PP, PSOE, CiU y PNV piden al Gobierno fórmulas para que la Ley de Igualdad no perjudique a las funcionarias de prisiones

Los grupos parlamentarios del PP, PSOE, CiU y PNV acordaron esta tarde en el Congreso de los Diputados pedir al Gobierno que "busque soluciones" para que la aplicación de la Ley de Igualdad no afecte negativamente a las funcionarias de prisiones en el desarrollo de su trabajo.
Este colectivo protesta por la extinción de las escalas femenina y masculina en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que ha provocado que estas funcionarias tengan que asumir determinadas tareas en las cárceles donde cumplen prisión los hombres.
El PP, grupo que presentó la iniciativa, destaca que esta clase de funcionarias de prisiones son personal civil que no va armado, pero que tiene que velar, entre otras cosas, por el mantenimiento del orden, la disciplina y la seguridad en los centros penitenciarios.
Asimismo, recuerdan que el trabajo de estas mujeres implica el acceso a todos los espacios en los que se mueven los internos, incluidas las duchas y las celdas, y que el nivel de conflictividad es mucho mayor en las prisiones de hombres que en las de mujeres.
Ante esta situación, estos grupos han acordado que, mediante un proceso de diálogo entre la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, los sindicatos y las representantes de las afectadas, se busquen las fórmulas para, "centro a centro, evitar la problemática que se pudiera producir en este proceso de transición".
Asimismo, instan al Gobierno a que presente al Congreso, en el plazo de tres meses, un balance de la aplicación de la Ley de Igualdad (aprobada en 2007) en lo referente al proceso de unificación de escalas, "así como las distorsiones que se hayan podido producir y, en su caso, proponga medidas correctoras".

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epsocial.es

Alicante
Las cárceles alicantinas, las más peligrosas y masificadas

En los centros de Fontcalent y de Villena cumplen condena 23 etarras y dos grapos y su ocupación duplica la capacidad prevista
22.06.09 -

En los dos centros penitenciarios hay 20 reclusos calificados como muy peligrosos
Los tres centros penitenciarios de la provincia de Alicante siguen con los mismos problemas que hace diez años: masificación, falta de medios materiales para realizar un trabajo de reinserción efectivo y escasez de personal.
Esa es la queja de los representantes sindicales de los centros.
En las prisiones de la provincia hay 2.887 presos repartidos en Fontcalent, el Psiquiátrico Penitenciario y la prisión de Villena. 782 son extranjeros.
En el Centro Penitenciario de Cumplimiento 1, que es como se conoce oficialmente a la prisión de Fontcalent, ubicada en esta partida rural de la ciudad de Alicante, hay ingresados 1.080 presos, cuando en realidad es una cárcel concebida para sólo 450 plazas.
Alicante II, la cárcel de Villena, inaugurada por Mariano Rajoy en su etapa de ministro de Interior en el año 2002, se diseñó para 723 internos pero en la actualidad hay ingresados 1.600 presos. En el Psiquiátrico Penitenciario, que en realidad es un anexo de Foncalent. hay 400 reclusos.
Ahora se quiere reformar las celdas para que puedana acoger a dos personas, algo que ha provocado el rechazo de los funcionarios del recinto.
La prisión de Fontcalent se abrió en la década de los 70 del siglo pasado. El edificio no se concibió como una cárcel en sí sino como un centro de presos preventivos.
La necesidad obligó desde el principio a su reconversión. Situada a doscientos metros de la autovía de Madrid ha conocido fugas famosas, como la protagonizada por Cortes, Pinteño y Escobedo en el verano de 1986 y el tristemente famoso motín, en noviembre de 1989, cuyo juicio se celebró hace dos años, después de un larguísimo proceso de instrucción.
En 2002 se inauguró en el término municipal de Villena, pegado a la autovía, el centro Alicante II.
Estaba incluido en un programa de nuevos centros penitenciarios diseñado por el ministro De la Quadra Salcedo, en la segunda mitad de la década los 80. Es parecida a la de Alcalá-Meco, Brieva y Soto del Real
Poco después de su entrada en funcionamiento ha quedado en entredicho. Su capacidad es de 723reclusos, sin embargo está ocupada por 1.600 internos.
Se da el hecho curioso de que es una cárcel donde también hay mujeres, pero el módulo de las reclusas está completo, por lo que las últimas en llegar duermen en la zona conocida como ingresos.
Reúne mejores condiciones que la de Fontcalent pero las 1.100 plazas se han quedado pequeñas. Es una de las pocas cárceles que admite a mujeres pero todas las celdas están ocupadas.
Alicante II tiene en sus celdas a reclusos conocidos, incluso pintorescos, como el conocido narcotraficante gallego Laureano Oubiña, el ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, condenado por delito medioambiental, quien coincidódurnate unas semanas con Luis Fernando Cartagena, ex conseller de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, antes de ser trasladado a la prisión de Albacete.
En Villena hay catorce etarras, entre los que se encuentra Jesús Arkautz Arana, más conocido como Josu de Mondragón. Era el lugarteniente de Francisco Mugica Garmendia (Pakito), que fue detenido en 1991. Además de este conocido etarra hay trece etarras más, nueve hombres y cuatro mujeres.
También hay un miembro del Grapo, Israel Torralba.
En el centro penitenciario de Fontcalent están presos diez etarras, siete hombres y tres mujeres. Hasta hace unos meses cumplia condena el grapo Ortín Martín, que participó en el secuestro del empresario zaragozano Plubio Cordón. Pero murió de un infarto. Su esposa sigue cumpliendo condena en Fontcalent.
En Villena estuvieron un tiempo los etarras Iñaki de Rentería y Fernando del Olmo, que estaba condenado por el tiroteo de la Foz de Lumbier, en Navarra. Pero la reagrupación promovida en la legislatura anterior por el Gobierno cuando se negoció con ETA provocó el traslado de muchos presos hacia el País Vasco.
Tanto los responsables sindicales de ACAIP o del CSI-F coinciden en que las carencias de los centros penitenciarios son las mismas que hace diez y veinte años. Distintos gobiernos pero con los mismos problemas pendientes.

