Albacete


Los condenados de la provincia podrán realizar penas a beneficio de la comunidad en diez municipios


La Dirección General de Instituciones Penitenciarias firmó ayer un convenio para el desarrollo de este programa en la provincia


ELÍAS JIMÉNEZ


EL ACUERDO. Imagen de la firma del convenio de colaboración, en la mañana de ayer. / MANUEL PODIO


Mejoras para la prisión de 'La Torrecica'


La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmó ayer un convenio de colaboración con diez municipios de la provincia (Albacete, Almansa, Hellín, Villarrobledo, La Roda, Casas Ibáñez, Alcaraz, Yeste, Tobarra y Caudete) y con la Diputación Provincial para ofertar a los condenados que residan en la provincia trabajos a beneficio de la comunidad como sustitutivo al ingreso en prisión.


El objetivo de este programa, pionero en España porque se firmó a la vez con varios municipios con la Diputación como encargada de coordinarlos, es evitar el ingreso en prisión para aquellos condenados por delitos menores que no supongan más de dos años de cárcel, como delitos de malos tratos, de amenazas, gamberrismo o vandalismo «para los que el ingreso en prisión sería peor porque los podría inducirle a una espiral de delito».


Los condenados podrán decidir si quieren sustituir su pena de privación de libertad por una de trabajos en beneficio de la comunidad realizando tareas como el cuidado de parques y jardines, pequeñas obras de mantenimiento y otros aspectos de carácter social.


La directora general de Instituciones Penitenciarias explicó mediante este programa se ofrece la posibilidad de reinsertarse en la sociedad «a aquellos que han cometido un error, reparando el daño que han ejercido mediante su delito con efectos educativos y humanizadores», sentenció. Gallizo admitió que las penas privativas de libertad no siempre son las adecuadas para aquellas personas no reincidentes y que han cometido pequeños delitos, «utilizando una justicia reparadora en lugar de una justicia vengadora».


El programa está abierto a otros municipios de la provincia que quieran adherirse, tal y como explicó el presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos, aunque antes se constituirá una comisión de seguimiento que será la encargada de elaborar un catálogo de trabajos a realizar. Al condenado no se le pagará un salario, pero sí tendrá prestaciones sociales.


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