El Gobierno regional reconoce irregularidades en la construcción de la prisión del Castillo

LAS PALMAS.
Unos por la presunta irregularidad de las obras y su impacto turístico, y otros por sus «perversos» efectos en el medio ambiente, el Gobierno de Canarias y el partido de Los Verdes levantaron ayer su voz en contra de la construcción por parte del Estado de una macrocárcel en la localidad de Castillo del Romeral, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur grancanario. Se unen así a las protestas protagonizadas por los vecinos desde hace ya meses.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Canarias, Domingo Berriel, criticaba en sede parlamentaria que en ningún momento se ha cedido la parcela, ni hay estudio de la Comisión para la Ordenación del Territorio y del Medio de Canarias, por lo que se mandaron paralizar las obras.
De no alcanzar un consenso en esta materia, Berriel anunció que la Comunidad abrirá los expedientes que correspondan.
La «irregularidad» de las obras se puso en conocimiento del Juzgado de San Bartolomé de Tirajana a finales del pasado mes de marzo mediante una denuncia de los vecinos. Constituidos en el Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral, explicaban entonces a este periódico que las obras que se ejecutan en la zona rural de Llanos de Juan Grande, «son manifiestamente ilegales».
Según apuntaban, los terrenos «tienen la calificación de rústicos y son propiedad del Gobierno de Canarias». La finca «fue adquirida en 1988 para convertirla, con fondos de la Comunidad Económica Europea, en una explotación agraria» para el cultivo del tomate y además de ser propiedad del Ejecutivo regional, lo es de «de los adjudicatarios a los que se hizo la concesión por un plazo de ocho años».
Obra «prioritaria»
Sin embargo, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha insistido en diversas ocasiones en que la puesta en marcha de la nueva cárcel en Gran Canaria es prioritaria para el Gobierno, que «no va a consentir que el problema del suelo en las Islas siga haciendo imposible que se desarrolle un gran centro penitenciario en la Comunidad autónoma». A este respecto, Berriel reconocía ayer que el Ejecutivo central puede exigir la cesión del suelo.
Por su parte, Los Verdes, a través de su eurodiputado David Hammerstein, han llevado a Bruselas la macrocárcel, «al carecer de estudios de impacto medioambiental» y por considerar que «no se han tenido en cuenta otros emplazamientos más adecuados para la construcción del nuevo centro penitenciario grancanario».
Los Verdes valoraron además que, impactos medioambientales aparte, en Gran Canaria no cabe una macrocárcel, y que una instalación de estas características no es la mejor solución para subsanar el hacinamiento de Salto del Negro.

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ABC.es