¿Y si me violan en la prisión de hombres?

Por los pasillos las llaman «puta» y escupen a su paso. Así trabajan cientos de funcionarias de prisiones obligadas a ejercer en cárceles masculinas por la Ley de Igualdad.

Hasta el 1 de abril, Amelia se arrimaba cada mañana al libro de registros con la parsimonia tatuada de quien lleva 10 años mirando la misma hoja. Ese día, el rito despreocupado, el vistazo somnoliento, se convirtieron en un péndulo amenazante. «¿Me tocará hoy?», se repetía Amelia, cada alba, de camino a la prisión andaluza en la que trabaja. Hasta que un día de mal agüero, a las 8:40, el péndulo aterrizó sobre su nombre: Amelia-Panadería. Eso ponía la maldita hoja, por más veces que la mirase: Amelia-Panadería. La cita, dos días después, en la tahona de la prisión. Entremedias, dos noches en vela y mil «yo me voy, yo me largo» para conjurar inútilmente los nervios. A la hora H del día D, un suspiro. En vez de a las 5:00 horas, el turno de panadería comienza a las 6:00. Llegan seis internos. Amelia (nombre figurado) les entrega el simpático ajuar: cuchillos, rodillos y hasta un hacha pequeña. Sabe que la mayoría, si no todos, son delincuentes sexuales. Suelen hacer estos servicios porque son los internos que mejor se portan. «Quizás porque en una prisión no ven mujeres», razona Amelia. Quizás. El caso es que ahora van a empezar a verlas. El Gobierno le ha explicado a Amelia, por prensa interpuesta, que todo es por su bien. Que la igualdad entre hombres y mujeres tiene estas cosas. El único cuerpo de la Administración que seguía teniendo un acceso diferenciado para mujeres y hombres era el de los funcionarios de prisiones. Tenía su lógica: las mujeres encarceladas representan algo más del 8% de los 65.786 reclusos en cárceles españolas. Por tanto, se necesitaban menos mujeres funcionarias que hombres. Una lógica machista, según el Ministerio de Igualdad, que considera una discriminación que las mujeres no puedan trabajar con psicópatas, homicidas y violadores. Por lo que aprobó una disposición en 2008 para que las mujeres funcionarias trabajasen también en módulos de hombres, algo que no ocurre en ningún país europeo, salvo Alemania. Hace 10 años, entraban 100 ó 200 mujeres por cada 4.000 plazas. Desde 2006, cuando se implantó la escala unificada, la relación es del 50%: unos 200 de cada sexo. «¿Y si me violan? Todavía no ha ocurrido algo semejante, pero un día va a pasar, por eso lo denunciamos», se queja Lola Garrido, una de las organizadoras de la protesta. Recientemente, una funcionaria de la cárcel de Murcia tuvo que soportar que un preso le mostrase su sexo, talla XXL, según testigos, de forma ostentosa. «Tenemos muchos problemas con internos musulmanes o gitanos, que no reconocen la autoridad de una mujer. Ahora a nadie se le ocurre ponerse un pantalón ajustado», dice Garrido. «Por los pasillos te llaman «zorra», «puta» o escupen a tu paso», comenta otra funcionaria de la cárcel de Zuera (Zaragoza). «La seguridad en las cárceles no está garantizada. La situación es caótica, porque la propia ley impide de facto esa igualdad. Una funcionaria no puede cachear a un hombre ni entrar en un baño, pero no debería haber espacios vedados a funcionarios. Y si la igualdad debe ser matemática, ¿por qué los presos se separan de las presas?», denuncia Javier Adela, del sindicato CSI-CSIF. Ahora se avisa por megafonía a los internos el sexo del funcionario que subirá a hacer el recuento en las celdas, para que cuiden atuendo y posturas. Por la oposición de las trabajadoras, las prisiones han comenzado a implantar el régimen con el freno de mano puesto. En España, sólo tres penales tienen una plantilla totalmente mixta: Huelva, Puerto III (Cádiz) y Córdoba. Según fuentes penitenciarias, se espera su implantación generalizada en 2010. Y eso son muchas Amelias preguntándose dónde les va a tocar mañana. Todas sacaron una plaza en la que ponía, negro sobre blanco, que trabajarían con presas. Ahora, obligadas, tratan con hombres pero sin formación adicional. En la misma situación hay unas 2.000 funcionarias; más de 700 han firmado una protesta y se constituyeron como plataforma esta semana. Pero Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, se ha negado a recibirlas y les ha recomendado «cambiar de chip», según un encuentro destemplado con una funcionaria en la cárcel de Granada. Su departamento confirmó a este suplemento que sólo cumplen «la ley» y que no recibirá a «grupos de trabajadores, sino a sindicatos». A Amalia le enseñaron en los cursos que su tarea es la vigilancia y la observación. Pero desde su ventanuco en la garita de la panadería no jipia nada de lo que preparan los presos. Tendría que haberse paseado entre los reclusos armados. Pero no se atreve a salir. A las 8.00, cuando acaba el turno, tiene a su cargo a 28 convictos enharinados. «Es la primera vez en 10 años que voy a trabajar con miedo y he decidido pedir el traslado a oficinas. Porque lo peor de todo es volver a casa sabiendo que no has hecho bien tu trabajo. Si hay una pelea, ¿qué tengo que hacer?, ¿intentar reducirles?», pregunta. Amelia mide 1,61. noticia publicada en: el mundo