27 diciembre 2007

"Aparece muerta en su celda una presa de la cárcel de Nanclares de la Oca"

Interior investiga lo ocurrido, aunque todo apunta a que se trata de un suicidio.
Éste es el tercer fallecimiento en lo que va de año que se registra en la prisión alavesa, y el quinto en la CAPV.

La cárcel de Nanclares de la Oca se ha vuelto a teñir de luto este fin de semana. Una presa de este centro penitenciario apareció muerta el pasado domingo en su celda, al parecer, por causas que apuntan a un suicidio. Con éste son tres los fallecimientos que se han registrado en la prisión alavesa en lo que va de año.
La dirección general de Instituciones Penitenciarias informó ayer de que los funcionarios de prisiones encontraron el cuerpo sin vida de la reclusa sobre las 12.00 horas del domingo. La mujer, cuya identidad no se ha revelado por deseo expreso de su familia, estaba colgada de una sábana dentro de su habitación, por lo que todo parece indicar que se trata de un suicidio. Aun así, el Ministerio del Interior ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.
A punto de que finalice 2007, son un total de tres los presos que han muerto en la cárcel de Nanclares en lo que va de año, y cinco en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). El último fallecimiento se produjo el pasado 27 de septiembre, cuando un interno, un colombiano de 46 años de edad, apareció muerto en su celda, al parecer, por causas naturales. Seis meses antes, el 14 de febrero, un hombre de origen canario, que había sido encontrado todavía con vida en su habitación, murió poco después en el gasteiztarra hospital de Txagorritxu.
Salhaketa condenó ayer este nuevo suceso producido en la cárcel alavesa al tiempo que volvió a exigir la adopción de medidas que eviten más muertes como ésta, "que demuestran el fracaso de la política penitenciaria que se sigue en el Estado".
Así, su portavoz, Marta Aldanondo, pidió una cambio de la legislación vigente ya que, según señaló, "alarga innecesariamente las penas de cárcel", así como la puesta en libertad de los presos con enfermedades graves. En este sentido, Salhaketa recordó que las navidades son unas fechas en las que aumentan los casos de suicidio en las prisiones. "Es un espacio muy solitario y se echa de menos a la familia", recordaron desde la organización.
La cárcel de Nanclares, un centro "obsoleto y masificado", según reconocen desde el propio Gobierno Vasco, acoge en sus celdas a la mitad de la población reclusa existente en Euskadi; en concreto a 615 varones y a 57 mujeres. El Ministerio del Interior ultima un proyecto para ejecutar una macrocárcel en este mismo enclave del territorio histórico.
Noticia publicada en El diario de Álava

19 diciembre 2007

Prisiones

Aumentan los conflictos. La Navidad es un motivo más de preocupación para los vigilantes de las cárceles españolas, ya de por sí caldeadas por el problema de la masificación.
"Hay más de 66.000 reclusos, cuando la capacidad óptima es de 39.000" afirma J. Ramón García, presidente del sindicato de prisiones CSI-CSIF. Según él, no hay día en que no se produzcan conflictos y agresiones, y en Navidad la situación empeora porque los presos "añoran lo que hay fuera y se ponen más nerviosos. Les cambia el humor".

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20minutos.es

17 diciembre 2007

Instituciones Penitenciarias reconoce la idoneidad de la carretera de Alcañices para construir la cárcel

La directora del órgano envía al Ayuntamiento un escrito en el que evalúa las veinte hectáreas reservadas en el Plan de Urbanismo como «muy apropiadas»
Terrenos de Las Chanas, donde Instituciones Penitenciarias valoró levantar el futuro centro de prisión para toxicómanos
Instituciones Penitenciarias reconoce la «idoneidad» de la parcela ubicada en la carretera de Alcañices reservada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la instalación del futuro centro especializado para presos toxicómanos. Así lo expresa la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en el escrito que envió hace unos días al Ayuntamiento de la capital en contestación a la carta que la institución municipal remitió al órgano dependiente del Ministerio de Interior.
En el escrito, «recordábamos que habían venido técnicos del Estado a Zamora para conocer de primera mano los terrenos ubicados en la carretera de Alcañices y, además, les volvimos a indicar que habíamos reservado dicha parcela en el PGOU sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento», explica el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zamora, Feliciano Fernández Cuerdo.
El también portavoz del equipo de Gobierno recuerda que el Estado «puede actuar por su cuenta en el momento que lo desee sin necesidad de esperar a que el Plan de Urbanismo esté aprobado», apunta, tal y como la propia alcaldesa, Rosa Valdeón, puntualizó semanas atrás.
Las veinte hectáreas reservadas en la carretera de Alcañices son, por el momento, terreno privado, de modo que «será el Ministerio de Interior el que tenga que negociar con los propietarios para la consecución del terreno mediante expropiación o con el método que ellos crean conveniente, ya que el Ayuntamiento no tiene nada que decir al respecto», expone Fernández.
El nuevo centro creará 300 puestos de trabajo y dará atención a medio millar de reclusos drogodependientes. Contará con dos módulos residenciales; dos áreas deportivas, culturales, educativas y formativas; talleres terapéuticos y un área al aire libre; piscina; campo de fútbol; servicios generales; talleres productivos; enfermería; módulo de aislamiento; oficinas; y puestos de control.El PP local «no teme» la vía judicial que los herederos de Las Chanas abrirán contra la institución Los trámites judiciales que los herederos del propietario original de Las Chanas prevén emprender contra Defensa y Ayuntamiento para que se reconozca su titularidad no han despertado inquietud alguna en el seno del equipo de Gobierno.
El edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, Feliciano Fernández, insiste en que «esos terrenos son del Ministerio de Defensa y aunque exista un compromiso escrito para su compra, no está refrendado por ninguno de los altos cargos de Defensa», indica en referencia al convenio entre el Ayuntamiento y la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa aprobado en Pleno el 4 de diciembre del pasado año. En cualquier caso, Fernández expone que la familia del que fuera alcalde de Zamora entre los años 1917 y 1919, Cruz Horacio Miguel Cancelo, «pueden dirigir sus denuncias contra quienes crean oportuno pero lo que está claro es que el Ayuntamiento de Zamora no tiene ninguna relación con los terrenos en estos momentos», garantiza el portavoz municipal. No es la primera vez que los herederos del titular original de la parcela amenazan al Ayuntamiento con la vía judicial.
En diciembre de 2006 ya solicitaron la paralización inmediata del acuerdo entre el Ayuntamiento y Defensa para la adquisición municipal de los terrenos que en su día fueron cedidos al Ejército para utilizarlos como campo de tiro. A juicio del nieto del ex regidor a primeros del siglo XX, tanto la vía judicial como la penal «están justificadas ya que se trata de una aprobación indebida de unos terrenos de los que sólo yo conservo las escrituras originales», mantiene uno de los herederos

