El fiscal pide cuatro años para los etarras que insultaron a Gallizo

Los hechos ocurrieron al final de una representación teatral en el penal de Soto del Real en 2007

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el viernes a los presos etarras Asier Tapia, Aner Mimenza y Borja Jacinto por increpar a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, durante la representación de una obra de teatro en la cárcel de Soto del Real en 2007.
En el momento del incidente Tapia llevaba encima una cuchilla que dejó caer al suelo una vez fueron reducidos por los funcionarios de la prisión.
En concreto, el fiscal Miguel Ángel Carballo acusa a los tres terroristas de un delito de atentado y otro de desórdenes públicos por los que pide para cada uno de ellos una pena de tres años y medio de prisión.
Además acusa a Tapia de un delito de calumnias e injurias contra la autoridad en el ejercicio de su cargo por lo que pide para él otros diez meses de cárcel, es decir, cuatro años y cuatro meses.
Los hechos tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2007 en la cárcel de Soto del Real, durante el descanso de una representación teatral a la que acudió Gallizo.
Cuando las autoridades presentes en el penal abandonaban la sala, el acusado Asier Tapia -que tan sólo llevaba 17 días en la cárcel-, increpó a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias a la que llamó "fascista, asesina de compañeros, exterminadora", "responsable de la muerte de nuestros compañeros muertos" y "culpable de la dispersión y del sufrimiento de los presos", según el escrito de acusación particular del fiscal.
En el mismo escrito se detalla que cuando los funcionarios de prisiones procedieron a separarle del resto de los internos los otros dos acusados, Mimenza y Jacinto, secundaron la actitud de su compañero abalanzándose los tres sobre los jefes de servicio y funcionarios, sin llegar a causarles lesiones.
Posteriormente, en el traslado Asier Tapia arrojó al suelo una cuchilla a la que el acusado Jacinto propinó una patada para que no fuese localizada, sentencia el escrito de la Fiscalía.

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Levante-emv.com

Tenía ficha policial, pero no me detuvieron nunca
"Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias. Ocupa el cargo desde 2004, aunque asegura que no tiene vocación de carcelera

