Infraestructuras

El ‘Gordo’ entre rejas

Municipios como Yecla y Villanueva del Segura ya han mostrado su interés por beneficiarse del impacto económico que acarreará el segundo centro penitenciario murciano

Gema Escobar

Sobre el papel, una cárcel como la que se acaba de aprobar para la Región es una empresa perfecta. Crea empleo y riqueza, es respetuosa con el medio ambiente, no genera incertidumbre sobre su posible deslocalización y cumple una función social básica. Para un municipio “es lo más parecido a la construcción de un gran hospital”, añaden en el Ministerio del Interior.

El director general de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Juan José Azcona, va más lejos y amplia su repercusión a lo ancho de toda la provincia en la que se instala, desde el mismo momento en el que se aprueba su construcción.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias va a construir en toda España 46 nuevas infraestructuras de este tipo hasta el año 2012. Entre ellas, un segundo penal para Murcia y un Centro de Inserción Social, con 150 plazas para internos en régimen de semilibertad.

La cárcel, la instalación que acarreará un mayor impacto económico, requerirá una inversión de 90 millones de euros para la compra de terrenos, el levantamieto de los edificios y sus equipamientos. La cifra supera a la que inicialmente publicó la Delegación del Gobierno en Murcia.

CAPACIDAD PARA 1.008 CELDAS

El complejo tendrá una capacidad de 1.008 celdas. Será un centro penitenciario estándar, como el de Castellón de la Plana, y de mayores dimensiones que otros más cercanos, como el alicantino de Villena o el propio centro de Sangonera La Verde. Su plazo de ejecución se aproxima a los dos años.

Desde la fase inicial de su construcción, apunta el director general de la SIEP, habrá repercusiones derivadas de los impuestos que se generen. La más significativa es el dinero que el ayuntamiento elegido percibirá en concepto de licencia de obras, dos millones de euros que irán directos a la hacienda local y a los que se suman otros 100.000 euros, aproximadamente, por el movimiento de tierras.

Durante la ejecución, además, se generarán 853 empleos. De ellos, 480 serán directos, 250 indirectos y 123 inducidos, según desglosa el máximo responsable de la sociedad estatal.

A todo lo anterior se suman los ingresos inducidos durante la construcción. Juan José Azcona garantiza que ascenderán a 21 millones de euros, según se desprende del estudio que han realizado sobre seis penales españoles de similares características. En esta cantidad se incluyen 14 millones por el nuevo consumo asociado a esta infraestructura, y en el que se engloban partidas como el gasto en hostelería o el alquiler de viviendas por parte del personal y las empresas contratadas y subcontratadas para la puesta en marcha del penal.

Cuando la obra esté concluída y el centro entre en funcionamiento lo largo del año 2008, si se cumple el calendario previsto por el Ministerio del Interior- las cifras anuales de su impacto económico serán todavía más relevantes, habida cuenta de que se mantendrán a lo largo de toda la vida útil del penal.

Se crearán 520 puestos directos, a los que se unen 125 indirectos y 88 inducidos. De ellos, Azcona estima que entre el 70 y el 75% corresponderán a efectivos de seguridad y, el resto, a profesionales de enfermería, administración o cocina, entre otros.

ETIQUETA DE CALIDAD

Tanto Azcona como el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Murcia, Diego Peñarrubia, hacen hincapié en que cerca de un centenar de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente guardias civiles, se ubicarán en el entorno de la cárcel. Peñarrubia explica que alrededor del centro penitenciario se creará “una burbuja de seguridad que otorga una etiqueta de calidad a la zona y que se traducirá, también, en efectos económicos positivos”. Normalmente, la ubicación elegida por la SIEP para los centros penitenciarios se sitúa a varios kilómetros de los cascos urbanos, en áreas a las que atraen a polígonos industriales. “Es un activo más para las empresas asentadas en naves, porque saben que va a haber máxima seguridad en el entorno de sus instalaciones”.

Más cuantificables son los ingresos que anualmente genera una cárcel, gran parte de los cuales repercuten en el dinamismo económico de las empresas del municipio en el que se enclava el complejo penitenciario. El estudio realizado por la SIEP estima que el impacto anual de cada centro de 1.008 celdas asciende a 33,8 millones de euros.

La cifra incluye el suministro de alimentación para los internos y el personal de prisiones, así como los gastos de mantenimiento de las instalaciones: fontanería o carpintería, entre otros. En esta cifra destacan los más de 21 millones que Azcona define como derivados de la compra y alquiler de viviendas por parte de los trabajadores del penal y de la dotación de Guardia Civil asociada, ademas de sus gastos en hostelería y el de los familiares de los internos.

PREVISIONES ECONÓMICAS

Sin embargo, las previsiones económicas de Interior, avaladas por la experiencia observada en otras ciudades del país, no parecen suficientes para calmar los recelos de muchos municipios de la Región que se barajan como posibles ubicaciones. Entre ellos se encuentra Fuente Álamo. Aunque otros, como Yecla o Villanueva del Segura, según explican desde la Delegación del Gobierno, han mostrado tanto interés como otros suspicacia.

La historia reciente indica que la primera reacción de autoridades locales y movimientos vecinales en las zonas donde se proyecta la construcción de una cárcel suele ser de rechazo. Es lo que ocurrió hace poco más de cuatro años con el penal de Villena, el centro penitenciario denominado Alicante II. Así lo relata el concejal de Desarrollo Económico de la localidad alicantina, Jesús Santamaría, que recuerda la alarma social que se creó en torno a su puesta en marcha. En aquel momento, recuerda, se creía, a pie de calle y entre algunos sectores municipales, que la cárcel llevaría a la zona más inseguridad ciudadana. “No ha pasado así, y si ahora tenemos que poner en una balanza los beneficios y los perjuicios que ha tenido la cárcel en el municipio, se inclinaría del lado de las ventajas”, asegura el edil.

TIRÓN AL SECTOR INMOBILIARIO

Para empezar, “los 330 millones de pesetas del año 2001 por la licencia de obras de la cárcel sirvieron para realizar mejoras en el casco urbano, sobre todo de abastecimiento, alumbrado y parques”. También recuerda el tirón inicial que vivió el sector inmobiliario por la demanda de compra y alquiler de viviendas, aunque por la propia ubicación del centro de Villena -entre Alicante, Albacete y Valencia-, “sólo un centenar de los más de cuatrocientos trabajadores, entre personal de la cárcel y guardia civiles, se ha instalado en nuestra ciudad”.

En cuanto a la repercusión positiva que el penal deja de manera estable sobre las empresas villeneras, Santamaría indica, de un lado, que los propios internos realizan parte del proceso productivo de algunas industrias locales de calzado y, de otro, que empresas agrícolas de la localidad y del resto de la comarca se han visto beneficiadas por la subcontrata de suministro alimentario por parte de la central de compras de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En cualquier caso, Jesús Santamaría asegura que lo más significativo dentro del impacto económico del penal es el tirón que ha tenido para el consumo en la zona, sobre todo por parte de los efectivos de la Guardia Civil que realiza las labores de vigilancia y transporte de internos. “El resto de repercusiones positivas se han difuminado mucho por toda la comarca y la cárcel no ha beneficiado tanto al municipio como se llegó a pensar”, añade.

En el caso de Murcia, sean o no optimistas las previsiones de Interior, lo que es seguro es que la Región tendrá, en dos años, un nuevo motor económico que añadir a las estadísticas y un elemento más de bienestar para miles de familias murcianas.

Es una noticia de:
LA ECONOMÍA (Región de Murcia)