Presos y cárceles

El Gobierno ha dado luz verde a la construcción de 10 nuevos centros de reclusión en un intento de frenar la imparable saturación de las cárceles, acelerada en el último decenio, que amenaza con poner en entredicho el propio funcionamiento del sistema penitenciario español. Las cárceles acogen hoy en condiciones cada vez más precarias a más de 61.000 reclusos, lo que sitúa a España en los primeros lugares de la Unión Europea con una tasa de 140 presos por cada 100.000 habitantes.

Los nuevos centros servirán para paliar el problema pero no para erradicarlo: las 7.000 plazas previstas quedan lejos de las 20.000 necesarias para cumplir con el principio "un preso, una celda", que sigue orientando la política penitenciaria. El sistema instaurado en los últimos años desde una determinada concepción sobre la seguridad ciudadana conduce a construir más cárceles, disponer de más funcionarios y, en definitiva, a destinar más inversión pública al ámbito carcelario.

La actual situación no puede desligarse del endurecimiento de las leyes penales, de la aplicación generalizada de la prisión preventiva a una franja significativa de la delincuencia menor y de la restricción de no pocos mecanismos de reinserción social y, consecuentemente, de los beneficios penitenciarios. Esta política de rigorismo penal no fue acompañada de un aumento de la infraestructura penitenciaria, que sigue siendo sustancialmente la misma que la puesta en pie por los Gobiernos de la primera etapa socialista. En la actual situación carcelaria han intervenido también otros factores: el aumento de la población, por la llegada de inmigrantes y la parte alícuota de incremento de la delincuencia y de la población reclusa; y la actividad de la delincuencia organizada, una modalidad en aumento, según constata la última memoria de la Fiscalía del Estado.

La construcción de nuevas cárceles no sólo es necesaria sino urgente. Pero no dejará de ser un parche si la prisión se considera la panacea frente a los problemas de seguridad ciudadana. Existen medidas disuasorias o preventivas de tipo policial y otras de carácter sancionador-administrativo que siguen sin ponerse en práctica por desidia política o presupuestaria. Pero la opción carcelaria, como eje exclusivo de las políticas de seguridad, además de que puede resultar aberrante pasado cierto límite, tiene un coste que la sociedad no puede desconocer: más presos significa más cárceles, más funcionarios, más servicios y, en definitiva, más gasto.