«Permisos» para violar y asesinar

Participar en la cárcel en un programa de autocontrol para violadores favorece que a estos delincuentes se les dé permisos de salida. Pedro Jiménez (foto) los aprovechó para seguir violando. En el último permiso, presuntamente mató a las dos víctimas


Los datos oficiales dicen que reincide un 4%


TEXTO: DOLORS MASSOT


BARCELONA. El crimen de dos mujeres policía en Bellvitge el 5 de octubre de 2004 y el hecho de que, al aparecer en televisión, su presunto autor fuera descubierto por otra joven que también habría sido violada por él, ha despertado la preocupación por los métodos que la Justicia emplea en España para con los violadores. De probarse los cargos que se le imputan, Pedro Jiménez (presunto autor de la violación y muerte de las dos agentes) habría cometido dos homicidios y cinco violaciones, todos ellos en días en que se encontraba de permiso penitenciario, además de una primera tentativa de violación.


En febrero de 2003, la Audiencia de Barcelona autorizó la salida del interno Pedro Jiménez. Tenía en cuenta que su condena se extinguía el 12 de diciembre de 2005 y que había sido «incluido en el programa para internos que han cometido este tipo de delitos, siendo la valoración muy favorable».


El informe de la cárcel de Brians, en Barcelona, hablaba de «conducta adecuada al régimen interno», de «buena evolución en el programa de tratamiento específico para delincuentes sexuales». Sin embargo, en una salida gubernativa, el 28 de marzo de 2003, cometió una falta de amenazas.


El día anterior, supuestamente, habría cometido la violación de Marta S., pero todavía nadie tenía conocimiento de ello, por lo cual lo único que se hizo fue privarle de un nuevo permiso de salida hasta el del fatídico octubre de 2004, en que presuntamente acabó con la vida de las dos policías.


En el juicio por la violación a Marta S., que está pendiente de sentencia, el escrito del fiscal fue contundente. Advertía que Pedro Jiménez, que tiene 36 años de edad, «muestra una alta antisocialidad, con psicopatía de grado medio», y «no padece ninguna enfermedad, trastorno o anomalía psicopatológica, ni alteración o disminución de sus capacidades intelectivo-volitivas».


En el caso del crimen de Bellvitge, de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía en prácticas, morían en su domicilio a manos de un delincuente. Eran Silvia Nogaledo, de 28 años de edad, y Aurora Rodríguez, de 23 años. Aquel día, precisamente Aurora celebraba su cumpleaños.


Incendió el lugar del crimen.


Según la reconstrucción de los hechos, una de las víctimas regresaba a casa de madrugada después de hacer el turno de noche en su trabajo, cuando fue sorprendida por un hombre, que la obligó a punta de navaja a entrar en su piso. Una vez en el interior de la vivienda, tanto ella como su compañera fueron atadas y amordazadas. Fuentes próximas a la investigación (llevada por los Mossos d´Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía) han señalado que las dos fueron agredidas sexualmente.


Tras la escena de violencia, el delincuente habría decidido dar muerte a las dos agentes. Una de las jóvenes habría recibido siete puñaladas y la otra cinco. Para que no quedara rastro de su paso por la escena del crimen, supuestamente el asesino prendió fuego a la casa.


Un cuchillo en La Oca.


No transcurrieron muchas horas hasta que un cliente del famoso restaurante La Oca, situado en la céntrica plaza Francesc Macià junto a la avenida avenida Diagonal, encontrara en los baños del local un cuchillo y unas zapatillas deportivas. Las habría dejado el asesino para deshacerse del arma y de un calzado que le podía delatar.


La Policía Científica actuó con toda celeridad. Obtuvo muestras biológicas (de semen y cabellos del agresor) y encontró pistas relacionadas con el teléfono móvil del asesino. Todo fue muy rápido. A los tres días, la Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra detuvieron en Girona a Pedro Jiménez García, en la barraca de otro delincuente con el que había coincidido en prisión.