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laopiniondezamora.es

El endurecimiento penal pasa factura al sistema penitenciario

El sistema penitenciario español vuelve a estar en situación crítica por la sobreocupación. Tras dos años de ralentización, en 2007 la población de las prisiones españolas se dispara de nuevo. En los once primeros meses del año este colectivo ha pasado de 63.905 a 67.340 personas. O lo que es lo mismo: cada día hay diez internos más en las cárceles españolas.
Se trata de un ritmo de crecimiento sólo comparable en democracia a los años 2001, 2002 y 2003, cuando el sistema llegó al hacinamiento. 2007 terminará con casi el doble de internos en los centros que hace 15 años.Según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias, España tiene ya una ratio de 130 internos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 90 reclusos de media de los países de la Unión Europea.
Y sin embargo, las cifras de criminalidad en España son ligeramente inferiores a la de esos mismos estados. .Esta desproporción ha provocado incluso una seria llamada de atención del Consejo de Europa, que el pasado mes alertó del "exceso" del recurso a la prisión en España, que se sitúa en cifras por encima de los países con códigos penales más duros como los balcánicos, escandinavos y Holanda. Además, España encabeza en el viejo continente la proporción de mujeres presas. Mientras que en Europa sólo el 4,7 por ciento de la población penitenciaria es mujer, en España este porcentaje crece hasta el
Alargamiento de condenas
¿Qué pasa en las cárceles españolas? ¿Por qué hay cada día más presos si no hay más delincuencia?. "Lo que ocurre principalmente es que el sistema penitenciario está comenzando a pagar ahora el endurecimiento de la reforma del Código Penal de 2003 del último Gobierno del PP.
Hay un alargamiento de condenas sobre todo entre internos que cumplen más de cinco años y que no logran el tercer grado porque no pueden hacer frente al pago de la responsabilidad civil, tal y como exige la reforma. No es que entren más personas, es que tardan mucho más en salir", explica la directora de prisiones, Mercedes Gallizo. El Consejo de Europa le da la razón: España es ya el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este organismo internacional. .La "prueba" de que no hay ingresos masivos, según Gallizo, es que apenas ha crecido la proporción de presos preventivos, que ronda desde hace años el 25 por ciento del total. De los más de 67.000 presos de las cárceles españolas, 16.374 internos están a la espera de juicio.
Hay más causas. La directora asegura que también la anulación del sistema de redenciones en 1995 está detrás de esta sobreocupación (Gallizo nunca habla de hacinamiento). A esta situación ya complicada hay que sumar, según los analistas de Instituciones Penitenciaras, las nuevas tipologías delictivas que están llevando a miles de personas a las cárceles, tales como la violencia de género, la pederastia y la corrupción, principalmente. "Y todavía no se ha dejado sentir la reforma que encarcela a los conductores ebrios o temerarios", advierten los especialistas.
Régimen abierto
Pero sobre todo, sostiene Mercedes Gallizo, detrás de las preocupantes cifras de crecimiento carcelario está "el retraso histórico en la implantación de programas de régimen abierto para los presos con delitos menores y con mayores posibilidades para la reinserción". Mientras que en España sólo el 17 por ciento de los internos cumple su condena en la calle, en muchos países europeos son más de la mitad de los reclusos.El régimen abierto se ha convertido en la punta de lanza de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en esta legislatura.
En cuatro años se ha triplicado el número de presos en este sistema, pasando de 500 a 1.500. (del 10,9 por ciento de la población al 17,6).Gallizo se había planteado como uno de los objetivos de la legislatura abrir un debate público sobre el futuro del sistema penitenciario español, una quimera habida cuenta "de que la crispación política existente".
Pero la directora tiene clara cual es la solución: o seguir pagando por mantener a miles de personas entre rejas (sólo la construcción de una plaza en una nueva cárcel cuesta cerca de 80.000 euros a las arcas públicas, sin contar los sueldos de los funcionarios, policías y mantenimiento) o apostar por el régimen abierto para los presos con delitos menos graves. "Un sistema muchísimo más barato, sin apenas incidencias en los años que lo llevamos aplicando y que permite al preso trabajar para la comunidad o para pagar la responsabilidad civil a sus víctimas", apostilla Mercedes Gallizo.

