Gallizo asegura que la saturación de Villabona no aumenta el riesgo de incidentes con presos

La secretaria de Instituciones Penitenciarias pide en Oviedo más plazas para cumplir
los trabajos en beneficio de la comunidad

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró ayer en Oviedo que la saturación de la cárcel de Villabona y de la mayoría de las prisiones del país «no se traduce en una situación de riesgo», y que el nivel de incidentes registrado en el sistema carcelario español «no es significativamente más alto que en otras épocas en las que no había saturación». Estas apreciaciones de la secretaria general contrastan con las denuncias de los funcionarios de prisiones, que ayer mismo denunciaron que en Villabona hay ingresados 1.615 reclusos, cuando sólo hay 840 celdas y la prisión tiene una capacidad operativa cifrada en 1.300 presos. El sindicato de funcionarios de prisiones también denunció el alto riesgo de incidentes en una prisión tan saturada.

Gallizo minimizó el problema de la saturación en Villabona, indicando que es un problema general en España y en Europa. La secretaria general añadió que su departamento está haciendo todo lo posible por paliar la falta de plazas carcelarias. «El plan de construcción de nuevos centros se viene desarrollando bien y dentro de los plazos fijados», señaló. No obstante, explicó que, desde que se toma la decisión de construir una cárcel hasta que ésta entra en funcionamiento, pueden pasar cuatro o cinco años, debido a los trámites que exige, entre los que se incluye el llegar a un consenso con las administraciones implicadas.

La secretaria general destacó que el numero de incidentes poco significativo del sistema penitenciario español habla mucho en favor de los funcionarios y del esfuerzo que se viene realizando por parte de la Administración por desarrollar actividades que mantengan ocupados a los reclusos.

Mercedes Gallizo acudió a Oviedo para participar en el III Jornadas sobre Delito y Sociedad, celebradas en el hotel Reconquista, que este año abordan las penas alternativas. La secretaria general se mostró contundente y pidió una mayor implicación de las instituciones asturianas para incrementar la oferta de plazas para realizar trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente indicadas para delitos contra la seguridad del tráfico.

Según Gallizo, en Asturias hay unas 1.400 personas condenadas que podrían saldar sus cuentas con la sociedad con este tipo de penas. De ellas, están cumpliéndolas actualmente unas 500. En toda España, son 40.000 los condenados, de los cuales sólo el 35 por ciento cumple los trabajos. «Tenemos que hacer un esfuerzo para que estas penas se cumplan», indicó. Para Gallizo, se trata de las penas «más cercanas al concepto de justicia reparadora», y una forma de reeducar al infractor de modo que la propia sociedad resulte a su vez beneficiada.

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