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Las provincias.es

Gallizo suspende a los funcionarios de prisiones los permisos por enfermedad de un familiar.

La falta de personal en las cárceles está haciendo difícil
controlar a los presos


La situación en algunas cárceles empieza a ser incontrolable. Funcionarios
de prisiones apuntan que el departamento de Mercedes Gallizo está teniendo
algunas carencias graves de personal en algunos penales, lo que está
dificultando el correcto funcionamiento en algunos centros.

Según ha podido conocer El Confidencial Digital, la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias acaba de tomar la decisión de restringir, en la
medida de lo posible, la concesión de permisos a determinados funcionarios
por enfermedad de alguno de sus familiares.

Se trata de que con el sistema de libranzas establecido, las cárceles no
queden desprovistas del personal necesario para garantizar la seguridad. Las
fuentes consultadas explican que la orden de esta restricción ha sido dada a
los directores de los respectivos centros penitenciarios.

De esta forma, el director de la prisión debe valorar si el permiso
solicitado por el funcionario tiene la debida justificación o no. En el caso
de que no sea una enfermedad de carácter grave, según el criterio del
responsable del centro, al afectado se le descuentan los días oportunos de
sus vacaciones. Así les ha ocurrido ya a algunos funcionarios.

La explicación lógica que ofrecen los funcionarios de prisiones a esta
situación es que, como decimos, algunos centros penitenciarios sufren
carencias de personal y, por tanto, de vigilancia.

La Ley 7/2007, que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, establece
en su artículo 48 los permisos para los funcionarios públicos. Artículo 1 a:
"Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en
distinta localidad. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o
enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o
afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad".

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el confidencial digital

Interior admite la saturación de las cárceles, aunque pide que «no se exagere»

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias admitió ayer que las cárceles andaluzas están saturadas de reclusos, al igual que el resto de centros penitenciarios españoles. Minimizó no obstante la magnitud del problema de inseguridad denunciado por los funcionarios de la prisión de Albolote (Granada), que se traduce en cinco trabajadores heridos por presos durante el último fin de semana.

«No es bueno dar una imagen exagerada de la situación», dijo. A su juicio, agrandar un pequeño conflicto constituye un riesgo por su potencial efecto llamada en la población reclusa. Lo dijo durante la inauguración del centro de inserción social Matilde Cantos, ante cuyas puertas se concentraron decenas de funcionarios de la prisión granadina para protestar por una situación que consideran insostenible a causa de la reclusión de casi 1.900 presos en una cárcel diseñada para albergar 1.008 internos.