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heraldo.es

Los extranjeros son ya un tercio de la población reclusa

Los inmigrantes acceden con mucha dificultad al tercer grado o a la libertad provisional por la falta de arraigo.
Los extranjeros son ya un tercio de la población reclusa española. A 30 de junio de este año (últimos datos disponibles) en los 67 centros dependientes del Ministerio del Interior había 56.765 internos de los que 18.178 (el 32 por ciento) eran inmigrantes. La proporción es aún mayor en las penitenciarias gestionadas por el Gobierno catalán, donde el porcentaje foráneo es del 39 por ciento. Las últimas estadísticas oficiales del Ministerio del Interior ponen de manifiesto un continuo incremento de la colonia foránea entre rejas. En 2000 era el 20 por ciento del total, en 2001 el 23, en 2002 el 26, en 2003 el 27, en 2004 el 29, en 2005 el 30 y en 2006 el 32 por ciento.
Estas cifras contrastan con el peso de los extranjeros en el padrón nacional. Mientras que en las cárceles españolas tres de cada diez presos son extranjeros, en la población nacional sólo uno de cada diez residentes es inmigrante.Sin embargo, Instituciones Penitenciarias no ve con preocupación este aumento. Cree que el incremento dentro de las cárceles es "fiel reflejo" del crecimiento general de la población foránea en España, aunque los responsables penitenciarios reconocen que "históricamente" la proporción de extranjeros ha sido mayor en las cárceles que en la calle.
Los expertos justifican el alto porcentaje de encarcelados extranjeros, no sólo porque se trata de un colectivo pobre y en algunos casos ligado a la delincuencia, sino por la dificultad de muchos de estos inmigrantes presos para acceder al tercer grado (en el caso de penados) o a la libertad provisional (preventivos) al no poder justificar un arraigo. Los jueces y las juntas de tratamiento, a la hora de excarcelar a un interno antes de tiempo, tienen especialmente en cuenta que el recluso tenga un domicilio conocido y una familia que le pueda mantener.
Marroquíes y colombianos
También es reflejo de la vida en el exterior el reparto por nacionalidades. Los marroquíes, la mayor colonia residente en España, también son, con mucho, el colectivo mayoritario en los centros del Ministerio del Interior con 4.529 presos.
Le siguen los colombianos, que a pesar de no tener tanto peso en la inmigración, ocupan el segundo lugar dentro de las cárceles con 2.084 internos. .Los rumanos, una colonia que en los últimos años ha crecido exponencialmente, irrumpen en el tercer puesto en las prisiones con 1.478 reclusos, seguidos de argelinos (1.084), ecuatorianos (629, un número ínfimo en comparación a la importancia de la colonia residente), venezolanos (528), dominicanos (563), bolivianos (434), portugueses (417) y franceses (407).

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heraldo.es

Los funcionarios de prisiones se forman sobre malos tratos

El Colegio Oficial de Profesionales de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife e Instituciones Penitenciarias han llevado a cabo un curso de especialización de postgrado, denominado "Formación de Intervención con Maltratadores", dirigido a funcionarios de prisiones, con el fin de dotar de herramientas adecuadas en esta materia a los que trabajan en la cárcel.
Esta iniciativa responde al convenio firmado, el pasado 23 de noviembre, entre la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y cada uno de los Colegios Profesionales de Psicólogos de España, para realizar cursos de formación en intervención con maltratadores.
El de Tenerife, en el que participaron 30 psicólogos con formación y experiencia profesional en las especialidades jurídica y clínica -tanto en el ámbito privado como institucional-, terminó ayer. Los organizadores argumentan que la violencia de género es un problema social de enorme trascendencia en la actualidad.

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eldiacanarias.es

14 diciembre 2007

Las obras de construcción de la cárcel terminarán a principios del año 2008

Los trabajos de construcción de la cárcel de Morón de la Frontera, que comenzaron en febrero de 2006, podrían concluir en el primer trimestre del año que viene, según indicó ayer la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien sin embargo no pudo precisar cuándo podrá ponerse en funcionamiento el centro, con funcionarios y reclusos.
Durante la firma de un convenio en Sevilla con la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, Gallizo expuso que las obras van "a buen ritmo" y, según matizó, "se están cumpliendo los plazos previstos", si bien precisó que al tratarse de una obra con "muchas singularidades" el nuevo centro penitenciario "deberá pasar distintos controles de seguridad antes de ser abierto", en una fecha que todavía se desconoce.
"Estamos haciendo todo lo posible para acortar los tiempos", aseguró Gallizo, quien apuntó que el objetivo de esta nueva prisión es acoger al mayor número posible de personas de Andalucía" de forma que "descongestione" otras cárceles.
Las obras de dicho centro penitenciario corren a cargo de una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Drace y Vías y Obras, que comenzaron con el levantamiento de la prisión en el mes de febrero de 2006, una vez concluidos los trabajos previos de movimientos de tierra por parte de la empresa Elsan-Pacsa.
Por el proyecto se han pagado ya más de tres millones de euros en licencias de obras, tasas e impuestos al Ayuntamiento de la localidad de la Sierra Sur, donde se han generado entre 400 y 500 empleos durante su desarrollo y conllevará un aumento del número de efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según los datos que baraja el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, la nómina de la plantilla de la prisión cuando esté a pleno rendimiento superará los diez millones de euros, que confía que repercutan en la localidad.
Además, el centro se abastecerá en los comercios de la población, lo que supondrá más de 1,8 millones de euros al año. El proyecto atraerá además unos 600.000 euros para el patrimonio cultural, en forma de compensaciones.

