23 noviembre 2007

Las Cortes rechazan una iniciativa del PP que pedía una cárcel nueva para la provincia de Teruel

El Pleno de las Cortes de Aragón rechazó hoy una proposición no de ley del PP que exigía la construcción de una nueva cárcel en la provincia de Teruel, entre otras reivindicaciones. La diputada Pilar Fierro defendió la iniciativa. Fierro pidió que el Gobierno central consigne las partidas necesarias en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008.
La parlamentaria conservadora demandó, por otra parte, que se reduzca el número de reclusos en la prisión de Zuera, hasta un máximo de 1.008 presos, con el fin de mejorar las condiciones de vida. Asimismo, la diputada del PP propuso que se destinen cuatro funcionarios por módulo en cada prisión, en lugar de los dos que hay actualmente.
En el caso de la prisión de Zuera, Pilar Fierro exigió, además, que se vigile mejor el aparcamiento en el que dejan sus vehículos privados los funcionarios.
A esto añadió que es necesario que se cumpla el Código Penal y la Ley General Penitenciaria para que las prisiones cumplan su función rehabilitadora. También pidió que se separe a los presos con enfermedad mental del resto de los reclusos y que se les ingrese en centros adecuados.
Sobre el tema, el nacionalista Bizén Fuster enmendó la iniciativa para pedir al Gobierno central que cree los recursos externos a las prisiones que sean necesarios para atender a los presos con enfermedad mental.
El diputado socialista Manuel Lana rechazó la iniciativa e indicó que la saturación de las prisiones aragonesas sigue estando por debajo de la media española y confió en que "las tasas de ocupación se verán reducidas". La regionalista María Herrero recordó que el PP gobernó hasta hace cuatro años, cuando la situación era similar y emplazó a Fierro a trasladar la propuesta al Grupo Popular del Congreso de los Diputados para que presente enmiendas al respecto. Sobre la prisión de Teruel, María Herrero señaló que se han realizado algunas actuaciones e indicó que los centros para presos con enfermedad mental, ubicados en Sevilla y Alicante, están sobresaturados.

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