02 diciembre 2010

 Los sindicatos denuncian que la falta de personal
 pone en riesgo la seguridad en las dos prisiones

Más de 150 funcionarios castellonenses se movilizaron en la reciente manifestación de Madrid El Gobierno congela las plantillas
J. A. CASTELLÓ

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió ayer al Gobierno central "que dé la cara" y atienda las reivindicaciones de los empleados de prisiones. Según indican desde el propio sector, un tercio de todos los trabajadores de las cárceles españolas ha mostrado su "hartazgo" por la precaria situación de su empleo en la multitudinaria manifestación de Madrid del pasado día 25.

CSIF Castelló recuerda que la población reclusa de la provincia supera todas las ratios "razonables" y esta masificación convierte el trabajo de unas plantillas insuficientes en un "riesgo diario para los empleados y para los propios reos".

Un total de 150 funcionarios de las prisiones de Castelló I y Albocàsser formaron parte de la última movilización de 6.000 empleados que acudieron a la capital del Estado para defender "unas condiciones de trabajo dignas".

Según el sector Prisiones de CSIF Castelló, "es la primera vez que todas las fuerzas sindicales de este colectivo han unido sus fuerzas" y anuncian "estar dispuestas a llevar las movilizaciones hasta las ultimas consecuencias, si los responsables de prisiones hacen caso omiso a las peticiones justas y legítimas que se ponen encima de la mesa".

Advierten por último que existe una serie de peticiones que se han hecho llegar al Ministerio del Interior cuya negociación y cumplimiento son "una emergencia". Tales reivindicaciones son, entre otras, el incremento sustancial de las plantillas con ofertas de empleo público suficientes y proporcionales a las cargas de trabajo existentes; la supresión de todas las medidas implantadas unilateralmente por la Secretaría General; y la exigencia de convocatoria anual de concursos de traslados "como siempre se ha hecho".

Además, reclaman nuevos organigramas funcionales "en los centros adecuados a las necesidades reales de hoy" y la revisión, mejora y garantía de los programas de productividad.

Por último los sindicatos exigen el cumplimiento del pacto firmado en 2005 con Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias.

"La oferta pública de empleo va a ser 0, y la carga de trabajo cad cada vez mayor; hay un retroceso en los derechos de los trabajadores", dicen fuentes sindicales.

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levante-emv.com