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diariodesevilla.es

ANV apoya a los presos de ETA y pide para ellos un "estatus político"

El Gobierno 'abertzale' de Elorrio aprueba ayudas a las familias de los reclusos
ANV no esconde sus vinculaciones con el entorno etarra a pesar de estar bajo vigilancia política y amenazada con el inminente inicio del proceso para su ilegalización. Ayer, el pleno del Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya) aprobó una moción de ANV para subvencionar los desplazamientos a las cárceles de los familiares y amigos de los presos.
El escrito no menciona a ETA, aunque hace referencia al grupo que sufre la política de dispersión. Además, reclamaba para los reclusos un "estatus político" que les garantizara un "trato acorde con su militancia política".
La moción salió adelante con el único respaldo de ANV. El PNV se abstuvo y el PSE-EE votó en contra, informa Efe.
ANV gobierna este municipio de 7.100 habitantes con el apoyo de una candidatura vecinal, cuyo único edil no asistió al pleno por razones familiares. Según la propuesta, "el importe a consignar" para las ayudas económicas "variará en función de las personas que estén encarceladas" y la ubicación de las cárceles en las que cumplan condena.
El PNV presentó un texto alternativo, que fue desestimado, en el que ha defendido que el Ayuntamiento ayude económicamente a los familiares de los presos, pero también ha pedido que se reclame a ETA el cese de la violencia y se solidarice con los concejales que, como la edil del PSE-EE, deben llevar escolta "porque su vida corre peligro".
El PSE-EE denunció hace 20 días que ANV había propuesto consignar en las cuentas del próximo año 362.895 euros para las visitas a ocho presos de ETA y destinar otros 4.600 euros para los gastos personales de cada recluso.
El alcalde, Nico Moreno, de ANV, manifestó que estos datos eran sólo un cálculo de los gastos de la dispersión.

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elpais.com

Funcionarios de prisiones piden la dimisión de Gallizo por su 'mala' gestión

Cerca de medio centenar de funcionarios de prisiones se han manifestado esta mañana a las puertas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en Madrid, para exigir la dimisión de su directora, Mercedes Gallizo, por la 'mala' gestión llevada a cabo durante su mandato.'Gallizo dimite.
Prisiones no te admite' era una de las consignas que los manifestantes gritaban para protestar también por la forma de proceder de la directora de Prisiones ante el motín que se produjo el pasado 27 de noviembre en la cárcel de Picassent (Valencia).Uno de los miembros de la Ejecutiva Nacional del sindicato CSI-CSIF, Adolfo Fernández, ha explicado a Efe que durante la etapa de Gallizo al frente de Prisiones el hacinamiento y la masificación en las cárceles ha alcanzado niveles 'insoportables' que, en su opinión, causan hechos como el de la prisión valenciana.
Ha insistido en que aquel 'no fue un hecho más' ya que alguno de los compañeros afectados aún necesita atención psicológica.Fernández ha opinado además que no fue correcto reubicar a los presos implicados en el motín en otras cárceles porque, según ha dicho, supone la 'agitación' de otros centros.
Para los sindicatos que han llevado a cabo la protesta, la solución al hacinamiento de presos consistiría en desarrollar los proyectos de la época del Gobierno del PP, ya que, ha recordado Fernández, España sobrepasa los 75.000 reclusos y con ello el principio de reinserción 'suena a demagogia pura y dura'.
También exigen el incremento de la oferta de empleo público en Instituciones Penitenciarias porque, según ha indicado Fernández, por cada 150 reclusos hay un vigilante interno.Ha considerado además que esta situación provoca 'una pérdida de funcionalidad y del principio de autoridad en los trabajadores'.

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terra

El sindicato CSIF se concentra para pedir el cese de Gallizo a la que acusan de una 'nefasta' gestión de IIPP

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), José Ramón García, y varios de los delegados provinciales del sindicato de prisiones se manifestaron hoy en Madrid para exigir la dimisión de la directora de Instituciones Penitenciaria (IIPP), Mercedes Gallizo, a la que acusan de una 'nefasta' gestión de los centros y de 'tomar el pelo' a los trabajadores.
'Las prisiones están totalmente desbordadas y nos vemos imposibilitados a garantizar al 100 por cien la seguridad de los funcionarios', aseguró el presidente del CSI-CSIF. Según datos del sindicato, la capacidad óptima de las prisiones españolas es de 42.000 internos. Actualmente, existen 66.000 presos repartidos en los centros penitenciarios españoles.Por este motivo, CSIF exige a Instituciones Penitenciarias un aumento del número de funcionarios.
'Pedimos un verdadero Plan de Infraestructuras Penitenciarias y no la pantomima que han creado', señaló García, quien apuntó que este año sólo se ha abierto una prisión de las cuatro que estaban previstas.El sindicato ya presentó sus reclamaciones a Gallizo hace unas semanas, en una reunión que el presidente de CSI-CSIF calificó de 'una mentira más' de la presidenta de IIPP.
En opinión del sindicato, Gallizo 'se vende a la prensa y a la ciudadanía' y 'resta autoridad' a los funcionarios de prisiones dentro de los centros.'Se potencia más a los internos que a los funcionarios con programas que no se pueden llevar a cabo por la falta de trabajadores', indicó García quien solicitó a la directora de IIPP 'más disciplina' en las prisiones y la aplicación del reglamento penitenciario 'a rajatabla'.La concentración convocada por CSI-CSIF frente a la sede de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Madrid no fue secundada por el resto de sindicatos de trabajadores de prisiones,que fueron invitados por los convocantes.

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terra

11 diciembre 2007

Mercedes Gallizo
11/12/2007
La directora general de Instituciones Penitenciarias es la máxima responsable de la masificación que se vive en las cárceles (la prisión de Alcolea está al 188% de su capacidad). Los funcionarios denuncian la falta de seguridad y las dificultades para hacer su trabajo.

