El PSOE quiere condecorar a un funcionario que aplaudió el secuestro de Ortega Lara

El ex delegado del Gobierno en Canarias y senador socialista por Tenerife, José Segura, ha propuesto que se conceda la Medalla al Mérito Civil a su antiguo secretario personal, José Manuel González, que aplaudió públicamente el secuestro del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara a manos de ETA porque pertenecía a "un cuerpo represivo" y, según dijo entonces, "algo habrá hecho". El sindicato CSIF ha expresado su indignación a la máxima responsable de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, a la que ha exigido que anule la condecoración.
Ortega Lara permaneció secuestrado en un zulo durante 532 días hasta que fue liberado por la Guardia Civil el 30 de junio de 1997. La banda terrorista quería presionar al Gobierno para forzar el acercamiento de sus presos al País Vasco, y eligió a Ortega Lara porque era funcionario de Prisiones y, además, militante del PP, una circunstancia que, según confesaron en el posterior juicio los etarras Julián Achurra, Pototo, y José Luis Aguirre Lete, influyó en su elección como objetivo.
Mientras duró el cautiverio, la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife -el órgano de representación de los funcionarios del Estado en esa provincia-, de la que formaba parte González, condenó en repetidas ocasiones el secuestro de Ortega Lara y convocó numerosas concentraciones de repulsa ante la sede del entonces Gobierno Civil de la isla, hoy Subdelegación del Gobierno. González, delegado de Intersindical Canaria, no sólo evitó solidarizarse con su compañero, sino que justificó su secuestro a manos de ETA.
En un escrito dirigido a Gallizo el pasado día 18, Francisco Gil Llera, presidente del Sector Nacional de Instituciones Penitenciarias del sindicato CSIF, reclama que se anule la propuesta de concesión a González de la Medalla al Mérito Civil. "Jamás una medalla vinculada a virtudes cívicas podría tener peor destinatario", señala Gil en la carta, que fue registrada un día más tarde en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según diversas fuentes del CSIF consultadas por El Confidencial, González manifestó en varias reuniones de la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife, en la que ejercía la representación de Intersindical Canaria -un sindicato nacionalista y muy próximo a las tesis del independentismo canario-, que "jamás participaría en ningún acto para liberar a un funcionario que pertenece a un cuerpo represivo".
En esas reuniones, González afirmó que, puesto que Ortega Lara era funcionario de Prisiones, "algo habrá hecho para que ETA lo secuestre". Una actitud que sus compañeros de la Junta de Personal ya calificaron en su momento de "miserable", y que ahora les ha llenado de "rabia" e "indignación" tras conocer la propuesta para que le sea concedida la mencionada condecoración.
Sin lazo azul
En su escrito a Gallizo, Gil asegura que González "no sólo no participaba" en las concentraciones de repulsa por el secuestro, "sino que se ubicaba frente a los que estaban concentrados", y añade que "jamás se puso el lazo azul que todos portábamos y que, como es sabido, surgió como señal de protesta por otro secuestro de ETA, el de Julio Iglesias Zamora en 1993".
El CSIF lamenta, además de la "insolidaridad sindical" de González hacia "un funcionario perteneciente a la misma Administración en la que él trabajaba", su "absoluta carencia de la más elemental solidaridad humana con una persona que todos sabíamos que estaba siendo vilmente torturada". Por todo ello, el sindicato expresa su "más absoluta oposición a que se premie con este tipo de honor a quien es desmerecedor del mismo".
En su reunión del pasado día 12, la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife aprobó por mayoría -con el único voto en contra de Intersindical Canaria, a la que pertenece González- exigir que se revoque la propuesta del ex delegado del Gobierno en Canarias para conceder a su antiguo secretario personal la Medalla al Mérito Civil. Al día siguiente, González remitió una carta a la Junta de Personal en la que asegura "no recordar" los comentarios y actitudes hacia Ortega Lara que, según el CSIF, protagonizó hace más de una década.

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elconfidencial.com

Denuncian inseguridad en el centro de tercer grado

El sector de administración general del Estado del sindicato CSI-CSIF denuncia la situación de "inseguridad permanente" que soportan a diario los funcionarios de prisiones del centro de inserción social Carlos García Valdés de la capital cordobesa. En este módulo separado pero dependiente del centro penitenciario de Córdoba conviven internos de segundo grado y personas que disfrutan ya del tercer grado: "Hay un centenar de personas y solo dos funcionarios para vigilarlos", denuncian desde el sindicato.
La carencia de seguridad, según afirman fuentes del sindicato CSI-CSIF, es tan elevada que el martes pasado uno de los trabajadores tuvo que encerrarse en lo que los funcionarios conocen como el búnker --una sala aislada-- para protegerse de la violencia de un antiguo interno hasta que llegó la Policía Nacional a socorrerle. Al parecer, un individuo acudió al centro exigiendo que se le pusiera una pulsera de localización permanente porque había sido condenado por violencia de género. Según el sindicato, el funcionario le explicó que "aún no había orden judicial", pero el hombre siguió insistiendo cada vez con más violencia. El CSI-CSIF denuncia que los funcionarios del centro de inserción social no llevan armas y que el edificio no tiene apenas medidas de seguridad.
Por último, las mismas fuentes sindicales han exigido a la Administración central que mejore el dispositivo para la colocación de las pulseras de localización permanente puesto que en muchas ocasiones los funcionarios tienen que ir solos a colocarlas. Según los datos facilitados por CSI-CSIF, en la actualidad hay una treintena de presos con pulsera y unos 400 expedientes abiertos para su colocación.

