Las cárceles canarias alcanzan un punto crítico con 3.173 internos cuando su límite es de 1.500

Los centros de las Islas están acondicionados para 1.500 personas, pero la población reclusa duplica el número de internos / El Archipiélago es la séptima región en cantidad de presos
LA LAGUNA.– La situación que se vive en las cárceles isleñas de Tenerife II y de Salto del Negro, en Gran Canaria, lleva camino de convertirse en una de las problemáticas más complicadas de resolverse a corto plazo. El último balance establecido por el Ministerio de Interior, desde el área dedicado a las Instituciones Penitenciarias, arroja un resultado desalentador, ya que la población reclusa en las Islas alcanza las 3.173 personas, entre penados y preventivos, con 1.246 y 1.927 internos respectivamente.
Hay que recordar que las instalaciones en las Islas están creadas para albergar a 1.500 personas, por lo que soportan en estos momentos más del doble de su capacidad. Representantes de los trabajadores con los que ha contactado LA GACETA DE CANARIAS aseguran que “la prisión de Tenerife II estaba destinada a que cada celda fuera ocupada por un interno, por lo que era considerada una instalación modélica”.Sin embargo, añadieron que “en la actualidad son dos los que conviven en una sola habitación y si la situación continua así, este mes hemos de ubicar a una tercer interno, ya que no hay capacidad para más”.
La misma situación se vive en estos momentos en la cárcel de Salto del Negro, cuya capacidad para 800 personas es sobradamente superada por los 1.500 internos que conviven en dicho inmueble. A pesar del descenso progresivo de la criminalidad experimentado por el Archipiélago, el cual fue anunciado hace apenas pocos días por el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura Clavell, el número de internos sigue creciendo sin que se otee en el horizonte una vaga esperanza de que la situación vaya a dar un giro de 180 grados.
De hecho, en la actualidad, Canarias es la séptima región en el número de reclusos, por detrás tan sólo de Andalucía, con 14.783 personas, Cataluña, con 9.468 internos, Madrid (8.677), Castilla León (7.031), Comunidad Valenciana (6.569) y Galicia (4.293). Teniendo en cuenta las diferencias de población y extensión geográfica, la situación es delicada, según aseguran fuentes de los trabajadores de las cárceles canarias.
De igual manera este hecho quedó evidenciado en el informe 2007 presentado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Cuyo representante, Vicente Garrido, explicó ante los miembros del Parlamento regional que “la superpoblación de las cárceles está suponiendo un grave problema para llevar a buen término la reeducación y reinserción en la sociedad de los internos”, objetivo por el que funcionan dichas instalaciones.
Los reclusos son derivados a prisiones peninsulares, evitando de este modo la visita asidua de los familiares, que generalmente son el pilar fundamental donde se sustenta el ánimo del interno.
Según indicaron las mismas fuentes consultadas, “los traslados de internos a prisiones peninsulares se realizan casi semanalmente pero esto no es suficiente y necesitamos urgentemente que se creen nuevas infraestructuras en las Islas, por el bien de los trabajadores y de los propios internos”.
El aumento de la población reclusa no es un hecho extraordinario, ya que cada año se experimenta un crecimiento progresivo de los condenados a penas de privación de libertad. Este hecho queda reflejado en la diferencia entre las 33.035 personas que permanecían entre rejas en 1990 en España, y las 67.217 registradas en el presente año. Eso supone que la cifra se ha duplicado en 18 años.
Alejamientos familiares: una situación que roza la ilegalidad
Los trabajadores de la prisión de Tenerife II y del Salto del Negro llevan denunciando durante años la situación insostenible que se está viviendo en las cárceles canarias. “Los niveles de masificación han derivado en continuos traslados de internos a instalaciones de la Península, y eso propicia un alejamiento doloroso de la familia del recluso, ya que entre los trasladados se hallan numerosos canarios”.
Añadieron que “esta situación provoca graves y serios problemas emocionales a los que es muy duro enfrentarse, ya que este hecho es un constante generador de estrés que se suma al que ya de por sí causa estar privado de tu propia libertad”, aseguraron. Del mismo modo recordaron que la ley establece que el interno debe estar cerca de sus familiares y eso no se cumple, provocando múltiples contradicciones con el reglamento existente. Los trabajadores también pidieron a los municipios mayor implicación, ya que “muchas veces son los culpables de que nuevas instalaciones no sean construidas, porque para algunos ayuntamientos es causa de vergüenza o generador de delincuencia tener una cárcel dentro de los términos municipales”.
Cabe destacar que las localidades que han permitido la construcción de una prisión a la larga se han visto beneficiados, ya que este hecho provoca que muchos familiares de los internos se trasladen hasta ese lugar por motivos obvios, repercutiendo en la población y riqueza del municipio.

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la gaceta de canarias