Un preso alega que empujó a un funcionario en defensa propia
El procesado afirma que dos empleados del centro penitenciario de Teixeiro le pegaron después de que insultase a uno de ellos.
Un interno del centro penitenciario de Teixeiro acusado de golpear a un funcionario de la prisión aseguró ayer durante la vista que dos trabajadores del centro le agredieron.
El procesado, para el que el Ministerio fiscal exige tres años de cárcel, relató que insultó a uno de los funcionarios y que éste, acompañado por uno de sus compañeros, le agredió.
La defensa, ejercida por Diego Reboredo, letrado del despacho de José Ramón Sierra, presentó partes de las lesiones que presuntamente le ocasionaron los funcionarios a su cliente, que sangró por la nariz.
El interno, que tiene 28 años, dijo que no denunció los hechos por miedo a represalias.
Los trabajadores de la prisión aseguraron que el preso les insultó y que propinó "un manotazo" a uno de ellos. Ninguno de los dos admitió recordar que el imputado les diese un puñetazo.
Los hechos, según el escrito de calificación del Ministerio público, sucedieron el 10 de junio de 2006 sobre las 19.30 horas.
El acusado, que fue condenado a un año de cárcel por un delito de lesiones por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra, ante una orden expresa del funcionario de prisiones, según el fiscal, se dirigió a él diciéndole "vete a la mierda, hijo de puta".
A continuación, según el escrito de la Fiscalía, le golpeó en el brazo y se abalanzó sobre él, lo que provocó que el trabajador se cayese al suelo. Como consecuencia de los golpes, el funcionario sufrió un hematoma en el brazo izquierdo que requirió de asistencia médica y del que tardó en curar diez días.
Todos ellos estuvo incapacitado para realizar sus ocupaciones habituales. El Ministerio público acusa al procesado de cometer un delito de atentado, por el que solicita que sea condenado a tres años de cárcel.
Además, exige que indemnice al funcionario con 500 euros por los días que tardó en curar de los golpes y que pague una multa de 900 euros por el delito de lesiones.
La defensa del imputado solicitó su libre absolución y recalcó que los funcionarios aseguraron que se abalanzó sobre uno de ellos, pero que no recuerdan que le propinase un puñetazo.
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