OPINIÓN
De los distintos modelos penitenciarios o cómo Rubalcaba se sale con la suya

Por Luis Alcaide
No habrá recorte presupuestario en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El número de funcionarios de prisiones seguirá absorbiendo la mitad de la oferta de empleo público. Motivo fundamental: la población reclusa sigue creciendo debido en buena medida al endurecimiento del Código Penal.
 En este momento hay 22.335 funcionarios de prisiones y 76.546 reclusos. El primero de estos colectivos se ha incrementado en un 21% desde los 18.440 censados en 2004.
Los reclusos se cifraban el año 90 en 33.000 y en 58.650 en 2004, con un incremento del 30.5% entre esta última fecha y el año actual. La tasa de aumento de la población reclusa en los últimos 5 años ha superado a la de los funcionarios.
En consecuencia, se ha mejorado la productividad de los servidores públicos en este apartado.
Sin embargo, en estos momentos así como en los venideros subsistirán las dificultades presupuestarias de modo que la necesidad obligaría a preguntarse si el modelo y los planes del Ministerio del Interior no se merecen una reflexión. La necesidad hace virtud, que dice el dicho, aunque del dicho al hecho..

El modelo español de cárceles sigue siendo el tradicional: grandes y ejemplares establecimientos, con espacios comunes, comedores y patios donde los reclusos conviven a horas fijas dentro de grupos numerosos. Los funcionarios de prisiones son prácticamente los únicos responsables de su custodia y del cotidiano funcionamiento de las cárceles.

Pero hay otros modelos. A comienzos de la pasada década los 90, precisamente cuando a raíz de las secuelas del tráfico de fugas aumentaba el número de reclusos en Europa, la presidencia holandesa de la UE organizó una serie de contactos y discusiones con instituciones de otros países. En el caso español el interlocutor fue la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Holanda estaba abandonando, de hecho ya lo había abandonado, la construcción de grandes complejos penitenciarios. Las cárceles perdían su fisonomía ejemplar y se convertían en grises edificios anónimos dentro de polígonos industriales y siempre con una comisaría como vecina. Los reclusos no llegaban a 200 por establecimiento. Se suprimieron los comedores colectivos. Cada recluso recibía una bandeja en su propia celda.
Los grupos para juegos, deportes, o biblioteca no superan la docena lo que permite una fácil supervisión. Los guardianes nunca iban armados. Si alguien serraba los barrotes y se descolgaba quedaba dentro del edificio. Los patios eran interiores. En caso de desorden o de motines la comisaría vecina acudía con sus policías armados.
Los responsables de los Patrimonios comprobamos como el coste de cada celda, en un país con una escasa proporción de suelo por habitante, resultaba dos tercios mas baratas que las nuestras. El ahorro de personal también era de ese orden.
Las iniciativas propuestas por Patrimonio del Estado hacía 1992 fueron rechazadas de plano por Instituciones Penitenciarias sin conseguirse tampoco ningún respaldo de la Subsecretaría de Economía y Hacienda (recuerden ustedes "El Cero y el Infinito", el Partido había decidido construir grandes submarinos y cualquier crítica sobre el tamaño era antirrevolucionaria. Así que no tuvo nada de particular que se declarase otra eficaz caza de brujas). Entonces como ahora existían graves dificultades presupuestarias. Pero ahora como entonces el Ministerio del Interior seguirá felicitándose de no sufrir restricciones financieras en su modelo penitenciario.

Luis Alcaide fue director general de Patrimonio del Estado en los primeros años noventa

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CapitalMadrid