14 septiembre 2005


La transferencia de las cárceles al Gobierno vasco está prácticamente cerrada

El Gobierno vasco trabaja sobre un escenario con plazos concretos para una realidad próxima: la reagrupación de presos etarras en sus cárceles como paso previo a una excarcelación masiva de etarras.
El proceso se está haciendo en total coordinación con el Gobierno socialista de Zapatero y pasa por varias fases.
La primera, rubricar la transferencia de las competencias sobre prisiones al País Vasco, un acuerdo que según nuestras fuentes está “prácticamente cerrado”.
El Gobierno vasco está ya en conversaciones con empresas de diversos sectores para la readaptación de las tres prisiones existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las cárceles de Nanclares de la Oca, en Álava, la de Basauri, en Vizcaya y la de Martutene, en San Sebastián, además del Centro de Menores de Zumárraga, en Guipúzcoa.
La segunda fase, sería un traslado progresivo de los presos de la banda terrorista diseminados por toda España.
Las cárceles del País Vasco no sufren una masificación comparable a otras prisiones aunque su antigüedad hace más difícil realizar obras de ampliación.
No se descarta que los etarras sustituirían a presos comunes, que serían trasladados a otros centros.
En algunas de las reuniones que el Gobierno vasco mantiene estas semanas, altos responsables del Gobierno de Ibarretxe han adelantado el calendario que manejan ambos.
Un calendario, algo más lento del que se ha especulado que apuntaba a una tregua de ETA en tres meses, y que señala como meses claves, enero y febrero de 2006.
En esas fechas, con la competencia transferida y las cárceles preparadas, podría iniciarse el traslado al País Vasco de los presos de la banda terrorista.
Fuentes cercanas al ejecutivo vasco calculan que una vez que ETA verifique el inicio real de ese proceso, podría llegar en dos meses la tregua definitiva de la banda.
Las mismas fuentes apuntan al último trimestre del 2006 para el inicio de la tercera y más delicada fase: la excarcelación de los presos de la banda.
El gobierno socialista habría exigido ese calendario para “preparar a la opinión pública con tiempo suficiente para una excarcelación masiva”.
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