LA PRISIÓN OBLIGARÁ A FUNCIONARIAS A TRABAJAR EN MÓDULOS DE HOMBRES

La dirección del centro penitenciario alega que pretende aplicar la Ley de Igualdad mientras que las afectadas advierten de las dificultades para mantener la seguridad.

El centro penitenciario de Alcolea pondrá en marcha el próximo mes una medida laboral que augura un "caos laboral" para la plantilla. O, más concretamente, para las 21 funcionarias integrantes del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias que prestan sus servicios en Córdoba. Según confirmó la directora de la prisión, Ana Martín, el próximo abril se llevará a cabo la unificación de las escalas masculina y femenina de trabajadores, lo que implicará que las funcionarias -que hasta el momento tenían acotada su labor a los módulos de reclusas- tendrán que trabajar también con los presos.

La solución ya ha sido contestada con cartas a la dirección del centro y consultas al Defensor del Pueblo. Y las afectadas, además, no descartan llevar a cabo movilizaciones para evitar esta medida, informaron las afectadas. "Se ha generado una lucha de sexos a nivel interno. Este colectivo tiene sus particularidades. Convivimos con los internos, formamos parte de sus vidas. Y la unificación no garantizará la seguridad de ellos ni nuestra seguridad", explicó una de las trabajadoras. Las afectadas estudian crear una plataforma para coordinar las actuaciones en diferentes provincias, aunque hasta el momento la unificación sólo se ha materializado en Huelva.

La directora del centro penitenciario explicó de manera escueta que la decisión responde a un "Real Decreto que desarrolla la Ley de Igualdad". "El hecho de ser hombre o mujer no afectará a la asignación del servicio", atajó Martín, quien reconoció desconocer "la situación de cada centro en concreto". Sí se comprometió, en cambio, a "cumplir la normativa de la mejor manera posible".

El razonamiento de las afectadas es muy diferente: la Ley de Igualdad se creó con el objetivo de eliminar los "imaginarios efectos discriminatorios" derivados de un sistema de puntuación diferente para acceder al cuerpo de ayudantes, con el fin de que las carreras de administrativas no se vieran tan limitadas debido a la existencia de un número de plazas muy inferior respecto a las de hombres. Pero, en la práctica, "esto no se ha conseguido, ya que la limitación no sólo ahora es mayor, sino que además ha provocado un caos laboral que ha transformado el equilibrio existente en el ámbito penitenciario en un campo de batalla entre hombres y mujeres". Las trabajadoras, además, lo tienen claro: "Las realmente perjudicadas y ahora sí discriminadas son las pertenecientes al colectivo minoritario, aquéllas a las que iba dirigida la ley".

La presencia de las mujeres como funcionarias de prisiones se remonta al año 1931. Desde entonces, hombres y mujeres accedían por separado, debido a que el número de plazas para unas era considerablemente inferior al de otros por la mera razón de que había menos reclusas que reclusos. Pero el 22 de marzo de 2007 entró en vigor la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, lo que supuso el fin de la diferenciación. En la práctica, cada centro penitenciario elige el momento de aplicar la normativa. Y el de Córdoba será el segundo de España, tras Huelva, en tomar esta decisión.

"Nos sentimos engañadas por una ley hecha para la mujer, pero que actúa en detrimento de las trabajadoras. El concepto de libertad de elección se traduce en imposición, y el principio de igualdad se ha convertido en discriminación", dijo una de las afectadas. En la actualidad, el centro penitenciario cuenta con una población reclusa de más de 1.900 personas, de las que 94 son mujeres.

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