema ha aumentado, sobre todo a raíz del asesinato el año pasado de la doctora Eugenia Moreno en el centro de salud de Moratalla. Según el informe anual del Plan de Prevención de Agresiones, en 2009 se registraron en la Región 288 ataques a sanitarios, lo que representa un 16% más que el año anterior. 60 de estas agresiones fueron físicas, y el resto verbales (vejaciones, amenazas o insultos). Llama la atención el perfil de los agresores. La mayoría se encuadran en las franjas de edad de 25 a 35 años y de 65 a 75 años. También destaca el hecho de que en los hospitales haya más mujeres agresoras que hombres (no ocurre lo mismo en los centros de salud). En los últimos años, Sanidad ha dotado de timbres antipánico, cámaras de seguridad y vigilantes los centros más conflictivos.

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Nombrados nuevos directores en los centros penitenciarios de Alhaurín de la Torre (Málaga), Puerto I y Puerto II (Cádiz)

Gallizo nombra a Mercedes Moreno directora del Centro de Inserción Social de Sevilla (CIS)
   SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
   La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha nombrado directores de los centros penitenciarios de Alhaurín de la Torre (Málaga); Puerto I, Puerto II (Cádiz), y del Centro de Inserción Social de Sevilla (CIS), a Juan Antonio Marín, Antonio Guerrero, Antonio Muñiz y Mercedes Moreno, respectivamente.
   Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa, el nuevo director de Alhaurín de la Torre, Juan Antonio Marín, ocupaba hasta ahora el puesto de director de Seguridad y Gestión Penitenciaria en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
   Natural de Jaén, es funcionario de la administración penitenciaria desde 1973. Ha trabajado en los centros de Teruel, Alcalá de Henares, Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Madrid, Ocaña I (Toledo), Cáceres I y en la Central de Observación, mientras que también ha dirigido los centros de Nanclares de Oca (Álava), Madrid II y Segovia.
   Durante el último año, ha ocupado el puesto de coordinador de Programas de Seguridad y director de Seguridad y Gestión Penitenciaria en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En 2009 se le otorgó la medalla de oro al Mérito Penitenciario.
   Marín sustituye a Antonio Guerrero, que pasa a ocupar la dirección de Puerto I (Cádiz). Malagueño de 61 años, es funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias desde 1970. Ha trabajado en Carabanchel, Puerto de Santa María, Cartagena, San Sebastián, Ceuta y Alhaurín de la Torre.
   En estos años de trayectoria profesional, ha desempeñado los puestos de funcionario de vigilancia, educador, jefe de centro, jefe de servicios, administrador y subdirector de Régimen y Seguridad. Antonio Guerrero ocupaba la dirección del centro de Alhaurín de la Torre desde diciembre de 2006.
   Por su parte, el hasta ahora director de Puerto I, Carmelo Vilches, pasa a ocupar la dirección de Madrid V, en Soto del Real. Nacido en Alcalá de Henares (Madrid) hace 56 años, es licenciado en Derecho y funcionario desde 1978. Ha desarrollado su labor profesional en los centros de Madrid II, Albacete, Ocaña, A Coruña, Teixeiro (A Coruña) y Puerto I.
   Sustituye en el puesto a Andrés Gonzalo, que también dirigió Puerto I y que ahora vuelve a Zaragoza, de donde es natural, para impulsar el cumplimiento de las penas y medidas alternativas, tras haber ocupado la dirección de Madrid V durante más de año y medio.