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diario de cordoba

10 diciembre 2007

La Defensora del Pueblo denuncia la precariedad de las cárceles de CLM
El informe realizado pone de manifiesto que las instalaciones son deficitarias, los medios sanitarios son escasos y obsoletos y el transporte para los traslados es insuficiente
Los centros penitenciarios de CLM dejan mucho que desear. Su estado de conservación, mantenimiento y dotación de recursos humanos, en términos generales, son deficitarias y están sobreocupadas, por lo que no permiten una adecuada clasificación de los internos e impiden el cumplimiento del artículo 13 del Reglamento Penitenciario, que estipula que el sistema penitenciario estará orientado por el principio celular, de manera que cada interno disponga de una celda.
Esta es una de las principales conclusiones del Informe especial de la Defensora del Pueblo sobre la situación de la población reclusa en la región, que ha sido registrado en las Cortes regionales el pasado 13 de noviembre y enviado al presidente de esta institución así como a los portavoces de los grupos parlamentarios.
Para realizar el informe, la defensora del Pueblo, Henar Merino, visitó durante los meses de septiembre y octubre de 2006 los seis centros penitenciarios de la comunidad autónoma así como el centro de inserción social de Ciudad Real, acompañada de una asesora experta en la materia.
Según las conclusiones del mismo, el derecho a la protección de la salud tampoco es garantizado por igual en todos los centros penitenciarios, ya que en algunos existe carencia de personal sanitario y, en general, los medios materiales existentes en las enfermerías son «escasos y obsoletos».Especialmente preocupante para la defensora del Pueblo es la deficiente prestación de asistencia psiquiátrica en un ámbito en el que existe un importante porcentaje de población enferma y sin diagnosticar.En lo que se refiere a la asistencia sanitaria especializada, el problema principal que ha detectado Henar Merino es el que plantea el traslado de interno fuera de la prisión. Señala que el transporte para los traslados es insuficiente y, a veces, los desplazamientos se realizan en condiciones adversas.
El informe resalta la mejoría experimentada en el tratamiento de presos drogodependientes gracias a los programas implantados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, aunque, no obstante, remarca que los recursos materiales son todavía insuficientes y la sobreocupación de los centros impide el desarrollo de tratamientos individualizados de rehabilitación. Asimismo, se anima a seguir implantando los programas de formación, culturales y deportivos auspiciados por la Junta y a homogeneizar la respuesta a la inserción laboral de los internos, que actualmente es muy desigual.
Merino denuncia también que el derecho a la educación, en lo que ha formación básica se refiere, sólo queda garantizado para los presos que conocen el idioma español porque la enseñanza de este idioma para extranjeros es «claramente» insuficiente en todos los centros penitenciarios.La defensora del Pueblo observó durante sus visitas que los espacios para la intimidad y las relaciones familiares de los internos en las cárceles de CLM son «notablemente mejorables, tanto en superficie como en condiciones de habitabilidad y mobiliario.
Asimismo, resalta la necesidad de facilitar a los familiares medios de transporte adecuados para que las comunicaciones se puedan realizar con fluidez en los centros más alejados de los núcleos urbanos. asistencia letrada. Por último, Merino denunció que, salvo el asesoramiento que reciben algunos presos por parte de asociaciones y organizaciones privadas, los internos no cuentan con una orientación jurídica gratuita que les permita conocer las peticiones que pueden plantear a la Administración Penitenciaria y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El número de reclusos duplica al de celdas existentes en las prisiones , estarían saturadas al 166,82%El número de internos en centros penitenciarios de la región duplica al de plazas existentes, según se ha podido extraer del cruce de los datos aportados por el informe de la Defensora del Pueblo y del estudio realizado por el sindicato de prisiones Acaip referente a 2005.
En concreto, CLM tiene 2.107 presos frente a las 1.263 celdas disponibles en los seis centros penitenciarios, lo que supone que las cárceles de la comunidad están masificadas al 166.82 por ciento de media. Según estos estudios, el centro penitenciario de Albacete tendría 135 celdas para 309 presos, lo que supone una tasa de masificación del 228,9%.La de Alcázar de San Juan tendría 99 plazas para 101 internos, lo que da una tasa de hacinamiento del 102,2%.
En Cuenca, existirían 59 celdas para 134 reclusos y una tasa de masificación del 227,11%, mientras que Herrera de la Mancha habría en 476 presos en 280 celdas (170%).Por último, en Ocaña I habría 335 celdas para 527 presos lo que da una tasa de hacinamiento del 157,31 por ciento, mientras que en el centro Ocaña II habría 560 internos en 355 plazas, con una tasa del 157,74%.Los DatosLa Torrecica (Albacete). En total, esta centro penitenciario albergaba en 2006 a 309 personas, de las que 288 eran hombres y 21, mujeres.
El incremento anual fue de un 12,36 por ciento, pues en 2005 había 275 presos. El 31% de los hombres estaba en prisión preventiva, frente al 42,9% de las mujeres. Del total de reclusos, el 84% de los hombres tenía nacionalidad española, mientras que el 16% eran extranjeros. En cuanto a las mujeres, 13 eran españolas y ocho extranjeras.Alcázar de San Juan. El centro penitenciario fue edificado en 1956 aunque a mediados de los años ochenta sufrió una reforma importante. Estaba ocupado por 101 hombres, de los que cuales 88 estaban en segundo grado, tres en primer grado, nueve en el tercer grado, y uno sin clasificar.
Sólo tres reclusos eran extranjeros.Cuenca. Levantado en 1980, el centro estaba ocupado por 122 hombres, el 22 por ciento extranjeros, y 12 mujeres, el 42 por ciento inmigrantes. La mayoría de los reclusos se encontraba en segundo grado.Herrera de La Mancha. El edificio data del año 1979 y fue diseñado como una estructura modular de máxima seguridad. El Centro albergaba a 476 hombres, 88 en situación preventiva, 25 en primer grado, 289 en segundo, 52 en tercer grado y 22 sin clasificar. El 71% eran hombres de nacionalidad española.
Ocaña I. Su construcción se remonta a 1880. Es el edificio penitenciario más antiguo de la región. En un principio fue concebido para alojar un cuartel de la Guardia Civil. El Centro tenía una ocupación de 527 hombres, de los cuales 158 eran preventivos y 320 estaban clasificados en segundo grado. El 30% de los internos era extranjero.Ocaña II. Fue construído en 1981. Ocupaban el centro 560 hombres, 39 en situación preventiva, 8 en primer grado, 486 en segundo, 9 en tercer grado y 18 sin clasificar. Del total de internos, el 38% eran extranjeros (215), de los cuales el 70% aproximadamente era de confesión musulmana.
La Defensora del Pueblo denuncia que las celdas del módulo III de esta prisión tienen una superficie de seis metros cuadrados. Centro de Inserción Social ‘Concepción Arenal’. Situado en Ciudad Real, la actividad del centro se inició en diciembre de 2004. Ocupa una superficie de más de 2.500 metros cuadrados en dos alturas. Albergaba a 24 personas.