Como cualquier "persona normal", Mercedes Gallizo (Zaragoza, 1952) jamás tuvo "vocación de carcelera".
Más bien lo contrario: "Tuve ficha policial por mi participación en movimientos estudiantiles, pero nunca me detuvieron".
Durante años, trabajó en la clandestinidad y estuvo ligada a grupos comunistas. Ello la obligó a esconderse en casas de camaradas. "Cuando murió Franco, estaba pasando una temporada en el piso de unos compañeros".Allí experimentó por primera vez "la privación de libertad", lo peor que le puede pasar a una persona, según su propia definición.Para mantenerse viva durante su encierro, recurría a la lectura de novelas y diarios.
"Era una época en la que se vivía todo con gran pasión y donde la actualidad era muy importante", recuerda Gallizo y admite que "envidiaba" a los que podían informar sobre ella desde "la primera línea".
En realidad, el deseo de ser periodista empezó mucho antes. Sus tías la enseñaron a leer, a los tres años, jugando con las letras de los titulares de El Heraldo de Aragón. A los 12, ella misma se compraba el diario siempre que podía.
En casa apenas si había libros. Su padre, ex futbolista de profesión, y su madre se pasaban el día trabajando en el bar que habían montado. A Mercedes le tocaba ayudar a menudo.Aprendió a leer a los tres años con los titulares de El Heraldo de AragónCon el dinerillo que reunía compraba tebeos y luego los cambiaba.
Cuando su familia se trasladó a Mallorca durante unos años, sus tías se encargaron de enviarles un paquete semanal, "como si fuera el fin del mundo", con lecturas de todo tipo.A veces, incluían ejemplares de La Codorniz.Como en la isla nadie los cambiaba, Mercedes improvisaba un puestecilllo para venderlos en el barrio. ¿Venta ilegal y trabajo infantil? "La gente comete errores", bromea Gallizo.
Y recalca que ella es una firme defensora de la reinserción y de las medidas alternativas al encarcelamiento, siempre que el tipo de "error" y de daño causado lo permitan ."Si se considerase que una persona no es capaz de cambiar sería terrible, estaríamos condenados a vivir en un mundo inhóspito.Volveríamos a una sociedad primitiva, donde quien no se adapta a la norma tiene que ser eliminado".
Y las normas cambian según cada época. A modo de prueba, recuerda que en su juventud la mujer adúltera era considerada una delincuente y aconseja leer el Código Penal y compararlo con los anteriores.
La palabra "lectura" se repite sin cesar en su discurso. "Aprender a leer es aprender a estar en la vida. En la cárcel hay muchas personas con un analfabetismo total o funcional. Cuando las ves, te preguntas cómo han podido sobrevivir en el mundo de hoy y si muchas de las cosas que les han pasado en la vida no se explicarán por esa carenciabásica".Cree que lo peor que le puede pasar a alguien es que le quiten la libertadPisando los patios de las cárceles que dirige, también le asaltan las dudas sobre qué pasó en la adolescencia de los condenados. "Si durante tu juventud, en el momento definitivo de construir tu personalidad, te has guiado por una escala de valores equivocada y la has mantenido mucho tiempo, es difícil cambiar después", dice y añade que eso es lo que le sucede a ella, que sigue soñando con transformar el mundo, aunque ahora le parece "mucho más difícil" que a los 20 años.
Al mismo tiempo, Gallizo fantasea con el momento en que llegue la calma y pueda dejar de autoimponerse "la disciplina" de ir al cine para escuchar historias que no sean carcelarias.Quizá entonces logre acabar la novela que empezó el verano pasado y apruebe la asignatura pendiente que tiene desde niña, cuando no paraba de emborronar papeles. "Supongo que fui hiperactiva y seguro que ahora también lo soy", dice con voz serena, sin dejar que la corten hasta que acaba de formular la idea que quiere expresar.Es lo que tiene la madurez, que "te hace evolucionar y saber seleccionar lo que quieres". Tanto, que ya no desea ser periodista.

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Publico.es

LA RIOJA
Detectan un posible caso de gripe A en el módulo de mujeres de la cárcel de Logroño

La dirección del centro ha solicitado el traslado de una reclusa embarazada a la cárcel de Dueñas como medida de precaución
El fantasma de la denominada gripe A trasciende muros y celdas.
El equipo médico del centro penitenciario de Logroño ha detectado un posible caso en el módulo de mujeres de la prisión, según confirmaron ayer fuentes de Instituciones Penitenciarias.
El resultado de los análisis pertinentes confirmará o desechará las sospechas de contagio.
Las reacciones no se han hecho esperar.
La dirección de la prisión ha aislado a la afectada y solicitado el traslado de una interna embarazada a otro centro como medidas de precaución.
Las alarmas saltaron en la madrugada de ayer, en torno a la una. Una interna presentaba una serie de síntomas descritos en el cuadro clínico de esta enfermedad provocada por el virus denominado H1N1, que ya se ha cobrado dieciséis víctimas mortales en España.
La dirección del centro penitenciario, rápidamente, llevó a cabo las medidas de aislamiento previstas en el protocolo de actuación contra la gripe A, que está activado en todas las prisiones españolas desde el pasado 30 de julio.
El protocoloFuentes del centro penitenciario de Logroño precisaron que se han seguido al pie de la letra todas las pautas incluidas en el protocolo de actuación ante esta enfermedad contagiosa, entre ellas la inmediata notificación a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
La reclusa afectada, agregaron, no había disfrutado de permiso alguno recientemente. Esta, a última hora de ayer, se encontraba aislada del resto de internos, a la espera de que se practiquen los análisis clínicos que resolverán las incógnitas sobre el posible caso de gripe A.Si bien, las fuentes referidas no pudieron precisar cuándo serían efectuadas las pruebas.Medida urgenteOtra de las medidas articuladas por la dirección de la prisión ha sido la solicitud de traslado urgente de una interna embarazada como medida de precaución.
Cabe precisar que las mujeres encinta son un colectivo de riesgo ante el contagio por el virus denominado H1N1.
El destino de la reclusa será el centro de madres ubicado en la prisión de Dueñas (Palencia).
Fuentes penitenciarias confirmaron a última hora de ayer que el traslado aún no había sido efectuado.
Estas fuentes precisaron que, hasta la fecha, no se había registrado ningún posible caso de gripe A en la cárcel de Logroño.Sí ha ocurrido, en cambio, en otras cárceles españolas.
La prisión de Córdoba, por ejemplo, ha detectado en los últimos días quince posibles contagios. También, cabe citar en este punto al centro madrileño de Alcalá Meco, que registró un brote de gripe A en el mes de julio.

