La Central Sindical Independiente denuncia la desidia de los Ayuntamientos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denunció ayer que alrededor de 300 condenados por delitos menores cumplen penas en una de las dos prisiones de Castellón al no poder realizar trabajos en beneficio de la comunidad debido a la falta de previsión de los ayuntamientos de la provincia.
Según el sindicato, los consistorios no facilitan, por "acción u omisión", puestos de trabajo para que estas personas puedan suplir sus condenas por labores en beneficio de la comunidad.
De esta manera, se incumple el convenio firmado entre el Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias y la Federación Española de Municipios y Provincias para que estos condenados por delitos menores puedan sustituir sus penas privativas de libertad.
En la provincia de Castellón, sólo el penal de Castellón I tiene una veintena de reclusos en condición de trabajos para la comunidad, y todos ellos empiezan este mes con labores de "mantenimiento" en la propia prisión como el arreglo de jardines o el cuidado de material.
Algo similar ocurre en la recientemente inaugurada prisión todavía no se desarrolla este programa, aunque desde CSI·F apuntan que podría haber entre ambas cárceles una lista de unos 300 presos que esperan hacer estos trabajos. Señalan, además, que es necesario potenciar estas alternativas porque los ayuntamientos no están absorbiendo estos trabajos y la gran cantidad de reclusos que pueden hacer trabajos en beneficio de la comunidad hace que tampoco sea una solución a corto plazo.
Los reclusos que cumplen este tipo de penas, siempre según el sindicato, pasan ocho horas al día en los recintos de las prisiones sin tener contacto con el resto de los internos y sin realizar ningún tipo de actividad. Este sindicato de trabajadores de prisiones señaló al respecto que esta situación causa que cada uno de los centros tenga que asignar un diez por ciento de su capacidad operativa para el cumplimiento de este tipo de condenas, lo que complica su labor diaria.
De esta manera, la presencia de estas personas en las prisiones conlleva que los funcionarios tengan que soportar una mayor carga de trabajo y que se tenga que detraer personal del área de vigilancia interior para hacerse cargo de este tipo de penados.
El problema no se centra sólo en Castellón, sino que, según los funcionarios, afecta al conjunto de penales de la Comunitat Valenciana. De hecho, según apuntaron, "esta situación acentúa la ya de por sí endémica falta de efectivos en provincias como la de Alicante", donde el problema afecta a 290 reos . En Valencia 115 personas deberían realizar estos trabajos y otros 2.000 están pendientes de hacerlo.
noticia publicada en:
lasprovincias.es
Según el sindicato, los consistorios no facilitan, por "acción u omisión", puestos de trabajo para que estas personas puedan suplir sus condenas por labores en beneficio de la comunidad.
De esta manera, se incumple el convenio firmado entre el Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias y la Federación Española de Municipios y Provincias para que estos condenados por delitos menores puedan sustituir sus penas privativas de libertad.
En la provincia de Castellón, sólo el penal de Castellón I tiene una veintena de reclusos en condición de trabajos para la comunidad, y todos ellos empiezan este mes con labores de "mantenimiento" en la propia prisión como el arreglo de jardines o el cuidado de material.
Algo similar ocurre en la recientemente inaugurada prisión todavía no se desarrolla este programa, aunque desde CSI·F apuntan que podría haber entre ambas cárceles una lista de unos 300 presos que esperan hacer estos trabajos. Señalan, además, que es necesario potenciar estas alternativas porque los ayuntamientos no están absorbiendo estos trabajos y la gran cantidad de reclusos que pueden hacer trabajos en beneficio de la comunidad hace que tampoco sea una solución a corto plazo.
Los reclusos que cumplen este tipo de penas, siempre según el sindicato, pasan ocho horas al día en los recintos de las prisiones sin tener contacto con el resto de los internos y sin realizar ningún tipo de actividad. Este sindicato de trabajadores de prisiones señaló al respecto que esta situación causa que cada uno de los centros tenga que asignar un diez por ciento de su capacidad operativa para el cumplimiento de este tipo de condenas, lo que complica su labor diaria.
De esta manera, la presencia de estas personas en las prisiones conlleva que los funcionarios tengan que soportar una mayor carga de trabajo y que se tenga que detraer personal del área de vigilancia interior para hacerse cargo de este tipo de penados.
El problema no se centra sólo en Castellón, sino que, según los funcionarios, afecta al conjunto de penales de la Comunitat Valenciana. De hecho, según apuntaron, "esta situación acentúa la ya de por sí endémica falta de efectivos en provincias como la de Alicante", donde el problema afecta a 290 reos . En Valencia 115 personas deberían realizar estos trabajos y otros 2.000 están pendientes de hacerlo.
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