Los enfermos mentales desbordan la asistencia sanitaria en las prisiones
Pro Derechos Humanos denuncia la falta de dispositivos para atender a estos internos, que terminan recluidos en las enfermerías El 82% no tenía diagnosticado ningún trastorno antes de la condena
Uno de cada cuatro reclusos padece trastornos mentales, según el último informe de Instituciones Penitenciarias, y la tendencia es al alza.
Las cárceles de la provincia, ya de por sí masificadas, no dan abasto para atender a los enfermos, que terminan aislados en las enfermerías, donde pocas veces quedan camas libres.
Tal es el caso de la penitenciaría de Puerto II, que hace años que dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse en una especie de módulo para este tipo de internos, que son problemáticos y que para evitar conflictos permanecen medicados y controlados.
Las administraciones tomaron esta decisión ante la falta de dispositivos dentro de las propias cárceles, tal y como indicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias. «Donde mejor puede estar es en la enfermería porque es la única forma de mantenerlos alejados del resto de compañeros cuando padecen una crisis», recalcaron.
En este sentido, el protocolo de actuación del Gobierno es claro.
Primero se define qué tipo de trastorno padece y luego se aplica el tratamiento adecuado que prescriba el especialista.
El problema es que algo más del 82,5% de los internos no tenían antecedentes de enfermedad psíquica antes de entrar en prisión y, una vez dentro, revisar condenas para relacionar el delito con una enfermedad psíquica lleva tiempo.
«Sólo el juez puede decidir si la persona va a un centro ordinario o a uno psiquiátrico», insistieron. Aun así, la demanda es mucho mayor que las infraestructuras.
Los dos únicos centros penitenciarios destinados al tratamiento de la población reclusa son los hospitales psiquiátricos de Sevilla y el de Foncalent, en Alicante. Ambos con menos de 200 plazas cada uno.
Ante esta situación, la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía insiste en la necesidad de crear módulos terapéuticos para albergar a estos enfermos, porque «mantenerlos aislados sin ningún tipo de programa ni terapia ocupacional sólo agrava su problema y empeora el proceso de inserción social una vez fuera».
Así lo manifestó la coordinadora regional del colectivo, María Isabel Moral, que llevó este asunto hasta el Parlamento donde consiguió que se aprobara una proposición no de ley para mejorar la situación de los presos, pero hasta el momento nada se ha hecho realidad.
En las cuatro penitenciarías de la provincia se viven situaciones parecidas, fundamentalmente porque muchos de los enfermos no se han diagnosticado.
Precisamente, la Junta firmó un convenio con el Ministerio del Interior para actualizar las historias de los pacientes que puedan presentar trastornos mentales, «pero no se lleva a cabo con toda la celeridad que sería necesaria», insistió Moral.
Para la responsable de APDH, es «fundamental» realizar los diagnósticos cuanto antes y abordar estos pacientes con tratamientos adecuados, no sólo farmacológicos sino a través de terapias ocupacionales y actividades adaptadas a cada trastorno.
Pero la falta de especialistas y de personal sanitario hace imposible llevar a cabo estos programas, que, por otro lado, se recogen en el protocolo de actuación del Ministerio.
Los reclusos de Puerto I y Puerto II reciben la visita del psiquiatra una vez cada quince días para poblaciones de 300 y más de 700, respectivamente, tal como indicó la asociación. Los internos de Puerto III tienen que trasladarse hasta el centro sanitario porque los especialistas del SAS no se desplazan hasta ese centro y los de Algeciras reciben la visita del psiquiatra para cupos superiores a los 1.600 internos.
Si se tiene en cuenta que, según ADPH, el 40% de los reclusos padece trastornos mentales y de personalidad y que el 8% está diagnosticado como grave, los cupos por especialista son enormes. «A los facultativos les da tiempo para recetar los tratamientos y poco más», recalcó María Isabel Moral.
Personal sanitarioAnte el aumento de enfermos mentales recluidos en las cárceles, la asociación exige la contratación de más personal sanitario especializado y una mejor dotación de infraestructuras.
Actualmente, la ratio es de un médico por cada 162 presos, un enfermero por cada 127 y un psicólogo por cada 310, según el último informe del colectivo. La proporción choca con las medidas de seguridad, reforzadas con un funcionario por cada cinco internos.
Sin embargo, los problemas no se quedan dentro cuando terminan la condena. Una vez fuera, pocos son los que continúan los tratamientos a causa de la falta de coordinación entre los médicos del SAS y los de Instituciones Penitenciarias.
Éste es uno de los aspectos que no contempla el protocolo que establece el Ministerio del Interior y que la asociación considera «fundamental» para la reinserción social. Cuando los enfermos entran no se revisan los historiales ni se ponen en contacto con sus médicos especialistas.
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