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elcorreodigital

CSI·F DUDA DE QUE LAS MASCARILLAS DE LOS FUNCIONARIOS SEAN LAS ADECUADAS

El sindicato CSI-CSIF de Prisiones denunció ayer que las mascarillas que utilizan los funcionarios del Centro Penitenciario de Córdoba que tratan con los reclusos con síntomas de gripe A y del módulo 4 que se ha aislado por este motivo no son las adecuadas.
El motivo de la queja del sindicato radica en la distinción que, según denuncia, se ha hecho a la hora de dotar de material protector al personal de la cárcel puesto que los funcionarios que a diario trata con los internos han recibido unas mascarillas «que no son de la misma calidad que las del personal sanitario», que cuenta con otras que «les cubre más la cara y también con gafas» especiales.
Este hecho ha despertado las sospechas entre los trabajadores de la cárcel, que no entienden por qué «los médicos llevan más protección» y mascarillas distintas que, según CSI-CSIF «son más caras» y cubren más la cara que las del resto del personal.
Comunicaciones
Por otra parte, y más allá de su duda acerca de la eficacia de las mascarillas que se han facilitado, desde CSI-CSIF alertan de que los reclusos carecen de este material o, al menos, no lo utilizan.
Según indicaron fuentes del sindicato a ABC, los presos «no las usan en la convivencia diaria como por ejemplo cuando están en el patio» pese a que en la cárcel de Córdoba se han detectado síntomas de gripe A en ocho internos, a los que ya el sábado les bajó la fiebre. Según indicaron fuentes sindicales, ayer evolucionaban favorablemente.
Por otra parte, el sindicato de prisiones aseguró que varios presos del módulo 4, en el que hay 140 reclusos y que está aislado, han tenido comunicación con visitantes a través de cristales. Aunque tal cosa impide que desde el exterior pueda llegar el virus, o viceversa, CSI-CSIF recuerda que la misma sala de comunicaciones es utilizada por otros internos del centro a los que se podría contagiar la enfermedad.
Las alarmas sobre el posible brote de gripe A en la cárcel de Córdoba comenzaron a sonar la semana pasada después de que se conociese que seis internos tenían síntomas tales como fiebre y dolores musculares. Después fueron otros dos los internos que presentaron los mismos signos, lo que llevo al aislamiento en sus celdas a la espera de que se practiquen las pruebas pertinentes para ver si se trata de gripe A, como ya se ha descartado en un preso que fue ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía.

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ABC.es

Un funcionario herido por un preso en una nueva agresión en Fontcalent

El trabajador del centro penitenciario sufrió contusiones y rotura de labio por un recluso que había sido trasladado a una celda de aislamiento tras discutir con un educador