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diariocordoba.com

La junta de personal de la Administración del Estado solicita la dimisión de Rodrigo

La Junta de Personal de la Administración General del Estado en Segovia ha solicitado la dimisión de la subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo Rojo, “tras las declaraciones” en diferentes medios de comunicación locales en las que sostenía que la agresión sufrida por un funcionario del Centro Penitenciario de Segovia “es un riesgo inherente” a su trabajo, según este órgano de representación de los trabajadores. El presidente de la junta de personal, F. P., recuerda en una nota de prensa que el citado funcionario “fue atacado en el comedor por un interno, con un objeto punzante, asestándole numerosas puñaladas” y, “gracias a la intervención de dos internos, que sujetaban al agresor y ayudaron a levantar al compañero, pudo sobrevivir, mientras otros internos alentaban a la agresión e impedían que estos dos le ayudaran”. Desde este órgano de representación se afirma que “nunca hemos oído justificar a un empresario la caída de un obrero de un andamio, porque sea un riesgo inherente a su trabajo” y, dirigiéndose a Rodrigo, indica que “no es un riesgo inherente al trabajo del funcionario de prisiones que le asesinen”. La junta de personal acusa a la subdelegada de insensible y deshumanizada y añade que “con su declaración puede alentar a que otros internos hagan lo mismo”. En este sentido, aseguran que sus manifestaciones han provocado un enorme malestar e indignación entre los empleados públicos de la Administración General del Estado y “una gran tristeza por el abandono institucional que ha generado este hecho”. Acusan también a Rodrigo de no interesarse por la salud del funcionario, ni poner a su disposición todos los medios para su recuperación y de despreciar a los representantes de los trabajadores por no recibirles “ni siquiera para mantener un mínimo diálogo”.

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eladelantado.com

CSI-CSIF denuncia la agresión a un funcionario de prisiones al intentar intervenir droga a un preso en la cárcel Sevilla I

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) denunció hoy la agresión a un funcionario de prisiones de la cárcel Sevilla I después de que "intentara intervenir 50 pastillas psicotrópicas" a un interno que presuntamente recibió la droga "en una comunicación 'vis a vis'".

El coordinador de prisiones de Sevilla de CSI-CSIF, Claudio Esteban, explicó en declaraciones a Europa Press que dicho funcionario tuvo que ser asistido en primera instancia por los servicios médicos para, posteriormente, trasladarlo a un centro sanitario para ser tratado.

En este sentido, Esteban criticó la "precaria" situación de los trabajadores ante situaciones de este calibre debido a "la carencia de medios humanos y materiales para poder desarrollar" el trabajo diario "con un mínimo de garantías de no ser agredidos por delincuentes en el desempeño laboral".

Al hilo de ello, el sindicato criticó la política de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien, a juicio del CSI-CSIF "se dedica a inaugurar una emisora de radio en el hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla, mientras los funcionarios de prisiones sufren ataques y agresiones por parte de los presos".

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ecodiario.es

El PP pide a Instituciones Penitenciarias que aclare los incidentes en la cárcel de Segovia
Los funcionarios del centro penitenciario han expresado su protesta públicamente por los hechos ocurridos

El diputado Javier Gómez Darmendrail ha solicitado la comparecencia de Mercedes Gallizo en sede parlamentaria Para leer este artículo completo debe registrarse. Puede hacerlo .
El diputado nacional por Segovia del Partido Popular, Javier Gómez Darmendrail ha solicitado que comparezca ante la comisión la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas para que informe sobre los hechos ocurridos el siete y el 18 de octubre de 2008 en el Centro Penitenciario de Perogordo (Segovia). Según ha comentado por medio de una nota de prensa el parlamentario nacional "por el momento nadie del Gobierno Central, ni su delegado en Castilla y León, ni su subdelegada en Segovia se han manifestado al respecto, ni han mostrado el más mínimo interés por saber lo que está ocurriendo en este Centro Penitenciario, ni por conocer la demanda de los funcionarios que allí trabajan", y por ello "creo que ha llegado el momento de recibir alguna información sobre si el Ejecutivo Central va a poner en marcha alguna medida para evitar los altercados ocurridos en Perogordo donde reiteradamente son agredidos los funcionarios por la población reclusa". En la reunión mantenida por miembros del Partido Popular de Segovia el pasado 21 de noviembre con la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado, donde están representados los siguientes sindicatos; CSI-CSIF, ACAIP, UGT, CCOO, CGT, USO y FEDECA, los parlamentarios populares se comprometieron a llevar a cabo iniciativas ante el Ejecutivo Central para que este hiciera caso a sus demandas. Para dar cumplimiento a ese compromiso y después de haber realizado diferentes preguntas al Gobierno, ahora Javier Gómez Darmendrail ha pedido la comparecencia de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. La principal demanda que los representantes sindicales hicieron llegar a los populares es que Perogordo vuelva a tener el uso para el que fue concebido, es decir que pase a funcionar como un centro formativo en el que sólo debería haber unos 300 o 350 reclusos de un perfil determinado y no los 600 que existen en la actualidad, con un elevado porcentaje de presos con alta agresividad que hay en este momento; que Javier Gómez Darmendrail va a solicitar al Gobierno. En este sentido los sindicatos se quejaron de la masificación que existe en el Centro Penitenciario de Perogordo, donde además de incrementarse el doble el número de presos, los funcionarios son los mismos que si se tratara de un centro educativo. Además a esto se suma el incremento de internos extranjeros de 30 nacionalidades diferentes que supone ya casi el 50 por ciento de la población reclusa.

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el adelantado de Segovia