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la tribuna de albacete

Expulsados 73 presos extranjeros que cumplían condena en Lugo

Los casos de explotación que llegan a los juzgados, sin embargo, son muy escasos
La medida fue adoptada en base a sentencias judiciales o como pena alternativa por diversos delitos
En lo que va de año un total de 73 reclusos que cumplían condena en las cárceles de Bonxe y Monterroso, fueron expulsados del país. La medida, llevada a cabo por el Grupo Operativo de Extranjeros de la comisaría provincial lucense, fue consecuencia del cumplimiento de condenas en algún caso y como pena alternativa en otros.
Los expulsados, en su mayor parte parte, eran de nacionalidad magrebí, seguidos a continuación de ciudadanos de países del este de Europa.
Cumplían condenas mayoritariamente por delitos contra la propiedad y llegaron a las prisiones como consecuencia de ser reincidentes.
Entre los expulsados figuran rumanos que participaron en asaltos a viviendas y también en extorsiones. Quienes se vieron afectados por esta medida no sólo cometieron los delitos en la provincia de Lugo, sino que pertenecen a un nutrido cupo de reclusos que fue enviado de otros penales españoles.
Fuentes de la comisaría lucense explicaron que éste era uno de los efectos de la llegada de inmigrantes, si bien expresaron que la inmensa mayoría de los que arriban a España, con independencia de su procedencia y la situación administrativa en que se encuentren, son personas «honradas y trabajadoras que, en el campo laboral, ocupan tareas que no son fáciles de cubrir con españoles y con ello favorecen el desarrollo y la economía del país».
Víctimas de explotación
La otra cara de la moneda para muchos inmigrantes que recalaron en la provincia de Lugo, es la explotación de que son o fueron víctimas. A la luz pública salieron varios casos, alguno de los cuales derivó en condenas penales para los promotores o inductores de la nueva forma de esclavismo.
La Guardia Civil desmanteló hace más de un año a un grupo de magrebíes, la mayor parte de los cuales vivía en un piso patera, que era víctima de la explotación más absoluta por parte de varias personas, una de las cuales ni tan siquiera llegó a ser juzgada. Una decena de marroquíes trabajaba por salarios ínfimos recogiendo pollos por las noches en granjas avícolas de la provincia. Las aves eran llevadas a continuación a mataderos para su sacrificio.
Las consecuencias penales de esta explotación las pagaron otros marroquíes que actuaban como intermediarios y que aceptaron una pena de un año de cárcel. Según diversas asociaciones de inmigrantes, los casos de explotación que llegan a los juzgados lucenses son mínimos. Además, algunos de los grandes asuntos como, por ejemplo, el relacionado con la utilización de mujeres de diferentes países para la prostitución, quedan a medio resolver.
A veces, porque los proxenetas, no llegan a ser detenidos y, por tanto, eluden la acción de la justicia y en otras ocasiones porque las mismas denunciantes se desdicen por temor. También se dan casos de empresarios del mundo de la noche que consiguieron evitar condenas severas, impuestas por la Audiencia, huyendo de España. Actualmente están en busca y captura.

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la voz de galicia.es

Prisiones afirma que la banda etarra ejerce una dictadura sobre sus presos

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, sostiene que ETA ejerce "una gran dictadura" sobre sus presos y "no permite que se manifiesten voces discrepantes" sobre la línea a seguir. Gallizo dice que los funcionarios de prisiones captaron que la ruptura del alto el fuego fue recibida con "desconcierto y también desánimo" por parte del colectivo terrorista.
La responsable de las cárceles se muestra convencida de que "hay mucha gente dentro de los presos de ETA" que piensa que con la violencia "no van a ninguna parte" y tampoco van a lograr "ninguno de los objetivos" que persiguen, pero esa opinión no aflora por "miedo".
Recuerda que un grupo de "presos históricos" de ETA, entre ellos Francisco Múgica Garmendia, "Pakito", suscribieron "la famosa carta de Puerto" en la que criticaron "la línea que se estaba siguiendo" y reclamaron "el abandono de la actividad armada". El resultado, agrega Gallizo, fue que "fueron expulsados" de ETA.
Gallizo señala que la organización terrorista impone "una doble condena" a sus presos, la dictada por los tribunales y la impuesta por ella misma, que utiliza a los reclusos "como rehenes" ante el Estado. El objetivo de ETA, prosigue, es que el colectivo de presos sea "un grupo homogéneo y disciplinado", pero hay quien escapa de esa presión porque "está cansado de esa situación".
Gallizo considera que la consecuencia de ese "férreo control" es que buena parte de los presos etarras tiene "más miedo a la banda que al Estado", pero "una parte importante" de ese colectivo "está harto de esta posición tan dictatorial" de ETA. Gallizo defiende la política de dispersión porque ha hecho "muy difícil" que surjan liderazgos ya que los presos están dispersos y hay "muy pocos" en cada una de las cárceles. Esta estrategia tiene "un efecto muy disuasorio" sobre los líderes.