El caso sigue bajo secreto de sumario, en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de L´Hospitalet de Llobregat. Fuentes judiciales han explicado a este diario que se trata de una «cuestión compleja». Existen, según estas mismas fuentes, más de cincuenta restos que están siendo sometidos a análisis por parte del Instituto Nacional de Toxicología y que podrían incriminar al acusado. La investigación policial acusa a Pedro Jiménez de dos delitos de homicidio, dos delitos de agresión sexual y un delito de incendio.


Una agresión sexual puede comportar penas de entre uno y doce años de prisión. Pero al hablar de permisos y ante situaciones como el crimen de Bellvitge, los penalistas están divididos entre quienes consideran que la ley es justa y los que apoyan medidas más duras contra los delitos sexuales.


Otros juristas son partidarios de mejorar la práctica del actual marco legal, que creen defectuoso en su aplicación. La penalista Lara Padilla es presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente. Según ella, las víctimas «son las que se llevan la peor parte. La ley dice que cuando un violador sale de la cárcel con permiso, hay que avisar a su víctima, y esto no se hace nunca».


Buenos en la prisión.


Padilla cree que «hay que tener mucho más cuidado con los permisos. Ocurre que a los violadores se les otorgan porque tienen buena conducta en la cárcel. No son presos que causen problemas en el ámbito penitenciario, pero hacen daño fuera, y al permitirles las salidas, se les está dando facilidades para que reincidan».


Padilla considera que, en el caso de Jiménez, «habría que estudiar si las autoridades penitenciarias tienen responsabilidad ante el juez respecto a su decisión de darle un permiso que le facilitó delinquir de nuevo». «A veces los dan por dar, porque las cárceles están llenas y los informes son favorables», explica. En esta línea actuará la acusación particular ejercida por el letrado José María Fuster-Fabra, que representa a los padres de las agentes. Solicita un millón de euros a la Generalitat como indemnización.


Lara Padilla no está conforme con los tratamientos que se aplican a los reclusos de este tipo. «Los resultados son falsos», dice. «Sólo se tiene en cuenta la cifra de los que se someten a los programas, que es una mínima parte de la población reclusa por esta causa. Los estudios internacionales dicen que la reincidencia en violencia de género está por encima de la media, aunque las autoridades dicen que no porque hacen estadísticas a los seis meses de salir de la cárcel. Un agresor puede tardar, pero suele volver a agredir». Su propuesta es contundente: «Afinar más en los tratamientos, para que no sean cuatro charlas y un ratito con el psicólogo».


Ana Costa, otra penalista, es más dura. «Los violadores deberían estar encerrados hasta que se acabe el tiempo de condena. No deberían disfrutar nunca de permiso». La violación, explica, «es un delito muy grave y la experiencia nos enseña que, superada la barrera inicial, los agresores sexuales siguen delinquiendo. Que no pudieran salir de prisión sería una medida coercitiva de mayor fuerza que la que tenemos en estos momentos».


Hay quien cree en el uso de «pulseras» con un dispositivo GPS que permita saber dónde está el violador en cada momento. Entre los juristas, esto plantea problemas acerca del derecho a la libertad, pero al mismo tiempo «no resuelve la cuestión porque, en caso de agresión, llegaríamos tarde a socorrer a la víctima. Hay que buscar soluciones de prevención», dice Costa.


Otra penalista, Inés Portabella, es contraria a la propuesta de encerrar a los violadores durante todo el tiempo de condena. Ella prefiere pensar que «es correcto el sistema de tratamiento especial mientras están en prisión. Si falla y los violadores vuelven a violar, es que el tratamiento no era el adecuado para aquella persona», dice. Ha llevado varios casos de violación y los tribunales siempre han absuelto a sus clientes, presuntos violadores.


Para que no les reconozcan.


Un cuarto abogado que prefiere quedar en el anonimato, afirma: «Hay violadores que saben lo que se traen entre manos. Te comentan que volverán a violar cuando salgan de la cárcel, pero para que nunca les pueda reconocer la víctima, la próxima vez matarán». ¿Fue el caso de las policías de Bellvitge?


«Deberían estar encerrados hasta que se acabe el tiempo de condena», según la penalista Ana Costa.


Jiménez cometió presuntamente dos homicidios y cinco violaciones, todos en permiso penitenciario.


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