P. CERRADA Un funcionario de la cárcel de Fontcalent ha sido víctima de una brutal agresión por parte un preso conflictivo que le rompió un labio y le causó diversas contusiones por las que requirió asistencia médica en el centro penitenciario, según denunciaron ayer a este diario fuentes del sindicato CSIF, quienes reiteraron que el hacinamiento y la falta de personal en la prisión alicantina han influido tanto en este incidente como en el reciente homicidio de un recluso a manos de otro interno en el módulo de presos peligrosos.
La nueva agresión en Fontcalent se produjo el pasado martes por la mañana en el módulo 4 que alberga a los presos peligrosos, el mismo donde se produjo el homicidio a principios de este mes de agosto. Fuentes de CSIF indicaron que el agresor fue un preso manco que hasta hace poco estaba clasificado como primer grado, el de los más peligrosos. Su régimen pasó a ser de segundo grado y el subdirector de Seguridad ordenó hace un mes su traslado del módulo 4 al 2, donde están recluidos los internos multirreincidentes, indicaron las mismas fuentes. El recluso protagonizó una discusión con un educador de la prisión y fue enviado del módulo 2 a una celda de aislamiento en el ala derecha del módulo de presos peligrosos. Fue allí donde el preso manco agredió a cabezazos y por otros medios a uno de los funcionarios que prestaban servicio.
El agresor pudo ser reducido y el trabajador comenzó a sangrar abundantemente porque le rompió el labio de un cabezazo, según las fuentes sindicales. El funcionario fue atendido de las heridas por personal sanitario del centro y el médico le envió a su domicilio para recuperarse de la agresión sufrida.
Fuentes del CSIF señalaron que tras esta agresión la Junta de Tratamiento de Fontcalent solicitará la reclasificación del preso implicado para que vuelva a estar recluido bajo un régimen más restrictivo y que además sea trasladado a otro centro penitenciario con más garantías de seguridad.

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El fiscal de Vigilancia Penitenciaria dice que la situación es de «máxima urgencia»

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, subrayó hace unos días que la situación es de «máxima urgencia» y que considera «totalmente insuficiente» la anunciada creación de un juzgado de apoyo, que según las noticias llegadas a la Fiscalía tendría un magistrado a tiempo parcial y sólo dos funcionarios. La provincia de Sevilla tenía, según cifras oficiales cerradas a 31 de julio, un total de 3.682 presos repartidos entre Sevilla-1 (1.450 internos), Morón (1.550), el Psiquiátrico Penitenciario (184 reclusos), la Cárcel de Mujeres de Alcalá (160 internas) y el Centro de Reinserción Luis Jiménez de Asúa (338 penados). La cárcel de Morón —Sevilla-2—, inaugurada en julio de 2008, ha superado por primera vez en número de reclusos a la de Sevilla y su elevada ocupación, junto a la apertura del Centro de Reinserción, han provocado que en pocos meses se haya duplicado la población reclusa de la provincia, dato en el que incide la Fiscalía.

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abcsevilla.es

Funcionarios alertan de la inseguridad en las cárceles por falta de personal

EDUARDO BARBA. SEVILLA

Los funcionarios de las prisiones sevillanas denuncian la creciente inseguridad en las cárceles a causa de que el creciente número de internos no ha venido acompañado de un aumento de la plantilla. Más bien al contrario. Así lo denunció ayer a este periódico el coordinador de CSIF de prisiones, Claudio Esteban, que puso énfasis en que en el número de operarios «está muy por debajo» de lo que marca la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que «es la cifra necesaria de funcionarios para que una cárcel funcione como debe».

De hecho, el representante sindical expuso que en la nueva prisión, la de Morón —Sevilla II—, hay «prácticamente un centenar menos de trabajadores que lo que marca la RPT, lo cual es un escándalo y hace imposible que el recinto funcione correctamente». En este sentido, indicó que «ni siquiera hay guardias médicas presenciales, y si hay que avisar a un médico que venga de Sevilla se tiene que desplazar 80 kilómetros».

«Así no se puede trabajar —añadió Esteban—, no se da abasto, porque el número de presos ha aumentado mucho y el de funcionarios está muy por debajo de lo recomendable. Por eso la inseguridad para los trabajadores es creciente, porque la atención a los internos es cada vez peor y eso convierte en vehementes hasta a los más tranquilos de cada centro». La cárcel de Morón ha superado ya los 1.500 reclusos, mientras que la de Sevilla I —entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra— está también en torno a esa cifra.