Los trabajadores aguardaron la llegada de Gallizo separados por sexos. Ellos en una acera, ellas enfrente. Aunque los primeros se solidarizan con la problemática de mujeres, y viceversa, prefirieron escenificar la separación porque sus reivindicaciones son distintas. Los hombres denuncian la conflictividad derivada de la masificación mientras que las funcionarias protestan contra de la normativa de unificación de escalas que les obligará el año próximo a custodiar a presos varones, labor para la que no se sienten preparadas ni física ni psicológicamente y que, además, excede las funciones reflejadas en su contrato de trabajo.

Gallizo, que señaló la importancia de dimensionar las plantillas, elogió el esfuerzo desarrollado por los funcionarios y pidió un mayor reconocimiento para ellos. Puntualizó que la situación es la que es porque por una parte crece el número de reclusos un 10% y por otra la crisis tiene un efecto disuasorio sobre los planes de empleo del Gobierno. «No es buen momento para que el sector público aumente su número de funcionarios», explicó, si bien resaltó que la administración central, consciente de la necesidad de incrementar las plantillas de los centros penitenciarios, ha otorgado prioridad a este departamento para paliar el desequilibrio por el crecimiento de presos.

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abcdesevilla.es

La secretaria general de Prisiones presentará el proyecto de la cárcel la semana próxima

Gallizo, en Ceuta, el día 24. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, girará visita a Ceuta el próximo 24 de junio, para presentar de manera oficial el proyecto de la cárcel. Así lo confirmaba ayer la Delegación del Gobierno que dejará en manos de Gallizo la presentación pública de todos los detalles que caracterizarán la obra más relevante de las que se van a construir en Ceuta en esta legislatura. La visita de Gallizo viene a ratificar lo que ya anunciara el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, en rueda de prensa, que dejó en manos de Madrid la presentación de este proyecto del que sólo se conocen detalles por vía oficiosa. Y es que en torno a la construcción de la penitenciaría han hablado sindicatos, partidos políticos y hasta se ha conocido el proyecto sin que el mismo haya sido presentado públicamente. Este hecho tendrá lugar el próximo 24 en las mismas dependencias de la Delegación del Gobierno. La nueva cárcel ocupará una superficie de 23,4 hectáreas al sureste de la ciudad, en la ladera situada entre el cerro de La Mora y el de Mendizábal. El promotor del proyecto es la SIEP (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios), cuyos representantes han mantenido ya reuniones en Ceuta con los propietarios de parcelas del terreno en donde irá la prisión. Dueños como Hoarce o la sociedad explotadora del barranco de Piniers han protagonizado quejas mediáticas ya que sus negocios se ven afectados directamente por la obra. noticia publicada en : el faro digital

PP pide que las funcionarias antiguas se queden en las cárceles de mujeres

El PP instará al Gobierno a que adopte con la "máxime urgencia" las medidas necesarias para asegurar que a las funcionarias de prisiones que accedieron por oposición antes de la entrada en vigor de la supresión de escalas se les respete el puesto al que optaron y por tanto desempeñen su trabajo con las presas.

En concreto, el grupo parlamentario popular llevará al próximo pleno del Congreso una proposición no de ley relacionada con los derechos y los deberes de las funcionarias de prisiones, de la escala femenina, según ha anunciado su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaria.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, se suprime las escalas femenina y masculina en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, y se configura el acceso al Cuerpo de modo unitario para hombres y mujeres.

De esta forma, se salvan las dificultades a la que se enfrentaban las opositoras frente a los opositores en cuestión de número de plazas, pero éstas tendrán que asumir que su trabajo se desarrolle en contacto directo con los internos.

El PP, según informa en un comunicado, considera que el colectivo de funcionarias, por la aplicación de la Ley de Igualdad, "ha tenido que asumir tareas que pueden atentar contra su dignidad o su seguridad".

"Va en contra del sentido común que funcionarias de prisiones, en la realización de sus tareas diarias, tengan que llevar a cabo determinadas actividades que pueden ir en contra de su dignidad, su propia seguridad y el desarrollo en tranquilidad de su trabajo", ha asegurado la portavoz popular.

Por todo ello, el PP propondrá que se garantice a las que son funcionarias antes de la aplicación de la ley que no tengan que trabajar en contacto directo con internos, tal como era inherente al puesto de trabajo al que ellas optaron y accedieron mediante oposición.

Y también pedirá "que dicho status jurídico, que debe serles respetado, no conlleve una disminución de las posibilidades de promoción en la carrera administrativa respecto a las que tenían, puesto que ello es un derecho adquirido basado en los principios elementales del Estado de Derecho y que se recogen en el artículo 9.3 del título preliminar de nuestra Constitución".

