Los terrenos para la prisión de Siete Aguas ya están comprados

Mercedes Gallizo confirma la ubicación de la prisión y muestra su tristeza por la oposición al proyecto, que compara con un hospital

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha confirmado la compra de terrenos en la localidad de Siete Aguas para construir la segunda prisión de Valencia y sexta de la Comunitat Valenciana. Lo hizo en declaraciones a la Cadena SER en las que aseguraba que el departamento que ella dirige ya tiene firmado ese compromiso de adquisición con los propietarios del suelo. "Es triste -dijo- que cuando se quiere hacer una prisión, que lo mismo que un hospital, la necesita el país, haya dificultades para ello".
Fue hace ya un año cuando la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias anunció que Valencia albergaría una segunda prisión y que el lugar elegido, en principio, era la localidad de Siete Aguas, concretamente unos terrenos situados junto a la autovía de Madrid y cercanos a Requena, donde está el hospital y los juzgados.
No obstante, la fuerte presión ejercida por la Plataforma No a la Cárcel en Siete Aguas, que recogió 5.000 firmas en contra, y el pronunciamiento unánime del pleno del Ayuntamiento en el mismo sentido, obligó al Gobierno a replantearse esta primera decisión y barajar otras alternativas.
Fuentes consultadas por este periódico aseguran que varios pueblos del entorno de Siete Aguas se ofrecieron a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) para acoger el proyecto y que el Gobierno tuvo algunos contactos en este sentido. Sin embargo, al final estas propuestas fueron descartadas por distintos motivos y se mantuvo la opción inicial de Siete Aguas, que se ajusta mucho mejor a los requisitos exigidos en estos casos.
Retraso por la crisis
Ahora, con la confirmación de Mercedes Gallizo, la nueva prisión cobra un nuevo impulso, al menos, en lo que al debate público se refiere, ya que del inicio de las obras no se tiene conocimiento.
Por el momento, ni hay movimiento de tierras ni el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla partidas concretas para estas obras. Todo parece indicar que la crisis económica y los recortes presupuestarios retrasarán el proyecto, aunque la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios mantiene la fecha tope de 2012 para su entrada en funcionamiento.

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