Sólo un juzgado

El problema se agrava, según se explica desde el sindicato, por el «evidente colapso» que sufre el único Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que «tiene que atender a una población reclusa de casi 4.000 personas» —en concreto, 3.682 presos—. Se trata, sencillamente, de más del doble de la media nacional por juzgado, que es de 1.624 reclusos, lo cual «resulta insostenible». «Ya avisamos el verano pasado —advierte Esteban— de que esto iba a ocurrir, de que íbamos a estar cerca de los 4.000 internos, pero la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no ha hecho nada al respecto, aparte de hablar de ampliar, como mucho, a un magistrado más con dos funcionarios, pero nunca un nuevo juzgado».

«Es el juzgado que más internos asiste de toda España con mucha diferencia —explicó el representante sindical—, de ahí que esté colapsado y que su eficacia sea escasa». Eso, en su opinión, genera un enorme malestar entre la población reclusa, que pierde los nervios, con razón, a la espera de resoluciones que le afectan sobre permisos, grados, salidas... sobre todo ahora en verano, que es cuando más quieren disfrutar de esos permisos, claro».

Para Esteban, el riesgo de «colapso inminente» en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es palpable, ya que «no se resuelven los asuntos pendientes y la situación se complica más en verano, cuando cogen vacaciones en los juzgados. Y la Consejería de Justicia no está haciendo nada por resolverlo».

Explicó Esteban que «muchas veces los internos cogen los permisos casi por azar, cuando le toca al juzgado ver un asunto que lleva semanas parado. Se trata de algo muy grave y que afecta mucho al ambiente de las prisiones. Todo está muy crispado, y más ahora, con lo que la seguridad se resiente y cada vez está peor». De hecho, el sindicalista recalcó que los funcionarios están «cansados de recibir agresiones de los reclusos» que luego no conllevan el pago de una indemnización por la responsabilidad civil de cada uno «ya que siempre se declaran insolventes y se les da la razón».

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abcsevilla.es

CSI.F denuncia el colapso y la falta de eficacia del juzgado de Vigilancia

El sindicato de funcionarios lamenta el incremento de la conflictividad de los internos

F. P. A.

La sección de Prisiones del sindicato CSI.F denunció ayer "la falta de eficacia" del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla y "la carencia de medidas por parte de la Junta de Andalucía" para aliviar el colapso del órgano judicial de este tipo que "más carga de trabajo tiene de toda España".

"Este juzgado está casi colapsado debido al aumento desmesurado de la población reclusa, algo que repercute en un gran descontento entre los internos, que reclaman que se les atienda conforme a derecho", expuso a este periódico el coordinador de este sindicato que representa a los funcionarios. "Este gran problema no atendido por la Junta provoca un serio malestar y vehemencia por parte de la población de las cinco prisiones existentes en Sevilla".

El representante sindical de los funcionarios asegura que el colapso del juzgado de Vigilancia Penitenciaria "agrava" la falta de seguridad de las cárceles, sobre todo en las de Sevilla I y Sevilla II (situada en Morón de la Frontera). "Hace un año ya se denunció lo que iba a pasar", recordó Claudio Esteban, que asegura que el incremento de reclusos dependiente de este juzgado con la puesta en marcha de la prisión de Morón era algo previsible. "Es imposible que un juzgado pueda funcionar si tiene que atender a casi 4.000 presos".

En la práctica, esto se ha traducido en que haya peticiones de permisos o recursos de sanciones que todavía no se hayan resuelto cuando se habían tramitado en mayo. "Si un preso que tiene derecho a salir de permiso quiere estar unos días en verano con su familia, no puede estar esperando más de tres meses a ver si se lo dan o no, porque eso sólo genera malestar y tensiones. Que haya expedientes desde el mes de mayo sin resolver crea una conflictividad que termina afectando al trabajo del funcionario. La Junta hace oídos sordos a un problema que tenemos que sufrir los que dependemos de Madrid", criticó Claudio Esteban.

Para el representante de CSI.F, una buena solución sería la creación de un segundo juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Sevilla, como ya existe en Cádiz.

