ÁLAVA
Interior planea un centro de inserción social en Vitoria para cien presos con penas leves

El Gobierno central ultima un acuerdo con el Ayuntamiento para levantar antes de 2012 un edificio en Zabalgana para internos que sólo tiene que ir a dormir a la cárcel

Ubicación: En una zona situada en la parte más occidental de la ciudad, en el nuevo barrio de Zabalgana. El objetivo es que estuviera en una «entorno urbano» para facilitar la integración de los internos.
Características: Con un presupuesto que oscilará entre 8 y 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas), el edificio tendrán cien celdas individuales.
Usuario: Personas en tercer grado o semilibertad que sólo tienen que ir a la cárcel a dormir.
La radiografía de los servicios penitenciarios que el Ministerio del Interior tiene en Álava se verá radicalmente modificada en apenas tres años.
A la construcción de la nueva y polémica cárcel de Nanclares de la Oca, que tendrá 720 celdas individuales, se sumará un nuevo Centro de Inserción Social (CIS) que se levantará en Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO, el complejo se ubicará en la zona más occidental de la ciudad, en el nuevo barrio de Zabalgana, y contará con un centenar de celdas individuales.
El propósito es comenzar las obras con la mayor premura para que el complejo sea una realidad en 2012, a la par que la futura prisión que ya se edifica en el antiguo polvorín de Zaballa.
La Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) -entidad dependiente del Ministerio de Interior que se encarga de construir los centros para personas privadas de libertad- y el Ayuntamiento de Vitoria llevan semanas negociando la adquisición de una parcela «integrada en la ciudad» para construir una instalación inédita no sólo en Álava, sino en el conjunto del País Vasco.
La inversión total del Gobierno central oscilará entre los 8 y los 9 millones.
¿Pero qué es un centro de inserción social? Es un recurso más de Instituciones Penitenciarias destinado a aquellas personas que están cumpliendo el tercer grado y se encuentran en «régimen de semilibertad».
Son reclusos que están en la última fase de su condena y que tras los pertinentes informes técnicos, se les permite hacer vida 'normal' durante el día -van a trabajar de forma normal-. Pese a ello, están obligados a pernoctar entre rejas.
Uno de los perfiles 'tipo' de estos complejos serían los más de 1.200 conductores de todo el país que han estado o aún se encuentran en prisión por infringir la Ley de Tráfico.
Talleres ocupacionales
Según las fuentes consultadas, el objetivo es que el nuevo centro comience a construirse a principios del próximo año, una vez la SIEP esté en condiciones de sacar a concurso las obras y se resuelvan todos los procedimientos administrativos.
La parcela, de titularidad municipal, no será cedida por el Gabinete Lazcoz, sino que la idea originar es la de la compra.
El modelo escogido, de cien plazas, es el de un edificio «pequeño» a tenor de los que ya existen en otras comunidades autónomas, con capacidades llegan a duplicar o triplicar el que acogerá Vitoria.
Su diseño, a simple vista, apenas difiere del de un colegio o un centro de formación profesional puesto que carece de muros, torres de vigilancia o alambradas.
De hecho y a diferencia de una prisión al uso, carece de vigilancia policial en su perímetro, puesto que sus usuarios sólo están custodiados por funcionarios de Prisiones.
El complejo, explicaron fuentes conocedoras del proyecto, centralizará los servicios sociales del Instituciones Penitenciarias para ofrecer un «mejor servicio» del prestado en la actualidad. Ahora, sólo existen «un par de pisos titulados» que cumplen de mala manera este cometido. «Va a ser un centro social, no uno penitenciario», recalcaron.
Contará también con aquellos servicios socioculturales de una cárcel convencional destinados a lograr la pronta reinserción de los reos, como pueden ser los talleres ocupacionales.
Álava en particular y Euskadi en general carecen de centros de inserción social, un modelo de servicio que pretende impulsar el Gobierno central para contrarrestar la creciente población reclusa -se ha disparado en el conjunto del país el 10% en un sólo año-.
El objetivo, argumentan, es focalizar las cárceles para los presos con condenas por delitos de mayor gravedad.

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