El Gobierno se comprometió a construir dos nuevas cárceles para las que harían falta 1.200 agentes, sin embargo sólo ha ofertado 390 plazas para 2010 / La tasa de hacinamiento es del 170 por ciento

Crisis en las cárceles: hacinamiento y un funcionario cada 70 presos

2 Abril 10 - Madrid - Carmen Morodo

En apenas 75 días ingresaron 667 nuevos reclusos. El coste anual de cada uno de ellos es de 25.000 euros.


Más información sobre el estado del sistema penitenciario en el gráfico adjunto

En el Parlamento está en discusión la reforma del Código Penal. Los partidos, a golpe de triste acontecimiento luctuoso, debaten el endurecimiento de las leyes y de las penas para determinados delitos, mientras que en los centros penitenciarios está encendida desde hace ya algún tiempo la luz de alarma. España es el país de la UE con más población reclusa y todo ello pese a tener la tasa de criminalidad más baja de la última década.

¿Qué está pasando entonces? Los profesionales del sector ven urgente una revisión de un modelo penitenciario que no ha cambiado apenas en materia regimental y procedimental desde hace más de una década. Los datos que airean los funcionarios de prisiones son los que son: una tasa de hacinamiento en los centros penitenciarios de un 170 por ciento, con un índice de población extranjera del 35 por ciento y una tasa de reincidencia del 54,95 por ciento.

La crisis económica agrava este crudo escenario y amenaza la viabilidad del plan de construcción de nuevos centros penitenciarios. Para 2010 está prevista la apertura de los centros de Mahón y Murcia. Pero hacen falta al menos 600 efectivos para garantizar el correcto funcionamiento de una nueva cárcel y la oferta global de empleo público para Instituciones Penitenciarias es de 390 plazas. En 2009 fue de 1.667 plazas.

El PSOE preveía en su programa electoral de 2008 la elaboración de un plan de cooperación internacional, en el que se incluía la posibilidad de colaborar en la construcción de cárceles en otros países para que allí cumplieran su pena los condenados en España originarios de esos países. También incluía el compromiso de poner en marcha 18 nuevos centros penitenciarios y 32 centros de inserción. De esas 18 cárceles comprometidas por el Gobierno socialista hasta 2013, hasta ahora sólo se han inaugurado cuatro, y 24 centros de inserción social.

La realidad deja un mapa de cifras que obliga a la reflexión. Hay un funcionario por cada 70 presos; el coste económico de la construcción de un centro tipo es de 100 millones de euros; el coste de un interno por año alcanza los 25.000 euros; la tipología delictiva preferente es el delito contra la salud pública; el porcentaje de internos ocupados en talleres es del 22 por ciento; y la tasa de analfabetismo, del 15 por ciento.

La nueva tipificación
El incremento de la población penitenciaria provocado por los nuevos tipos penales está agravando, a pasos acelerados, la situación. Por ejemplo, por delitos contra la seguridad del tráfico han entrado en prisión 1.031 ciudadanos en apenas dos años. El hacinamiento favorece la tensión, los capítulos de agresión entre internos –ahí está el ejemplo de la cárcel de Picassent– y duras anécdotas que describen, desde el anonimato, los funcionarios de prisiones.

También se dan casos como el de que, por las dificultades de clasificación, a un detenido por exceso de velocidad se le ubique en una celda con presos drogadictos con síndrome de abstinencia. Y ya hay jueces que antes de decretar el ingreso en prisión provisional hacen la pertinente consulta al centro penitenciario para ver si hay algún hueco. Si no lo hay, revisan su decisión y optan por imponer algún otro tipo de medida cautelar. Desde principios de año hasta mediados de marzo hay 677 nuevos presos, según ACAIP, organización sindical mayoritaria en el sector.

El PP ha advertido del «riesgo de colapso» y ha propuesto una revisión en profundidad para que los presos extranjeros cumplan las penas en sus países de origen. La Comisión Nacional de Interior del PP, que preside Ignacio Cosidó, se ha reunido con los cuatro sindicatos representativos de los funcionarios de prisiones (ACAIP, CSIF, UGT y CC OO), un colectivo con más de 25.000 funcionarios, para analizar la situación de las cárceles españolas. 

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