Más de 400 condenados a trabajos comunitarios cumplenlapena en prisión

El CSIF dice que no hacen ninguna actividad

José Parrilla, Valencia
Más de cuatrocientas personas condenadas a trabajos en beneficios de la comunidad cumplen sus condenas en las cárceles de Alicante y Valencia a falta de plazas en otras instituciones públicas. Así lo ha denunciado el sindicato CSIF, que asegura que la mayoría de estos internos se dedican a pasar el tiempo en el recinto penitenciario sin realizar ninguna actividad, obligando a la prisión, además, a dedicar funcionarios que podrían estar haciendo otros trabajos.
En primer lugar, el sindicato denuncia "el incumplimiento del convenio firmado entre el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Federación Española de Municipios y Provincias para que los condenados por delitos menores puedan sustituir sus penas por trabajos en beneficio de la comunidad". Ese incumplimiento o falta de colaboración es atribuible, según el CSIF, a los ayuntamientos, que no están ofreciendo plazas para este tipo de trabajos y han obligado a las prisiones a acoger a parte de los penados. En concreto, en la cárcel de Fontcalent hay 110, 140 en Villena, 40 en el Psiquiátrico de Alicante y 115 en Picassent. Y aún así hay otras 2.000 personas esperando turno, asegura.
El problema, según el sindicato, es que los centros penitenciarios no tienen realmente plazas para tantos internos y en Valencia, por ejemplo, "pasan ocho horas al día en un ala aparte del Centro de Inserción Social sin tener contacto con el resto de los internos y sin realizar ningún tipo de actividad, salvo casos puntuales en los que la misma se desarrolla en condiciones inadecuadas al no cumplirse con la normativa de seguridad e higiene en el trabajo".
Necesidad de funcionarios
Además, la presencia de estas personas "conlleva que los funcionarios de prisiones tengan que soportar una mayor carga de trabajo y que se vean obligados a detraer personal del área de vigilancia interior para hacerse cargo de este tipo de penados". "Todo esto acentúa -añade- la ya de por sí endémica falta de efectivos en provincias como las de Alicante, Valencia o Castelló".
Los trabajos en beneficio de la comunidad se han convertido en un auténtico problema para el Ministerio de Justicia, ya que el número de condenados supera con mucho el número de plazas disponibles. En varias ocasiones se ha pedido la colaboración de los municipios y de otras instituciones públicas que podrían ofrecer plazas, pero sigue siendo un asunto no resuelto.

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