PUERTO II Y CIS DE SEVILLA

   La dirección de Puerto II (Cádiz), que queda vacante por la jubilación del hasta ahora responsable, Antonio de Diego, la ocupará Antonio Muñiz, quien hasta ahora dirigía el centro penitenciario de Albacete
   Nacido en Aroche (Huelva) en 1949, es licenciado en Derecho y diplomado en Graduado Social. Se incorporó a la Administración Penitenciaria en 1971 y ha trabajado en Barcelona Hombres, Puerto de Santa María, Valencia, Huelva y Puerto II, donde fue jefe de servicios, administrador y subdirector de Régimen.
   También se produce un relevo en la dirección del Centro de Inserción Social de Sevilla (CIS), ya que Elena Puerta, que lo ha puesto en marcha y dirigido desde su inauguración hace casi dos años, ha decidido volver a ejercer de psicóloga en el centro penitenciario de Sevilla tras haber desempeñado diversos cargos de responsabilidad tanto en centros penitenciarios como en la Secretaría General.
   El CIS Luis Jiménez de Asúa y la Unidad de Madres serán dirigidos a partir de ahora por Mercedes Moreno, psicóloga, natural de Guadalajara y funcionaria del cuerpo técnico de Instituciones Penitenciarias desde 1985.
   Ha trabajado como psicóloga en los centros de Daroca (Zaragoza), Hospital Psiquiátrico de Alicante y Huesca, y ha desempañado el cargo de subdirectora de Tratamiento en Daroca y Jerez y, desde junio de 1996 hasta la actualidad, en el centro penitenciario de Sevilla.
   La incorporación de los nuevos directores a sus puestos se hará efectiva en los próximos días.

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Revocada la sanción a un funcionario por la fuga de un preso

Jefferson Escobar, culpable de asesinato a puñaladas de un joven, se escapó de antigua Provincial escondido en una bolsa de basura

08.04.10 - 00:29 -

REDACCIÓN | SANTANDER.

La Audiencia Nacional ha revocado la sanción disciplinaria impuesta por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) contra un funcionario de la Prisión Provincial de Santander tras la huida del preso Jefferson Escobar, el 30 de mayo de 2006. La Audiencia considera que no hay ninguna prueba que demuestre la acusación contra el funcionario.

De esta forma, el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 5 de La Audiencia Nacional estima un recurso interpuesto por los servicios jurídicos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO en Cantabria.

Según explicó el sindicato, el funcionario desempeñaba el día de la fuga las funciones de Jefe de Centro y fue acusado por la SGIP de haber ordenado la apertura de una puerta por la que pasó un carro con una bolsa de basura en la que iba escondido un interno, que posteriormente se dio a la fuga por una ventana con acceso directo a la calle Alta.

Esta acusación motivó la apertura de un expediente disciplinario que concluyó, en agosto de 2007, con una sanción de dos meses de suspensión de empleo y sueldo, acompañada de otra serie de perjuicios económicos, vacacionales y de cara a la promoción profesional, concurso de traslados y jubilación.

Esta sanción fue ejecutada de inmediato, pese al recurso interpuesto por los servicios jurídicos de CC OO, y ahora ha quedado revocada por «inexistencia del hecho imputado», al haberse demostrado en el juicio que no existía ni una sola prueba que demostrase la acusación contra el funcionario.

Pero ahora, el fallo de la Audiencia Nacional resalta que la acusación contra el funcionario se hizo «pese a que la información reservada ponía de manifiesto una situación que afectaba a un círculo material y personal de conductas más amplio», apuntando al hecho denunciado en su momento por CC OO de que la Provincial se encontraba sometida a una «brutal precariedad organizativa y de personal».

CC OO confía en que la SGIP no recurra el fallo y restituya al funcionario «todos los perjuicios salariales y laborales que le han sido causados de forma totalmente arbitraria y con el único objetivo de tapar las propias responsabilidades del departamento dependiente del Ministerio de Interior». 

Una fuga de película

Jefferson Escobar, de nacionalidad colombiana, se fugó en mayo de 2006 de la prisión de la calle Alta de Santander, donde se encontraba ingresado como presunto autor de la muerte de un hombre de 33 años en la entrada de una discoteca en Castro Urdiales, en 2002, al que asestó 14 puñaladas.

Agentes de la Policía Nacional le detuvieron en en noviembre del mismo año en Madrid. El detenido había cambiado completamente su imagen con respecto a las fotografías que del mismo se disponían en los distintos archivos policiales.

Tras cometer el crimen, Escobar huyó de España con destino a su país, donde las autoridades policiales colombianas lograron capturarlo en Antioquia y extraditarlo a España. Una vez en nuestro país fue ingresado en la Prisión Provincial de Santander a la espera de ser juzgado por homicidio.

Pero logró evadirse del centro penitenciario santanderino, oculto en el interior de una bolsa de basura, y presumiblemente con la colaboración de otros reclusos y de personas del exterior. Tras ser detenido, en 2007 se celebró en la Audiencia Provincial el juicio con jurado popular, que le declaró culpable de asesinato.

