INFRAESTRUCTURAS PENITENCIARIAS
La prisión que se levantará en Zubieta tendrá seiscientas celdas más que la de Martutene
El actual centro penitenciario, que tiene casi 60 años, cuenta con una población reclusa de casi 300 personas repartidas en 163 habitaciones. La nueva cárcel es «una prioridad» para Instituciones Penitenciarias.
ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. DV. «Tuve ganas de cerrarlo». La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, no pudo ser más contundente a la hora de explicar la impresión que le causó la prisión de Martutene, que visitó en junio del año pasado. Desde entonces, ha asumido como «una prioridad» la construcción de un nuevo centro, que se ubicará en Zubieta y tendrá unas dimensiones mucho mayores. La saturación, que afecta a la inmensa mayoría de las cárceles españolas, pero sobre todo el deterioro de las instalaciones, que recrudece las condiciones de vida de la población reclusa en Gipuzkoa, han motivado esta decisión.
Martutene acoge en estos momentos a 287 presos -267 hombres y 20 mujeres- y cuenta con 163 celdas. El lugar donde se desarrolla la vida de estas personas y la de los trabajadores del centro deja mucho que desear. La gran mayoría de los reclusos ha de compartir celda. Según datos de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio de Interior- hay «bastantes» ocupadas por dos internos y otras por tres, aunque otras fuentes aseguran que hay chabolos con cuatro reclusos «donde apenas tienen sitio para dejar sus cosas». Hay celdas sin ducha. A pesar de que se ha instalado calefacción en ciertas zonas, como en la enfermería, la humedad, el frío y las corrientes obligan a veces al personal a tener que llevar abrigo cuando trabajan.
Las áreas destinadas a talleres son insuficientes, así como los patios, especialmente el de las mujeres. Las condiciones para practicar deporte en el gimnasio o estudiar son más que deficientes. No hay espacios adecuados para llevar a cabo actividades en grupo, ni zonas idóneas para acoger a profesionales del exterior, como los servicios de intervención familiar que acuden a ver a los presos. La consulta médica del departamento de mujeres sirve a veces de despacho de reuniones. Algunos trabajadores, por ejemplo, carecen de correo electrónico y continúan enviando los expedientes por correo ordinario o mensajería, y no son raros los días en los que se saturan sus líneas telefónicas, con la consabida desesperación de las familias que llaman desde el exterior.
El penal, que ocupa dos hectáreas de terreno, fue construido en 1948, y desde entonces ha ido sufriendo constantes obras de mantenimiento. El capellán del centro, Luis Miguel Medina, corrobora que es «una cárcel vieja y destartalada que no puede ni debe continuar», pero también subraya la «preocupación» de los cuatro directores que ha tenido la cárcel en el último lustro «para mejorar, seguramente en la medida de los presupuestos, la calidad de las instalaciones». Así, explica que se han pintado algunas zonas del interior, «tenemos una exposición permanente con obras de Jose María Moraza que da color, en el departamento de menores se ha cambiado el comedor de sitio...».
«Posiblemente será el único edificio público de Gipuzkoa concebido a mediados del siglo pasado y que en la actualidad, a pesar del tiempo transcurrido, se sigue utilizando para lo mismo», denuncia Javier del Moral, responsable sectorial de prisiones de ELA, quien destaca también la escasez de recursos personales y materiales como otro de los problemas más acuciantes del centro. Según fuentes del sindicato, en la actualidad trabajan en la prisión tres médicos, otras tantas enfermeras y una auxiliar. También hay una psicóloga y otra contratada temporalmente para llevar a cabo programas puntuales, tres trabajadores sociales, cuatro educadores, dos juristas y varios maestros.
En 1995, 314 internos
Un personal «muy comprometido», según Del Moral, pero que se antoja «insuficiente» para atender en las mejores condiciones al número de internos, que se ha mantenido más o menos constante en la última década: el 31 de diciembre de 1995 había 314 y en el año 2000, 261.
La semana pasada, en una comparecencia en el Parlamento Vasco el Ararteko, Iñigo Lamarca, se refirió a la situación de las prisiones vascas. «Se habla mucho de las instalaciones, pero se habla menos de los recursos humanos, y éstos son mejorables», indicó. El capellán de Martutene coincide en señalar que «seguramente haría falta más personal» para que se atienda con un buen seguimiento a los internos. «Siempre se puede mejorar», dice.
Los recursos humanos deberán aumentar cuando se construya el nuevo centro, que tendrá una capacidad muy superior a la actual. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el plan de infraestructuras de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que prevé la construcción de 11 cárceles en España hasta 2012. Entre ellas se encuentra la que sustituirá a la de Martutene -se construirá otra más en el País Vasco- y que ocupará una parcela de unas 15 hectáreas en la parte alta de Zubieta.
El pasado mes de julio, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmaron un protocolo mediante el que ambas instituciones se comprometen a gestionar «con la mayor celeridad» la construcción de una nueva prisión «en el menor plazo posible». A finales de octubre, el Gobierno Vasco firmó un preacuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián por el que se compromete a ceder los terrenos que tiene en Zubieta, lo que permitirá el traslado de la cárcel y la construcción de pisos protegidos en el espacio que ahora ocupa la prisión.
El nuevo centro será «mediano» y tendrá unas 800 celdas, según datos de Instituciones Penitenciarias, donde subrayan que se mejorará sustancialmente la calidad de estas plazas enfocadas a la reinserción. El nuevo edificio tendrá espacios «destinados a la educación, a la formación profesional y ocupacional, al desarrollo de actividades culturales, deportivas, terapéuticas y laborales, que contribuyen a facilitar la reinserción de los internos, al tiempo que garantizan las necesidades de seguridad propias de un establecimiento de tales características», según indica el texto del acuerdo firmado con el Consistorio.
Demasiadas plazas
El responsable sectorial de prisiones de ELA confía en que, al final, se levante una prisión mucho más pequeña que la anunciada: «800 plazas son excesivas». También apunta a la necesidad de que se ponga en marcha algún centro de internamiento social (CIS), tal y como está previsto en el plan acordado el viernes. Estas infraestructuras, inexistentes en Euskadi, están destinadas al cumplimiento de penas en régimen de semilibertad. «Es importante que esos presos no tengan que pasar por todas las medidas de seguridad de una cárcel y facilitar gradualmente su salida». Del Moral también confía en que se apueste por una política en la que prime el tratamiento por encima de la seguridad.
Jose Mari Larrañaga, de la asociación Arrats de apoyo a presos y ex presos, augura que el nuevo penal, «una macrocárcel», potenciará el individualismo, el fraccionamiento y será más aséptica e impersonal. «Habrá más medidas de seguridad, los presos estarán mucho más separados de lo que están ahora en Martutene, y tememos que haya trabas para que entremos los colectivos que trabajamos con ellos... Estos macrocentros no favorecen para nada la reinserción».
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