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diariodesevilla.es

CSI·F dice que los funcionarios carecen de normas preventivas y exige al Gobierno un protocolo de actuación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) consideró hoy "imprescindible" que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Sanidad y en coordinación con las comunidades autónomas, instaure un protocolo de actuación de la gripe A para los funcionarios ya que, según este sindicato, "en muchas áreas el empleado público constituye una población de riesgo ya que mantiene un contacto diario con decenas de personas sin ninguna protección".

La entidad aseguró en un comunicado que mientras el virus de la gripe A continúa avanzando, el Ministerio "no ha facilitado ningún protocolo de actuación ni garantía de protección para los funcionarios, cuyo trabajo, en muchos casos, conlleva el factor de riesgo de la masiva atención al público".

En este sentido, CSI·F subrayó que la Comunitat Valenciana está siendo "una de las regiones con mayor número de afectados por el virus", por lo que consideran "fundamental una actuación inmediata por parte de Delegación de Gobierno".

"El Ministerio ha fijado pautas y pedido a empresas que tengan un plan de emergencia para la gripe A, pero no ha hecho lo propio para los empleados públicos", afirmaron desde CSI·F.

Asimismo, el Gobierno central también incluye en su plan el reforzamiento de los equipos médicos de las grandes y medianas empresas. "Todas estas medidas pueden ser positivas, pero también debería aplicarlas o realizar un plan específico para los funcionarios", subrayan fuentes sindicales.

CSI·F apunta que existen "muchos ejemplos" de la citada situación de riesgo. Entre ellos, aludieron a las oficinas del Inem, INSS o Servef, donde los empleados públicos pueden llegar a tender a cien usuarios diarios cada uno, en un espacio cerrado y, en muchas ocasiones, reducido. Esto se repite en muchas administraciones, como el Centro de Atención al Inmigrante, Agencia Tributaria, Registros o dependencias de Justicia "y un largo etcétera", recalcaron.

"Con unas previsiones nada halagüeñas de cara al invierno, cuando podrían dispararse las cifras de pacientes, como reconoció la propia ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, un sector especialmente delicado será el del personal docente", alertaron. Los profesores de primaria, secundaria y universitarios "deberán afrontar clases cerradas y llenas de alumnos, lo que supone el incremento del riesgo", apuntaron.

Otro "punto de riesgo", según CSI·F, son los centros penitenciarios, "como ha quedado demostrado" en el caso de Alcalá Meco. En las prisiones de la Comunitat Valenciana "tampoco existe ningún protocolo de actuación y el contagio generalizado puede ser un hecho si no se implanta un protocolo de actuación", puntualizaron.

QUEJAS

Además, la Central Sindical ha recibido quejas de que en los centros sanitarios "no siempre están cumpliéndose las normas de prevención básicas". El sindicato ha detectado que existe en muchos casos déficit de material (mascarillas) o falta de control de los posibles afectados, ya que, por ejemplo, en ocasiones se sitúan en la misma sala de espera que el resto de enfermos.

Por todo ello, exige que el Ministerio de Sanidad, en consenso con el Gobierno Autonómico, apruebe un protocolo de actuación para los funcionarios que deben atender al público y que, por esta causa, corren el riesgo, ya no sólo de ser contagiados, sino de afectar a las decenas de personas que tratan diariamente.

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El brote de gripe A en la prisión de Alcalá-Meco afecta a 30 personas: 27 reclusos y 3 del servicio médico

Los análisis recibidos esta tarde por la Dirección General de Prisiones confirman que el brote de Gripe A en la prisión madrileña de Alcalá de Henares afecta a un total de 30 personas, de los cuales 27 son reclusos y el resto tres personas del servicio sanitario del centro, informaron a Europa Press en fuentes penitenciarias.

El laboratorio del Instituto de Salud Carlos III ha confirmado en los seis casos examinados que padecían Gripe A, diagnóstico que se ha extendido a otras 24 personas que padecían los mismos síntomas.

Esta extrapolación se hace siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en los casos de pandemia, considera que no es necesario realizar muestras a todos los enfermos, sino que únicamente se toman una serie de muestras aleatorias y se considera que tienen la enfermedad todas las personas en contacto que padecen los mismos síntomas, en este caso fiebres altas y tos.