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el dia.es

05 diciembre 2007

Unos 500 funcionarios protestan en la cárcel de Picassent por la precariedad laboral

Alrededor de quinientos funcionarios de la prisión de Picassent se han concentrado hoy ante las puertas del centro penitenciario para mostrar su solidaridad con los tres compañeros que fueron secuestrados por cuatro reclusos el pasado 27 de noviembre.
Alrededor de 500 funcionarios de prisiones se han concentrado hoy ante la cárcel de Picassent para protestar por la precariedad laboral que sufren, así como por la falta de personal y de inversiones, que en algunos casos supone una masificación del 200 por ciento.
Acompañados de representantes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), CSI-CSIF, UGT y CCOO, los funcionarios han denunciado que la retención de los cuatro funcionarios el pasado martes por cuatro internos del Centro Penitenciario Valencia II de Picassent "se veía venir, y puede suceder en cualquier centro penitenciario de España".
El representante de CSI-CESIF, Vicente Silla, ha explicado que en la cárcel de Picassent "nunca se ha respetado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", que marcaría el mínimo de funcionarios y personal laboral que debe prestar su servicio, "trabajando una media de dos funcionarios por cada 150 presos".Según denuncian los sindicatos, este centro se construyó para 750 internos, con una RPT que se ajustaba a estas características, pero ahora existen 2.800 internos, "aunque no se ha doblado el personal para trabajar con ellos, existiendo sólo unos 1.000 funcionarios".
Por su parte, Silla ha añadido que esta "carencia de personal", unida a la política errática llevada a cabo por la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, "demuestra que lo que pasó el pasado martes puede suceder hoy mismo en cualquier centro penitenciario de toda España".A su vez, los representantes sindicales han coincidido en afirmar que ante el "hacinamiento", que se vive en las prisiones de toda España, los funcionarios "tienen que venir a trabajar, no a someterse a cualquier grado de tortura y de tensión al que los presos los quieran cometer durante su jornada laboral".
En este sentido, el responsable de ACAIP, Nicolás López, ha descrito que después del motín "la sensación que te queda es la indignación por las condiciones en las que trabajamos y de miedo porque es un hecho que puede volver a suceder en cualquier momento".
Por su parte, el jefe de Servicio de la Prisión de Picassent, Manuel Bellido, ha explicado a EFE que, a pesar de ser un mando subordinado al equipo directivo, la agrupación de Jefes de Servicios se han unido a los trabajadores porque se sienten "alarmados" ante esta situación.
Ha indicado que ya habían "advertido de la conflictividad de este centro penitenciario", al tiempo que ha recordado que actualmente se encuentra suspendido de empleo y sueldo por formular diferentes denuncias, basadas en documentación y en hechos que violan el Reglamento Penitenciario y la Ley Orgánica General Penitenciaria."Soy un estorbo para ellos porque me niego a soportar las medidas y las órdenes que están dando porque estoy viendo el peligro, y este hecho me da la razón", ha comentado Bellido, quien ha recalcado que la profesionalidad de Instituciones Penitenciarias "debería estar por encima de cualquier tipo de vinculación política".
A su vez, el responsable de ACAIP ha precisado que dos de los cuatro presos que retuvieron durante doce horas a tres funcionarios de la cárcel de Picassent han sido trasladados desde el centro penitenciario de Castellón, adonde fueron remitidos de forma provisional el pasado miércoles, a la prisión de Teixeiro (A Coruña) y a Villanubla (Valladolid).

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levante-emv.com

03 diciembre 2007

La prisión de Alhaurín tendrá una segunda enfermería con celdas individuales

El centro malagueño inaugurará la reforma antes de Navidad, mientras que el próximo año acometerá obras en la cocina
La prisión de Alhaurín de la Torre contará con una segunda enfermería con trece celdas individuales antes de la próxima Navidad tras invertirse 400.000 euros, mientras que a partir del próximo enero se acometerán obras en la cocina del centro por valor de otros 300.000 euros.
El director de esta cárcel, Antonio Guerrero, ha informado de que la actuación en la denominada "Enfermería 1", objeto de una renovación total, está muy avanzada.
La constructora ha asegurado que estará lista antes de la Navidad, con lo que de contar con salas comunes para cuatro o seis enfermos, se pasará a todas ya individuales, unas dependencias que habían quedado obsoletas y cuya reforma era demandada por los sindicatos penitenciarios. Guerrero ha explicado que la "Enfermería 2" ya contaba con doce celdas individuales.
Otras mejoras se han llevado a cabo en el centro penitenciario en el último año por valor de 1,5 millones de euros, una sala de convivencia para visitas de familiares, un locutorio para abogados, la nueva red de agua fría y control de incendios y la construcción de aulas de informática, entre otras.
Todo ello fue inaugurado por la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, el pasado 23 de octubre.

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sur.es

«La droga es el origen de la mayoría de los conflictos dentro de la cárcel»
E. V.
VALENCIA. «La situación de las cárceles de la Comunidad Valenciana es insostenible», ésta es la primera idea que refleja uno de los aproximadamente mil funcionarios que trabajan en el centro penitenciario de Picassent y que prefiere mantener el anonimato.
¿Qué pasa en el «talego»? Para responder a esta pregunta el funcionario explica que uno de los grandes lacras que afectan a las prisiones es la droga.
«Su entrada es evidente en todas las cárceles, ya que los presos siempre se valen de métodos para poder acceder a ella. Sin duda, la droga está en el origen de la mayoría de los conflictos que acontecen en las cárceles».
¿Cómo se podrían mejorar las medidas de seguridad? En este punto el funcionario de prisiones del centro valenciano -presente en la cárcel el día del motín, «hubo mucha confusión»- hace hincapié en la necesidad de aumentar sobremanera el número de efectivos dentro de los módulos. «No es normal que un módulo, donde suele haber 150 presos, esté controlado por dos funcionarios, lo lógico sería contar con ocho o diez funcionarios por módulo. Si hay siete pegándose tú no vas a entrar solo para separar. A ello hay que sumar el trabajo de oficina».
Este trabajador de Picassent explica que existen medios coercitivos regulados por Reglamento pero no se tienen a disposición inmediata, salvo en los módulos de aislamiento -donde se encuentran los reclusos que han protagonizado mal comportamiento-.
«Las porras de goma deben ser autorizadas por los jefes de servicio».
La oposición para convertirse en funcionario de prisiones exige el Bachillerato aunque en los últimos años el nivel de titulación universitaria ha crecido -Magisterio, Psicología o Derecho, principalmente-. Los turnos de son de tres días de trabajo y cinco de libranza (uno de los grandes atractivos según reconocen).
Otra de las reclamaciones de los funcionarios es la mala imagen que se tiene de esta profesión, «una idea influenciada por las películas, sobre todo estadounidenses, donde la ficción no tiene nada que ver con la realidad».

