10 diciembre 2007

Expulsados 73 presos extranjeros que cumplían condena en Lugo

Los casos de explotación que llegan a los juzgados, sin embargo, son muy escasos
La medida fue adoptada en base a sentencias judiciales o como pena alternativa por diversos delitos
En lo que va de año un total de 73 reclusos que cumplían condena en las cárceles de Bonxe y Monterroso, fueron expulsados del país. La medida, llevada a cabo por el Grupo Operativo de Extranjeros de la comisaría provincial lucense, fue consecuencia del cumplimiento de condenas en algún caso y como pena alternativa en otros.
Los expulsados, en su mayor parte parte, eran de nacionalidad magrebí, seguidos a continuación de ciudadanos de países del este de Europa.
Cumplían condenas mayoritariamente por delitos contra la propiedad y llegaron a las prisiones como consecuencia de ser reincidentes.
Entre los expulsados figuran rumanos que participaron en asaltos a viviendas y también en extorsiones. Quienes se vieron afectados por esta medida no sólo cometieron los delitos en la provincia de Lugo, sino que pertenecen a un nutrido cupo de reclusos que fue enviado de otros penales españoles.
Fuentes de la comisaría lucense explicaron que éste era uno de los efectos de la llegada de inmigrantes, si bien expresaron que la inmensa mayoría de los que arriban a España, con independencia de su procedencia y la situación administrativa en que se encuentren, son personas «honradas y trabajadoras que, en el campo laboral, ocupan tareas que no son fáciles de cubrir con españoles y con ello favorecen el desarrollo y la economía del país».
Víctimas de explotación
La otra cara de la moneda para muchos inmigrantes que recalaron en la provincia de Lugo, es la explotación de que son o fueron víctimas. A la luz pública salieron varios casos, alguno de los cuales derivó en condenas penales para los promotores o inductores de la nueva forma de esclavismo.
La Guardia Civil desmanteló hace más de un año a un grupo de magrebíes, la mayor parte de los cuales vivía en un piso patera, que era víctima de la explotación más absoluta por parte de varias personas, una de las cuales ni tan siquiera llegó a ser juzgada. Una decena de marroquíes trabajaba por salarios ínfimos recogiendo pollos por las noches en granjas avícolas de la provincia. Las aves eran llevadas a continuación a mataderos para su sacrificio.
Las consecuencias penales de esta explotación las pagaron otros marroquíes que actuaban como intermediarios y que aceptaron una pena de un año de cárcel. Según diversas asociaciones de inmigrantes, los casos de explotación que llegan a los juzgados lucenses son mínimos. Además, algunos de los grandes asuntos como, por ejemplo, el relacionado con la utilización de mujeres de diferentes países para la prostitución, quedan a medio resolver.
A veces, porque los proxenetas, no llegan a ser detenidos y, por tanto, eluden la acción de la justicia y en otras ocasiones porque las mismas denunciantes se desdicen por temor. También se dan casos de empresarios del mundo de la noche que consiguieron evitar condenas severas, impuestas por la Audiencia, huyendo de España. Actualmente están en busca y captura.

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la voz de galicia.es