Las personas contagiadas, que según las fuentes citadas evolucionan favorablemente, son 27 reclusos de la citada prisión, aunque uno de ellos que presentaba otras complicaciones está internado en el Hospital Carlos III. También se han contagiado tres personas del servicio sanitario de la prisión: una médico y dos auxiliares de clínica, que se encuentran en sus casas. El brote fue detectado el pasado domingo, cuando 10 reclusos presentaban síntomas de padecer esta modalidad de gripe. Por ese motivo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió aislar dos módulos de la prisión. Ayer la cifra de posibles contagios se elevó a 19, mientras que hoy la cifra oficial de contagiados se eleva ya a 30.

Todos los reclusos de los módulos aislados, unos 200, no pueden recibir visitas ni salir a las zonas comunes de la prisión para impedir que se pueda extender el contagio.

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CSI-CSIF alerta de que "ningún centro penitenciario español" dispone de un protocolo para actuar contra el virus

El coordinador provincial en Sevilla de Prisiones del sindicato CSI-CSIF, Claudio Esteban, alertó hoy de que, pese al brote de gripe A(H1N1) que se ha declarado en la prisión madrileña de Alcalá Meco y a la "extensión" del virus por todo el país, en la actualidad "ningún centro penitenciario español" dispone de un protocolo de actuación para proteger al funcionariado y a la población reclusa.

En declaraciones a Europa Press, el también delegado del mismo sindicato en el centro penitenciario de Sevilla II denunció la "falta de previsión" de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior, ante lo que calificó de "carencia total y absoluta de protocolo ministerial alguno" que permitiese al funcionariado "saber cómo tenemos que actuar ante posibles brotes de la enfermedad en otros centros penitenciarios".

De hecho, Esteban describió que, a día de hoy, en la citada cárcel sevillana "las únicas medidas de prevención" con las que cuentan son "unas mascarillas que ya estaban antes por aquí, además de la recomendación de que nos lavemos las manos", ironizó.

"No sabemos nada de nada y más bien parecemos los apestados del mundo", reprochó el dirigente sindical, quien anunció además que el sindicato elevará "en breve" un queja formal al departamento que dirige Mercedes Gallizo, de la que dijo desconocer "si está trabajando en este problema o se encuentra de vacaciones".

Según avanzó, en el escrito que elevarán a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Madrid "pediremos, como es lógico, que nos digan por escrito y mediante un protocolo a seguir cómo debemos actuar" ante posibles contagios del virus dentro de los centros penitenciarios.

"Deberían de espabilar porque estamos hablando de un problema verdaderamente grande", reiteró Estaban, quien recordó que el mapa penitenciario español está compuesto "por más de 70 prisiones y una población reclusa que ronda las 70.000 personas".

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Funcionarios de la cárcel denuncian ante la Guardia Civil la retirada de la valla de acceso a sus viviendas

Los trabajadores creen que la medida atenta contra su seguridad y la de sus familias y critican que la dirección ha retirado un elemento que no le pertenece

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Funcionarios de la prisión de Can Fita han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por considerar que la retirada de la valla de acceso a sus viviendas, situadas en las proximidades del centro penitenciario, atenta contra su seguridad y la de sus familias. Asimismo, creen que la decisión, que atribuyen al director de la institución, Manuel Vega, podría constituir «algún tipo de delito o falta» por haberse llevado un elemento que no es de su propiedad sin la autorización de la comunidad de vecinos.
En la denuncia, interpuesta en el cuartel de Sant Antoni el pasado domingo, se recoge que entre las 9 y las 11 horas del día 31 de julio el director, valiéndose para ello de cinco presos y personal de mantenimiento, retiró la valla –que llevaba cuatro meses bloqueada también por orden de la dirección, según los denunciantes– y la dejó apoyada en una pared.
Los funcionarios, que se sienten «amenazados», dicen que comunicaron la situación a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a la Delegación del Gobierno, pero que no han obtenido respuesta.
Se da la circunstancia de que la medida se llevó a cabo un día después del atentado de ETA en Palma, que acabó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil. «No tiene sentido, hay un atentado y en lugar de incrementar la seguridad, la reducen», criticaron los trabajadores, que aseguraron que esta valla de acceso era la única medida de seguridad que hay en la complejo de viviendas donde reside una treintena de personas, ya que tampoco cuentan con cámaras de vigilancia en la zona. «Es una grave irresponsabilidad», comentaron, dado que ya no se puede controlar quién entra a este recinto –comentaron que ayer mismo había una furgoneta que no sabían a quién pertenecía–.
Además, aseguraron que el director de la prisión «no tiene potestad» para quitar este elemento porque la decisión debe adoptarse en la junta de la comunidad de usuarios, que él tan sólo preside pero en la que hay representantes de los vecinos. «La decisión debe tomarla este órgano porque es un tema de comunidad», apostillaron.

