Una cárcel de quita y pon

J.Darriba
Las Palmas de Gran Canaria

La cárcel de La Isleta ha vuelto a desenterrar la vieja polémica en Gran Canaria sobre la ubicación del centro penitenciario. Desde 1991, los dos partidos mayoritarios -PSOE y PP- la han utilizado a su antojo, en función de sus intereses locales en cada momento sin que haya visos de solución.

El hacinamiento de Salto del Negro es una situación que por grave no deja de ser conocida. La cárcel de la capital se abrió en 1982 y seis años después ya hubo que duplicar la capacidad de sus celdas. La situación nunca fue la idónea y ningún partido ha sabido solucionar esta situación. La última propuesta, la de usar el penal de La Isleta, tampoco parece que vaya a representar la solución a tenor de la férrea oposición de todos los grupos municipales y de los colectivos vecinales y ecologistas de Gran Canaria.

Lo cierto es que la urgencia es antigua. En 1991 se produjo la primera conducción masiva de internos a la Península. La situación era ya insufrible. El gobierno del PSOE decidió en aquella época crear una segunda cárcel en Gran Canaria pero los años pasaron y nada se logró.

El Gobierno central la intentó ubicar en varios municipios: Telde, Agüimes, Santa Lucía o San Bartolomé de Tirajana pero en ninguno se alcanzó el consenso necesario. Por aquella época, el Ejecutivo no tenía la firmeza que ahora parece querer demostrar el ministro José Antonio Alonso, quien insiste en la utilización de la prisión militar de La Isleta a pesar del rechazo de toda la ciudad.

Llegan las elecciones del 96 y se produce el cambio: el PP sustituye al PSOE pero nada pasa con la segunda y necesaria cárcel grancanaria. El plan de centros penitenciarios de 1991 se queda durmiendo el sueño de los justos...

Los sucesivos intentos de ubicar la cárcel fracasan: el alcalde de Santa Lucía, Camilo Sánchez, dice no 1997; el de Telde, Francisco Santiago, no en 1999; el de San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana, no en 2000; y el de Gáldar, Demetrio Suárez, no en 2001.

Mientras la situación de Salto del Negro se deteriora hasta el punto de que en 2002, se produce el primer envío forzoso de un preso canario a la Península.

la isleta. Los ojos se vuelven entonces por vez primera a La Isleta. La Autoridad Portuaria lanza un globo sonda que se desinfla rápidamente: el alcalde José Manuel Soria y los portavoces de la oposición Carlos Suárez (PSC), Marino Alduán (CC) y Rosario Chesa (PGC) se unen para decir no. Los argumentos que emplean son los mismos que se usan hoy para defender la misma posición: la saturación del barrio y su importancia como espacio natural.

El asunto vuelve a empantanarse hasta que en mayo de 2002, el ministro del Interior Mariano Rajoy da por hecha la construcción de la prisión. El lugar elegido era Guía y por vez primera un alcalde -Fernando Bañolas- decía sí.

Pero de nuevo, los partidos políticos hacen acto de aparición. El alcalde socialista de Gáldar, Demetrio Suárez, pone el grito en el cielo. El grupo socialista de Guía también la rechaza. Y lo que resultó más curioso, el grupo municipal del PP se postuló en contra de la iniciativa de su partido a nivel nacional, algo similar a lo que se está produciendo estos días con el papel que el edil socialista Arcadio Díaz Tejera está jugando contra el ministro del Interior, José Antonio Alonso.

Una manifestación de 2.500 personas fue suficiente para congelar el proyecto. De nuevo se volvía al punto de partida. Faltaban dos años para las elecciones y los partidos decidieron no volver a tocar el tema. Los sindicatos de prisiones se quedaron solos y la asociación de madres de los presos, hartas de deambular de partido en partido sin conseguir más que apoyos y palmadas en la espalda, se diluyó en el tiempo.

En 2003, Interior da orden de construcción de cuatro nuevas prisiones -Cádiz, Sevilla, Castellón y Madrid- pero la de Gran Canaria vuelve a quedar olvidada. Seguía siendo urgente, como ahora, su construcción pero nadie alzaba la voz.

En 2004 el PSOE vuelve al poder y durante un año se retoman las negociaciones para la prisión. El Gobierno decide que como no hay acuerdo para la cárcel, hay que construir un centro en La Isleta, aprovechando la prisión militar. La noticia sienta como una bomba en el barrio: se le vuelve a exigir la solidaridad que el resto de Gran Canaria no ha tenido y se le obliga a renunciar a su zona de expansión, ocupada por los militares. Los vecinos entonces se movilizan y arrastran tras de sí a todos lo partidos. Madrid se queda otra vez sola y la cárcel vuelve a ser una incógnita.

El último capítulo es la acusación del PSOE al PP de negociar con Madrid el uso de la cárcel a cambio de financiación para el teatro Pérez Galdós.

Las frases de la polémica

n Félix Santiago Melián: «No compensa ni remotamente», dijo el empresario cuando se opuso a la construcción de una cárcel en Guía sobre un terreno de su propiedad en que se había proyectado una urbanización.

n Mariano Rajoy (PP): «La nueva prisión ya está aprobada». La frase fue dicha el 6 de julio de 2002 pero nunca se materializó.

n Demetrio Suárez (PSC): «Rajoy quiere hacer una cárcel a toda costa y sin lograr consenso». Lo dijo el 18 de junio de 2002. Hoy su partido tampoco busca ese consenso que exigían hace tres años.

n Mercedes Gallizo (PSC): «El Gobierno anuncia cárceles que nunca se hacen». Fue pronunciada en noviembre de 2003. Entonces era diputada socialista y ahora es directora general de Instituciones Penitenciarias.

n Javier Sánchez-Simón (PP): «Nos gustaría que se utilizasen fórmulas eficaces para resolver el problema que acucia a los internos». Dicho el 30 de noviembre de 2005 a pesar de que su partido estuvo ocho años en el Gobierno y no dio soluciones.

n José Antonio Alonso (PSOE): «Voy a tener un diálogo máximo con todas las instituciones canarias». El ministro del Interior pronunció esta frase el 30 de noviembre pese a lo que ha hecho oídos sordos respecto a la negativa del Ayuntamiento a aceptar la cárcel en La Isleta.

n Arcadio Díaz Tejera (PSC): «La Isleta no tendrá prisión civil porque nos encargaremos los socialistas canarios de que no sea así». Lo dijo el viernes a sabiendas de la postura de Madrid.

n Felipe Afonso (PP): «Se está perdiendo el tiempo para encontrar una solución para las familias canarias», dijo el edil de Urbanismo el viernes. Su partido no solucionó el tema en 8 años.

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CANARIAS 7