Proponen debatir una nueva política penitenciaria frente al “fracaso” del actual sistema de macrocárceles, por motivos sociales y económicos

La aprobación del Plan de Centros Penitenciarios del Consejo de Ministros del pasado viernes “lejos de solucionar el actual hacinamiento, es una apuesta por políticas manifiestamente contrarias a la reinserción del penado”, asegura la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). A los 14 Centros Penitenciarios ya existentes en Andalucía, y a los 2 nuevos en construcción –otro más en El Puerto- se sumarán otros 9 que se edificarán antes del 2012. Precisamente la andaluza es la Comunidad Autonómica con más personas presas, albergando al día de hoy a 13.000 presos. Esta ONG considera que ante una población penitenciaria mayoritariamente enferma, que comete delitos de leve peligrosidad y que no logra su reinserción en el actual modelo, “no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria”, más social y con menos costes económicos.

La aprobación del Plan de Centros Penitenciarios del Consejo de Ministros del pasado viernes 18 de noviembre, “lejos de solucionar el actual hacinamiento, es una apuesta por políticas manifiestamente contrarias a la reinserción del penado”, asegura la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. A los 14 Centros Penitenciarios ya existentes en Andalucía, y a los 2 nuevos en construcción –otro más en El Puerto- se sumarán otros 9 que se edificarán antes del 2012. Precisamente la andaluza es la Comunidad Autonómica con más personas presas, según datos oficiales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, albergando al día de hoy a 13.000 presos. En toda España se contabilizan más de 52.000 internos.

APDH-A considera que basta comprobar el diagnóstico de los habitantes de las citadas instalaciones, para comprobar “que no se necesitan más cárceles, sino más medidas alternativas”. Ello, queda reforzado “con el escaso éxito de las cárceles para frenar la delincuencia y por consiguiente lograr una efectiva reinserción”. El coste económico de las mismas supera el triple que el de un centro alternativo.

Las cárceles están repletas de presos enfermos, el 82% son drogodependientes, 1 de cada 3 sufre Hepatitis C, y el 15% tiene VIH. El número de enfermos mentales en prisión es elevado, y en aumento desde la puesta en marcha de los juicios rápidos que dificultan su detección. Hay más de 700 discapacitados en todas las prisiones españolas.

Esta ONG recuerda que los delitos origen de las condenas “se deben mayoritariamente a pequeños delitos contra la propiedad, a fin de sufragar su drogadicción”. El 70% de los que reinciden -a la que se va convirtiendo en su segunda casa- se debe a delitos contra la propiedad. El 14% se debe a delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La tasa de delincuencia grave es mínima. Los robos con violencia e intimidación y los delitos contra la libertad sexual no suponen ni el 5% del total, y los homicidios no llegan al 2% de los mismos.

Para la APDH-A, los resultados de la actual política penitenciaria “hablan por sí solos”. “El fracaso del actual sistema de macrocárceles es estrepitoso, el 73% de los actuales presos han sido condenados con anterioridad. De los excarcelados el 49% vuelven a prisión en un corto periodo de tiempo, en menos de tres años”.

“Así pues, ante este panorama de una población penitenciaria mayoritariamente enferma, que comete delitos de leve peligrosidad y que no logra su reinserción en el actual modelo, no queda sino proponer un debate serio, a fin de introducir una nueva política penitenciaria, que se sustente en la prevención, y en atención/subsanación de las causas origen de la delincuencia, que no son sino la exclusión social de que proceden y a donde se reintegran una vez extinguida la condena, así como la creación de centros alternativos de atención al drogodependiente, enfermo mental y discapacitado intelectual, a fin de lograr el fin de la delincuencia y una efectiva reinserción”, según esta ONG, que además piensa que todo ello debe ir acompañado de “una nueva política de drogas que debata su legalización y ponga fin a la criminalización de los drogodependientes. Recordemos que el Tribunal Supremo ya pidió al Gobierno una atenuación de las condenas a los camellos por considerar desproporcionado el actual sistema penal”.

INTERÉS SOCIAL… Y ECONÓMICO

Además, del “evidente” interés social, para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sería interesante una nueva política penitenciaria debido también a una cuestión económica. Según esta ONG, la cantidad destinada a la política penitenciaria para el año 2005, en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 746.916.460 euros. De ellos, el 86,82% va destinado a instalaciones, administración y vigilancia; y el 13,16% a programas de rehabilitación y reinserción.

Asimismo, la cantidad anual que cuesta al Estado la plaza de persona presa en un centro penitenciario es de 12.659 euros, más de 2 millones de las antiguas pesetas. Sin embargo, cada nueva plaza en una macrocárcel, sale por 32.850 euros, es decir, más de 5 millones de pesetas. APDH-A resalta igualmente que el coste por persona y día en una macrocárcel es de 90 euros, frente a los 18 euros en un programa de rehabilitación en una Comunidad Terapéutica.

Así pues, rehabilitar a todos los presos con problemas de drogadicción costaría anualmente en España unos 309.310.879 euros, entre programas de rehabilitación y comunidades terapéuticas. Mientras que el coste anual que representan las personas presas al Estado oscila en torno a los 973.639.609 euros. Por ello, para la APDH-A, “debería destinarse el dinero previsto en centros de esta naturaleza y no en incrementar los Centros Penitenciarios”.

Por otro lado, se piensa que “la extensión de la utilización de medios telemáticos, con las adecuadas garantías para no vulnerar los derechos de los presos, puede ser un medio útil para evitar el actual hacinamiento en las prisiones”.

Es una noticia de:

DIARIO BAHIA DE CADIZ