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adn.es

FUNCIONARIOS DE LA CÁRCEL DE HUELVA DICEN QUE SE EVITÓ LA FUGA DE LOS ETARRAS "POR CASUALIDAD"

El sector de instituciones penitenciarias del sindicato Csif aseguró ayer que «ha sido fruto de la casualidad» que se impidiera la fuga de los etarras de la prisión de Huelva el pasado sábado. Entre estas «casualidades» mencionan, eso sí, la documentación encontrada en el zulo de la banda terrorista. Pero descartan taxativamente que los funcionarios de la cárcel onubense, que cuenta con 1.500 reclusos, trece de ellos miembros de ETA, estén preparados para hacer frente a este tipo de situaciones de alto riesgo.
Los funcionarios de prisiones de Csif denunciaban ayer la «falta de medios» que padecen los centros penitenciarios para evitar acciones como la planeada por ETA en Huelva, donde pretendió rescatar a dos de sus pistoleros con un helicóptero que aterrizara en el patio del centro penitenciario, fuga que fue abortada por la Guardia Civil.
Csif alerta, además, sobre el «deficiente funcionamiento de los medios electrónicos y mecánicos de control» de la población reclusa; el reducido número de funcionarios que actualmente vigilan a los internos; el hacinamiento que padecen todas las cárceles andaluzas, que se encuentran masificadas al 168%, según datos del sindicato Acaip. Y la «falta de medios de los responsables de la seguridad exterior en los centros penitenciarios».
La política de Gallizo
Pero sobretodo, los funcionarios de prisiones denuncian la política de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de distribuir a internos de especial seguimiento (miembros de bandas armadas, islamistas, narcotraficantes...) por los módulos donde se encuentran los presos comunes, «dificultando enormemente su control».
Hasta el momento estos presos, como los miembros de ETA en la cárcel de Huelva, se encuentran en departamentos de aislamiento con un seguimiento especial y unas medidas de control más exhaustivas. La responsable en Andalucía de instituciones penitenciarias del Csif, Julia Soto, señaló a ABC que esta medidas «es un disparate, ya que no se va poder ejercer el mismo control sobre estos internos que son más peligrosos». En el caso del centro penitenciario de Huelva, existen 70 internos de estas características vigilados por cinco funcionarios, mientras que, para los internos comunes hay uno ó dos funcionarios por cada 140 reclusos. «Un plan de fuga como el del fin de semana sería llevado a cabo con éxito» si se pone en marcha esta medida que, asegura Soto, ya se está aplicando en la cárcel de Algeciras.
Respecto a la masificación que padecen las prisiones españolas, la responsable de Csif aseguró que los incidentes con internos y entre ellos son cada vez más frecuentes.El sector de instituciones penitenciarias del sindicato Csif aseguró ayer que «ha sido fruto de la casualidad» que se impidiera la fuga de los etarras de la prisión de Huelva el pasado sábado. Entre estas «casualidades» mencionan, eso sí, la documentación encontrada en el zulo de la banda terrorista. Pero descartan taxativamente que los funcionarios de la cárcel onubense, que cuenta con 1.500 reclusos, trece de ellos miembros de ETA, estén preparados para hacer frente a este tipo de situaciones de alto riesgo.
Los funcionarios de prisiones de Csif denunciaban ayer la «falta de medios» que padecen los centros penitenciarios para evitar acciones como la planeada por ETA en Huelva, donde pretendió rescatar a dos de sus pistoleros con un helicóptero que aterrizara en el patio del centro penitenciario, fuga que fue abortada por la Guardia Civil.
Csif alerta, además, sobre el «deficiente funcionamiento de los medios electrónicos y mecánicos de control» de la población reclusa; el reducido número de funcionarios que actualmente vigilan a los internos; el hacinamiento que padecen todas las cárceles andaluzas, que se encuentran masificadas al 168%, según datos del sindicato Acaip. Y la «falta de medios de los responsables de la seguridad exterior en los centros penitenciarios».
La política de Gallizo
Pero sobretodo, los funcionarios de prisiones denuncian la política de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de distribuir a internos de especial seguimiento (miembros de bandas armadas, islamistas, narcotraficantes...) por los módulos donde se encuentran los presos comunes, «dificultando enormemente su control».
Hasta el momento estos presos, como los miembros de ETA en la cárcel de Huelva, se encuentran en departamentos de aislamiento con un seguimiento especial y unas medidas de control más exhaustivas. La responsable en Andalucía de instituciones penitenciarias del Csif, Julia Soto, señaló a ABC que esta medidas «es un disparate, ya que no se va poder ejercer el mismo control sobre estos internos que son más peligrosos». En el caso del centro penitenciario de Huelva, existen 70 internos de estas características vigilados por cinco funcionarios, mientras que, para los internos comunes hay uno ó dos funcionarios por cada 140 reclusos. «Un plan de fuga como el del fin de semana sería llevado a cabo con éxito» si se pone en marcha esta medida que, asegura Soto, ya se está aplicando en la cárcel de Algeciras.
Respecto a la masificación que padecen las prisiones españolas, la responsable de Csif aseguró que los incidentes con internos y entre ellos son cada vez más frecuentes.

