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La provincia es el segundo destino de presos etarras tras la ruptura de la tregua
El Ministerio del Interior aprovechó la apertura de la cárcel de Puerto III para reagrupar a ex jefes de la banda armada

Las cárceles de la provincia de Cádiz vuelven a convertirse en destino preferente que Interior reserva para los presos etarras, reactivando la política de dispersión tras la ruptura de la tregua y de los cauces de diálogo con la banda armada.
En el día de ayer se conocía que el ministerio que dirige Rubalcaba aprovechó la inauguración de Puerto III el pasado verano para comenzar a agrupar allí a antiguos dirigentes de ETA, con el objeto de «tomar la temperatura» del denominado frente de makos y comprobar el alcance del hartazgo que se viene extendiendo entre parte de sus miembros, informaron fuentes de la lucha antiterrorista.
En ese grupo hay ex miembros del comité ejecutivo de la banda y antiguos jefes de distintos aparatos, algunos designados como interlocutores en las mesas negociadoras con los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar.Pero Puerto III no es la única cárcel de la provincia que alberga a etarras condenados.
Según la información divulgada por Etxerat, el colectivo de familiares de presos terroristas, a fecha de 1 de julio estaban recluidos en las cuatro prisiones de Cádiz 60 internos vinculados a la organización armada. Es el número más abultado si se compara con el resto de provincias españolas, a excepción de Madrid, donde según esa misma recopilación de datos permanecen presos 76 reclusos de la banda.
Si se echa la mirada atrás, en marzo de 2006, cuando ETA declaró el alto fuego permanente había 38 etarras recluidos en la provincia. Ocho meses después, cuando seguía vigente la tregua, esa cifra cayó a 21. En enero de 2007, el diálogo con la banda saltaba por los aires tras el atentado de Barajas y en octubre pasado, cuando el escenario ya era distinto y Puerto III entraba en funcionamiento a pleno rendimiento, había 29 internos relacionados con ETA. Hoy ya son 60.
De los trasladados a Puerto III, la mayoría con condenas centenarias y algunos perjudicados por la doctrina Parot, el más destacado dentro del colectivo es Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, alias Txikierdi, ex jefe militar que llegó el 26 de octubre de 2007 procedente de Albolote (Granada) y que aún continúa en Cádiz. Este individuo es el portavoz oficial del Colectivo de Presos Políticos Vascos.
Esa misma jornada del 26, tal y como informó en su día LA VOZ, fueron derivados a Puerto II y III, desde distintos centros penitenciarios, otros cuatro miembros de la banda, alguno de ellos muy conocidos por la opinión pública. José María Dorronsoro Malaxetxebarria (desde Almería), Fernando Bert Arretxea y Diego Ugarte López (desde Madrid III) y Henri Parot (procedente de Córdoba).
Como ocurre en la mayoría de los 66 centros dependientes de Instituciones Penitenciarias, a Puerto III también se preveía trasladar presos de ETA. Cuatro días después de su inauguración llegó el primer recluso de la banda, José Antonio Enbeitia Ortuondo, un antiguo colaborador del comando Vizcaya al que no se le concede ascendente en el seno de la organización, como a otros presos de ETA que han pasado por Puerto III y que no forman parte del «experimento» de Interior, caso de Iñaki Bilbao Goikoetxea, conocido por los altercados que protagoniza en los juicios de la Audiencia Nacional, y por haberse puesto en huelga de hambre, lo que le llevó al Clínico de Puerto Real.
El Gobierno esperó a que pasara el verano y, ya cometidos varios atentados de envergadura, comenzó el goteo de traslados a las 70 celdas del módulo de aislamiento de Puerto III. El 17 de octubre fue trasladado Kubati y a la semana siguiente los dos reclusos antes citados: Henri Parot y Dorronsoro. Al mes siguiente, Josu de Mondragon y Waldo, y ya en enero de 2008, el dirigente de Ekin, Xabier Alegria, y en febrero, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, quien ya no se encuentra en esa cárcel.
Desde el final de la tregua, Instituciones Penitenciarias ha podido recoger el descontento del colectivo de presos con el atentado de la T-4, porque no se les había tenido en cuenta en ninguna de las fases del proceso de paz. Igualmente, destacados reclusos expresaron sus críticas al asesinato de dos guardias civiles en Capbreton.
Sin embargo, las fuentes consultadas reconocen que la tarea de conocer el posicionamiento de muchos de ellos respecto al fin de la violencia está resultando «complicada».

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