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ABC.es

CSI-CSIF convoca un paro de 10 minutos en la prisión

El sindicato CSI-CSIF ha convocado para hoy una concentración de diez minutos en la puerta del Centro Penitenciario para protestar por la masificación, la falta de seguridad y de personal que sufren las prisiones españolas.
El sindicato reclama "más medios" porque "la buena voluntad de los que trabajamos en los masificados centros penitenciarios no es suficiente" y pide que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dimita porque "no es capaz de solucionar la cosas, como ya ha demostrado". La concentración, de diez minutos, tiene también como objetivo "solidarizarse" con los funcionarios del centro penitenciario de Picassent que fueron retenidos en el transcurso de un motín.

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eldiariodecordoba.es

No hay cárcel para tanta gente

ÁNXEL VENCE
El medio más rápido para llegar a la cárcel sin necesidad de atajos consiste en subirse a un coche, según la ya vigente reforma del Código Penal que prevé el ingreso en el trullo de quienes le carguen demasiado al acelerador o a las copas. No va a haber cama para tanta gente en los presidios.
Aquellos que metan la directa a velocidades de más de 110 kilómetros en ciudad o a más de 180 en carretera tendrán como premio una entrada con derecho a consumición en cualquiera de las cárceles del Reino, según la nueva ley que se estrena en este "puente" de la Inmaculada Constitución.
Otro tanto ocurrirá a partir de ahora a los conductores que sean sorprendidos por la Guardia Civil con una desalentadora tasa de más de 0,60 miligramos de alcohol en el aliento. Y tampoco eludirán el castigo los que alegando razones de intimidad se nieguen a soplar en los medidores de morapio tras haber soplado -o no- de la botella. Los nuevos artículos del Código Penal prevén condenas de seis meses a un año de cárcel para este supuesto de objeción de conciencia.
Igualmente conocerán las ventajas y gajes del sistema penitenciario español los automovilista que, aun respetando las normas, circulen por ahí sin el correspondiente permiso o con el carné caducado. La condena prevista para los olvidadizos es, en este caso, algo más leve: de tres a seis meses de cárcel.
Se ignora si el Gobierno va a construir presidios especiales para conductores o si, por el contrario, pretende que los forajidos del volante compartan celda con ladrones, asesinos, violadores y demás gentes de mal vivir. En cualquier caso, parece inevitable la necesidad de habilitar rápidamente presupuestos para la construcción de penitenciarías en las que dar cobijo al aluvión de nuevos delincuentes del automóvil.
No serán pocos, desde luego. Cifra la organización automovilista Europeos Asociados en 55.000 el número de conductores que cada año cometen infracciones como las que desde ayer han pasado a adquirir el rango de delitos penados con hasta cinco años de cárcel. En algún sitio tendrá que buscarles acomodo el Estado. Teniendo en cuenta que el total de reclusos censados en las prisiones españolas asciende a 66.000, la mentada asociación concluye con toda lógica que una aplicación rigurosa de la ley obligaría a duplicar el actual número de penitenciarías.
Y tal vez los presupuestos no alcancen para construir en tiempo razonable tamaña cantidad de nuevas mazmorras, mayormente ahora que vienen tiempos de inflación y crisis. Naturalmente, la aplicación de la ley depende de los jueces que sin duda encontrarán el medio de castigar a los conductores más imprudentes con penas sustitutivas de multa, trabajos a favor de la comunidad o cualesquiera otras.
Una cosa es la ley -por severa que parezca su redacción- y otra no necesariamente igual la interpretación del texto que puedan hacer los magistrados. Aún está reciente, por ejemplo, el caso de un famoso bailarín al que la Justicia dejó en libertad pese a que había atropellado mortalmente a un peatón en un paso de cebra cuando conducía sin carné y a una velocidad muy superior a la permitida.
Razones de "alarma social" o de mero sentido común tan poderosas como las jurídicas inclinaron posteriormente al tribunal a enmendar su primer fallo y mandar al bailarín a galeras, lo que prueba que cualquier ley tiene tantas lecturas como se le quiera dar. Esa ha de ser, tal vez, la esperanza a la que se aferre el Gobierno tras la promulgación del nuevo Código que penaliza a los automovilista hasta extremos lindantes con la crueldad. De lo contrario, una aplicación estricta de las condenas no tardaría en saturar las ya bastante atiborradas prisiones españolas con la entrada masiva de conductores. Y tampoco es cosa de poner en el hilo musical de la cárcel el célebre tema de El Gran Combo de Puerto Rico: "No hay cama pa´ tanta gente".

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el faro de vigo

Los funcionarios de prisiones se manifiestan en Picassent para exigir seguridad

SOLICITAN LA DIMISIÓN DE MERCEDES GALLIZO Y LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
Los sindicatos con representación en la cárcel de Picassent se manifestaron este lunes en la entrada del centro penitenciario para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. Acaip, CC OO, UGT, USO, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones y el CSI-CSIF protestaron por unas condiciones de trabajo que consideran “penosas”. Además, exigieron la dimisión de la dirección del centro y la de la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, tras el secuestro de tres funcionarios por parte de cuatro presos amotinados la pasada semana.

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panoramaactual.es