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abc.es

Una interna de Villabona agrede a varias funcionarias y al Jefe de Servicios.

Una interna del Módulo 10 del Centro Penitenciario de Villabona, que responde a las iniciales S. J. H., insultó y agredió el pasado lunes a las funcionarias de servicio y al Jefe de Servicios de la prisión, según informaron fuentes del penal asturiano.
Los hechos se produjeron a las 16.30 horas cuando la interna abandonó su celda para dirigirse al patio. En ese instante, S. J. H. insultó a las trabajadoras y las amenazó de muerte delante de otras internas. Cuando las funcionarias intentaron que depusiera su actitud, se abalanzó sobre ellas empujándolas y golpeando a una de ellas.
Personado el Jefe de Servicios en el departamento de mujeres, la interna continuó con los insultos y las amenazas intentando también agredirle, propinándole patadas y empujones, según las mismas fuentes del centro penitenciario.
S. J. H. tuvo que ser reducida y después de varios forcejeos fue esposada y trasladada por el Jefe de Servicios a la enfermería del centro. Tras ser reconocida por los médicos y en vista de que mantenía una actitud violenta y exaltada, se ordenó su aislamiento en una celda del departamento de Ingresos donde nuevamente tuvo que ser reducida y esposada al intentar agredir a los funcionarios y al Jefe de Servicios.
El periplo de esta interna continuó la misma noche del lunes al ser trasladada nuevamente al módulo de mujeres donde, en la mañana del martes, intentó suicidarse. Situación que fue abortada por las funcionarias con la colaboración de otras internas. HISTORIAL DE PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS
S. J. H. presenta un amplio historial de patologías psiquiátricas y en las últimas semanas había protagonizado varios incidentes y agresiones a otras internas, funcionarias y dos Jefes de Servicio.
Según las mismas fuentes, la enfermería de Villabona no cuenta con instalaciones adecuadas para el internamiento y tratamiento de internos con estas patologías que solo cuentan con la atención de un especialista externo a la prisión; además, los más de 90 internos que se encuentran ingresados sobrepasan la capacidad operativa de la enfermería y varios internos con enfermedades graves debenpermanecer en los módulos "normales" de la prisión.
Desde la prisión se advierte también de que tampoco se producen traslados inmediatos a centros especializados de loscasos más graves.
En el informe anual correspondiente a 2008 de la fiscalía de Vigilancia Penitenciaria se reconoce que un 37 por ciento de los internos de la prisión asturiana, 1.648 en total, sufren patologías psiquiátricas; en los más de 200 expedientes abiertos a los internos por causas muy graves (amenazas, agresiones a trabajadores o a otros internos) se incluyen varios casos de internos con este tipo de patologías.

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Diario El Comercio de Gijón

Un 'sicario' intenta matar a un preso en Morón por deber 300 euros a otro interno

