Justicia siembra las prisiones de antenas de telefonía móvil.




Fede Cedó.


Quatre Camins consigue paralizar su instalación, en espera de un estudio sobre el riesgo de malformaciones para mujeres embarazas. La Generalitat ingresará unos 30 millones de euros.


La Departament de Justícia ha sembrado las prisiones de antenas de telefonía móvil. Los sindicatos han criticado que la Secretaria de Serveis Penitenciaris haya ofrecido los centros carcelarios catalanes como emplazamiento.


Según denuncian, en algunos casos, se vulnera la legalidad vigente al no acompañar la instalación de la preceptiva licencia de los ayuntamientos y por no haber informado previamente a los respectivos comités de salud laboral y de seguridad e higiene en el trabajo. En este sentido, el Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, cuyo término municipal alberga la prisión de Can Brians, ha abierto una investigación para determinar la posible irregularidad en la instalación, que carece de los permisos municipales, según los sindicatos, que también critican a los consistorios «con gobiernos socialistas, Lleida por ejemplo, que han hecho la vista gorda pese a las protestas de los funcionarios».


Más de 30 millones de euros en 10 años es la cifra que barajan desde CSI-CSIF, como cantidad que podría ingresar la Generalitat de la única operadora que se ha hecho con la adjudicación.


Cobertura garantizada


El Departament de Justícia ha justificado que se trata de una operación para «garantizar la cobertura en todos los centros de la administración catalana», no sólo en las prisiones o centros penales «sino en los centros de trabajo».


Ante las protestas sindicales, la Administración «se ha limitado a transmitir una fotocopia de un comunicado de la operadora» en el que garantiza la seguridad de las personas frente a la «instalación de cobertura en Can Brians».


Sólo el Centre Penitenciari Quatre Camins ha conseguido paralizar el montaje de la antena hasta que no se conozcan los resultados «del estudio epidemiológico que realiza la Direcció General de Salut Pública» en relación a un posible «riesgo de maformación en las mujeres embarazadas» sometidas a los arcos detectores de metales situados en la entrada del centro.


Proximidad de escuelas


En una carta del delegado de CSI-CSIF a Justícia y que ha quedado sin respuesta, ante la instalación de antenas de telefonía, se alertó de que en el caso del Centre de Dones de Wad Ras en Barcelona «hay un colegio y un instituto justo al lado». El sindicato recuerda, refiriéndose al Centre de Ponent, que la asociación de vecinos ha rechazado reiteradamente las antenas.

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