Más seguridad
Los funcionarios expresaron su malestar con la actitud de Vega en relación también a la instrucción que se dio el viernes por la tarde desde Madrid para aumentar las medidas de seguridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y entre los trabajadores de las prisiones. Aseguraron que hasta el lunes no les instó a que leyeran unos manuales de autoprotección que, según ellos, datan de «hace diez años».
En este sentido, en los cuarteles de la Guardia Civil de Balears se han extremado las medidas de seguridad restringiendo el acceso a sus inmediaciones y prohibiendo aparcar en sus alrededores, lo que fue confirmado por oficiales de Formentera aunque no ha trascendido si también se han aplicado las mismas medidas en el de Ibiza.
Este diario trató ayer sin éxito de hablar con el director de la prisión. Desde el centro penitenciario se remitió al gabinete de comunicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde ayer no se dio respuesta. De la misma manera, tampoco se consiguió hablar con la delegada insular de la Administración del Estado, Sofía Hernanz.

CSI•F denuncia desprotección de los empleados públicos de Ciudad Real ante la gripe A

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) pide al Gobierno Central un protocolo de actuación contra la gripe A para los funcionarios, ya que muchos de ellos son población de riesgo por su contacto diario con numerosas personas, sin ninguna protección y hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad no ha facilitado ningún protocolo de actuación ni garantía de protección para este importante grupo de trabajadores, a sólo unas semanas de que con la bajada de las temperaturas el contagio del virus sea más fácil

CSI•F subraya que Castilla-La Mancha está siendo una de las regiones con mayor número de afectados por el virus, por lo que considera fundamental una actuación inmediata por parte del ministerio de Sanidad y la Junta de Comunidades para fijar pautas y pedir a las empresas que tengan un plan de emergencia para la gripe A, así como para los grupos de riesgo de las distintas Administraciones Públicas. El Gobierno Central incluye en su plan el refuerzo a los equipos médicos de las grandes y medianas empresas

Existen muchos ejemplos de la situación de riesgo para los empleados públicos, como Oficinas de Empleo, INSS, TGSS, donde los empleados públicos pueden llegar a atender directamente a cien usuarios diarios cada uno, en un espacio cerrado y, en muchas ocasiones, reducido. Esto se repite en muchas administraciones, como el Centro de Atención al Inmigrante, Agencia Tributaria, Registros o Tribunales de Justicia, Comisarías de Policía, Dependencias del D.N.I. Jefaturas Provinciales de Tráfico y un largo etcétera, en el que destaca un sector especialmente delicado como el docente.

Prisiones y centros sanitarios

Otro punto de riesgo, son los Centros Penitenciarios, como ha quedado demostrado en el caso de Alcalá Meco. En las prisiones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como Herrera de la Mancha, Alcázar de San Juan, Ocaña I y II, La Torrecita, de Albacete o Cuenca, tampoco existe ningún protocolo de actuación de cara al problema.

CSI-F ha recibido quejas de que en los centros sanitarios no siempre están cumpliéndose las normas de prevención básicas, detectándose en muchos casos déficit de material, como mascarillas o falta de control de los posibles afectados, que en ocasiones se sitúan en la misma sala de espera que el resto de enfermos.

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miciudadreal.es