Dos heridos, un funcionario y un interno, es el saldo del primer incidente violento que se produce en el Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, inaugurado hace menos de un año y cuya seguridad han cuestionado los sindicatos desde ese mismo momento. Especialmente por la escasez de personal y las dificultades para vigilar a los 1.200 presos que ya se acumulan tras sus muros, que podría haber facilitado una reyerta protagonizada por un recluso muy peligroso que intentó matar, por encargo, a otro interno.
Tanto es así, que las carencias de seguridad habrían permitido que dentro de la cárcel existan mafias dedicadas a la extorsión y sicarios dispuestos a matar por dinero.
Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, el suceso se produjo el lunes en torno a las 12.30 horas en el módulo 2 de la cárcel moronense, cuando un preso identificado como Enrique O.R., que cumple una condena de más de diez años por asesinato, la emprendió a puñaladas en la cabeza contra otro interno, Juan Manuel R.S., que sufrió varios cortes en el cuero cabelludo y que necesitó hasta doce puntos de sutura.
La agresión se produjo cuando los internos se encontraban en el patio del módulo y allí el agresor se abalanzó contra la víctima y le asestó varias puñaladas hasta que intervino un funcionario que, alertado por los gritos, medió entre ambos y trató de reducir a Enrique O.S.
CSIF denuncia que el incidente demuestra las carencias en seguridad de la cárcel
Fue en ese instante, cuando forcejeaba con el preso, cuando el funcionario recibió una puñalada en el brazo izquierdo, a la altura del codo, por la que necesitó asistencia sanitaria, varios puntos de sutura y se encuentra de baja desde entonces.
Al parecer y según las fuentes penitenciarias consultadas, el intento de asesinato de Juan Manuel R.S. fue un encargo de otro interno, al que la víctima, que cumple condena por un robo con violencia, adeudaba 300 euros.
El agresor, señalaron estas fuentes, es sumamente peligroso y es conocido, precisamente, por actuar como matón a sueldo para extorsionar y cobrar deudas a cuenta de quienes manejan los grupos mafiosos que se han ido formando en el interior del penal.
Sólo tras la intervención de varios funcionarios más fue posible controlar al asesino convicto, aunque aún pudo golpear a otro trabajador de la cárcel de Morón cuando era trasladado a un módulo de aislamiento, donde permanece confinado tras aplicarle la dirección de la prisión el artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario.
Los funcionarios le incautaron, a modo de arma del crimen, un bolígrafo que el preso había afilado concienzudamente y rellenado para darle más consistencia y al que había dotado de un pequeño mango que lo hacía fácil de ocultar y, al mismo tiempo, un navaja casera muy peligrosa.
Este incidente demuestra, a juicio del coordinador de Prisiones de CSIF, Claudio Esteban, las carencias que todavía presenta la penitenciaría de Morón en materia de seguridad, así como la falta de medios humanos de un recinto inaugurado hace apenas unos meses por la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y que aún no está a pleno rendimiento.
Pese a esto, a que sólo alberga 1.200 internos, la plantilla de funcionarios, estimada por el sindicato CSIF en alrededor de 400, es «claramente insuficiente», ya que, señaló Esteban, debería haber, al menos, 200 más.
En este sentido, el coordinador de CSIF reclamó medidas urgentes para paliar esta situación y, sobre todo, un aumento de plantilla que garantice la vigilancia y la seguridad de los internos y de los propios funcionarios.

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elmundo.es

CSI·F pide cursos continuos de defensa personal para los 3.000 funcionarios de las prisiones valencianas

El sindicato CSI·F reclamó hoy a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que desarrolle un programa continuado de formación en defensa personal para los alrededor de 3.000 funcionarios de prisiones que atienden a unos 8.000 reclusos en la Comunitat Valenciana, según informó en un comunicado.
La central sindical explicó que no quiere que el curso "se limite sólo a aquellos empleados públicos que integren los futuros grupos de intervención que se crearán para llevar a cabo cacheos, requisas y reducción de internos que alteren el orden o la seguridad en las prisiones". Según CSI·F, las actuales actividades formativas en este sentido resultan "insuficientes y no disponen de la continuidad adecuada". Además, afirmó que en la asignación de estos cursos Instituciones Penitenciarias "no tiene en cuenta las dimensiones de la prisión". Por ejemplo, según especificó, "asigna la misma cantidad a la cárcel de Picassent que a otras con una cuarta parte de su dotación de personal".
El sindicato apuntó que en la actualidad "cada provincia puede impartir, para el conjunto de sus prisiones, un curso al año de defensa personal para sus funcionarios". En él existe la posibilidad de inscripción para un máximo de 40 personas. Esta cifra "apenas puede atender la demanda en centros como el de Picassent, con más de 1.000 trabajadores", indicó.
En esta línea añadió que "incluso estas clases son impartidas en ocasiones por otros funcionarios con conocimientos de artes marciales o de determinadas técnicas de defensa personal en lugar de por expertos titulados en la materia, lo que en realidad supone parchear las soluciones que deberían aportarse a este colectivo de empleados de prisiones".
El sindicato CSI·F subrayó la importancia del conocimiento de estas técnicas de defensa, "pues lo contrario supone poner un riesgo para la seguridad tanto de los funcionarios como de los internos".

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europa press