EL GOBIERNO ECHA BALONES FUERA ANTE LA SATURACIÓN DE LAS CÁRCELES GALLEGAS

«Es cierto que las plantillas penitenciarias están al 97 por ciento de su capacidad, como sutilmente dice el Gobierno, o incluso más; pero lo que no dice es que están al 97 por ciento para 1.000 internos, no para 1.800, que es el número de presos que rondan las cárceles gallegas ahora». Con estas palabras replicó Berta Fernández, representante del sindicato CSIF, la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo central dio en lo referente a la tantas veces denunciada masificación de las prisiones de la Comunidad. En este sentido, el Gobierno insiste en que la situación media de cobertura de las plantillas en los centros penitenciarios está prácticamente al cien por cien y que «no existe carencia de personal cualificado», sino que «todo el personal que trabaja en las cárceles tiene la formación necesaria para desempeñar el puesto que ocupa».

Muy diferente es la visión que tienen tanto CSIF como el sindicato mayoritario en prisiones, Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias). El portavoz de éste último, Enrique Mosquera, fue más allá al asegurar que «o desde el Gobierno mienten descaradamente o no tienen ni idea de cómo funcionan las prisiones». Ambos coinciden en que se está doblando la capacidad de los penales gallegos en cuanto a lo que a número de presos se refiere, si bien es cierto que «es una situación que se extiende prácticamente a todo el país», tal y como apuntó Berta Fernández. Y es que «Madrid, con siete prisiones tipo, está saturada de internos», sentenció la delegada del CSIF en A Lama.

«Condiciones pésimas» Precisamente de la prisión pontevedresa llegan unos datos esclarecedores, datos que, según los dos representantes sindicales, pueden aplicarse también a la otra cárcel tipo de la Comunidad, Teixeiro. A Lama, con una capacidad máxima de 1.008 plazas, alberga actualmente 1.750 internos y «mantiene los mismos trabajadores», concretó Mosquera. Es decir, si los módulos

están planeados para que uno o dos funcionarios atiendan a 72 internos, el mismo personal debe tratar con 130. Lo mismo sucede con los trabajadores sociales, porque no sirve de nada que de las once plazas que hay estén ocupadas 9 ó 10 si en vez de 1.000 internos hay 1.800. En este sentido, Berta Fernández insistió en la necesidad de «redimensionar las plantillas conforme al número de internos que tenemos», al tiempo que Enrique Mosquera propuso, además de incrementar plantilla como medida paliativa, «construir más instalaciones o buscar sustitutivos de las penas privativas de libertad, como se hace en Europa».

Y es que las condiciones en que viven los presos y trabaja el personal son «pésimas», según expusieron los dos entrevistados a ABC. Los módulos convivenciales, destacó el miembro de Acaip, «son la excepción». Al hilo de este argumento, aseguró que no tienen «ninguna queja cómo se trabaja en ellos», pero esa es «sólo la parte bonita, la que se enseña a los medios, porque el resto no tiene nada que ver». Fernández añadió que «los presos no estan atendidos suficientemente y los funcionarios no dan a basto; es una situación realmente caótica en la que hay que trabajar bajo mínimos».

La indignación de los sindicatos viene, en gran medida, por la estéril respuesta que dan los responsables pertinentes ante la situación. En este sentido, CSIF denunció que, ante los constantes reclamos, «la responsabilidad pertinente dice que no se pueden aumentar las plantillas por un problema de presupuesto, porque estamos en crisis», aunque insistió en la idea de que «llevan años recurriendo al mismo argumento, sólo que ahora lo llaman crisis». «No es un problema reciente, sino un problema enquistado desde hace años», añadió Fernández. Por si fuera poco, «sacan programas de rehabilitación muy bonitos pero que no tienen personal asignado para realizarlos; y que venden a la opinión pública como si fueran la panacea y

no lo son, porque para eso hace falta personas que los lleven adelante». Al final, este tipo de programas dependen de si hay algún voluntario dispuesto a hacerlos. Fernández confesó que la saturación de internos conduce a que el personal se dedique «simplemente a sacar burocracia adelante porque no da tiempo a más, no puedes depender de 15 educadores para 1.800 internos de la misma forma que para 1.000», idea que Manrique amplió aludiendo a la función de reinserción social de la cárcel. «Al no tener medios suficientes, al final no se hacen las cosas como se tendrían que hacer», alegó.

El representante de Acaip se mostró frustrado ante la respuesta de las responsabilidades pertinentes, ya que cuando se le exponen los problemas «encima dicen que no es para tanto y que se puede trabajar en esas condiciones; eso lo dicen porque no están dentro». Apesar de todas estas demandas, el Gobierno mantiene la idea de que, en cuanto a cuestiones de personal, «no existe ninguna solicitud concreta de los sindicatos de aumento de plantilla», al menos en el centro penitenciario de Teixeiro.

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