Denuncian inseguridad en el centro de tercer grado

El sector de administración general del Estado del sindicato CSI-CSIF denuncia la situación de "inseguridad permanente" que soportan a diario los funcionarios de prisiones del centro de inserción social Carlos García Valdés de la capital cordobesa. En este módulo separado pero dependiente del centro penitenciario de Córdoba conviven internos de segundo grado y personas que disfrutan ya del tercer grado: "Hay un centenar de personas y solo dos funcionarios para vigilarlos", denuncian desde el sindicato.
La carencia de seguridad, según afirman fuentes del sindicato CSI-CSIF, es tan elevada que el martes pasado uno de los trabajadores tuvo que encerrarse en lo que los funcionarios conocen como el búnker --una sala aislada-- para protegerse de la violencia de un antiguo interno hasta que llegó la Policía Nacional a socorrerle. Al parecer, un individuo acudió al centro exigiendo que se le pusiera una pulsera de localización permanente porque había sido condenado por violencia de género. Según el sindicato, el funcionario le explicó que "aún no había orden judicial", pero el hombre siguió insistiendo cada vez con más violencia. El CSI-CSIF denuncia que los funcionarios del centro de inserción social no llevan armas y que el edificio no tiene apenas medidas de seguridad.
Por último, las mismas fuentes sindicales han exigido a la Administración central que mejore el dispositivo para la colocación de las pulseras de localización permanente puesto que en muchas ocasiones los funcionarios tienen que ir solos a colocarlas. Según los datos facilitados por CSI-CSIF, en la actualidad hay una treintena de presos con pulsera y unos 400 expedientes abiertos para su colocación.

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