  

Es una noticia de:

eldiariomontañes.es

El Gobierno se comprometió a construir dos nuevas cárceles para las que harían falta 1.200 agentes, sin embargo sólo ha ofertado 390 plazas para 2010 / La tasa de hacinamiento es del 170 por ciento

Crisis en las cárceles: hacinamiento y un funcionario cada 70 presos

2 Abril 10 - Madrid - Carmen Morodo

En apenas 75 días ingresaron 667 nuevos reclusos. El coste anual de cada uno de ellos es de 25.000 euros.


Más información sobre el estado del sistema penitenciario en el gráfico adjunto

En el Parlamento está en discusión la reforma del Código Penal. Los partidos, a golpe de triste acontecimiento luctuoso, debaten el endurecimiento de las leyes y de las penas para determinados delitos, mientras que en los centros penitenciarios está encendida desde hace ya algún tiempo la luz de alarma. España es el país de la UE con más población reclusa y todo ello pese a tener la tasa de criminalidad más baja de la última década.

¿Qué está pasando entonces? Los profesionales del sector ven urgente una revisión de un modelo penitenciario que no ha cambiado apenas en materia regimental y procedimental desde hace más de una década. Los datos que airean los funcionarios de prisiones son los que son: una tasa de hacinamiento en los centros penitenciarios de un 170 por ciento, con un índice de población extranjera del 35 por ciento y una tasa de reincidencia del 54,95 por ciento.

La crisis económica agrava este crudo escenario y amenaza la viabilidad del plan de construcción de nuevos centros penitenciarios. Para 2010 está prevista la apertura de los centros de Mahón y Murcia. Pero hacen falta al menos 600 efectivos para garantizar el correcto funcionamiento de una nueva cárcel y la oferta global de empleo público para Instituciones Penitenciarias es de 390 plazas. En 2009 fue de 1.667 plazas.

El PSOE preveía en su programa electoral de 2008 la elaboración de un plan de cooperación internacional, en el que se incluía la posibilidad de colaborar en la construcción de cárceles en otros países para que allí cumplieran su pena los condenados en España originarios de esos países. También incluía el compromiso de poner en marcha 18 nuevos centros penitenciarios y 32 centros de inserción. De esas 18 cárceles comprometidas por el Gobierno socialista hasta 2013, hasta ahora sólo se han inaugurado cuatro, y 24 centros de inserción social.

La realidad deja un mapa de cifras que obliga a la reflexión. Hay un funcionario por cada 70 presos; el coste económico de la construcción de un centro tipo es de 100 millones de euros; el coste de un interno por año alcanza los 25.000 euros; la tipología delictiva preferente es el delito contra la salud pública; el porcentaje de internos ocupados en talleres es del 22 por ciento; y la tasa de analfabetismo, del 15 por ciento.

La nueva tipificación
El incremento de la población penitenciaria provocado por los nuevos tipos penales está agravando, a pasos acelerados, la situación. Por ejemplo, por delitos contra la seguridad del tráfico han entrado en prisión 1.031 ciudadanos en apenas dos años. El hacinamiento favorece la tensión, los capítulos de agresión entre internos –ahí está el ejemplo de la cárcel de Picassent– y duras anécdotas que describen, desde el anonimato, los funcionarios de prisiones.

También se dan casos como el de que, por las dificultades de clasificación, a un detenido por exceso de velocidad se le ubique en una celda con presos drogadictos con síndrome de abstinencia. Y ya hay jueces que antes de decretar el ingreso en prisión provisional hacen la pertinente consulta al centro penitenciario para ver si hay algún hueco. Si no lo hay, revisan su decisión y optan por imponer algún otro tipo de medida cautelar. Desde principios de año hasta mediados de marzo hay 677 nuevos presos, según ACAIP, organización sindical mayoritaria en el sector.

El PP ha advertido del «riesgo de colapso» y ha propuesto una revisión en profundidad para que los presos extranjeros cumplan las penas en sus países de origen. La Comisión Nacional de Interior del PP, que preside Ignacio Cosidó, se ha reunido con los cuatro sindicatos representativos de los funcionarios de prisiones (ACAIP, CSIF, UGT y CC OO), un colectivo con más de 25.000 funcionarios, para analizar la situación de las cárceles españolas. 

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larazon.es